viernes

Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y el cambio climático

 

A la grave crisis política en el país se han sumado los eventos climáticos extremos que han puesto en jaque la capacidad gubernamental para disminuir las afectaciones en la población y sus medios de vida, como en el caso de la zona altoandina del sur, que ya hemos comentado en extenso en un artículo anterior. Pero no todo está perdido, la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en parte de las regiones del sur, podrían paliar en un porcentaje estas afectaciones.

Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizó en Arequipa, el Encuentro Nacional de MRSE HÍDRICO (MERESE-H), un espacio para intercambiar y reflexionar sobre las experiencias y lecciones aprendidas de los promotores y ejecutores de MRSE-H en Perú, con el fin de identificar las necesidades comunes, las oportunidades de mejora y los retos pendientes para fortalecer y consolidar las acciones de adaptación al cambio climático, en un contexto de crisis hídrica en el país.

Los MRSE-H, en efecto, han venido a reforzar las actividades de siembra y cosecha de agua, que algunas instituciones privadas, como la nuestra, han venido promoviendo en las zonas rurales y que luego el Gobierno Nacional ha tomado en cuenta a partir del año 2016 para su implementación como política mediante el programa Sierra Azul. La diferencia entre Sierra Azul y el MRSE es que los usuarios del agua, bajo este mecanismo, retribuyen con dinero el trabajo de los pobladores de las zonas altas que contribuyen con la conservación del agua para las poblaciones que habitan en zonas medias y bajas.

Durante el evento se presentaron los avances en la Macrorregión Sur. La especialista MRSE de la EPS Sedacusco, Zoraida Cáceres, expuso los avances en la ejecución de los cinco proyectos de inversión con los cuales han construido más de 75 km de zanjas de infiltración y cochas, han hecho revegetación, diques en cárcavas y actividades de fortalecimiento de capacidades en la comunidad, además de un sistema de monitoreo social desarrollado para los proyectos MRSE en Piuray.

Por su parte, EPS Ilo S.A., a través de la responsable MRSE, ing. Lizeth Condori, presentó sus avances trabajados en conjunto en la implementación con la comunidad de Asana, logrando construir más de 6 km de zanjas de infiltración y la instalación de su Sistema de Monitoreo Hidrológico, que de manera preliminar cuenta con una estación pluviométrica y que se planea ir sofisticando con los años. Asimismo, presentaron una plataforma donde han logrado sistematizar la información de precipitación que se viene recogiendo con su estación pluviométrica.

La representante de Sedapar, ing. Liudmila Murillo, también explicó cómo vienen ejecutando el MRSE en la región Arequipa a través de la modalidad de convenios de administración, con Profonanpe como administrador del fondo, y con descosur como ejecutor del plan de intervenciones. Indicó que esta modalidad ha permitido agilizar la inversión de estos recursos y alcanzar los objetivos del Año 2, resaltando el papel de descosur en la implementación del MRSE, ya que contar con casi 30 años de experiencia en la ejecución de acciones para siembra y cosecha de agua y en la recuperación de ecosistemas en la región, resultó fundamental para asegurar la calidad y eficiencia de las obras.

Los planes de intervención, en todos los casos, vienen acompañados de programas de fortalecimiento de capacidades en las comunidades contribuyentes, para asegurar la sostenibilidad de sus actividades económicas y para la obtención de beneficios en los años venideros, de los ecosistemas que habitan.

Es importante mencionar el caso de Sedapal, en Lima, cuya modalidad de ejecución del MRSE es a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (Invierte.pe), con el que suelen tener cuellos de botella en las fases de formulación y ejecución (a nivel de Expediente Técnico), dentro de sus Unidades Formuladora y Ejecutora por la limitada cantidad de profesionales para atender los proyectos de infraestructura verde, sumado a los proyectos de infraestructura gris. Una muestra más del paquidérmico estado de los sistemas de gestión estatales.

En el Encuentro Nacional MRSE, muchos representantes de las EPS coincidieron en que una de las limitaciones que se ha tenido en su implementación, ha sido no contar con profesionales capacitados. Han tenido que ir formándose con la experiencia y en base a las circunstancias de cada región. Sería importante que las EPS puedan hacerse de estos profesionales para asegurar no solo la continuidad de la implementación de los MRSE, sino su operación y el mantenimiento de las infraestructuras.

Por el momento, las contribuciones para la implementación de los MRSE provienen de los usuarios domiciliarios del agua. Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional se están encargado de la recaudación, de diseñar el plan de intervenciones y de ejecutar esa inversión mediante diferentes mecanismos. Todavía es un reto comprometer a otros usuarios del agua (agrícolas, industriales, etc.) para que de manera voluntaria (aunque a estas alturas debería ser una obligación) también contribuyan con la disponibilidad hídrica en las cabeceras de cuenca y las futuras generaciones puedan acceder a este preciado bien.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de octubre del 2023

descosur

Geopolítica de la cocaína en la Amazonía

 

Según el World Drug Report 2023 el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$ 85 000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$ 320 000 millones (Global Financial Integrity). Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.

El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.

América del Norte sigue siendo el mayor consumidor de cocaína con 6.4 millones de usuarios, seguido de Europa Occidental y Central con 4.6 millones. En esta última ha aumentado el consumo de crack. La red de organizaciones de traficantes mexicanas dentro de EE. UU., es sólida y maneja los negocios de cocaína. El referido informe se aferra en poner a América del Sur como usuario importante (4.7 millones de personas), principalmente en Brasil y Argentina. En cuanto a la logística, hay que diferenciar los puntos de entrada de la droga a Europa, en los puertos ibéricos. Luego están los puertos graneleros de los Países Bajos e Italia, que son centro de llegada de parte de la migración sudamericana. En la medida que existe un importante comercio entre Perú y la Unión Europea, se aprovechan todos los medios de articulación comercial posibles.

En cuanto a la producción de coca y su logística, el 2022 se detectaron 234 000 ha cultivadas con coca en la selva de América del Sur (95 008 de ellas en el Perú) respecto de 54 134 ha en el 2018, con precios de US$ 1100 por kilo de cocaína. A nivel campesino, las estructuras locales –denominadas “firmas”– organizan el proceso de elaboración, empaque y transporte hacia los puntos de salida. Desde las regiones intermedias, los representantes de las organizaciones de alcance internacional definen los envíos, se apropian de las ganancias en territorio peruano y embarcan con destinos finales.

De la Alta Amazonía trinacional, se extrajeron el 2021 hasta 1982 toneladas de cocaína mediante infraestructura a pequeña escala y algunos mega laboratorios. El nivel de pericia industrial para la extracción de alcaloide ha alcanzado niveles importantes, con participación de organizaciones criminales multinacionales. La producción de cocaína se ha generalizado en Colombia y algunas regiones del Perú. Desde la primera, se dirigen sus envíos hacia la salida en el Pacífico. Desde la segunda, se dirigen hacia la frontera brasileña, por vía aérea (Inteligencia de la Fuerza Aérea reporta un flujo creciente de pistas clandestinas en funcionamiento en Ciudad Constitución, Pichis Palcazú y Ucayali) y fluvial. Aunque el VRAEM atravesó y sigue pasando por una fuerte crisis de precios de la coca y la pasta base durante la pandemia (2020-2022), mantiene una alta producción de pasta y clorhidrato de cocaína. Una tendencia es la presencia creciente de Brasil en el manejo de la salida de cocaína por África Occidental. Las costas de Guinea Bissau, Ghana, Senegal y Mali son donde se produce la triangulación entre organizaciones brasileñas y africanas.

Del total de cocaína producida, las policías del mundo incautaron 1424 toneladas, el 72% de lo producido. El aumento de la incautación de cocaína está relacionado al aumento de la producción, mercados y rutas: es el caso del Brasil (puerto de Santos) que, junto a Colombia (Buenaventura) y Ecuador (Guayaquil), son los puntos de salida marítima de la cocaína sudamericana.

Ahora se incauta cinco veces más en América del Sur que en América del Norte. En el caso del Perú, la Policía decomisa cifras que superan las 60 toneladas, desde el 2018 hasta la actualidad. También han aumentado las incautaciones en Asia, África y Oceanía. El problema central es que el aumento exponencial de las incautaciones por el lado de la oferta, no repercute ni en la disponibilidad, ni en el precio final (80/100 euros por gramo de cocaína = 100 000 euros el kilo en el destino), con lo cual, la demanda permanece intacta. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en América Latina, lo que permite entender la facilidad con la que se inserta la economía de la cocaína.

La organización criminal de la cocaína está compuesta por redes que se encuentran compartimentalizadas por cuestiones de seguridad. Junto a otras economías ilícitas, se convierte en el camino para hacer partícipe de la globalización a indígenas, colonos, migrantes, campesinos y desempleados, pues tiene niveles diversos de escala en su cadena de valor. Se organiza en tres niveles:

(i) A nivel de los productores, son pequeñas estructuras de transformación y acopio de la droga, aproximadamente entre 50 y 70 “firmas” en los valles cocaleros: familias de localidades de Palmapampa, Llochegua, Vizcatán del Ene, Aguaytía; repiten el mismo esquema de acopiadores y enviadores de droga hacia ciudades intermedias (el precio aun es menor: US$ 1100 por kilo de clorhidrato, 800 por pasta lavada). Es el caso de las firmas “Putin”, “Sosa”, “Hogi”, “del Gallo”.

(ii) El segundo nivel relacionado a transporte, almacenamiento y salida, integra organizaciones más sofisticadas y de mayor alcance. Se trata de organizaciones intermedias de composición nacional asentadas en los puntos de almacenamiento y salida, con vinculaciones comerciales con las empresas internacionales mexicanas y colombianas: es el caso de lo que fueron los Sánchez Paredes, “Los Empresarios” de Pebes y Negrón (2018) y el caso de Joaquín Ramírez.

(iii) El tercer nivel es a escala internacional (global), allí participan las organizaciones criminales grandes, desde México: principalmente, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (en menor medida las de Juárez, Tijuana y El Golfo) que hacen presencia en el Pacífico a partir de acuerdos con organizaciones como “Los Urabeños” en Colombia; del lado brasilero, tenemos la acción dispersa de las estructuras de Comando do Capital y el Comando Vermelho.

En conclusión, hay tres factores que permiten el mantenimiento del mercado ilegal en las actuales circunstancias de altos decomisos e interdicción: estabilización de oferta/demanda, compartimentalización de organizaciones criminales y la convergencia ideal de actividades criminales.

 

Los Estados latinoamericanos, y particularmente el Perú, estamos inermes frente a las implicancias del extractivismo ilegal y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. Mientras los países desarrollados nos endilgan gran parte de la responsabilidad y las obligaciones para enfrentarlos de manera errónea, nosotros agachamos la cabeza y nos negamos a encontrar otras salidas profundas, desde la regulación, el control de daños y un manejo político adecuado. 
 

Gentil colaboración de Ricardo Soberón

desco Opina / 20 de octubre de 2023