jueves

Historietas de piratas, corsarios y filibusteros



Son dos los temas que se entretejen esta semana en el escenario político del Perú que atraen nuestra particular atención, destacando en el día a día de la política del verano nacional. Por un lado, están las movidas  del mediático militar retirado y ex ministro del Interior Daniel Urresti, quien luego de salir del gabinete anunció su ingreso a la política con el Partido Nacionalista, y por otro, el anuncio público vía informe televisivo del procesamiento en el que se encuentran al menos dos suboficiales, miembros de la Marina de Guerra del Perú, acusados de espiar para Chile.
La noticia de la decisión del general EP en retiro Daniel Urresti de solicitar su inscripción como militante del Partido Nacionalista produjo diversos comentarios, varios de ellos confluyendo en pronosticar una posible candidatura presidencial basada en su popularidad, en un momento en el que son muchos más los que salen del partido de gobierno que quienes ingresan a sus filas.
En el caso del espionaje (industrial, aparentemente) la información no deja de ser confusa y sus efectos son poco menos que curiosos. Y es que solamente se sabe que se ha producido un espionaje por parte de tres suboficiales de la Marina de Guerra, quienes venían siendo procesados desde hace varios meses de manera reservada por su Arma, cuyas pruebas son documentos encriptados y, por tanto, se desconoce la materia específica de este delito. Lo concreto es que este hecho le permitió al Presidente de la República convocar al Consejo de Seguridad Nacional a los renuentes líderes del fujimorismo y aprismo quienes habían expresado su desinterés por acudir a un llamado anterior hecho por Ollanta Humala. Esta jugada le ha permitido al presidente, provocar algo muy parecido a un jaque a ambos líderes de la oposición y obligarlos a sentarse en su mesa para respaldarlo. Punto para Ollanta en este set al obligar a ello a Keiko Fujimori y Alan García.
En nuestra evaluación de la coyuntura ambos sucesos se trenzan pues sirven para fortalecer, o al menos darle algún aire al gobierno y al Partido Nacionalista en un momento crítico. En ambos casos el efecto inmediato de estas noticias es que sirven para la protección del jefe de Estado. Claro es también que constituyen solamente un débil aliento de corto plazo en medio de una estrepitosa caída de la popularidad del presidente y señora. Pensamos que han de servir de poco, pues finalmente son más apariencias que una efectiva recuperación de poder para Humala.
Dudamos por cierto que Daniel Urresti, seriamente encausado por su compromiso en el homicidio del periodista Bustíos, apenas pueda ser otro hombre y transformarse en un candidato presidencial con alguna opción sensata de éxito. Lo imaginamos  tan solo como la pequeña locomotora que arrastre algunos vagones más del nacionalismo. Esto es, sea el personaje popular, cabeza de lista, que contribuya a incrementar el respaldo electoral a quienes llevando los colores del humalismo aspiran ingresar al próximo Congreso Nacional, ahora que Nadine Heredia cae en desgracia y Ana Jara no levanta cabeza. Finalmente, su paso por el escenario de la política nacional es más parecido al de un personaje de opereta, burlón, grotesco y chocarrero, que una figura que encarne principios y valores.
Más serio y complejo aparece el acontecimiento del presunto caso de espionaje de suboficiales de la Marina por lo que significa para la institucionalidad de la Marina de Guerra del Perú. Por lo pronto su página oficial en la web no se da por enterada de estos sucesos y el tema se maneja «políticamente» desde el Ministerio de Defensa. Esto nos hace suponer que es el gobierno peruano quien le ha subido el tono a este asunto que en hipótesis plausible, podría ser un caso más de privatización mal habida de los servicios de inteligencia naval. Es decir, un caso de incumplimiento de los procedimientos de pesca dentro de las recientemente adjudicadas aguas en la frontera sur, facilitado por información sobre cuándo y dónde se ejerce la vigilancia por parte de la Marina de Guerra del Perú para que barcos chilenos sigan pescando sin autorización en aguas ahora peruanas. Para decirlo de otra manera, no es solo tráfico de información sobre nuestras rutinas de vigilancia marina, sino también de rebote, poner en evidencia la incapacidad naval del Perú para vigilar sus fronteras.  
Así las cosas, ambos sucesos, que en el corto plazo estarían –a criterio de diversos analistas políticos– fortaleciendo la imagen pública del Presidente y el gobierno, creemos que en el mediano y largo plazo le serán absolutamente desgastantes y perjudiciales y podrían implicar la pérdida de «soga y cabra», esto es, el respaldo de la Marina al actual gobierno y que por conveniencias electorales y cambios de correlación interna Daniel Urresti se haga del partido de los Humala-Heredia, convirtiéndose en su nuevo líder nacional.

desco Opina / 27 de febrero de 2015
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viernes

Los retos del desarrollo y la institucionalidad en Arequipa



En los últimos años, un rasgo común en las administraciones del Gobierno Regional y de la Municipalidad Provincial de Arequipa ha sido su escasa apertura y transparencia, así como su poca disposición a concertar políticas y planes con la sociedad civil. Esto se ha traducido, entre otras cosas,  en el manejo poco democrático de la autoridad y en la postergación de proyectos estratégicos para el desarrollo regional (Segunda Etapa del Proyecto Majes-Siguas, el Gasoducto sur-peruano, la petroquímica y el Sistema de Transporte Urbano).
Pese a tratarse de gestiones democráticamente elegidas, no ha habido en ellas voluntad política para establecer espacios de diálogo y concertación; la desactivación, fragmentación y dispersión de las organizaciones sociales y gremiales, un sector de las cuales fueron cooptadas por los poderes fácticos regionales, contribuyó a agravar la situación. La debilidad de las entidades estatales es otro elemento a tener en cuenta.
Tratando de superar estas dificultades, en la sociedad civil arequipeña han existido diversos intentos de crear algunos espacios de concertación; entre ellos la iniciativa que hace cinco años logró constituir el Colectivo Macrosur, como instancia de coordinación de cuatro ONG regionales (Ceder, desco, Labor y Arequipa te Queremos) y dos medios de comunicación (Diario La República y Radio Yaraví), con el fin de promover la concertación interinstitucional para el desarrollo regional, organizando foros y eventos sobre el Plan de Desarrollo Concertado y las Agendas para el Desarrollo, y realizando debates programáticos en los procesos electorales para propiciar la reflexión ciudadana y un voto informado. Profundizar la democracia en la región pasa sin duda por impulsar este tipo de acciones, pues es indispensable que la ciudadanía conozca los planes de gobierno de los candidatos (la nueva Presidenta Regional, por ejemplo, no difundió el suyo).
Estas iniciativas son valiosas, pero hacen falta otras medidas desde la sociedad civil que contribuyan a la transparencia en la gestión pública, incluyendo la promoción de compromisos efectivos entre autoridades y ciudadanía que, a ejemplo de lo que ocurrió en Piura, puedan concretarse en la firma de compromisos cuyo cumplimiento deba seguirse con mecanismos de vigilancia ciudadana, el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional, y la discusión de grandes temas relacionados con el desarrollo de Arequipa. 
Los espacios de la sociedad civil deben de fomentar debates sobre el futuro de Arequipa que involucren a diversos actores, entre los cuales, indudablemente, debe estar el Gobierno Regional y Local. Así, por ejemplo, es clave lograr una posición de estos frente a los proyectos estratégicos para el desarrollo regional (segunda etapa del Proyecto Majes-Siguas, gasoducto sur peruano y la petroquímica, definición del rol de la minería, desarrollo diversificado que articule políticas sectoriales en agro exportación, industria,  pesca, turismo y el resto de servicios).
Hay asuntos claves que deben abordarse de manera urgente, como es el caso del proyecto Tía María en el que la empresa Southern planea invertir, pero a cuya ejecución se opone un gran sector de la población de su entorno, liderados por sus alcaldes. Frente al riesgo de un inminente conflicto ¿Cuál es la posición y planteamiento del Gobierno Regional para hallar fórmulas consensuadas y democráticas que permitan superar el impasse? Del mismo modo, vista la inminente reducción de las transferencias de canon minero a la región ¿Qué medidas debe adoptar el Gobierno Regional, las Municipalidades y las mismas organizaciones de la sociedad civil, más allá de posiciones meramente reactivas?
Un tema importante son las denominadas «obras por impuestos» (OXI) y Alianzas Público-Privadas (APP), ambas impulsadas por Proinversión partiendo del supuesto de dinamizar las inversiones públicas transfiriendo a la empresa privada la ejecución o gestión, según sea el caso, de la obra, a fin de superar la ineficiencia, burocratización y corrupción de los gobiernos subnacionales. Arequipa es uno de los departamentos con mayores inversiones bajo estas modalidades, especialmente las de OXI; la construcción del puente Chilina, en el que participan Southern, el BCP y Backus, obra que ha sido objeto de denuncias y que se halla en investigación. El problema es que no está demostrado aún que las empresas sean más eficientes y transparentes que las entidades públicas en esta materia (no están sujetas a la normatividad del Estado para licitar obras, la inexperiencia de las empresas les obliga a realizar gastos adicionales, etc.), pero lo más preocupante y complicado es que al invertirse a cuenta de futuros ingresos, se comprometen los fondos de próximas gestiones sin mecanismos que permitan, además, aprovechar estas modalidades para mejorar las capacidades de inversión y gestión de los GR y GL. La nueva administración regional y municipal tiene aquí otro desafío que afrontar en la perspectiva de fortalecer su propia institucionalidad. 
Otro punto clave se relaciona justamente con esta institucionalidad pública; son de sobra conocidos los déficits existentes en los distintos niveles de gobierno, lo que deja el espacio libre para la aparición constante de aventureros y caudillos sin un norte político salvo, claro está, capturar ciertas parcelas de poder desde donde se pueden negociar u obtener beneficios personales o grupales. En el Índice general de competitividad  elaborado por el Instituto Peruano de Economía, Arequipa ocupa el tercer lugar, pero en institucionalidad, desciende hasta el puesto 22, evidenciando así uno de sus grandes déficits. Esto alude directamente a la inexistencia de canales de participación efectiva y la falta de transparencia en la gestión pública en todos los niveles.
En este contexto, tanto la nueva presidenta regional, Yamila Osorio, como el reelecto alcalde provincial,  Alfredo Zegarra, tienen el reto de abordar tales temas y al mismo tiempo, la necesidad de fortalecer la institucionalidad de sus respectivas competencias.

 desco Opina - Regional / 20 de febrero de 2015
Programa Regional Sur
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jueves

La anti-política en su esplendor

Son tiempos de diálogo forzado para el gobierno, pero las expectativas formadas –si es que las hubo realmente– se diluyen en proporción directa a la claridad que tiene el convocante, respecto a los objetivos políticos que se propone al activar este mecanismo.
El 9 de febrero se dio inicio a una ronda de conversaciones entre el Ejecutivo, representado por la premier Ana Jara, y un grupo de delegados de partidos políticos a los que, en algunos casos, resultó muy difícil identificar; aunque todos compartiendo el denominador común de no representar a ningún segmento significativo de la población. Si del convite hubieran participado el fujimorismo y el aprismo, que decidieron no acudir a la cita, la naturaleza del cónclave no habría variado porque, una vez más, se revela la enorme y creciente distancia entre este país de deleznable formalidad y aquél otro real, que empieza a agitarse en la medida que los impactos del fin de fiesta del crecimiento económico se hacen más palpables.
Como era previsible, gran parte de lo «acordado» corresponde en realidad a decisiones que pudo tomar el Ejecutivo dentro de sus atribuciones, sin necesidad de consensuarlo en un diálogo que debió ser político y está terminando muy próximo a lo farandulero. ¿Había necesidad de hacer la parafernalia que vimos para anunciar que iba a «suspenderse» las actividades de la DINI por seis meses, sin proponer fórmula alguna acerca de las investigaciones pendientes sobre este organismo? ¿Es un resultado político concluir que en el segundo semestre del presente año «se evaluará» la posibilidad de subir en 75 soles la remuneración mínima, olvidando, además, que por el mismo intento el gobierno ajustició a su Premier anterior?
Pero la cuestionable calidad política del anfitrión y de los invitados fue solo parte del problema. Porque hay otra dimensión, más importante y decisiva, que no parece ser objeto de fórmulas para manejar los desafíos que se le presentan a la gobernabilidad, para usar el vocablo universal que aplican los integrantes del Ejecutivo para cualquier ocasión en la que intuyen problemas.
Un primer ámbito en donde el gobierno no puede dialogar por diversas carencias es el social. Una serie de situaciones altamente explosivas son apenas contenidas y al menor movimiento desencadenan violencia, como la que viene sucediendo en Pichanaki en donde nadie quiso dialogar, ni una empresa con tan nefastos antecedentes sociales como Pluspetrol, ni el gobierno, ni las autoridades regionales.  
Un segundo frente en este espacio ya lo planteó el flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, quien porta la voz dura y confrontacional de los empresarios mineros. Sin ambages, afirmó que la consulta previa es una traba para las inversiones y sostuvo, además, que el MINAM resulta, en su imaginación, el «enemigo» a enfrentar. Lo interesante del caso, como afirma José de Echave, es que en el sector minero no se ha aplicado ni un solo proceso de consulta y no se tiene ninguna evidencia que muestre al MINAM como enemigo de las inversiones.
Luego enfila, como no puede ser de otra manera, contra la «tramitología» para advertirnos que en esta época de vacas flacas, los empresarios mineros no están dispuestos a perder rentabilidad por veleidades ambientales o sociales, dicho de manera directa y sin preocuparse de guardar ninguna apariencia.
El otro frente surge desde el propio gobierno, en boca, claro está, del inefable ministro de Economía, Alonso Segura. Por alguna extraña razón, el titular del MEF parece no haber evaluado políticamente lo sucedido con la derogatoria de la ley de promoción de empleo juvenil que impulsó con desmedido entusiasmo, atinando apenas a buscar en su baúl de clisés ochenteros el que podría ser más preciso para esta ocasión, según su incomprensible parecer: «no mezclar la política con la economía».
Desgraciadamente, esto no es todo. Solicitó que el Legislativo apruebe el proyecto de Ley 4008, que según sus considerandos «promueve el mejor desempeño del mercado laboral», modificando la legislación vigente para reducir costos a las empresas y facilitando el despido colectivo por cuestiones económicas. Afirmó Segura que «hay una serie de otros temas de agenda, otros proyectos que se mandaron al Congreso en noviembre del 2014 y que están esperando aprobación». Entre ellos, el referido proyecto.
¿Cuál es el motivo de la presión del ministro? Uno de los aspectos del 4008 es la reducción del porcentaje de trabajadores requeridos para el despido colectivo por motivos económicos de 10% a 5% porque, según el texto, «es necesario establecer un porcentaje más adecuado que permita a las empresas ajustar de manera más eficiente el número de trabajadores». En otras palabras, permitir el avance del capital sobre el trabajo como manera de «no ahuyentar la inversión».  
Otro de los puntos es que las empresas pueden establecer bonos de hasta 20% de la remuneración anual, que no serán considerados para el cómputo de las gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones. Como señala Pedro Francke, con este Pulpón «no le quitan tres sueldos y medio a cada joven como la Ley Pulpín, pero reducen cada gratificación y la CTS en 20%, es decir, un total de 60% de un sueldo por año, lo que se aplica tanto a jóvenes como a adultos».
En síntesis según el ministro Segura, los políticos deben limitarse a aprobar lo que proponen los técnicos; lo contrario es mezclar «la economía con la política». Si en el camino se «incendia la pradera» estaríamos ante un «efecto colateral» que debería seguramente, manejarse con la ley en la mano (léase represión).
Entonces, ante este panorama, ¿vale el optimismo ante la posibilidad de que voceros políticos de nula representatividad se «pongan de acuerdo» con el gobierno, mientras los poderes reales del país presionan sin que se vislumbre mecanismo alguno para encauzarlos hacia los intereses políticos del gobierno? Lamentablemente, estos no existen, y por ello la política termina siendo un mero ejercicio de resistencia ante las presiones ejercidas y no un interés por la construcción de consensos, como debió ser.

desco Opina / 13 de febrero de 2015
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Vuelven las obras: el futuro incierto de la ciudad de Lima



Desde que la nueva gestión metropolitana de Lima asumiera hace un mes la conducción de los destinos de la ciudad, es poco, pero significativo lo hecho. En este tiempo gran parte de la información que ha circulado por los medios de comunicación ha estado referida al despido masivo de trabajadores ediles, al cierre temporal del Circuito Mágico del agua o las especulaciones en torno a lo que le depara al futuro del Corredor Azul y la implementación de las nuevas rutas del servicio de buses Metropolitano. Al margen de estos temas de discusión generados por la coyuntura del momento, lo que se aprecia es que se quiere borrar con una mano, lo mucho o poco que hizo la gestión edil anterior, con la otra. Llama la atención y preocupa más aún, la poca capacidad que muestran las nuevas autoridades para pensar de manera integral sobre el futuro de una gran ciudad que acaba de cumplir 480 años, y que de seguir por un mal curso se estaría preparando, quizá, a celebrar su medio milenio, declarándose para entonces, como una ciudad inviable e insostenible por el colapso de su estructura de funcionamiento.
Somos conscientes de que la gestión municipal anterior, en la suma y resta de las opiniones y balances, pudo tener más defectos que virtudes en muchos aspectos, pero dejó en claro en su accionar que gran parte de los procesos iniciados buscaban tener una continuidad que traspasara la gestión edil del momento. Prueba de ello ha sido la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 o el Plan de Desarrollo Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035, los cuales siendo instrumentos de gestión, podrían quedar como un bonito recuerdo si olvidamos que se trabajó en ellos con miras a un mejor futuro de la ciudad.
Algunas de las ideas plasmadas en estos documentos, que son instrumentos de gestión pública, trataron de ponerse en marcha con iniciativas especiales, que no figuraban y no figuran dentro de la estructura orgánica edil, como por ejemplo, el Programa Barrio Mío o el Programa Metropolitano de Vivienda Popular, que al día de hoy «no existen», ni siquiera como información, ni en medios de comunicación, ni tampoco en ninguno de los portales web de la comuna metropolitana.
Esta situación nos ayuda a afirmar que Programas como los mencionados, lamentablemente tienen un futuro incierto, pues su verdadera sostenibilidad obedece a un proceso de trabajo que trasciende el periodo de cuatro años propio de una gestión edil para demostrar su eficiencia, pero como en el Perú se compara eficiencia con obras tangibles, estamos seguros de que «volverán las obras», aunque estas carezcan de una proyección de futuro, porque lo que interesa es ser reelegido, y no el desarrollo de la ciudad y sus habitantes.

desco Opina - Regional / 6 de febrero de 2015
Programa Urbano
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