El estigma del aborto terapéutico

 

En julio pasado, el caso “Mila” captó la atención de la opinión pública. Como lamentablemente se ha hecho habitual, los medios periodísticos mostraban el caso de una niña de 11 años, embarazada como consecuencia de una violación dentro de su entorno cercano. El calvario de agresiones sexuales en contra de esta niña se inició varios años antes, pero la madre nunca había denunciado al padrastro victimario, por temor a las amenazas. Por otro lado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción, un juez dejó en libertad al violador, obligándole tan sólo a una comparecencia periódica en el juzgado, sumado a ello la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, no activó el Protocolo Base de Actuación Conjunta para casos de violencia sexual, es decir, no la derivó a un establecimiento del MINSA, ni mencionó a la familia de la víctima la posibilidad de solicitar la aplicación del aborto terapéutico por los riesgos en la salud de la niña.

Según la legislación peruana, el aborto provocado está penalizado, sin embargo, desde 1924 existe el derecho legal al aborto terapéutico cuya guía de aplicación recién fue aprobada en el 2014, guía médica que establece los parámetros para su aplicación y en donde, lamentablemente, no se consideran los casos de violación, ni mucho menos se establece diferenciación por la edad de la gestante, a pesar de que los riesgos en la salud para una madre niña o adolescente, aumentan conforme avanza la gestación debido a que ni física ni psicológicamente están preparadas para enfrentar este estado, más aún si es consecuencia de una violación sexual. Cabe resaltar que la principal causa indirecta de mortalidad materna de adolescentes es el suicidio (10%). A pesar de todos los riesgos físicos y sicológicos, la Norma Técnica para Servicios Diferenciados de Salud para Adolescentes no alude al aborto terapéutico y no se entiende el por qué, habiendo muchos antecedentes fatales.

En 2017, una adolescente de 13 años falleció al dar a luz y haber entrado posteriormente en coma en un hospital de Ica. La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) investigó lo ocurrido, pero nunca se hizo público un informe. A las adolescentes K.L. y L.C. el Estado peruano les negó el 2001 y 2007 respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que afectaba de manera grave su salud física y mental. L.C. fue víctima de violación de la que quedó embarazada a los 13 años. Tuvo un intento de suicidio arrojándose desde un edificio, hecho que le produjo una paraplejía. K.L. quedó embarazada a los 17 años, pero una ecografía mostró que el feto tenía condición anencefálica y ante ello solicitó interrumpir su embarazo; sin embargo, se le negó esa posibilidad, dando a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días. Estos hechos causaron que la joven se sumiera en un estado de profunda depresión.

Debemos resaltar que Perú fue condenado por comités internacionales a pagar reparaciones civiles por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de ambas adolescentes. El caso de Camila no es distinto a los anteriores. Una niña indígena apurimeña de 13 años víctima de violación e incesto a quien se le negó el derecho al aborto terapéutico, y luego de tener un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por el delito de autoaborto. Hace pocos meses, el Estado Peruano fue declarado culpable de haber violado los derechos a la salud y a la vida de Camila por no brindarle el acceso al aborto legal y seguro. La sentencia fue emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Otro caso lamentable es el de una menor de 9 años de Pucallpa. Ella llegó a un centro de salud por un embarazo y el médico no le ofreció información sobre cómo acceder a un aborto terapéutico ni se activó una actuación conjunta con la policía para denunciar al agresor; no fue hasta que el gobernador se enteró que se realizó la intervención como correspondía. Las cifras muestran que entre 2003 y 2022 solo dos niñas de 11 años o menos lograron acceder al aborto terapéutico en los hospitales del MINSA, esto a causa de la negativa de las autoridades y el temor de las víctimas y sus familiares a la criminalización por la decisión tomada. Solo entre 2012 y 2022, según los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, 68 niñas de 10 años o menos fueron forzadas a ser madres en el Perú.

En nuestro quehacer cotidiano en los distritos y comunidades de selva central, hemos sido testigos de muchos casos como el de Mila que no alcanzan justicia y que posiblemente se vean expuestas a recurrir a riesgosos canales clandestinos de interrupción de embarazos no deseados. Recientemente, hacia inicios de setiembre, tres nuevos casos de embarazo de niñas de 11 años debido a violación se presentaron en Ilo, Tingo María y Huaraz, siendo el último el más grave ya que la menor tuvo que ser trasladada a Lima para para ser evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

El desenlace del caso Mila, quien logró acceder a un aborto legal y seguro, ha despertado reacciones de sectores conservadores y religiosos, quienes ponen en segundo plano los derechos de las adolescentes víctimas, olvidándose que en el Perú, cualquier relación sexual con una menor de 14 años es considerada una violación; por lo tanto, todos los embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años son producto de violaciones sexuales. Vivimos en una sociedad en la que, tristemente, se ha naturalizado el hecho de que una niña tan pequeña sea sujeta a una maternidad forzada. El derecho a la vida posiblemente sea difícil de ser cuestionado, pero bajo esa premisa de moralidad no se puede condenar a sufrimientos o a la muerte a personas inocentes, por causa de un Estado que no tiene la voluntad para reconocer el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. La justicia no puede ser catalogada de moral o inmoral, sólo tiene que ser justa.

 

desco Opina – Regional / 29 de setiembre del 2023

descocentro

A propósito de la Junta Nacional de Justicia

 

Mientras el Congreso de la República empieza a dudar de los caminos para consolidar la coalición autoritaria que nos gobierna, el Ejecutivo de Boluarte y Otárola hace agua por múltiples frentes. La ofensiva que iniciara el Parlamento nacional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) semanas atrás y que parecía indetenible parece enredada en la improvisación, la informalidad y la impunidad que caracterizan la acción toda de ese poder del Estado y de la propia investigación express de sus integrantes, que pretenden. Las reacciones en contra, entre las que destaca la aparición y primera movilización el pasado 16 de septiembre de la Plataforma por la Democracia, espacio que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y colectivos culturales, incluyendo a distintos grupos políticos de izquierda y liberales, aunque están aún lejos de alcanzar para afrontar el autoritarismo, muestran un camino abierto y amplio para enfrentarlo.

Que los argumentos para liquidar a los magistrados investigados eran apenas una coartada para las intenciones reales de sus promotores fue claro desde el primer momento. La justificación para la pretensión –supuestas presiones al Presidente del Poder Judicial para que apoye a la exfiscal Ávalos, la publicación en mayo de un comunicado defendiendo la independencia del sistema de justicia por el juicio político a aquella, la no presentación de sus informes anuales y el retiro de la Junta de la doctora Tello por tener más de 75 años– fue endeble desde el primer momento, al extremo que distintas voces cercanas a algunos sectores empresariales que siempre guardan silencio, políticos de derecha como Pedro Cateriano y hasta entusiastas de la coalición autoritaria, tomaron distancia de la estrategia expresando su preocupación por “el Estado de derecho y las reglas del debido proceso”.

Con el correr de los días, por si cabían dudas, terminaron de desnudarse los “motivos” del Congreso. El más importante, sin duda, es lograr el control del sistema de justicia para garantizar la impunidad de muchos de los miembros de la coalición gobernante, especialmente de la señora Fujimori, así como capturar los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para asegurar su victoria en futuras elecciones. Blindar a su aliada, la Fiscal de la Nación, de las distintas investigaciones en curso en la JNJ –entorpecer la investigación de los “cuellos blancos”, proteger a su hermana la jueza, “esconder” sus tesis de maestría y doctorado y recibir una condecoración de un investigado por presunto lavado– es el otro interés, así aquella haya tenido que mostrar su “preocupación” por la separación de poderes para mejorar su imagen y su frente interno. Por debajo de ellos, la explicación fundamental de la arremetida es la decisión de asegurar el “orden institucional” que requieren para afianzar su neoliberalismo fujimorista 2.0, incluyendo el contenido mafioso que “aportaron” a la política del país desde los noventa del siglo pasado.

En este escenario, todo indica que la torpeza y el apuro congresal los obligará a ampliar el plazo. Las miserias en la coalición mafiosa del Congreso son visibles. Las dudas de la presidenta de la Comisión de Justicia, la postergación de reuniones y los cambios de agenda, resultan elocuentes. El ubicuo César Acuña ya se desmarcó de la pretensión, lo que como sabemos bien no quiere decir nada porque su posición depende siempre del clima de sus intereses. Para peor, otras bravatas congresales como las censuras de los ministros de Defensa y de Energía y Minas se han desinflado con la misma velocidad con la que lo hace el Ejecutivo. No obstante ese desorden e improvisación permanente de un Congreso lleno de prontuariados y mocha sueldos, es evidente que no cejarán en su afán autoritario y todo indica estudian ya un camino de “repliegue” que los conduzca si no al mismo resultado, a uno similar.

En el ámbito internacional, la situación de la coalición autoritaria no es mejor y empeora. Las declaraciones del alto Comisionado de la ONU y de su oficina en Perú, el pronunciamiento de ocho embajadas en el país y la declaración de distintos organismos internacionales muestran el aislamiento de aquella, ratificado en la patética presencia de nuestra mandataria y su séquito en la Asamblea de la ONU, tras haber pretendido “jalarle las orejas” a su representante residente. Persiguiendo las fotos para hacernos creer que se reunió bilateralmente con distintos mandatarios, huyendo de las preguntas incómodas de la prensa y enfrentándola, acusando a sus críticos en Nueva York de ser pagados por “algún grupo de gente interesada desde Perú que los moviliza para que hagan este tipo de shows”, la señora Boluarte descubrió que allá, como le ocurriera en Pichanaqui, la gente le exige explicación de los muertos y heridos en las protestas contra su gestión.

Para peor, sus miedos deben estarse multiplicando por la tormenta que tiene cerca. La recesión de nuestra economía ya es indiscutible. El BCR proyecta el crecimiento del 2023 en 0.9%, la agricultura está en su peor momento desde 1997, la pesca ha caído 33%, El Niño nos toca las puertas y las lluvias e inundaciones en el norte y una sequía durísima en el sur nos afectarán dramáticamente los próximos meses sin que el gobierno muestre la menor capacidad de respuesta y de gestión. Al agobio económico se suma el crecimiento de la inseguridad ciudadana y el incremento descontrolado de la violencia delictiva en medio de la desesperación de la población y de autoridades locales que demandan la presencia de las FF.AA. en las calles, como si fuera una solución así los resultados nacionales e internacionales demuestren lo contrario. Y el gobierno opta por ese camino como parte de su debilidad que intenta esconderla en su propio autoritarismo y en sus marchas y contramarchas para satisfacer a sus socios, como lo evidencia el retroceso en su postura inicial sobre la reversión de los lotes petroleros en Talara. En este escenario, las recientes denuncias contra su cerebro, Alberto Otárola, seguramente la hacen sentir pasos y pensar en nuevas entregas.

En este marco, en el que la coalición autoritaria que nos gobierna, más allá de la improvisación y la mediocridad del Congreso y de los afanes por sobrevivir hasta el 2026 y construir su impunidad que parece ser el horizonte de Dina Boluarte, desde la sociedad, la movilización y la calle parecen ser el único camino. La Plataforma por la Democracia aparece como un espacio que busca construir acuerdos básicos para defender la democracia, convocando desde la diversidad de la sociedad a sectores amplios de ésta y a los grupos políticos que entiendan que la única manera de hacerlo es articulando fuerzas sin desconocer las diferencias.

 

desco Opina / 22 de setiembre de 2023

Crisis en el sur por el cambio climático

 

Para nadie es secreto que el cambio climático es un hecho incuestionable y que sus efectos son, y serán, cada vez más agresivos; pero ni la población ni las autoridades en el país parecen tomárselo en serio, todavía.

Quedan menos de cuatro meses para que el Niño Costero se manifieste con toda su ferocidad. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ha hecho un mapeo nacional de los 9000 puntos críticos por huaycos e inundaciones, pero lo que no vemos hasta ahora es el mismo esmero para comunicar sobre los puntos críticos de la sequía que está afectando a toda la zona altoandina por tercer año consecutivo. El Cenepred cuenta con un reporte sobre los escenarios de riesgo por sequía que debería tener no sólo la misma difusión en prensa que tiene el de inundaciones, sino que tendría que ser un documento de trabajo permanente para el gobierno nacional, de modo que las partidas presupuestarias apunten a la remediación y adaptación, así también para que los gobiernos regionales y locales comiencen a planificar acciones en el mismo sentido.

El año pasado vimos noticias sobre la desaparición de diferentes cuerpos de agua como la laguna de Cconchaccota en Apurímac, la dotación de abrevaderos artificiales de agua en la zona de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca en Arequipa (RNSAB), la muerte de camélidos sudamericanos y otras afectaciones en las zonas altoandinas reseñadas en un anterior artículo. Lo más visible este año son las noticias sobre la disminución del nivel del lago Titicaca en Puno, la alerta de que la ciudad de Cusco se quedaría sin agua para el consumo humano por la falta de reservas  en la laguna Piuray, así como el déficit de agua para la agricultura en los distritos del Chili no regulado en Arequipa; sin embargo, lo más alarmante es lo que no se ve. En la zona altoandina de Arequipa y Puno han aumentado los remates de ganado, pues las familias alpaqueras prefieren vender sus animales antes que perderlos por enfermedades y abortos debido a la falta de agua. Si bien esta acción les permite tener dinero ahora, a la larga las descapitaliza, teniendo en cuenta que su situación económica ya es vulnerable.

Según información del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili (CRRHCQCH), la demanda de agua para el consumo humano en la ciudad de Arequipa (que rondaría el millón 157 mil habitantes), está cubierta hasta abril del próximo año; de hacerse masiva esa noticia seguramente causaría un efecto contraproducente en la población, pues continuaría con los mismos malos hábitos de desperdicio en un contexto que ha cambiado. Debemos ser conscientes de que hay distritos en la ciudad que tienen agua por horas y que a sólo tres horas del centro hay personas que ni siquiera cuentan con agua segura. Por otro lado, es preocupante que a pesar de que la cuenca se maneja en un sistema integrado, el Consejo no cuenta con información detallada sobre la afectación de la sequía en su parte alta.

Las medidas preventivas son urgentes, así como contar con el presupuesto para atender a las personas cuyo sustento de vida se está evaporando; sin embargo, son necesarias también medidas a nivel macro, como solucionar el desperdicio de agua en la actividad agrícola. Según datos del Consejo de Cuenca, el 76 % de agua de la cuenca Quilca Chili es consumida por la agricultura, pero estos usuarios lo hacen de forma negligente: estiman que de cada 100 litros que usan, 45 son desperdiciados. Esto, por falta de sistemas de riego o por su inadecuado manejo, también por problemas con la infraestructura hídrica, como la de la Represa San José de Uzuña en Polobaya, cuya compuerta principal presenta deficiencias desde su inauguración. El desperdicio, por falta de eficiencia en el riego, es alevoso en este contexto.

Por otro lado, urge poner atención al cambio de matriz energética, ya que en muchas partes de nuestro país la fuente principal de energía es una hidroeléctrica. El gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), Markpool De Taboada, reveló que el 50% de la energía para atender a los usuarios de Arequipa proviene de centrales hidroeléctricas, el 40% es producida por gas, 5% depende del diésel y 5% de energías renovables; esto en una región con altos niveles de radiación que muy bien podrían usarse para producir energía. Por cierto, junto a esta revelación, también anunció el posible aumento de la tarifa de energía eléctrica por la sequía.

Hace unas semanas, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informaba que el Ejecutivo se comprometió a financiar con 9,6 millones de soles la construcción de 45 nuevas cochas en las cabeceras de las diferentes cuencas hidrográficas de la región; a setiembre aún no se ha efectuado ninguna coordinación con el Consejo de Cuenca para planificar su ubicación, teniendo en cuenta que en la RNSAB muchas de estas infraestructuras fueron construidas por descosur y la población mediante el financiamiento de sus proyectos y aporte de recursos municipales, así como con el financiamiento del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídrico. También hay otras obras realizadas por gestiones regionales pasadas.

Ya que la alerta por el déficit hídrico ha pasado a ser permanente en el sur, es vital la coordinación interinstitucional para que las medidas de adaptación y mitigación sean más exitosas y cubran a un mayor número de habitantes. El Midagri, que tiene diferentes acciones mediante Agrorural, debería tener esa apertura y dejar de ejecutarlas aisladamente y sin un adecuado análisis de contexto.

Hay diferentes frentes para afrontar la sequía, pero requiere una organización conjunta y celeridad con planes de emergencia para atenuarla en esta temporada. Hace falta tener mayor empatía con la población más vulnerable.

 

desco Opina – Regional / 15 de setiembre del 2023

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