martes

Seguridad ciudadana y desarrollo de la selva peruana

Regional

Aunque se difunden cifras oficiales sobre la incidencia delictiva y el resultado de las intervenciones policiales en la Selva Central, según estudios confiables existe un alto número que alimentan las «cifras negras», es decir aquellas que no son reportadas por las víctimas. Al respecto, son visibles las limitaciones de equipamiento logístico de la policía y por ello los pobladores dudan de su eficiencia, a lo que debemos sumar la inercia del Poder Judicial, lo que da como resultado una percepción de inseguridad bastante alta.  

Es cotidiano escuchar noticias sobre asaltos a pasajeros de los buses que transitan en las carreteras pero, lo que no se señala es que en los caminos vecinales y trochas carrozables de esta parte del país, donde la presencia policial es nula, el número de actos delictivos es mayor al que se anuncia en los medios, con el agravante de que, generalmente, la víctima es fuertemente golpeada o asesinada. Esta inseguridad se incrementa de manera alarmante en temporada de cosecha, cuando  esperanzados en recuperar su inversión luego de largas faenas de trabajo son presas de bandas organizadas, que controlan y reciben datos sobre las actividades de venta y cobranza de los agricultores locales.  

Las autoridades recomiendan el uso de transferencias interbancarias, cheques y  tarjetas para reducir la vulnerabilidad del traslado de grandes sumas de dinero. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad de los pueblos de selva, en donde no existe un número adecuado de agencias bancarias ni seguridad en las mismas.  Además, las que funcionan efectúan limitadas gestiones financieras. En pocas palabras, sin efectivo visible no habrán pagos a jornaleros, dinero para compra de insumos ni circulante para los abastos familiares.  

En estas incursiones delincuenciales no sólo se roba el dinero y valores personales, sino que se despojan los vehículos y hasta las cargas de productos. También se incurre en violaciones y otros vejámenes. Existen pues diferencias abismales entre las recomendaciones que se promocionan para garantizar la seguridad ciudadana, que están basadas en realidades urbanas, y los desafíos que plantean las condiciones cotidianas de nuestra amazonía.  

De esta manera, con la poca credibilidad que generan las estadísticas oficiales y la incongruencia entre la supuesta reducción de los actos delictivos y el incremento de la inseguridad en las localidades del interior, no es posible facilitar el desarrollo rural que, a su vez, urge de la seguridad para poder desarrollar sus actividades productivas. Según la norma (Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) se han creado 26 Comités Regionales, 193 provinciales y 1,627 distritales de Seguridad Ciudadana. Esto nos podría hacer creer que existe una estrategia nacional que rendirá frutos en el mediano plazo pero, al parecer, esto dista de ser una proyección verosímil.  

En primer lugar, estas instancias –en donde deben confluir las autoridades y la comunidad organizada en juntas vecinales– crean contradicciones con las formas organizativas locales, ya que no se desprenden de ellas sino que se conforman de manera paralela. En buena cuenta, los procesos de capacitación a estas juntas vecinales son simples formalismos, que buscan cumplir con el requisito especificado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). No faltan quienes cuestionan el compromiso civil en la tarea de prevención, pero olvidan que esta participación es voluntaria y riesgosa, ya que se exponen a represalias por parte de los delincuentes, sin contar con ningún tipo de garantía personal.

Otra causa gravitante es la alta frecuencia en la rotación de las autoridades policiales y de los funcionarios que los gobiernos regionales y locales asignan a esta tarea, que no sólo impide la debida formación de capacidades sino que, también, siguiendo con las prácticas burocráticas comunes, el reemplazante desconoce lo actuado y lo pasa a fojas cero, sin recoger ni analizar las experiencias vividas. De esta manera, el burocratismo y el populismo le han ganado terreno a la obtención de buenos resultados. Demás está decir que la coordinación interinstitucional deja mucho que desear por lo literalmente inexistente.  

Desde la óptica de la planificación para la acción, no se cuenta con diagnósticos confiables ni existen mapas de incidencia delictiva. Entonces, no es errado pensar que los planes de trabajo elaborados por estos comités de Seguridad Ciudadana finalmente no se implementen porque las instancias gubernamentales no tienen capacidad para ponerlos en práctica. En efecto, el equipamiento de las comisarías rurales y del personal de patrullaje es exiguo, sin dejar de mencionar los actos de corrupción en que incurre parte del cuerpo policial. De otro lado, la falta de eficaces equipos de comunicación y combustible para los vehículos favorecen aún más la actividad criminal.

Ante esta realidad ¿Es posible hablar de posibilidad de desarrollo de la Selva central en las condiciones en que se encuentra la Seguridad Ciudadana?, ¿se puede incentivar una mayor inversión del productor en tecnología y mejores prácticas si no se le asegura la integridad personal y la de sus bienes? Estamos seguros que no. A pesar de ello, existen los emprendedores del agro que asumen los riesgos pero, no dejan de manifestar su desazón por el descuido y los crasos errores en que incurren las instancias que deberían de protegerlo, una razón más que acentúa el distanciamiento entre el Estado y la sociedad rural.  

Nro. 54 ¿Podrá Simon?

La presentación del primer ministro Yehude Simon ante el Congreso de la República, el 8 de noviembre, fue algo desconcertante. Por momentos, parecía exponiendo un Plan de Gobierno, con tópicos generales y objetivos de mediano plazo, cuando lo que se requería eran propuestas de acción inmediata y resultados rápidos. La buena voluntad de Simon es incuestionable. Sin embargo, las dudas se evidencian cuando preguntamos si los medios de los que dispone son los necesarios y si el entorno es el adecuado para que su intención se plasme en resultados que logren remontar la deteriorada imagen del Ejecutivo.

Con su designación se intentó superar una grave crisis provocada por la revelación de actos corruptos que comprometerían a altos niveles del gobierno, evidenciando un fenómeno que, al parecer, es bastante más extendido y complejo de lo que se supone. Así, su integración al Ejecutivo fue un golpe de timón del presidente García, quien haciendo gala de su celebrado olfato político que le indicaba que era indispensable responder a la creciente conflictividad social, pero también a la corrupción, encontraba en el Presidente Regional de Lambayeque una carta importante.
La obligatoria presentación del nuevo Gabinete ante el Congreso de la República era la ocasión para entrever el margen de maniobra del nuevo Premier para hacer efectivos sus planteamientos, aunque, era evidente que sus límites estaban planteados desde el inicio mismo de su gestión pues, camino al tercer año de gobierno, el Ejecutivo difícilmente modificará de manera importante la direccionalidad de su acción. Las primeras declaraciones de Simon, recién asumido el cargo, no se condecían con este escenario tan claramente acotado. Sensibilizado por el tema de la corrupción, afirmó que la iba a combatir frontalmente, sin considerar la sucesión de fracasos previos en esta materia, varios de ellos por falta de voluntad real del gobierno que hoy integra.
Como no podía ser de otra manera, éste fue uno de los puntos estelares de su exposición ante el Congreso, donde el nuevo Premier señaló que se adelantaría la implementación del nuevo Código Procesal Penal para agilizar los procesos seguidos a los funcionarios corruptos. También anunció el impulso que se dará al Servicio Civil (SERVIR) y un mayor grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pero, lo central fue su compromiso para fortalecer el Sistema Nacional de Control, cambiar las formas en la elección del nuevo Contralor General y comprometerse a un plazo de 45 días para presentar un Plan Nacional Anticorrupción, que aspira consensuarlo ante el Acuerdo Nacional.
A estas alturas, la inesperada entrega del prófugo Rómulo León a la justicia, por propia decisión, podría crearle un contexto favorable para impulsar las acciones que anunció. Sin embargo, si bien nadie puede estar en desacuerdo con lo expresado, podría sospecharse que el enfoque dado a la lucha contra la corrupción tiene un sesgo tecnocrático, que limita la eficacia de estas tareas, en momentos en que lo que se reclama es un diseño que otorgue la debida importancia a los componentes políticos que están tras el problema; es decir, una reforma del aparato del Estado que lo legitime ante la sociedad mediante una participación más activa de la ciudadanía organizada. Así, por ejemplo, aunque nos parece positivo que se retomen las iniciativas para transparentar las actividades de los lobbies, pensamos que el tema de fondo en esa materia supone profundos cambios en el manejo de las licitaciones y las listas de proveedores del Estado.
Otro punto del discurso en el Congreso que generó expectativa, fue el de la descentralización y la regionalización. Sin embargo, todo parece indicar que en este rubro las aspiraciones de Simon se reducen a garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de lo que ya está normado; sus propuestas carecieron de la audacia que se esperaba de alguien que conoce profundamente ambos procesos.
Sobre los otros aspectos del discurso del Premier hay poco que decir, lo cual debe preocupar. Apuesta por las posibilidades de desarrollo humano de un modelo económico cada vez más cuestionado, precisamente por sus pobres resultados en este rubro. Repitió las fórmulas manidas y fallidas sobre el combate contra el narcotráfico y, peligrosamente, ha hecho suyo el término «narcoterrorista» desde el cual cree poder construir un esquema contrasubversivo diferente a los que hemos visto en las últimas décadas. Finalmente, sus propuestas respecto a cómo enfrentará el Perú las consecuencias de la crisis financiera internacional son, en buena cuenta, declaraciones de buenas intenciones y esperanza en que las cosas no empeoren.

viernes

Canon minero y recursos en Arequipa

Regional
En Arequipa, todos los minerales extraídos durante el primer trimestre de este año, a excepción del oro, tuvieron un volumen mayor al visto en el mismo periodo del 2007, motivado por el aumento del precio y la demanda internacional. Sin embargo, las señales que indican el fin de la bonanza son inequívocas y ya han empezado a evidenciarse, por ejemplo, en la tendencia a la baja en los precios, debida a la crisis financiera mundial, aun cuando se asegure que esta disminución de los precios es sólo coyuntural y que retomará luego su nivel, aunque lentamente.

En todo caso, más allá de las proyecciones, lo cierto es que la contracción de los precios, especialmente el del cobre, tiene efectos importantes en el corto plazo. Por ejemplo, la empresa minera Cerro Verde decidió suspender los 1000 millones de dólares que tenían planeado invertir para su expansión en los próximos cuatro años. Sin embargo, el principal problema para la región será la disminución de las transferencias por concepto del canon minero.
Además, las dificultades se multiplicarán ante la inexistencia de planes de contingencia, que hubieran permitido tener mejores criterios para establecer las prioridades de los proyectos regionales (seguridad, empleo, infraestructura, educación, entre otros). De esta manera, si bien es cierto que vienen ejecutándose proyectos muy buenos (Angostura, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el asfaltado de carreteras, entre otros), generalmente no se ha tomado en cuenta la limitada capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales (justificada muchas veces por el retraso en la asignación que debería transferirles el Gobierno Central) y eso ha condicionado la formación de una situación en que muchas actividades indispensables para el desarrollo de Arequipa no han tomado forma.
En esa línea, hay que considerar además la limitación que tienen las municipalidades distritales para la formulación de sus proyectos, pues no deben superar el 30% en el uso de sus recursos. Pero, ello no debe ser pretexto para dejar de lado las responsabilidades del Gobierno Central: son obvias las trabas que pone en la entrega de la asignación de los recursos a la región y los gobiernos locales. Por ello, debe exigírsele más responsabilidad y seriedad, ya que los recursos mineros no serán eternos y no siempre se cotizarán como en estos años. Por eso, el uso eficiente del canon no es una cuestión que se reduce a simple eficiencia administrativa sino que ésta debe verse como una condición para generar resultados en los objetivos de desarrollo.
Otro aspecto que se debate frecuentemente es la distribución del canon. Como se sabe, la ley establece que el 50% de este rubro corresponde al Gobierno Central y el otro 50% se distribuye en el ámbito donde está localizado el recurso. Esto debería cambiarse, por los probables impactos que generan en las brechas de desigualdad y no responder a criterios generales de desarrollo, es decir, si bien puede decirse que esa manera de distribuirlo pone en práctica un sentido de justicia social lo cierto es que genera mayores entrampes para la consecución de objetivos nacionales. Como se ha planteado reiteradamente, una solución pertinente sería la formación de un fondo de compensación que permita derivar parte de los recursos hacia las zonas que no poseen recursos minerales, siempre y cuando se tenga bien formulado un plan nacional de desarrollo que, desgraciadamente, es inexistente hasta la actualidad.

Otra propuesta sería la planteada por la Asamblea Nacional de Alcaldes, que señala que el 50% que va al Gobierno Central sea redistribuido a las regiones que no tienen explotación minera. Sin embargo, esto significaría reprogramar los presupuestos sectoriales, cuya formulación se hace en base a las proyecciones sobre los referidos ingresos.
En todo caso, el fondo del asunto es que la manera como se distribuye puede llegar a situaciones absurdas: en Arequipa, hay distritos que han recibido más dinero que el Gobierno Regional y otras regiones. De esta manera, por ejemplo, el distrito de Yarabamba (provincia de Arequipa), donde se localiza el yacimiento Cerro Verde, el canon representa S/. 5,706 per capita mientras que en el Cercado (distrito principal de la provincia) es de sólo S/. 25 soles.
Finalmente, otra manera de ver este problema es el siguiente. De cuarenta y cuatro proyectos en agenda con recursos del canon en el primer semestre de este año, veintisiete tienen PIM (Presupuesto Institucional Modificado). Si dividimos los treinta y cinco millones de soles de PIM con que cuenta el Gobierno Regional de Arequipa para las diferentes obras incluidas en los 27 proyectos con PIM, tendríamos que a cada uno le correspondería un millón 321 mil soles; además, la mayor parte de proyectos financiados con recursos del canon se aplica al rubro de infraestructura y transporte. Saludamos así esta iniciativa ya que sin vías de comunicación no hay desarrollo; pero también hay otros temas importantes que aquejan a la población día a día, como son la salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, entre otros.

Está bien que haya desarrollo construyendo pistas y carreteras, pero también es necesario tener proyectos sociales que tengan impacto regional en la población. Estamos pasando por una etapa de transición hacia una descentralización y esperamos que los próximo años, los errores del pasado sean superados en pro del beneficio de Arequipa.

Una ley que debilita la seguridad

El pasado 27 de setiembre, fue aprobado el reglamento de la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley No. 29090), que entró en vigencia al día siguiente de su aprobación. Esta norma fue cuestionada desde su publicación en el 2007, por los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, que sostienen que no se puede alentar las construcciones a costa de la seguridad de las edificaciones.
Esta controversial ley creada con la finalidad de «promover la inversión inmobiliaria», establece cuatro nuevas modalidades de licencias de construcción, entre ellas las licencias automáticas, que se otorgan sin inspecciones previas, dejando de lado un tema esencial para la población: la calidad de lo construido.
En efecto, establece que para los casos de construcción de viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 5 pisos, la licencia será automática siempre que se presente con el expediente la póliza de seguro con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con vigencia durante todo el período de ejecución de la obra. Además, los responsables de la construcción deberán presentar, el documento de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley de Seguridad Social y el Plano de Sostenimiento de Excavaciones, si hubiese sótano o semisótanos con profundidad mayor a 1.50 m.
Esto significa que las responsabilidades sobre cualquier contingencia durante la obra, recaen en el propietario. En pocas palabras si algo sucede, es “su” problema. La situación generada es grave porque de esta manera se afecta el derecho de la población a contar con una vivienda segura y es inaudito que el Estado trate de “lavarse las manos”.
Si bien en el caso de las viviendas unifamiliares de hasta 120 m2, se ha establecido que la Municipalidad podrá exigir la presentación de los planos de arquitectura y de estructuras de la edificación, suscritos por un arquitecto y un ingeniero civil, respectivamente, lo que brinda mayor seguridad a la calidad de la construcción, no podemos desviar la mirada del problema central.
Dadas las características geofísicas de nuestro país, nuestro territorio presenta una gran actividad sísmica y sería irresponsable evadir los estudios correspondientes antes de construir una casa, con la finalidad de ganar tiempo. Es algo contradictorio que, para beneficiar al usuario a que cuente con una vivienda, se agilice el trámite y el resultado de éste sea una edificación insegura.
Creemos que una vez más la ley que rige a nivel nacional, no atiende las verdaderas necesidades de la ciudadanía y no prioriza el bienestar de las ciudades, por lo cual urge un proceso de rediseño, en el que se atienda las opiniones de los expertos y hasta del sentido común. Si lo ideal es construir sobre seguro, entonces antes de construir una casa, debe existir un anteproyecto aprobado para que la Municipalidad respectiva pueda emitir la licencia. Sólo así se asegura la integridad de los habitantes.
Si no se revisa y se modifica esta reglamentación, tendremos que afrontar una vez más, las consecuencias de una ley –una más– que no prioriza la seguridad plena de los habitantes. Y probablemente tendremos como triste lección, más obras en conflicto, más construcciones sin criterio técnico y más tragedias que lamentar, bajo el techo de una ley que desmorona nuestra seguridad.

martes

Nro. 53 El manejo económico tiene que ser parte de la agenda pública

Las primeras páginas de los periódicos durante los últimos días, estuvieron salpicadas por distintos sucesos y debates que marcan el corto plazo. Entre las protestas callejeras y el bloqueo de carreteras en Tacna, Sicuani y Cajamarca por un lado y los «petroaudios» y la reclusión de Magaly Medina, por otro, la indispensable discusión sobre el modelo económico y el futuro de la política económica de cara a la inocultable crisis financiera global, no termina de aparecer con la necesaria fuerza y claridad en la agenda pública nacional. 

Ciertamente la conflictividad social y las dificultades del gobierno, incluso con nuevo Premier y con gabinete remozado, son importantes, como lo es también la significativa corrupción que se evidencia tras el caso León Alegría, que parece ir más allá de una concesión petrolera amañada. Sin embargo, es claro que estamos asistiendo, a decir de distintos analistas, al fin de un ciclo de la globalización y a la más importante crisis del sistema, luego de la de 1929, lo que debiera alentar un profundo debate nacional sobre sus implicancias para el país. 

La inicial reacción gubernamental de restarle importancia y poco menos que anunciar el «blindaje» de nuestra economía frente a lo que ocurre en el mundo, cedió paso al anuncio presidencial de la incorporación de elementos keynesianos a su discurso del perro del hortelano. En idéntico sentido, las primeras respuestas del ministro Valdivieso, anunciando la restricción del gasto público para contener la inflación, se flexibilizaron con la firma de un acuerdo con la Asamblea de Gobiernos Regionales, en el que se compromete a mantenerles el 2009 su presupuesto actual, que se complementó con algunas declaraciones en las que advertía, todavía con timidez, de la posibilidad de «políticas contracíclicas». 

Entre un momento y el otro, se tuvo que aceptar que la inflación bordeará el 7% a fin de año; que los fondos de pensiones, en manos de las AFP han perdido ya más del 16% de su valor; que estamos asistiendo a la paulatina disminución de las remesas que enviaban los peruanos en el exterior, que bordearon los 2,200 millones de dólares el 2007...En otras palabras, todos incluido el gobierno, constatamos que la crisis nos alcanza y nos afecta. Lo que es peor, nos golpeará con mayor fuerza en los próximos meses, dada nuestra particular inserción subordinada en el sistema mundial. 

Ya es claro que en los próximos meses se reducirán los ingresos fiscales porque caerá el valor, precio y cantidad de los minerales que exportamos y disminuirá en general, la demanda americana de nuestros productos; como consecuencia de la disminución de nuestras exportaciones caerá nuestra cuenta externa porque muchas de las importaciones –tecnología, maquinaria, equipos y todo lo que no producimos– se mantendrán. La reducción del crédito, que ya estamos viviendo, se profundizará y el sobreendeudamiento que se observa en nuestra economía –el crecimiento exponencial que se ha visto en los créditos– seguramente nos pasará factura.

Es evidente que el futuro no es promisorio porque cada día es más claro que la crisis global está dejando de ser puramente financiera y se está manifestando ya en la economía real. Frente a una situación de tales características, ante la que ya están reaccionando con distinta velocidad y profundidad distintos países de la región, la agenda pública tiene que incorporar como aspecto central la discusión del modelo económico que tenemos desde el gobierno de Fujimori. En la misma, resulta indispensable saber en cuánto afectará la crisis nuestro PBI, cómo enfrentar el tema de la recaudación fiscal y de la política tributaria en general, cómo proteger el gasto social y qué recursos utilizar para impulsar la inversión productiva. Pero también es urgente definir cómo proteger a los sectores más vulnerables y a nuestro propio aparato productivo. 

Se hace indispensable, en una palabra, colocar la política económica en el centro de la agenda pública. Cerrar los ojos frente a sus implicancias, como pretenden aún distintos voceros del gobierno y algunos empresarios, interesados exclusivamente en proteger sus intereses y su ganancia, sería irresponsable. El Premier, convocado para calmar las aguas de la conflictividad social, tiene un desafío mayor: promover la transformación de una política económica que está tentando llevarnos, nuevamente, al círculo perverso del endeudamiento externo.