sábado

«Otra ciudad es posible»



En Ecuador, el tercer mandato del presidente Correa se acerca a su final. Ya el mandatario anunció que no participará en el siguiente proceso electoral, que se convocará en agosto. Su administración enfrenta fuertes críticas internas. Como se sabe, incluso los socios iniciales de su proyecto han pasado a ser férreos opositores acusándolo de abandonar la agenda con la que ganaron las elecciones y de la falta de espacios de diálogo y de expresión del movimiento social.
En este contexto, Quito será sede de Hábitat III, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible a realizarse en octubre de 2016. Y para la organización del acostumbrado foro social alternativo a la conferencia oficial, en el ámbito local se ha conformado el Comité Popular por la Defensa del Territorio que ha entrado ya en diálogo con las organizaciones de alcance global que acompañan estos procesos, como la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC) y la Alianza Internacional de los Habitantes (AIH), entre otras.
El objetivo del foro social, denominado “Resistencia Hábitat III” es levantar una Agenda Autónoma Hábitat III desde las necesidades de la comunidad y el derecho a tener ciudad. Bajo el lema “Otra ciudad es posible” el foro se propone analizar los documentos oficiales de Hábitat III y difundir ante la opinión pública una versión crítica que ayude a poner en evidencia los impactos de las decisiones que se adopten globalmente respecto al ambiente, la economía y la convivencia en las ciudades. Aquí es donde aparecerán temas de interés para las comunidades urbanas, pero soslayados por la agenda oficial: violencia barrial, micro-tráfico, inseguridad, gentrificación, entre otros.
En este camino hacia Hábitat III ni ONU-Hábitat, ni el Secretario General de la ONU, aportaron elementos para revisar los alcances de Hábitat II (1996), ni para formular las directrices de los informes nacionales de Hábitat III. En este desinterés se funda el temor de que no sean evaluados adecuadamente los compromisos globales asumidos hace dos décadas; entre otros, garantizar vivienda adecuada para todos y generar asentamientos humanos sustentables. Por ello, la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC) exige que se conserven íntegros los compromisos y el formato de Hábitat II (1996) –exigencia ya manifestada en el 7º Foro Urbano Mundial en Medellín en 2014 y en el PrepCom1 en Nueva York, también en 2014– y plantea tres necesidades principales: 1) que los procesos en esta nueva Conferencia Mundial deben ser al menos tan inclusivos como los de Hábitat II; 2) que debe mantenerse el principio de una “agenda Hábitat” y no reducirla a una "agenda urbana” que resulte más divisiva; 3) que los derechos humanos y la buena gobernanza deben seguir guiando las políticas de asentamientos humanos, tal y como se acordó en la primera Conferencia Mundial de Hábitat, (1976).

desco Opina - Regional / 23 de junio de 2016
Programa Urbano
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viernes

Al día siguiente



El ajustado triunfo de PPK el 5 de junio pasado, cerró una incertidumbre que, de alguna manera se prolongó varios días, hasta que matemáticamente su victoria fue indiscutible, no obstante el malhumor y cierta altisonancia de los perdedores, que hasta el mismo 5 de junio, estaban seguros de su victoria. El resultado final, en el que hubo un ausentismo próximo al 20%, se explica por la concatenación de cuatro factores: los errores del fujimorismo que fue incapaz de deslindar con las acusaciones de corrupción contra su ex Secretario General, comprometiendo a su cara menos «dura», en el affaire de la manipulación de un audio para salvar a Joaquín Ramírez; un segundo debate, en el que el electo Presidente, aunque con dificultades, se posicionó en defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción; la declaración de Verónika Mendoza, anunciando su voto por PPK para defender la democracia, y la significativa movilización social promovida por los distintos colectivos del No a Keiko.
Los desaciertos fujimoristas anularon los esfuerzos de su candidata por distanciarse del pasado más oscuro de su organización, que marcaron la primera vuelta electoral. La perfomance de PPK en la segunda vuelta, mejoró sustantivamente y se posicionó en la polarización democracia-autoritarismo, que se instaló paulatinamente desde la quincena de abril. Ambos factores, combinados con la fuerza de las movilizaciones antifujimoristas en Lima y otras ciudades del país, explican el cambio de la votación en Lima, donde cerca del 6% del electorado abandonó a la candidata naranja, migrando a la opción contraria. La clara y valiente posición de Verónika Mendoza, contribuyó también con un significativo «empujón» en el centro y especialmente en el sur del país.
A la base de los resultados, está la distancia entre las distintas memorias que deberán ser analizadas con calma para entender la polarización fujimorismo-antifujimorismo que se ha instalado en el país los últimos quince años. Las unas, más urbanas y de sectores medios altos, pero también de importantes sectores rurales en el centro y el sur del país, pero también en Cajamarca, ancladas en el recuerdo del autoritarismo, la prepotencia, la corrupción y la inaceptable violación de derechos humanos; las otras, también urbanas pero más populares y pobres, sumadas  a aquellas, significativamente rurales, que encontraron alguna atención del Estado tradicionalmente ausente, en parte de la década del noventa.
Ahora, despejada la incertidumbre sobre el vencedor, se abren las interrogantes sobre el nuevo gobierno en un escenario políticamente difícil. El fujimorismo buscando hacer sentir el peso de sus 73 congresistas, no parece dispuesto a una negociación fácil ni a las buenas maneras, mientras los futuros gobernantes tampoco terminan de estar seguros del terreno que pisan. Las diferencias que se observan en uno y otro bloque, sin embargo, son similares. En el primer caso, el ala dura no esconde su malhumor porque se quedó sin la posibilidad de ningún premio consuelo y las pintas de Kenji 2021 ya aparecieron en distintos lugares. En el segundo, los énfasis y los tonos dependen del vocero, quedando claro que la decisión última es del futuro Presidente y de su entorno más íntimo donde es notorio el peso de Susana de la Puente. De esta manera, el triunfo de la derecha en la primera vuelta, representada por ambos bloques, se empieza a debilitar en este escenario.
Como es obvio, a estas alturas, la preocupación básica de los triunfadores, es como crean las condiciones para construir acuerdos duraderos con distintos sectores, para garantizar la gobernabilidad del país. Necesitan formas de entendimiento con el fujimorismo, que no tienen la importancia crucial que muchos interesados les atribuyen; pero éstas, no pueden ser a cualquier precio, por los altos costos que tendrían de cara a importantes actores sociales y políticos que los llevaron a la casa de Pizarro y con los que han firmado distintos compromisos que tienen que ver con la defensa de la democracia, con la afirmación y garantía de derechos y de formas de inclusión social, así como con distintas demandas territoriales.
El escenario demanda mucha capacidad de diálogo y de construcción de puentes, pero también de operación política en una sola dirección. ¿Tendrá esa capacidad el mundo PPK? Difícil saberlo. Sin desmerecer su talento gerencial y su pragmatismo, el Presidente y su equipo, tendrán que hacer política. Si nos guiamos por su actuación a lo largo de la campaña electoral y por los primeros indicios que vienen dando, todo indica que les costará sangre, sudor y lágrimas, dados los límites de su cohesión interna. Que distintos actores políticos muestren su disposición democrática hacia el nuevo gobierno, incluido el Frente Amplio, no resuelve los problemas, si quienes tienen que aprovechar esa disposición, creen que las cosas se solucionan, incorporándolos a algunos sectores del gobierno.
Los principales voceros de Peruanos por el Kambio, han anunciado ya la presentación de distintas iniciativas legislativas el 28 de julio próximo. Harían bien en ir construyendo consensos alrededor de ellas, con los actores políticos y con la calle. Por la salud del país, deseamos que sea así.

desco Opina / 17 de junio de 2016 
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La agricultura familiar y el sillón presidencial



Habiendo quedado claro quién ocupará el sillón presidencial cabe preguntarse si en el Plan de Gobierno de PPK, los hombres y mujeres del campo verán priorizadas la atención de sus demandas y necesidades, sobre todo cuando deberá negociar con la bancada fujimorista para implementar las iniciativas legislativas que se condicen con su oferta electoral para el sector agrario, que concentra a los sectores poblacionales de mayor pobreza y pobreza extrema del país.
En el acápite denominado Agro Próspero, el aludido plan señala como objetivo estratégico; “Lograr un agro próspero incrementando la rentabilidad y competitividad con un impacto positivo en la reducción de la pobreza”, la meta es ambiciosa si consideramos que esta agricultura familiar no es uniforme pero concentra el 97% del agro nacional y el 83% de la mano de obra del campo y que se caracteriza principalmente por una gran brecha tecnológica, predominante uso de la fuerza de trabajo familiar –desde el más joven hasta el más anciano– el acceso limitado a recursos tierra y agua y escasa capacidad de inversión, lo que coloca a gran parte de este sector productivo en niveles de sobrevivencia y sin proyección empresarial. De su Plan de gobierno destacan algunos temas interesantes como el incremento del capital de Agrobanco, el seguro agrario, Serviagro, titulación de tierras y cosecha de agua.
El proveer de recursos financieros a los agricultores vía crédito de Agrobanco no es un tema nuevo, por lo tanto, más allá del incremento del capital de esta institución de fomento agrario habría que conocer cuál será el producto que lo diferencie de lo que hasta la fecha se ha estado ofreciendo. Es de sobra conocido que gran parte de las unidades agrarias familiares no acceden a estos créditos por el temor de no poder honrar sus compromisos y perder sus tierras. Varios estudios han demostrado que en la sierra peruana el acceso a crédito es bastante bajo a comparación de la costa y la selva por lo que sería un aspecto de especial atención para las políticas públicas,  situación que ha sido confirmada por los resultados mostrados por el IV CENAGRO.
El seguro agrario tampoco es un tema nuevo, por el contrario, mediante subsidio estatal ya se encuentra vigente y es regulado por la Ley Nº 26702, que da cobertura a riesgos destinados a la producción agraria y producción ganadera. Sin embargo, su cobertura no es alentadora ya que por ejemplo, en el caso de Huancavelica, por cada hectárea de cultivo perdida, al agricultor se le reconocen entre S/. 500 y S/. 650 soles, cifra muy baja si consideramos que luego de engorrosos trámites burocráticos el agricultor no sólo debe de recuperar su inversión, sino también tener la certeza de poder satisfacer las necesidades económicas familiares hasta que recupere su capacidad productiva. 
Serviagro, también existe. La novedad para este servicio de Agrorural radicaría en brindar asistencia técnica a los agricultores organizados. La propuesta suena alentadora, sin embargo, no se señala si los sistemas organizativos tradicionales serán beneficiarios de este servicio o si se priorizará nuevas configuraciones de pequeños agricultores con un enfoque más empresarial. Esto, sin ser malo en sí mismo, requiere de una intervención multidisciplinaria que logre insertarlos en la cadena productiva nacional y global sin desconocer los patrones culturales existentes. Es entonces que volvemos a la pregunta: ¿cuál será la diferencia con la oferta estatal vigente?
Tal vez lo más novedoso de su propuesta lo constituya la creación del Programa Sierra Azul con una inversión de trescientos millones de soles. Éste se propone asegurar la disponibilidad de agua para la producción agrícola con proyectos de cosecha de agua, construcción de reservorios, mejora de los canales de riego, recuperación de andenes, entre otros. En su propuesta no se señala cuál será el rol que cumplirán las Juntas de Regantes ya existentes, ni tampoco cómo se recuperarán y revalorizarán los saberes tradicionales, ni si se recogerán y capitalizarán las experiencias exitosas de cosecha de agua que han sido implementadas por diversas instituciones privadas.
En conclusión, aún no hay elementos para evaluar la calidad de la propuesta agraria de PPK, ya que es insuficiente la información de dominio público. Esperamos mayores precisiones sobre ello muy pronto, así como la forma de asegurar la calidad técnica de los ejecutores que serán reclutados.

desco Opina - Regional / 10 de junio de 2016
Programa Regional Centro
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miércoles

¿Keiko presidenta? Los probables escenarios futuros



De acuerdo a las últimas encuestas, Keiko Fujimori tiene las más altas probabilidades de ganar la elección del próximo domingo 5 de junio y acceder a la Presidencia de la República el 28 de julio. Desde luego, la última palabra no está dicha y su contendor PPK, y detrás de él una gran parte del país, apuestan a un resultado diferente. Más allá de lo que arrojen las urnas dentro de pocos días, queremos ensayar la construcción de algunos escenarios hipotéticos para el país si Keiko Fujimori asume la presidencia.
Un primer escenario, el «escenario autoritario», es el que más temores despierta entre la ciudadanía que no votará por ella, pues se teme un copamiento de las instituciones del Estado: Fujimori tiene ya mayoría en el congreso, y se correría el riesgo de que avasalle y capture el Poder Judicial y la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otras instituciones, reeditando lo que el régimen de su padre hizo en los años 90 del siglo pasado. Su bancada le serviría para promover los cambios constitucionales que consagren este retroceso democrático, al cual se sumaría una desinstitucionalización del país si mantiene las coaliciones que forjó durante la campaña electoral  con los mineros y transportistas informales y, probablemente, una mayor presencia del narcotráfico en ciertos espacios del poder del Estado. Todo ello estaría coronado por la pronta liberación de su padre y quizás con una razzia vengativa contra quienes lo condenaron y otros opositores.
En el plano económico, se espera una política expansiva en el gasto público, echando mano al fondo de estabilización fiscal – FEF (ahorros públicos administrados por el MEF) que, a fines del 2015, sumaban US $7,900 millones. El programa de Fuerza Popular (pág. 45) menciona expresamente esta medida, a fin de lanzar un boom de inversiones productivas y sociales, y podría convertirse en la base de una suerte de populismo económico de derecha. 
Un segundo escenario probable sería un «escenario democrático», menos creíble  para sus opositores (y seguramente también para gran parte de sus seguidores). El Gobierno de K. Fujimori respetaría las reglas de juego y la independencia de poderes, no intenta copar las instituciones públicas importantes, aplica reformas que algunos liberales reclaman desde hace varios gobiernos y mantiene una política económica prudente. Muestra además respeto por los derechos humanos, cumple con reparar a las víctimas de las esterilizaciones forzadas realizadas en el gobierno de su padre, entre otras medidas.
Como es obvio, ambos escenarios son problemáticos, debido a factores económicos o políticos que bloquean o limitan su construcción: uno de ellos son las restricciones económicas externas, (caída de los precios de los minerales, una menor llegada de inversiones extranjeras, y de disponibilidad de divisas, entre otros), y reduce el margen para políticas expansivas de corte populista; el uso de los ahorros del FEF podría funcionar quizá en los dos primeros años de gobierno, si logra superar los no pocos problemas de procedimientos que tiene el Estado para efectuar un shock de gasto público.
En el plano político, Fuerza Popular no cuenta con un operador comparable a Montesinos, que controle a la vez los aparatos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, (aunque no deben faltar por allí los generales retirados fujimoristas con aspiraciones a emularlo). Las acusaciones de lavado de dinero a gente tan cercana a la lideresa como Joaquín Ramírez no deja de ser una bomba de tiempo para su eventual régimen, y es aún prematuro saber cómo operarán los distintos grupos de fujimoristas que han entrado al Congreso, su compromiso real con una opción democrática, la capacidad de control de la señora Fujimori sobre ellos y en quiénes se podría apoyar para un eventual escenario no autoritario. Todo esto, podría traducirse en un gobierno con problemas de orden y disciplina.
Por otro lado, las propuestas de Fuerza Popular para enfrentar la corrupción y la inseguridad ciudadana no parecen muy consistentes, y pueden convertirse en serios problemas para su imagen y, sobre todo, para la gobernabilidad del país.
Todo esto constituye un enorme desafío para la oposición, especialmente para el Frente Amplio. Sus veinte congresistas le dan un espacio interesante pero sin capacidad real para hacer aprobar propuestas legislativas coherentes con su programa. Prepararse para hacer una suerte de «travesía en el desierto» durante los próximos cinco años, ponen a la orden del día la necesidad de construir una agenda política que permita no solo fiscalizar al gobierno que se instale el próximo 28 de julio y visibilizar a la izquierda como una opción política seria, sino también, construir organicidad que la fortalezca y consolide a nivel nacional, permitiéndole además, resistir los intentos de aislarla y reducirla políticamente a una mínima expresión.


desco Opina / 2 de junio de 2016
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