En los
últimos años, un rasgo común en las administraciones del Gobierno Regional y de
la Municipalidad Provincial de Arequipa ha sido su escasa apertura y
transparencia, así como su poca disposición a concertar políticas y planes con
la sociedad civil. Esto se ha traducido, entre otras cosas, en el manejo poco democrático de la autoridad
y en la postergación de proyectos estratégicos para el desarrollo regional
(Segunda Etapa del Proyecto Majes-Siguas, el Gasoducto sur-peruano, la
petroquímica y el Sistema de Transporte Urbano).
Pese a
tratarse de gestiones democráticamente elegidas, no ha habido en ellas voluntad
política para establecer espacios de diálogo y concertación; la desactivación,
fragmentación y dispersión de las organizaciones sociales y gremiales, un
sector de las cuales fueron cooptadas por los poderes fácticos regionales,
contribuyó a agravar la situación. La debilidad de las entidades estatales es
otro elemento a tener en cuenta.
Tratando de
superar estas dificultades, en la sociedad civil arequipeña han existido
diversos intentos de crear algunos espacios de concertación; entre ellos la
iniciativa que hace cinco años logró constituir el Colectivo Macrosur, como
instancia de coordinación de cuatro ONG regionales (Ceder, desco, Labor y Arequipa te Queremos) y dos medios de comunicación
(Diario La República y Radio Yaraví), con el fin de promover la
concertación interinstitucional para el desarrollo regional, organizando foros
y eventos sobre el Plan de Desarrollo Concertado y las Agendas para el
Desarrollo, y realizando debates programáticos en los procesos electorales para
propiciar la reflexión ciudadana y un voto informado. Profundizar la democracia
en la región pasa sin duda por impulsar este tipo de acciones, pues es
indispensable que la ciudadanía conozca los planes de gobierno de los
candidatos (la nueva Presidenta Regional, por ejemplo, no difundió el suyo).
Estas
iniciativas son valiosas, pero hacen falta otras medidas desde la sociedad
civil que contribuyan a la transparencia en la gestión pública, incluyendo la
promoción de compromisos efectivos entre autoridades y ciudadanía que, a
ejemplo de lo que ocurrió en Piura, puedan concretarse en la firma de
compromisos cuyo cumplimiento deba seguirse con mecanismos de vigilancia
ciudadana, el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional, y la
discusión de grandes temas relacionados con el desarrollo de Arequipa.
Los espacios
de la sociedad civil deben de fomentar debates sobre el futuro de Arequipa que
involucren a diversos actores, entre los cuales, indudablemente, debe estar el
Gobierno Regional y Local. Así, por ejemplo, es clave lograr una posición de
estos frente a los proyectos estratégicos para el desarrollo regional (segunda
etapa del Proyecto Majes-Siguas, gasoducto sur peruano y la petroquímica,
definición del rol de la minería, desarrollo diversificado que articule
políticas sectoriales en agro exportación, industria, pesca, turismo y el resto de servicios).
Hay asuntos
claves que deben abordarse de manera urgente, como es el caso del proyecto Tía
María en el que la empresa Southern planea invertir, pero a cuya ejecución se
opone un gran sector de la población de su entorno, liderados por sus alcaldes.
Frente al riesgo de un inminente conflicto ¿Cuál es la posición y planteamiento
del Gobierno Regional para hallar fórmulas consensuadas y democráticas que
permitan superar el impasse? Del
mismo modo, vista la inminente reducción de las transferencias de canon minero a la región ¿Qué medidas debe adoptar el Gobierno Regional, las
Municipalidades y las mismas organizaciones de la sociedad civil, más allá de
posiciones meramente reactivas?
Un tema
importante son las denominadas «obras por impuestos» (OXI) y Alianzas
Público-Privadas (APP), ambas impulsadas por Proinversión partiendo del
supuesto de dinamizar las inversiones públicas transfiriendo a la empresa
privada la ejecución o gestión, según sea el caso, de la obra, a fin de superar
la ineficiencia, burocratización y corrupción de los gobiernos subnacionales.
Arequipa es uno de los departamentos con mayores inversiones bajo estas
modalidades, especialmente las de OXI; la construcción del puente Chilina, en
el que participan Southern, el BCP y Backus, obra que ha sido objeto de
denuncias y que se halla en investigación. El problema es que no está
demostrado aún que las empresas sean más eficientes y transparentes que las
entidades públicas en esta materia (no están sujetas a la normatividad del
Estado para licitar obras, la inexperiencia de las empresas les obliga a
realizar gastos adicionales, etc.), pero lo más preocupante y complicado es que
al invertirse a cuenta de futuros ingresos, se comprometen los fondos de
próximas gestiones sin mecanismos que permitan, además, aprovechar estas
modalidades para mejorar las capacidades de inversión y gestión de los GR y GL.
La nueva administración regional y municipal tiene aquí otro desafío que
afrontar en la perspectiva de fortalecer su propia institucionalidad.
Otro punto
clave se relaciona justamente con esta institucionalidad pública; son de sobra
conocidos los déficits existentes en los distintos niveles de gobierno, lo que
deja el espacio libre para la aparición constante de aventureros y caudillos
sin un norte político salvo, claro está, capturar ciertas parcelas de poder
desde donde se pueden negociar u obtener beneficios personales o grupales. En el Índice general de competitividad elaborado por el Instituto Peruano de Economía, Arequipa ocupa el tercer lugar, pero en institucionalidad, desciende hasta el puesto 22, evidenciando así uno de sus grandes déficits.
Esto alude directamente a la inexistencia de canales de participación efectiva
y la falta de transparencia en la gestión pública en todos los niveles.
En este
contexto, tanto la nueva presidenta regional, Yamila Osorio, como el reelecto
alcalde provincial, Alfredo Zegarra,
tienen el reto de abordar tales temas y al mismo tiempo, la necesidad de
fortalecer la institucionalidad de sus respectivas competencias.
desco
Opina - Regional / 20 de febrero de 2015
Programa Regional Sur
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