Majes Siguas II, nuevamente paralizado

 

A inicio de este mes, Cobra, la concesionaria del proyecto agroindustrial Majes Siguas II, nuevamente colgó los guantes. Tras años de tira y afloja para la aprobación de la famosa ADENDA 13 del contrato, que finalmente se aprobó en julio del presente año, lo que permitiría destrabar la ejecución del proyecto, paralizada desde diciembre de 2017.

Para que la firma de la adenda no se dilate hubo mucha presión de algunos sectores, como el empresarial; sin embargo, como advertimos en un artículo anterior, no se volvieron a discutir temas de fondo del proyecto como el modelo de adjudicación. El año pasado la empresa Cobra, perteneciente al conglomerado español ACS, fue absorbida por una más grande, la empresa francesa Vinci. Quizá este hecho resolvió las sombras de insolvencia financiera que se ceñían sobre la empresa y que fueran advertidas por el exparlamentario Horacio Zeballos hace buen tiempo cuando realizó una investigación desde su despacho sobre el proyecto, convirtiéndose en un aliciente más para la firma de la adenda.

Los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), han declarado a la prensa que Cobra está pidiendo una suspensión del inicio de actividades basados en una serie de faltas de parte del gobierno regional que ya fueron subsanadas entre el 2015 y 2016, indicando que no hay razón alguna para que el cronograma se retrase hasta abril de 2023, como requiere la empresa.

Desde que se firmó la adenda, el gobierno regional ha tomado diferentes acuerdos para garantizar el financiamiento del proyecto. En junio de este año autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto para este proyecto por un monto que asciende a S/ 43 813 420.88. Posteriormente, en setiembre, el Gobierno Regional de Arequipa aprobó realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener financiamiento con recursos provenientes de una Operación de Endeudamiento Externo por US$ 97 994 640.26 también para financiar el proyecto. El presupuesto actualizado del proyecto es de 2431.4 millones de soles. Sólo registra un avance físico del 12% y se ha recalculado como fecha de entrega el 31 de diciembre de 2026.

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, aseguró que no cederán al pedido de Cobra, que busca retrasar el reinicio del proyecto y que harán cumplir el cronograma presentado por la concesionaria en setiembre pasado. Por su parte, el Consejo Regional de Arequipa, quiere interpelar al gerente de Autodema por el retraso, pero no plantean un careo directo con la empresa.

No sólo la ejecución del proyecto está en el ojo de la tormenta, también lo está su supervisión. En un reciente informe de auditoría, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio por US$ 2 114 966 en Autodema, unidad ejecutora del GRA, por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto Majes Siguas II, a través de dos adendas al contrato, de las que serían responsables varios funcionarios y servidores tanto de anteriores gestiones como de la actual gestión.

Majes II, no sólo es un proyecto emblemático en el imaginario colectivo arequipeño, sino que también forma parte de los 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025, publicado recientemente por el gobierno nacional. Siendo así, sería deseable que el propio Ejecutivo respalde al GRA en el arreglo de este entuerto para decidir el reinicio del proyecto o llegar a un posible arbitraje internacional, si ese fuera el caso. Recordemos que Majes Siguas II es una obra público-privada, diseñada desde los escritorios de la tecnocracia de Proinversión, y que el Gobierno Regional de Arequipa ha cumplido cabalmente con los cinco desembolsos solicitados por Cobra, desde que se concesionó el proyecto para su ejecución.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de octubre del 2022

descosur

La fragmentación en curso

 

No debemos repetir el error de mirarnos sólo en la coyuntura peruana. La historia nos marca desigualdades y exclusiones de larga duración, así como las rutas de nuestras tradiciones de los últimos 50 años que nos han llevado a tener la sociedad que ahora se expresa cerrada en su fragmentación y muy pobre cultura política. La necesidad del cambio está fuera de discusión, el debate es sobre el tipo de cambio que se pretende.

La distancia de la gente de la política y la aparente tolerancia de una situación insostenible, es por enojo, decepción y frustración con los actores políticos que actúan en función a sus intereses y no al interés común. También por un peligroso proceso de fragmentación, segmentación y alejamiento social que se retroalimenta por varias razones.

Nosotros, y muchas de las personas con las que interactuamos, aspiramos a que los cambios por venir sean de apertura e institucionalización de acuerdos sociales sobre calidad de vida y gestión participativa de los bienes y servicios comunes que requerimos los peruanos y peruanas. Otras posiciones aspiran a la instauración de distintos tipos de orden que se anuncian como autoritarios y poco democráticos en medio de un mundo globalizado que se muestra cada vez más agresivo.

En este escenario se ha agudizado el fuerte vaciamiento de audiencia de los medios nacionales de comunicación, lo que se expresa en su reemplazo por radios locales, canales de cable regionales y redes sociales que se asientan en esos mismos espacios y se cierran.

Muchos de los mensajes nacionales solo refuerzan las ideas previas de los ciudadanos y favorecen el incremento de la fragmentación en la comprensión de la realidad social, económica y cultural que vivimos. No hay lideres relevantes con visión de país ni tampoco con la voluntad de construir referentes comunes. Un buen ejemplo de ello han sido las elecciones recientes: una competencia entre muchas minorías, en las que aparecen ganadores que no alcanzan a ser ni la cuarta parte del electorado de su circunscripción.

Esta desintegración, alentada además por el abandono creciente de los espacios que priorizan lo común, agrava y profundiza la desconexión y la fragmentación de la oferta política nacional. No por gusto el Perú aparece con Haití, desde hace más de una década, entre los países con la mayor desconfianza interpersonal.

¿Cómo integrar a los peruanos?

Si no somos capaces de establecer referentes comunes institucionales y culturales que alimenten la confianza interpersonal entre más de treinta y tres millones de peruanos, nuestra desgracia seguirá siendo la fuerte cultura maniquea de intolerancia que aparece predominante a diario, en medio de discursos embrolladores de políticos a quienes casi nadie respeta.

Lamentablemente, la historia del país nos muestra cómo la corrupción y la impunidad acompañan siempre la gestión pública. La captura del Estado ha sido el resultado de la subordinación mayoritaria a las élites que se han sucedido en los últimos cuarenta años, así como a la tecnocracia dorada que las ha sustentado. Ambas han construido el Estado y buena parte de la organización de la sociedad que tenemos. Lo han hecho desde la puesta en marcha de políticas públicas que los benefician, ante la impotencia de una ciudadanía poco movilizada y articulada ante la depredación ocurrida durante el gobierno de Fujimori. E incluso desde la captura del Poder Judicial y el Ministerio Público por el APRA durante el primer gobierno de García.

Más allá de justificadas razones para explicar parcialmente el inmovilismo, hay también una responsabilidad ciudadana por la falta de respuestas. La democracia supone mecanismos de tolerancia mínima, convenciones y acuerdos de mutua convivencia. Requerimos construir un nosotros nuevo que abra espacios y coloque en la agenda nacional intereses que favorezcan el reagrupamiento ciudadano en espacios comunes en lo político, lo socio económico y cultural.

En la confrontación desgastante se continúa debilitando la institucionalidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que ya compromete peligrosamente en el debate político abierto o soterrado a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial y al Tribunal de Garantías Constitucionales del Perú. No hay interés de evitar la corrupción, lo que se quiere desde la oposición y la mayoría en el Congreso es sacar a Castillo y nada más.

La falta de líderes confiables para cualquier recambio trasluce el deterioro creciente de la sociedad peruana y demanda la urgencia de aglutinar a los sectores populares y medios para reconstruir la política, abriéndola hacia mejores niveles de legitimidad y confianza. Por ahora, una nueva Constitución no va a resolver las cosas; tampoco la sola propuesta de una radical reforma política. Es indispensable imaginar nuevas formas de acción colectiva o de sociedad civil y así evitar la redundancia en un Estado al servicio de la república empresarial y de un Congreso cuya única obsesión es la aritmética de los votos que cuentan uno a uno para lograr la vacancia, sin aceptar que son parte del problema y no de la solución.

 

desco Opina / 21 de octubre de 2022

Una mirada a los resultados de las elecciones municipales en Lima

Rafael López Aliaga de Renovación Popular es el nuevo alcalde de la ciudad de Lima. ONPE, al 100% de actas procesadas y el 99.8% de actas contabilizadas, informó que alcanzó una votación de 1,401,001 votos, superando a Daniel Urresti de Podemos por 53,645 votos. El burgomaestre electo obtiene la votación más baja alcanzada por las autoridades ediles los últimos 42 años.  

Este resultado, por la configuración del Consejo Municipal que establece la norma electoral, tiene como consecuencia que de los 39 regidores que lo conforman, 21 corresponden a Renovación Popular, 13 a Podemos y los  restantes a otras organizaciones que participaron del proceso. Los distritos, por su parte, se han ordenado en un nuevo mapa político para el período 2023 – 2026. Según la ONPE Renovación Popular ganó en 13 distritos, Alianza para el Progreso en 9, Podemos Perú en 8, Somos Perú en 6, Avanza País en 5, Juntos por el Perú y Acción Popular en un distrito cada uno, respectivamente. 

Como se evidenció desde el inicio de la campaña, predominó la ausencia de propuestas sólidas de cara a los problemas centrales que enfrenta la ciudad. La mayoría de candidatos  presentaron ofertas populistas y poco viables considerando el presupuesto anual que maneja la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en muchos casos, comprometían promesas que estaban más allá de las competencias de los gobiernos locales. La mayoría de propuestas estuvieron centradas en la lucha contra la delincuencia, con medidas poco estructuradas que no recogían la amplia experiencia que se tiene a través de los comités de seguridad ciudadana a nivel local, ni incorporaban tampoco la perspectiva de policía comunitaria que propone procesos de coordinación eficiente entre comisarías, municipios y sociedad civil, a fin de mejorar la seguridad ciudadana a nivel local, donde iniciativas como la estrategia multisectorial “Barrio Seguro” y el lineamiento “Vecindario Seguro”, son ejemplos a contemplar.

La victoria de Rafael López Aliaga representa la afirmación de los grupos conservadores de extrema derecha en la política. Acompañado de un discurso polarizador y de conspiración, ha impulsado constantemente campañas de desinformación contra las políticas del Estado en temas de igualdad de género y derechos sexuales, así como un discurso homofóbico contra la población LGTBIQ+. Expresa también la desafección de limeñas y limeños por la política y la poca expectativa que generó el proceso; la suma del ausentismo electoral (21.246%, más de 1’600,000 habitantes de la ciudad), a lo que se suman los votos en blanco y viciados (10.720%), superan largamente los votos que eligieron al nuevo alcalde.

En Lima y muchos de sus distritos, la ciudadanía nuevamente se encuentra frente a aventureros que juegan a hacer de la política un espacio para el beneficio de intereses particulares por sobre los de la mayoría de los habitantes de la ciudad. El desinterés y desapego de la participación política nos pasa factura y parece cumplirse el adagio que señala que nos merecemos las autoridades que tenemos, por desentendernos de los asuntos públicos de nuestro entorno.

Hacia adelante, podemos  seguir de espectadores mirando cómo en poco tiempo la policía, el Ministerio Público y los jueces encarcelan a autoridades municipales que integran bandas y organizaciones bien estructuradas dentro de los gobiernos locales o enfrentamos activamente el desafío de construir procesos de dialogo y consenso, superando conflictos puntuales para impulsar procesos participativos orgánicos, que den paso a liderazgos ciudadanos que permitan los contrapesos necesarios para sostener procesos de concertación entre la ciudadanía y las autoridades y dinámicas de vigilancia ciudadana y control social para impulsar desarrollo y la gobernabilidad en la ciudad.  

desco Opina – Regional / 14 de octubre del 2022

descoCiudadano

Sin novedad en el frente… cuesta abajo en la rodada

 

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, nos retorna a la normalidad de meses anteriores. Sin embargo, aunque nos muestra más de lo mismo, trae algunas pequeñas «sorpresas» que no dejan de dar cuenta de nuestro deterioro permanente. La aprobación presidencial, pasado el efecto de su nueva estrategia –Consejos de Ministros descentralizados, viajes de campaña permanente, ministros que juegan a defensas centrales y reuniones varias con distintas organizaciones sociales, reales y de ocasión–, parece que volvió al descenso sistemático. Su respaldo cayó 4 puntos, a 25% y la desaprobación de su gestión se incrementó en 2 puntos, ascendiendo a 65%. Esta situación es unánime y se repite en el medio urbano y rural, en las distintas macrozonas –el sur incluido donde cae 10 puntos–, así como en todos los niveles socioeconómicos. Curiosamente, por primera vez desde el inicio de su gobierno, su primer ministro, Aníbal Torres, lo supera con una aprobación de 27% y un rechazo de 60%, quizá como premio a su silencio las últimas semanas. La desaprobación del Congreso de la República, por su parte, aunque desciende ligeramente, se ubica en un mayoritario 84%. Aparentemente se ha detenido la tendencia decreciente que registraba desde marzo del presente año.

No sorprende, en consecuencia, que la opinión a favor de elecciones generales adelantadas de presidente y congresistas, como salida de la crisis, alcance 60% y sea mayoritaria en todo el país. La «sorpresa» en esta materia es que, si bien 59% considera que el presidente no terminará su gobierno, en agosto, 66% pensaba de esta manera. El mandatario ha ganado 7 puntos, llegando a 31% quienes creen que culminará sus cinco años de mandato. Como hemos venido sosteniendo en esta columna, la oposición parlamentaria se ratifica como el principal apoyo presidencial; «sorpresa» sin novedad, entonces. A ojos de la gente, la arbitrariedad y torpeza del Legislativo son mayores que las del Presidente y su entorno.

Ambos poderes del Estado, seamos claros, hacen méritos cotidianos para el malestar y la incertidumbre de la gente. El Ejecutivo persistiendo en nombramientos polémicos, en declaraciones altisonantes vacías de contenido, en promesas sin destino y en el escándalo recurrente de los varios entornos presidenciales. El Congreso, amagando con censuras que no tienen los votos necesarios, buscando caminos leguleyos para disminuir el número de votos que se requieren para la vacancia y exhibiendo diariamente la prepotencia, el autoritarismo y la miseria intelectual de algunos de sus integrantes, como su expresidenta Alva que desconoce que fue el gobierno de su líder histórico el que reconoció a la República Saharahui en agosto de 1984.

Como es obvio, estos resultados, la encuesta citada lo ratifica por si fuera necesario, evidencian entre otras cosas la falta de liderazgo político que represente a los encuestados. 50% consideró que nadie lo hace y 18% evidenció no saber o no tener claridad sobre el tema. Por cierto, la aparición de Antauro Humala, ocupando el segundo lugar tras Pedro Castillo, más allá de su pobre 4%, «sorprendió» y avivó los miedos que genera tras su liberación entre sectores de la ciudadanía ante los que representa el riesgo de la imposición violenta de un orden político distinto, “una segunda república cobriza”, en sus propias palabras, imagen que pesa más, por ejemplo, que sus vínculos con distintos actores del establishment político de los últimos años como José Vega (UPP), Jorge Castro (ex Frente Amplio) o Virgilio Acuña (ex Solidaridad Nacional).

La «sorpresa» de su aparición, tampoco es novedad. Como fue recordado recientemente, hay razones estructurales –la atomización de nuestra sociedad y la pérdida de reglas y formas sociales, resultado de la combinación de supervivencia y “emprendedurismo” del modelo–, donde la anomia y la debilidad de la sociedad son el escenario perfecto para la aparición y crecimiento de un caudillo autoritario, indistintamente de derecha o de izquierda. El establishment, repitiendo el comportamiento que tan malos resultados le sigue dando en su afán de liquidar a Castillo, está buscando el camino legal para descalificarlo, haciéndole un importante servicio a quien juega a la radicalidad y al martirologio como soportes de una construcción muy débil del denominado etnocacerismo.

Seguimos entonces, sin novedad en el frente y cuesta abajo en la rodada. La pretensión de la fiscal Benavides de solicitarle al Congreso la inaplicación del artículo 117 de la Constitución, que impide procesar al presidente en ejercicio por delitos penales, es parte de la misma película. No sólo por tratarse de una funcionaria que se descalificó por intervenir en una investigación sobre su hermana, sino por ser la repetición del comportamiento leguleyo y abusivo de la representación nacional, interesada antes en su reproducción, como el propio mandatario, que en las necesidades e intereses de la gente.

 

desco Opina / 7 de octubre de 2022