viernes

El colapso de la democracia





El Congreso, por enésima vez, vuelve a evidenciar que no tiene mucho sentido para los fines democráticos del país, al aprobar la denominada ley mordaza o ley Mulder. Más allá de no proyectarse resultado alguno con lo previsto en dicha norma, lo realmente asombroso es una exposición de motivos que por mucho esfuerzo que se haga, no se terminó de entender.
En efecto, apeló por alguna extraña razón a la transparencia, como una de las razones de la supuesta pertinencia del proyecto de ley en cuestión, afirmando que el accionar del Estado supone esencialmente comunicar a los ciudadanos las acciones que toma en su nombre y dar a conocer los detalles del comportamiento y desempeño de los funcionarios públicos”.
A continuación, refuerza esta «idea» con lo establecido en una de las partes centrales de la Ley de transparencia y acceso a la información, que refiere a la obligación de las dependencias públicas de generar y alimentar un portal web, donde debe colocarse toda la información que indica la norma.
Luego, viene el salto mortal y el argumento sale de cualquier alineamiento con marco legal alguno, dando lugar a la simple matonería procesal. Sin inmutarse, obvió cualquier referencia a la Ley 28874, del 2006, decidiendo que por racionalización de los gastos –¿y la transparencia que definía el problema a resolver?– la publicidad de los actos de las dependencias públicas debía limitarse.
Seguramente, los especialistas ponderarán si esta ley afecta el principio de publicidad de los actos del Estado, si restringe la transparencia o, como afirmó el Defensor del Puebloacota el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Entonces, si entendemos bien, la ley está obligando a las entidades públicas a publicar su información en una página web, es decir, lo que hace más de quince años establece la ley de transparencia, además de difundir trámites, fomentar valores y promover actos positivos, apelando al hecho de que los medios privados tienen «tarifas comerciales» muchas veces muy costosos para las posibilidades de las arcas públicas todo lo cual, viéndolo desde una óptica positiva, resulta reiterativo e innecesario.
Al parecer, bastaba refinar lo que ya se había establecido en la Ley 28874 –con una evaluación previa de lo actuado en torno a dicha norma– si lo que se deseaba era ordenar el rubro de la publicidad de los actos públicos. Pero, una vez más, cundió el complejo de Adán y, como consecuencia, el Congreso vuelve a morderse la cola.
Ahora bien, afirmar que dicha norma era innecesaria no significa la inexistencia de problemas graves en esa dirección y muchos de ellos, incluso, están relacionados con los intereses de los que ahora se sienten atacados, sugiriendo incluso que empezamos a parecernos a la Venezuela de Maduro, al ponerse en peligro la vigencia de derechos.
La dificultad es que, en efecto, estamos en una situación donde tirios y troyanos se han enfrascado en una tensión teniendo algunos derechos fundamentales –libertad de expresión, información, transparencia– como justificaciones de uno y otro lado. Sin embargo, también hay un amplísimo campo de derechos que debieran discutir los protagonistas de esta situación que, desconcertantemente, callan y conceden mutuamente.
Una primera cuestión que ni los gremios de propietarios de medios de comunicación, ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ponen en cuestión es la inmensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación existente en el país, uno de los principales obstáculos para una debida libertad de expresión e información. Peor aún, con preocupación vemos que los afectados directamente con esto y que en su momento lideraron la protesta, ahora no manifiestan su voz al respecto.
Una segunda cuestión es la brecha cada vez más grande que existe entre los intereses de las empresas de comunicación y la libertad de expresión e información. En efecto, los medios de comunicación peruanos no son parte del espacio público –lo que los debiera caracterizar por antonomasia– sino ámbitos estrictamente privados que obedecen a los criterios de sus propietarios que les permite, entre otras situaciones, despedir periodistas cuando sus ideas se contraponen a los intereses mercantiles de la empresa empleadora.
Por último, una tercera cuestión, sintomáticamente puesta de lado por la ley Mulder, es la evidente relación entre colocación de publicidad estatal y canje tributario. A estas alturas, para nadie es un secreto que la publicidad estatal es para las empresas de comunicaciones algo parecido a la modalidad de «obras por impuestos» que, en buena forma, fundamenta su rentabilidad.


desco Opina / 22 de junio de 2018

Sospechas sobre las cooperativas del VRAEM



Irresponsablemente, y bajo el argumento de que la mayoría de las cooperativas del VRAEM son «lavadoras» de dinero del narcotráfico, se viene satanizando a todas las que operan en estas localidades. En realidad, debería especificarse que estas sospechas se enfocan en las de ahorro y crédito, más no en las de productores –que representan el mayor número de ellas– que cuentan, además, con el apoyo de DEVIDA para asegurar su sostenibilidad. El hecho de que operen en zonas sensibles a la producción y tráfico de drogas, no justifica las sospechas sobre ellas; sin embargo, el polvo levantado, las afecta sin excepción.
“De las 671 cooperativas identificadas y contabilizadas en el Perú, casi la tercera parte está en el Vraem, que es un foco de generación de dinero ilícito”, aseveró el Congresista Lombardi, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso. Al no existir obligación de estas instituciones de inscribirse en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), las cifras sobre su número y existencia son meras especulaciones, lo que no necesariamente aleja las sospechas de lavado de activos del narcotráfico y la minería ilegal; pero en estas sospechas no sólo estarían las que se ubican en el VRAEM, sino en todo el territorio nacional. Ya en el 2015 la Fenacrep se opuso a que se le otorgaran mayores facultades de supervisión a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), acusando la existencia de una campaña de difamación y calumnia, con el argumento de que sólo se requieren algunas modificaciones de la Ley General de Cooperativas que recoja el espíritu de su creación.
No es de sorprender que muchas de estas cooperativas hayan financiado intereses y preferencias políticas particulares, lo cual se habría puesto de manifiesto en la sesión del Pleno del Congreso de la República del 24 de mayo último; en donde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera –presidida por Guido Lombardi– y la Comisión de Constitución y Reglamento –presidida por Úrsula Letona–, expresaban dictámenes contrapuestos. Mientras la primera impulsaba mayores facultades a la SBS, la segunda proponía la creación de un organismo de supervisión específico denominado Superintendencia de Entidades Solidarias, con el argumento de que la SBS no era una institución impoluta evidenciado en el Caso Lava Jato, al señalar que “la SBS no ha estado a la altura de las exigencias de la coyuntura”, refiriéndose específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera que en su momento no habría reportado las denominadas operaciones sospechosas de muchos de los políticos implicados.
Queda claro que todo nuestro sistema financiero se halla permanentemente bajo la lupa. Un informe del 2016, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo una advertencia poco usual sobre la penetración de dinero sucio en la banca nacional. Cabe señalar que en las sucursales de la banca formal de la selva, quien realiza operaciones importantes debe responder varios complicados cuestionarios, lo cual puede ser entendido como una de las razones para que la bancarización de las operaciones comerciales lícitas no se masifique.
En esta misma sesión del Pleno, salieron a la luz vínculos de personalidades del mundo cooperativo con algunos legisladores, hecho que generó tensiones y enfrentamientos. Sin embargo, y pese a las negaciones, una cooperativa de Huaral que tiene en su cartera de clientes a legisladores de Fuerza Popular, está bajo las investigaciones fiscales, lo que trae por los suelos la teoría de que sólo el VRAEM sería susceptible de operaciones dudosas, pero demuestra con certeza que no existen mecanismos de fiscalización eficaces. El retorno del proyecto de Ley a la Comisión de Economía, alarga el debate y la aprobación de algún canal de control efectivo que despeje dudas e identifique a aquellas que bajo esa fachada están operando para cometer ilícitos.
Bajo los mismos argumentos, deberían ser sujeto de sospechas públicas muchas entidades de microfinanzas semidesconocidas que instalan minúsculas oficinas en muchas ciudades del interior del país –y en especial en la selva–, de las cuales se tiene poco o nulo historial conocido sobre la procedencia de su capital. Incluso otorgan préstamos con altos intereses, pero dados los escasos requisitos que exigen, tienen cautiva una cartera de prestatarios frecuentes. Si se tuviera esto en consideración, seguramente que a las 21 cooperativas investigadas por la SBS y/o la Fiscalía, se sumaría un número importante de empresas de microfinanzas, así como muchos prestamistas y financistas silenciosos.
Esta incertidumbre sobre la legalidad de las operaciones de las cooperativas y la escasa capacidad de control del Estado, puede derivar en un pánico financiero de sus ahorristas y prestatarios, lo que acarrearía un incremento de la informalidad y la desbancarización de muchas operaciones comerciales. Además de analizar quién gana con esta lentitud, se debe sopesar cuánto se arriesga y cuánto nos costará como país.

desco Opina - Regional / 15 de junio de 2018
Programa Regional Centro - descocentro