miércoles

La ficción del pacto social


En una coyuntura que compromete a los cuatro últimos expresidentes de la República en casos de megacorrupción y donde además el descontento social se traduce en desconfianza hacia el sistema, paros agrarios y movilizaciones en las calles que reclaman por nuevas elecciones, Martín Vizcarra asume la conducción del país como el nuevo Jefe de Estado.
Vizcarra aceptó su cargo frente a un Legislativo que dio la forzada apariencia de consenso y aprobación abierta. De cara a la clase política peruana, el nuevo Presidente de la República informó sobre su deseo de recuperar la confianza hacia el Estado, miró hacia el Bicentenario e invocó para un nuevo pacto social.
Durante su discurso en el Congreso de la República, expuso la agenda de lo que será su gestión: educación como eje central para la lucha anticorrupción, generación de empleo a través de la inversión privada para un crecimiento equitativo y estabilidad institucional para enrumbar al país dentro de un proceso democrático. Ese es el objetivo: reforzar la democracia a través de una serie de reformas para recuperar al país. Hay, sin duda, claridad.
Pero, las cosas empiezan a desdibujarse cuando queremos saber hacia dónde se apunta con este lanzamiento reformista, porque no es la primera vez que hemos escuchado propuestas similares y los resultados, como sabemos, solo han beneficiado a sectores de élite muy específicos. A nadie más. Y esto es así porque el marco sobre el que se quiere actuar deviene de manera cada vez más nítida como inadecuado e insuficiente para los cambios necesarios. Este marco es el constitucional, el mismo que organiza el modelo neoliberal desde 1993 y que ya no da fuego.  
Por eso, es necesario abrir el espectro político, generar un debate intenso y politizado, para establecer –políticamente–  la necesidad de generar un momento constituyente que nos conduzca a un nuevo ordenamiento normativo, con la esperanza de revigorizar la democracia, generar nuevos y más potentes actores que la sostengan y ofrecer más garantías para el ejercicio de derechos de los ciudadanos.
De esta manera, el nuevo pacto social está directa e íntimamente relacionado a una Constitución que admita las reformas económicas, educativas y políticas necesarias para sostener la (re)construcción del país que se quiere para el Bicentenario. Sin una nueva Constitución, el pacto social será una continuidad más de lo que hay actualmente y Vizcarra, sin pena ni gloria, pasará como el que pudo hacer cambios pero no lo logró.
Para evitar ello, y con el objetivo de impulsar una Constitución popular, Vizcarra tiene el reto de hacer andar el aparato estatal y así levantar desde lo local, provincial y regional, lo que será este nuevo pacto social. A través de cabildos abiertos, agendas locales y regionales, el Ejecutivo tiene el deber de articular con las instancias correspondientes para que el Estado se vea en la capacidad de responder y aunar esfuerzos y, a su vez, recoger lo que sería una campaña hacia el momento constituyente.
Así, se requiere construir confianza. Esto es básico para generar formas de acción política que deben politizar ciertas demandas sociales. Porque, aunque suene paradójico, este no es un Estado asediado por la demanda social, sino uno donde la gente se va a quejar, que no le da cosas, que no sirve, que no funciona, pero al mismo tiempo, no sabe bien ni le interesa muchas veces profundizar qué es lo que no está recibiendo.
En resumen, el pacto social debe significar, antes que nada, la movilización ciudadana porque no estamos ante una vibrante sociedad que se esté manifestando de manera institucional, simplemente ha adquirido intereses más locales, regionales, sin esperanza de lo que pueda dar lo nacional.
De esta manera, la ocasión para castigar al gobernante se da cada cinco años, con las elecciones, pero difícilmente estas situaciones levantarán una nueva legitimidad. Esto, además, tiene relación directa con el hecho de que se gobierna tomando decisiones diferentes a las promesas con las cuales se eligió a los gobernantes.

desco Opina / 28 de marzo de 2018

viernes

El impacto político de la renuncia presidencial en la región central


La revocatoria del mandato de autoridades regionales y locales requiere recolectar planillones de adherentes a la propuesta y el electorado local debe acudir a las urnas para ratificar o denegar democráticamente la solicitud; sin embargo, el Presidente de la República puede ser vacado con el voto de sólo 130 congresistas, muchos de ellos con intereses políticos e individuales poco transparentes. Más allá de lo paradójico de la proporcionalidad, el interior del país tiene mayor experiencia en navegar sobre situaciones de incertidumbre e inestabilidad política derivadas de los procesos de revocatoria de autoridades subnacionales; solamente el año pasado, el Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de 134 autoridades.
Por otro lado, y salvando las distancias con la envergadura económica del caso Odebrecht, empresas constructoras regionales y locales, influyen fuertemente en las candidaturas regionales y locales y en la aprobación de normas que las favorecen y que les facilitan ganar licitaciones de obras y compras públicas. En la región Junín la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, mantiene investigaciones contra autoridades y funcionarios de las gestiones actuales y anteriores, la gran mayoría de ellas por sobrevaloración y colusión al otorgar la buena pro de las obras.
Pasco no es la excepción; sin embargo, su cuestionado ex Gobernador Regional, Klever Meléndez –cuyo paradero es un misterio–, está buscando las argucias legales para volver a candidatear al sillón regional, pese a tener una sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad y una recompensa de 25 mil soles a quien dé información veraz sobre su ubicación. Así las cosas, el impacto político de la corrupción en las regiones lo podremos visibilizar en las próximas elecciones, ya que al no haber cambios fundamentales en las reglas de juego, los aportes de campaña volverán a aparecer con cargo a ser devueltos en el sillón del poder.
Es de suponer que candidatos radicales de base regional, tendrán argumentos para cuestionar la participación de candidatos de los partidos de alcance nacional cuya moralidad interna es cuestionable, lo que no exime de dudas a los movimientos regionales, contribuyendo a la desconfianza y desafección de la ciudadanía así como al incremento de la fragmentación de la representación política.
Ya en diciembre se decía que el primer pedido de vacancia ponía en riesgo la reconstrucción del norte. En el centro del país deja en stand by muchas gestiones en trámite, algunas de las cuales han sido acuerdos con el MINAGRI para solucionar conflictos como la paralización de los productores de papa (Tarma, Huancayo, Huánuco) y de maíz (Huánuco), entre otros; al igual que la solución definitiva a los problemas de conectividad con las regiones que dependen de la carretera central. La incertidumbre es real, pues las propuestas de solución negociadas bajo el gobierno de PPK podrían volver a foja cero y las negociaciones tendrán que retomarse con el Gabinete de un nuevo Presidente, que tampoco sería políticamente fuerte, presagiándose una inestabilidad que dista de encontrar soluciones sostenibles en el tiempo.
Los problemas producidos por el escándalo Odebrecht dejan una oportunidad inmejorable para establecer correctivos en la ley electoral, para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares no sólo a nivel nacional, sino también en lo local; pero aún no se ha hecho nada. Por esta razón, la lectura de gran parte del electorado de cualquier lugar del país es que «todos tienen rabo de paja», que cada partido político está buscando sacudirse del barro que les ha salpicado y que la puerta giratoria seguirá abierta, con sus ejes cada vez más engrasados para que los negociados con las obras públicas sigan siendo el verdadero motor de las candidaturas.

desco Opina - Regional / 23 de marzo de  2018
Programa Regional Centro - descocentro

jueves

Una escena más de una mala película



La eventual vacancia del Presidente de la República sigue aceleradamente su curso. El Congreso ya dio paso a la moción multipartidaria presentada días atrás y entramos así a un nuevo momento de una película con final incierto. Las encuestas recientes no son favorables para el mandatario. La última hecha pública, le asigna un 76% de desaprobación, 58% de los encuestados declara estar de acuerdo con que lo vaquen, 38% cree que el Congreso quiere vacarlo por delitos que cometió cuando fue ministro, y 28% por el indulto a Fujimori. Ello coincide con el descrédito político del Congreso de la República que tiene una desaprobación tan alta como la de PPK según otras encuestas, y el convencimiento de la vinculación de las principales figuras políticas y empresariales del país, involucradas en mayor o menor medida con el caso Lava Jato.
Aunque los actores creen que se trata de la batalla final y actúan en consecuencia, todo indica que estamos empezando a vivir apenas otro episodio de un film que se torna cada vez más oscuro, como parte de la caída de un modelo político y económico que hace agua crecientemente por todos sus lados. En esa dirección, el Congreso de la República, en un procedimiento por lo menos inusitadamente acelerado, «interpretó» el mecanismo del voto de confianza, buscando acotarlo y bloquear –por esa vía– la eventual intención del Ejecutivo de cerrar el Congreso. Con una chaveta, frente a una espada aparente –porque aceptan que es el Tribunal Constitucional el que finalmente tendrá la última palabra ante la impugnación que seguramente se presentará– los parlamentarios «blindaron» el proceso ya en curso, al costo del escaso crédito que tienen con la opinión pública.
En este escenario, los últimos tres meses, cumpliendo alguna vez con una de sus promesas, el mandatario se está defendiendo como «gato panza arriba». Es verdad que a costas del país, pero lo está haciendo. Los famosos avengers, la lenta sangría de parlamentarios de Fuerza Popular y el anuncio de la presencia de Trump en la Cumbre de las Américas, son parte de los «logros» de su resistencia y tenacidad. Como es obvio, los costos resultan altísimos –el indulto a Fujimori, la patética posición en la que se encuentran la Cancillería y el país por la «desinvitación» a Maduro y su exhibición constante con algunos de los congresistas menos «virtuosos» y más folklóricos de la representación nacional–, pero no le importan en su objetivo de permanecer en la Presidencia y tratar de «blindarse» de las acusaciones de corrupción.
En esa lógica, todo vale. Desde descubrir «conspiraciones comunistas», hasta dedicarse a cazar «traidores», como formas de comprometer a la mayor cantidad posible de actores en general, pero especialmente a Martín Vizcarra, en particular. Éste, cuyo nombre recuerdan apenas el 19% de los encuestados, aparece como la «esperanza» para unos y el eventual «villano» para otros, guardando un silencio prudente y limitándose a sostener que no se reúne ni habla con nadie. Mientras desde el gobierno (Mercedes Aráoz, Juan Sheput, Gilbert Violeta) un día insinúan que es un felón y el otro, dicen que les ha anunciado su lealtad a PPK.
Entre tanto, los peruanos de a pie nos encontramos cotidianamente afectados por un país sin norte. Miles de colegios en mal estado al inicio del año escolar, encarecimiento paulatino de los medicamentos, servicios de salud colapsados, tarifas públicas que suben subrepticiamente, abusos cotidianos de muchas de las grandes empresas, delincuencia cada día más osada y desbordada, caída del empleo y un largo etcétera más, que explican los malestares diarios que vivimos y que no parecen tener una conexión clara con la disputa política a la que estamos asistiendo.
Así las cosas, cabe preguntarse si la mentira pertinaz, si la negación de la realidad que es capaz de confundir una muralla china con una puerta giratoria, no es un argumento suficiente para pensar que el mandatario debe dar un paso al costado. La ceguera moral permanente sobre uno mismo y sus actos, es demasiado grave. Máxime, cuando se tiene la responsabilidad de liderar un país como el nuestro.
En cualquier caso, estamos lejos del final de la película. ¿Habrá en el Congreso 87 votos antes de fin de mes? De haberlos, ¿aceptará la Presidencia Vizcarra? De aceptarla, ¿aceptarán los partidos sus condiciones, si las tuviera? Parece claro que el repertorio de respuestas posibles de los protagonistas actuales –el Ejecutivo y el Congreso–, serán siempre insuficientes e insatisfactorias. Sólo cuando los malestares de la sociedad se conecten con el desencanto permanente que les genera la política y se apropien de ella, dejaremos esta situación «gatopardesca», en la que se trata de cambiar todo para que nada cambie.


desco Opina / 15 de marzo de 2018

viernes

La historia de tomas de tierras y desalojos



Más de mil personas fueron violentamente desalojadas por la policía de un terreno en el distrito de Villa El Salvador. Esto ocurrió el 20 de febrero pasado y como consecuencia del enfrentamiento, se produjo la muerte de una persona y resultaron numerosos heridos entre ciudadanos y policías. Con variantes, esta es una historia constantemente repetida en nuestro país desde hace más de medio siglo y que está estrechamente relacionada con el tema del derecho a la vivienda y el rol del Estado.
En el caso que mencionamos, el área ocupada está destinada a la ampliación de la avenida Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador, y el origen del conflicto se remonta al 8 de abril del año 2006, cuando se produjo la invasión de dichos terrenos, que en ese entonces representaban los remanentes del área reservada para la construcción de la futura universidad que tendría Villa El Salvador. Cabe mencionar también, que casi el 75% del área proyectada para la universidad se había consolidado tiempo atrás como zona de viviendas y actualmente se conoce este territorio como el asentamiento humano Oasis de Villa. Ya en el año 2007 se produjo el desalojo de una parte –que ahora es el terreno en disputa– por ser área destinada para la ampliación vial.
Así, sale a la luz –una vez más– la manera compleja y conflictiva como los sectores pobres en nuestra ciudad acceden al suelo para satisfacer las necesidades básicas de espacio para vivir. Este hecho da cuenta también, de los problemas que se generan a lo largo del tiempo por la forma como diversos actores «planifican» el uso del territorio. En este caso por un proyecto de inversión vial de carácter distrital, que genera un conflicto entre los beneficios reales para la mayoría y los intereses de un grupo con expectativas de ampliar la zona de asentamiento de viviendas, sin que juegue de por medio alguna lógica más estructurada. El tema es recurrente, y muestra el irresponsable accionar del Estado en esta zona –conocida como Oasis de Villa sector 2 y 3– en la que en enero de este año, se titularon 686 lotes de vivienda sin más oferta que la entrega de un lote a cada familia. Cabe recordar que el titular del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento manifestó entonces: "Ahora que ya son propietarios de su predio, se les abre una innumerable fuente de oportunidades, pueden poner agua, desagüe, postular a créditos de Techo Propio, Techo Seguro; todo ello y más se puede ejecutar, verán cómo su vida mejora". Cualquier persona medianamente informada que analice esa situación sabe que las posibilidades reales de un «propietario», no corresponden al sueño que se les promete, toda vez que como se ha repetido en más de una ocasión, los terrenos en esa zona son altamente vulnerables ante eventuales sucesos sísmicos, ya estudiados para el sector denominado Lomo de Corvina.
Las invasiones y tomas de tierra como modalidad de «hacer ciudad» negociando con el Estado ante hechos consumados, simplemente reafirma la llamada política de dos caras: lotes para autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y verdadera formalidad, créditos y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos.
La forma como se produce ciudad en el Perú –ahora un país predominantemente urbano en cuanto a concentraciones poblacionales–, es y debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno para iniciar de verdad la toma de medidas correctivas. Lamentablemente parece que debemos esperar tragedias para tomar cartas en el asunto y evitar el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. La percepción es que tropezaremos con la misma piedra recurrentemente, sin avanzar hacia el planeamiento de ciudades de calidad; eso lo ilustra el caso de esta invasión en Villa El Salvador y se reafirma en los procesos de reconstrucción: posterremoto del 2007 y pos Niño Costero del 2017.

desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2018
Programa Urbano