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Poniendo el ojo en la cerradura equivocada

Información reciente emitida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha generado una reacción de sospecha en varios medios de comunicación sobre el manejo financiero de las ONG. Algunos diarios han destacado a una lista de estas organizaciones en función al gran volumen de sus presupuestos y a otro grupo debido a que habrían cometido irregularidades en la ejecución de fondos de cooperación.
desco ha ocupado un lugar central en estos «rebotes» periodísticos, al ser la ONG que mayor presupuesto ha ejecutado durante el 2009. Cabe aclarar que ejecutar mayor presupuesto no equivale a obtener mayores ingresos, como ha afirmado una de estas publicaciones. Por lo demás, organizaciones sin fines de lucro como desco, si bien buscan la rentabilidad social, no generan dividendos ni reparten excedentes al modo de una empresa privada; los fondos recibidos se canalizan a proyectos o investigaciones en beneficio de las colectividades en un determinado ámbito de intervención. En ese sentido, el correcto manejo de los recursos en las ONG no deriva en un beneficio económico cada vez mayor, sino en el aseguramiento de un capital de trabajo que permita contratar profesionales y proporcionar condiciones laborales aceptables.
Por otro lado, varias de las organizaciones llamadas a justificar las que por ahora son presuntas irregularidades administrativas han alzado su legítima voz de protesta, con documentos inapelables en mano, al considerar que APCI, además de obrar con ligereza y poco criterio en su evaluación, fue irresponsable al difundir en los medios información que no entregó a las instituciones observadas, a fin de que pudieran realizar sus descargos.
Nadie puede estar en contra de la transparencia y las ONG somos las primeras en reclamarla, como ha quedado expuesto en las declaraciones de Francisco Soberón, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC). La difusión de los resultados de fiscalización de APCI pretende sembrar dudas sobre la voluntad de transparencia de las ONG, cuando estas año tras año no sólo presentan informes a dicha agencia, sino que se someten rutinariamente a varios otros controles, como Registros Públicos, SUNAT, EsSalud, Ministerio de Trabajo, etc. Otro punto ambiguo ha sido el manejo de cifras exorbitantes. Dicho sea de paso, la escala de sueldos en las organizaciones sin fines de lucro no se compara a la del sector empresarial en el Perú, donde, según la consultora canadiense Mercer, los gerentes generales y gerentes senior reciben en promedio 23,360 dólares al mes. Al respecto, sería muy conveniente que los funcionarios de APCI informen, por ejemplo, sobre los sueldos que perciben los directores de las ONG y, si fuera posible, mostrar al menos extrañeza ante las cifras antojadizas que difunden los medios de comunicación.
Al contrario de lo que sugiere la prensa conservadora y de derecha, creemos que la fiscalización es posible y necesaria. Es más, sostenemos que no debe agotarse en las ONG, que finalmente gestionan recursos privados (provenientes de cooperaciones internacionales, organismos multilaterales, empresas, fundaciones, estados, etc.) Por ejemplo, se debe también informar a la ciudadanía sobre la gestión de recursos de cooperación en las entidades públicas, que receptan de lejos el mayor porcentaje de cooperación que fluye hacia el país. Tomemos como ejemplo al Metropolitano en la ciudad de Lima. Como es sabido, parte del financiamiento de este sistema de transporte masivo provino del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En aras de la transparencia en la inversión pública, ¿a quién le compete observar el retraso de más de año y medio en este proyecto, que implica uso de fondos de organismos multilaterales de decenas de millones de dólares?, ¿quién cuestionó que la Municipalidad de Lima haya iniciado las obras sin contar con el estudio de impacto ambiental?
Si bien en esta oportunidad la coyuntura no es propicia para la aparición de los más destemplados voceros anti-ONG –especialmente aquellos que se ponen nerviosos ante las agendas de justicia, reparación, derechos humanos o luchas medioambientales– sí se tiene como antecedentes los repetidos intentos por controlar y perseguir a quienes promueven la organización y la toma de conciencia de derechos ciudadanos. Hoy, que se nos señala con menos adjetivos y supuestamente más «pruebas», es preciso tener en cuenta el lugar que las ONG ocupan en las tareas del desarrollo. En nuestro país, las políticas públicas se han caracterizado por ser oscilantes y poco claras –como en el caso del desarrollo urbano– ignorantes de las articulaciones económicas y sociales de los territorios –como en la promoción de la inversión minera– e incluso por ser a todas luces ineficientes, como en la reconstrucción de Pisco y las localidades afectadas por el terremoto de 2007. En todos los casos, la acción de las ONG ha contribuido no sólo a mejorar las condiciones de vida de la población, o a promover articulaciones productivas, sino que ha ayudado a mejorar la actuación del propio Estado tanto a través del soporte que ha dado a numerosos espacios de concertación, como por medio de la producción de conocimiento en forma de evaluaciones, líneas de base y diagnósticos en los más diversos temas.

Entre los pendientes de APCI, más bien, se ubica la formulación de una agenda de cooperación, más urgente en cuanto la misma está disminuyendo sensiblemente en el país. Así las cosas, es probable que muchas ONG dejen de operar en Perú en el mediano plazo, escenario frente al cual se necesita un verdadero esfuerzo de concertación, salvo que se piense que la alternativa pasa por ser «imaginativo» en la búsqueda de fondos, como ocurre con el Instituto del Trabajo y la Familia, que preside la Primera Dama, organización que ha visto incrementar sus ingresos en 403% en un año, cosa que no tiene punto de comparación con las otras ONG acusadas veladamente en base al «temible» informe de la APCI.

Enlaces de interés

Página web de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
Sobre el Perú como país de renta media alta

desco Opina / 19 de febrero 2010

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Respuestas locales al cambio climático en Lima Sur

Las lluvias de principio de año debilitaron las bases de las viviendas más pobres de Lima. El Estado ha llegado con ofrecimientos de títulos de propiedad pero sin planes para reubicar viviendas asentadas en terrenos vulnerables. Con suelos y edificaciones inestables no es difícil concluir que un sismo de regular intensidad podría cobrar aquí muchas víctimas. Los gobiernos locales de Lima Sur hacen esfuerzos por apoyar las iniciativas surgidas desde los propios pobladores por darle más seguridad al suelo que pisan. ¿Qué hará la municipalidad metropolitana?

Diez millones de soles destinó el Estado para que INDECI realice «actividades de rehabilitación de las zonas directamente afectadas por las lluvias y deslizamientos» en Lima. Invertir en prevención costaría menos que declarar en emergencia nueve distritos de la ciudad debido a las inundaciones, derrumbes y huaycos en las zonas más pobres como Carabayllo, Ventanilla o Villa María del Triunfo o incluso menos costoso que instalar carpas del Módulo Perú con la misión de atender a familias afectadas. La cobertura mediática de los daños ocasionados por las lluvias fue una fuerte motivación para anunciar acciones paliativas que dejan el problema de fondo: las lluvias pasaron, pero el cambio climático no termina y menos la actividad sísmica. Entonces los riesgos subyacen, como silenciosa enfermedad. Pero ante la ausencia de un plan, nacional, metropolitano o regional, nacen diversas iniciativas locales y adquiere lógica la diversidad de acciones que en la ciudad se vienen desarrollando frente al tema de cambio climático y vulnerabilidad.

La Quebrada de Santa María es una de las zonas más vulnerables del distrito de Villa María del Triunfo y alberga a tres mil personas cuyas viviendas -asentadas sobre pircas en las empinadas laderas de los cerros- fueron afectadas por desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra. Los daños materiales son cuantiosos para quien poco tiene. La zona del Parque Metropolitano en Villa El Salvador, alberga a casi diez mil personas con viviendas sobre arena, base inestable para construcciones de más de dos pisos, edificadas sin asistencia técnica. Aquí el riesgo no es tanto frente a las lluvias, como ante un sismo de regular intensidad. En ambos casos, los pobladores, conscientes de su situación, están realizando acciones de capacitación para la prevención, las que demandan el involucramiento de los gobiernos locales, en tanto responsables de la defensa civil en su territorio.

Por su parte, el gobierno local de Villa María del Triunfo contempla habilitar vías de acceso hacia las zonas altas, en tanto que en Villa El Salvador la municipalidad ha elaborado cartillas de defensa civil con acciones de prevención frente a las lluvias. La Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima, AMASUR, ha formado un comité de defensa civil que está en vías de legalización y está iniciando la coordinación entre distritos, dando seguimiento a la firma del acuerdo municipal sobre prevención de desastres en 2007.

Aunque estamos en etapa electoral y muchos de los avances tendrán necesariamente que reformularse para las nuevas gestiones, es indispensable construir con la población mapas de zonas vulnerables en los distritos, para identificar las acciones preventivas específicas a implementar en el marco de un plan que tenga como premisa la mitigación de desastres y que incluya a quienes menos oportunidades tienen de afrontarlos con éxito.
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desco Opina - Regional / 12 de febrero de 2010
Programa Urbano

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El huaico de la derecha y la crisis en el sur

Adornada con una canción de Tongo y sustentada en un «programa mínimo» que incluye el indulto a Fujimori, la candidatura presidencial de Jaime Bayly es publicitada como el hecho político del momento. Como sabemos, de cara a un proceso electoral no sólo importan las candidaturas fuertes, sino a dónde apuntan los que tienen opciones más limitadas, tanto por su capacidad de endose como por la agenda que pueden plantear.

Con poco que arriesgar en términos de caudal electoral, tendencias partidarias o alianzas políticas, Bayly y sus eventuales socios –personajes oscuros como Barba Caballero o Ghersi– optan por el negocio de radicalizar el discurso más allá de lo que cualquier candidato de derecha o izquierda podría. El anticlericalismo, la disolución de las FF. AA., la legalización del aborto y del consumo de drogas; presentados bajo un empaque «liberal», son en realidad el «gancho» para movilizar a un electorado joven, con aspiraciones de modernidad, más bien antipolítico y en ese sentido condescendiente con el fujimorismo y apático frente al gobierno aprista y a las consecuencias del modelo económico. Es el voto antisistémico de derecha y, en la medida en que el único punto que podría prosperar de su plataforma política es el indulto a Fujimori, podría ser la salida para el voto vergonzante por la heredera del dictador. Una broma que en Lima ha pasado de entretenimiento de domingo por la noche a un seis por ciento de intención de voto.

Pero, ¿qué es lo que expresa una candidatura de este tipo? En primer lugar, la renuencia de la derecha política a verse enfrentada a los temas cruciales para el país. Esta vez, no están dispuestos a que la agenda se la vuelvan a marcar sectores que se mueven bajo las banderas del cambio de orientación del modelo económico. En el 2006, la contienda ante Humala los hizo abandonar a su cuadro más orgánico –Lourdes Flores– por García, disfrazando la voluntad de continuidad con la consigna del «cambio responsable», obligándolos a enfrentar temas calientes como el abandono del sur andino, la firma del TLC con EE.UU o la redefinición de políticas sobre recursos naturales y energéticos. Hoy, nuevamente sacrifican a Flores ante un inorgánico Castañeda, colocan unas cuantas fichas en Bayly, se hacen de la vista gorda con Keiko y le dejan la puerta entreabierta a Toledo.

El hecho político del momento es pues la definición de la derecha entre sus múltiples opciones electorales –con escasos matices programáticos entre ellas–. En las elecciones anteriores la pelea era por quién captaba la opción por un cambio. Hacia el 2011 –esto es sintomático de la inexistencia de oposición real y de las limitaciones del nacionalismo– la lucha está por quién ocupa la opción de continuidad, sin importar si para eso hay que farandulearse con Bayly como «animador del campeonato» o tragarse el sapo de la corrupción y el autoritarismo que encarnan los Fujimori. Dado que la opción por el cambio –sea cual sea– parece ser la única constante del electorado peruano (salvo Toledo, ninguno de los mencionados sería creíble en esa postura), la pelea está por alinear fuerzas contra un eventual repunte de Humala o la aparición del ya clásico outsider que juegue «por izquierda».

La vigente radicalidad de los electores del sur del país se ve en tanto reavivada por la tragedia. Las terribles inundaciones por lluvias no son una catástrofe solamente por las muertes o el aislamiento de las zonas afectadas. Las tomas aéreas en televisión y las campañas para la emergencia (alimentos, ropa, medicinas) nos solidarizan con la conmoción de los damnificados, pero no con la pérdida de su capital –miles de cabezas de ganado y de hectáreas de sembradíos– lo que supone un retraso económico de varios años; más aún si a la luz del terremoto de Pisco, ya se sabe del grado de indolencia del Estado y el sector privado frente a la recuperación de la infraestructura y de los circuitos económicos que están fuera de la economía «moderna», como en este caso son la agricultura serrana, la ganadería de altura y el tejido económico local comercial y de servicios. Si bien alguna respuesta se vislumbra frente al sector turismo, es sólo en tanto se ha afectado el más sobresaliente patrimonio arqueológico peruano, Machu Picchu, que dinamiza fuertemente la economía cusqueña y pone en juego «la imagen» del Perú, que es lo que parece preocupar más a los ministros de Agricultura y de Desarrollo Social, semanas atrás más apurados en viajar a Haití –donde eran de lejos menos necesarios que los rescatistas que desembarcaron del avión–, que en evaluar los reportes de la intensidad de las lluvias, usuales protagonistas de esta época del año que en esta oportunidad cobraron especial violencia.

Así las cosas, el sur andino parece un fantasma temido por los asistentes al CADE y a las convenciones mineras, sólo en el momento electoral y olvidado luego una y otra vez. Nada se ha hecho y no tendría por qué llamar la atención que estén dispuestos a votar por un candidato que cuestione este orden que ningún beneficio importante les ha traído. Más aún si son alentados por el ejemplo de los cambios que ocurren en la vecina Bolivia –una refundación jacobina: la república plurinacional– y que la prensa nacional discretamente ignora, tergiversa o minimiza, más allá de su sostenibilidad en el mediano plazo.

Mientras tanto, la política menuda y el cubileteo irresponsable para definir las reglas de juego para las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, parecen apuntar a debilitar el sistema político, alentar la fragmentación y por tanto hacer inviable el desarrollo interno del país. Los posicionamientos en juego en el proceso de 2010 se pierden en el mar mediático, dejándose absolutamente de lado no sólo el necesario balance de la descentralización y el desarrollo territorial desde las regiones, sino también, las reacciones ante la última modificación a la Ley de Elecciones Regionales, asunto que seguramente resulta esotérico para la banalizada «opinión pública» que expresa la prensa nacional, aunque sean cruciales para la distribución de poder en el país.


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desco Opina / 5 de febrero 2010
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