A propósito de la Junta Nacional de Justicia

 

Mientras el Congreso de la República empieza a dudar de los caminos para consolidar la coalición autoritaria que nos gobierna, el Ejecutivo de Boluarte y Otárola hace agua por múltiples frentes. La ofensiva que iniciara el Parlamento nacional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) semanas atrás y que parecía indetenible parece enredada en la improvisación, la informalidad y la impunidad que caracterizan la acción toda de ese poder del Estado y de la propia investigación express de sus integrantes, que pretenden. Las reacciones en contra, entre las que destaca la aparición y primera movilización el pasado 16 de septiembre de la Plataforma por la Democracia, espacio que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y colectivos culturales, incluyendo a distintos grupos políticos de izquierda y liberales, aunque están aún lejos de alcanzar para afrontar el autoritarismo, muestran un camino abierto y amplio para enfrentarlo.

Que los argumentos para liquidar a los magistrados investigados eran apenas una coartada para las intenciones reales de sus promotores fue claro desde el primer momento. La justificación para la pretensión –supuestas presiones al Presidente del Poder Judicial para que apoye a la exfiscal Ávalos, la publicación en mayo de un comunicado defendiendo la independencia del sistema de justicia por el juicio político a aquella, la no presentación de sus informes anuales y el retiro de la Junta de la doctora Tello por tener más de 75 años– fue endeble desde el primer momento, al extremo que distintas voces cercanas a algunos sectores empresariales que siempre guardan silencio, políticos de derecha como Pedro Cateriano y hasta entusiastas de la coalición autoritaria, tomaron distancia de la estrategia expresando su preocupación por “el Estado de derecho y las reglas del debido proceso”.

Con el correr de los días, por si cabían dudas, terminaron de desnudarse los “motivos” del Congreso. El más importante, sin duda, es lograr el control del sistema de justicia para garantizar la impunidad de muchos de los miembros de la coalición gobernante, especialmente de la señora Fujimori, así como capturar los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para asegurar su victoria en futuras elecciones. Blindar a su aliada, la Fiscal de la Nación, de las distintas investigaciones en curso en la JNJ –entorpecer la investigación de los “cuellos blancos”, proteger a su hermana la jueza, “esconder” sus tesis de maestría y doctorado y recibir una condecoración de un investigado por presunto lavado– es el otro interés, así aquella haya tenido que mostrar su “preocupación” por la separación de poderes para mejorar su imagen y su frente interno. Por debajo de ellos, la explicación fundamental de la arremetida es la decisión de asegurar el “orden institucional” que requieren para afianzar su neoliberalismo fujimorista 2.0, incluyendo el contenido mafioso que “aportaron” a la política del país desde los noventa del siglo pasado.

En este escenario, todo indica que la torpeza y el apuro congresal los obligará a ampliar el plazo. Las miserias en la coalición mafiosa del Congreso son visibles. Las dudas de la presidenta de la Comisión de Justicia, la postergación de reuniones y los cambios de agenda, resultan elocuentes. El ubicuo César Acuña ya se desmarcó de la pretensión, lo que como sabemos bien no quiere decir nada porque su posición depende siempre del clima de sus intereses. Para peor, otras bravatas congresales como las censuras de los ministros de Defensa y de Energía y Minas se han desinflado con la misma velocidad con la que lo hace el Ejecutivo. No obstante ese desorden e improvisación permanente de un Congreso lleno de prontuariados y mocha sueldos, es evidente que no cejarán en su afán autoritario y todo indica estudian ya un camino de “repliegue” que los conduzca si no al mismo resultado, a uno similar.

En el ámbito internacional, la situación de la coalición autoritaria no es mejor y empeora. Las declaraciones del alto Comisionado de la ONU y de su oficina en Perú, el pronunciamiento de ocho embajadas en el país y la declaración de distintos organismos internacionales muestran el aislamiento de aquella, ratificado en la patética presencia de nuestra mandataria y su séquito en la Asamblea de la ONU, tras haber pretendido “jalarle las orejas” a su representante residente. Persiguiendo las fotos para hacernos creer que se reunió bilateralmente con distintos mandatarios, huyendo de las preguntas incómodas de la prensa y enfrentándola, acusando a sus críticos en Nueva York de ser pagados por “algún grupo de gente interesada desde Perú que los moviliza para que hagan este tipo de shows”, la señora Boluarte descubrió que allá, como le ocurriera en Pichanaqui, la gente le exige explicación de los muertos y heridos en las protestas contra su gestión.

Para peor, sus miedos deben estarse multiplicando por la tormenta que tiene cerca. La recesión de nuestra economía ya es indiscutible. El BCR proyecta el crecimiento del 2023 en 0.9%, la agricultura está en su peor momento desde 1997, la pesca ha caído 33%, El Niño nos toca las puertas y las lluvias e inundaciones en el norte y una sequía durísima en el sur nos afectarán dramáticamente los próximos meses sin que el gobierno muestre la menor capacidad de respuesta y de gestión. Al agobio económico se suma el crecimiento de la inseguridad ciudadana y el incremento descontrolado de la violencia delictiva en medio de la desesperación de la población y de autoridades locales que demandan la presencia de las FF.AA. en las calles, como si fuera una solución así los resultados nacionales e internacionales demuestren lo contrario. Y el gobierno opta por ese camino como parte de su debilidad que intenta esconderla en su propio autoritarismo y en sus marchas y contramarchas para satisfacer a sus socios, como lo evidencia el retroceso en su postura inicial sobre la reversión de los lotes petroleros en Talara. En este escenario, las recientes denuncias contra su cerebro, Alberto Otárola, seguramente la hacen sentir pasos y pensar en nuevas entregas.

En este marco, en el que la coalición autoritaria que nos gobierna, más allá de la improvisación y la mediocridad del Congreso y de los afanes por sobrevivir hasta el 2026 y construir su impunidad que parece ser el horizonte de Dina Boluarte, desde la sociedad, la movilización y la calle parecen ser el único camino. La Plataforma por la Democracia aparece como un espacio que busca construir acuerdos básicos para defender la democracia, convocando desde la diversidad de la sociedad a sectores amplios de ésta y a los grupos políticos que entiendan que la única manera de hacerlo es articulando fuerzas sin desconocer las diferencias.

 

desco Opina / 22 de setiembre de 2023