viernes

La crisis del fujimorismo keikista


La profunda crisis del fujimorismo se agravó con la detención preventiva de Keiko Fujimori, dictada por el juez Concepción Carhuancho días atrás. Si nos guiamos por los sondeos de opinión, la decisión estaba cantada; tras su detención preliminar, 71% de los encuestados creía que aquella estaba justificada, mientras 75% pensaba que existían motivos suficientes para seguirla investigando; días después, 73% expresaba su desacuerdo con su libertad, decidida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Las encuestas mostraban ya el malestar que Keiko Fujimori genera en la opinión pública.
Curioso destino el de la lideresa del partido naranja, que durante dos años, con el concurso de su bancada, se dedicó a demoler nuestro precario sistema institucional con un empeño digno de mejor causa, afectando en el camino su propia viabilidad política. Desde el primer momento, y más allá de la pésima gestión de PPK, el fujimorismo, liderado por la señora K, se afirmó en el Congreso como una fuerza revanchista, sin proyecto y sin propuestas. Tras dos años de torpe y abusiva prepotencia, evidenciaron sin tapujos su desprecio llano por el Estado de derecho. Bloquearon toda iniciativa para fortalecer la capacidad de investigación sobre lavado de activos; buscaron impedir, por lo menos retrasar, la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, varias de ellas sospechosas de «limpiar» recursos del narcotráfico; hicieron lo indecible por «salvar» al juez César Hinostroza, que todo indica tenía entre sus «hermanitos» a conspicuos integrantes de la agrupación de la señora K y hasta hoy insisten en hacernos creer que el Fiscal Pedro Chávarry es una víctima de su compromiso contra la corrupción, protegiendo su descontrol institucional.
Haciendo de su aplastante mayoría parlamentaria un instrumento a su servicio, acicateados con frecuencia y entusiasmo por sectores apristas, con quienes comparten el interés por blindar a sus respectivos líderes, hicieron del ejercicio legislativo, campo de su arbitrariedad absoluta. No dudaron en enfrentarse con los medios de comunicación mediante una norma inconstitucional que impedía el gasto público en medios privados; abrieron fuego contra el Ejecutivo, pretendiendo «controlar» desde el Reglamento congresal la posibilidad que la Constitución le otorga al Presidente de disolver el Congreso en circunstancias determinadas. Más recientemente aprobaron una ley con nombre propio para permitir que Alberto Fujimori cumpla su condena en su domicilio.
A todas luces, los costos que pagan son altos. Si Fuerza Popular se dividió en la «negociación» del indulto a Alberto Fujimori entre keikistas y kenjistas, aquella sangría inicial, puede convertirse en hemorragia. A las renuncias de Noceda y Petrozzi, siguieron las «licencias» de los actuales integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, la colaboración «eficaz» con la Fiscalía de dos congresistas de sus filas, la renuncia a su cargo de su Secretario General, el cambio de sus voceros en el Parlamento y simultáneamente sus «llamados» al diálogo y la concertación, que nadie les cree. En dos años el partido que obtuvo más del 40% de los votos el 2016 y que tuvo una mayoría aplastante en el Poder Legislativo, asistió a su debacle electoral en los comicios regionales y municipales: no obtuvo un solo gobierno regional, apenas dos gobiernos provinciales en La Libertad, menos del 3% de los votos válidos en Lima y menos del 4.6% en el Norte, sus bastiones territoriales más importantes….
El fujimorismo en general, el keikismo en especial, comparece en distintos procesos judiciales, vive su peor momento electoral y es víctima del descrédito popular, resultados todos ellos, hay que decirlo, de su esfuerzo y de los méritos que acumularon. ¿Alcanza para hablar de su muerte, como creen muchos? Definitivamente, creemos que no, porque el futuro no está escrito.
Ciertamente, el futuro de Keiko está severamente afectado; más allá de si permanece en detención preventiva o afronta el juicio que parece inevitable en libertad, el 2021 se le ha alejado y su liderazgo sobre el fujimorismo está en cuestión. Éste, tendrá que contener lo que parece su desbande, resolver, entre otras, las tensiones entre los históricos y «la botica» y a partir de allí, construirse un nuevo orden y reestablecer alianzas y relaciones que han roto, asumiendo, por ejemplo, la responsabilidad que les corresponde en lo que les ha sucedido. A fin de cuentas, Fuerza Popular mantendrá un peso importante en el Congreso y no dejará mágicamente de expresar a sectores de nuestra sociedad.


desco Opina / 9 de noviembre de 2018

miércoles

Las urnas protestan en la Macrorregión Sur


El contexto político alteró la campaña durante las últimas elecciones regionales y municipales en Perú. Como habíamos anotado en un artículo previo, la propaganda electoral comenzó tarde y con todos los vicios heredados de los procesos anteriores: proliferación de candidaturas atomizando el voto, elecciones internas poco transparentes y planes de gobierno con plagios. Los golpes bajos también fueron pan de cada día.
En la Macrorregión Sur, sólo dos sillones regionales se definieron en primera vuelta: Walter Aduviri en Puno, y Zenón Cueva en Moquegua. En el resto de regiones, Arequipa, Madre de Dios, Tacna, Cusco y Apurímac, los electores tendrán que regresar a las urnas.
De estos resultados se desprenden varias lecturas. La primera: el descrédito de la clase política, evidenciado en el alto volumen de votos blancos y viciados contabilizados en las urnas. En Apurímac estos votos sumaron el 20.13%, mientras que el candidato más votado sólo alcanzó el 16,4% de los votos totales. En Arequipa, los nulos y blancos alcanzaron el 22.2%, mientras que el más votado sólo llegó al 14,4%. En Tacna el voto de protesta alcanzó el 23%, mientras que el más votado sólo recogió el 13% de la votación. En Cusco, el 24% de los electores anularon su voto o lo dejaron en blanco, mientras que el más votado solo alcanzó el 11% de los votos. Por último, en Madre Dios, un cuarto del electorado votó en blanco y viciado, y el más votado obtuvo el 18% de su confianza.
La segunda: ganaron los radicales. Esta lectura, más bien capitalina, es un intento de explicar el avasallador 35% de votos que alcanzó Walter Aduviri sobre su contendor cercano, que sólo recogió el 13% de los votos. La lectura correcta más bien es que Aduviri ha sintonizado con las demandas del pueblo altiplánico. Un gran sector de la población ha venido reclamando los últimos cinco años por los problemas de contaminación de la minería formal, en la provincia de Melgar y Lampa, y también la ocasionada por la minería  informal como en el caso de la provincia de Azángaro, por las aguas contaminadas que discurren desde el distrito de Ananea. Por otro lado, esta victoria se puede leer como una reivindicación cultural, no olvidemos que este líder reivindica en todo momento sus raíces aymaras, y supo capitalizar muy bien el Aymarazo del 2017, como la lucha del regionalismo contra el centralismo limeño; esto último, aparentemente, le permitió recoger votos entre la población quechua, mayoritaria en Puno, y sin la cual no hubiera podido triunfar.
Por otro lado, Zenón Cueva también es una figura regional con una imagen de luchador social en el imaginario moqueguano, gracias a su participación como uno de los principales líderes en el famoso Moqueguazo del 2008, donde se reclamó por una mejor distribución del canon minero que genera la empresa Southern Perú en Moquegua y Tacna, donde tienen operaciones con distintas dinámicas de producción. Cueva, erróneamente considerado como antiminero por algunos medios masivos limeños, ganó las elecciones con el 32% de los votos, mientras su contendor más cercano sólo cosechó el 16%. Aquí cabe apuntar que las papeletas nulas y blancas sumaron el 24% de los votos.
Todavía falta tener la certeza de los próximos resultados para hacer un análisis político completo de la Macrorregión Sur, pero a la luz de los primeros triunfos, podemos decir que el Gobierno deberá hilar fino, a pesar de que ambos presidentes han mostrado un discurso conciliador. En el caso de Puno, ya no podrá continuar alargando las mesas de trabajo para solucionar los problemas ambientales causados por la contaminación y tendrá que acelerar la ejecución de proyectos largamente ofrecidos como el de las diez plantas de aguas servidas, promesa que data del 2016. Para la sociedad civil, el reto es estar vigilantes y no permitir que los nuevos gobernantes entren en el círculo de la corrupción, para que se aproveche mejor los fondos públicos. Tan importante como la lucha anticorrupción es el impulso de una agenda de desarrollo, integración y fortalecimiento de la institucionalidad pública, lo que permitiría avanzar en la solución de problemas sustantivos en la macrorregión. El conflicto interregional, en especial por la disputa y uso de recursos naturales, está a la orden del día en esta parte del país.

desco Opina - Regional / 31 de octubre de 2018
Programa Regional Sur – descosur

lunes

Más allá del referéndum y las detenciones preventivas


Al asumir su cargo en marzo pasado, el nuevo presidente Martín Vizcarra afrontaba al menos dos grandes desafíos: i) un desafío político, relacionado con la necesidad de gobernar sin una sólida y numerosa bancada en el Congreso, frente a una oposición fujimorista mayoritaria, que en cualquier momento podía intentar avasallarlo y quizá forzar su renuncia como lo había hecho con su antecesor; ii) un desafío económico, derivado de los problemas que atraviesa la economía peruana en estos últimos años, en gran medida fruto de su fuerte dependencia de exportaciones de materias primas, lo que se traduce en bajos niveles de crecimiento, altos niveles de subempleo, una pobreza persistente y notorias brechas de desigualdad.
En sus primeros meses, el nuevo gobierno parecía destinado a contemporizar con el fujimorismo y poco menos que someterse a sus designios, pero poco a poco, Vizcarra fue mostrando sus distancias y el destape de los CNM audios –que reveló la corrupción en altos niveles de la política y el poder judicial– le brindaron una oportunidad que supo aprovechar.
En su mensaje del pasado 28 de julio, y como respuesta a la escandalosa corrupción que puso en evidencia la difusión de tales audios, el presidente anuncia su decisión de remitir al Congreso cuatro proyectos de ley para introducir reformas políticas y jurídicas que él consideraba claves para luchar contra la corrupción, las que deben ser sometidas a referéndum antes de fin de año. Como se sabe, esto puso por primera vez a la defensiva a Fuerza Popular y a su jefa, que desde entonces no han podido recuperar la iniciativa y han caído estrepitosamente en sus niveles de aprobación, lo contrario de lo sucedido con el presidente Vizcarra.
Así, desde hace varias semanas, el país vive una situación política muy intensa, donde las noticias, destapes y acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. La debacle de Fuerza Popular, impensada pocos meses atrás, y las audiencias para definir la prisión preventiva de su lideresa –más impensable aún– absorben por estos días la atención ciudadana que, no está demás decirlo, desaprueba masivamente a Keiko Fujimori y a su representación congresal. Se ha producido un asombroso cambio en las correlaciones de fuerza política en el país, cuyo desenlace está aún por verse.
Nos encaminamos ahora a un referéndum y es previsible que hasta diciembre, la atención ciudadana esté concentrada en la escena política y judicial. Después de este, lo más probable es que la aprobación del Presidente y de su gobierno dependan más del desempeño de la economía y es aquí donde el segundo gran desafío (crecimiento económico, reconstrucción del norte, empleo, reducción de la pobreza y de las desigualdades) adquirirá mayor relevancia.
Como se sabe, en los últimos años, el crecimiento económico ha disminuido notoriamente, tanto por factores externos (caída de la demanda y de los precios de los minerales) como internos (errores en la política económica), y poco o nada pudo hacer el expresidente PPK a pesar de la fama de economista exitoso que lo precedía y de los economistas que puso en su gobierno. Le toca entonces a un ingeniero civil provinciano afrontar los desafíos, aun cuando las proyecciones del FMI son moderadamente optimistas para este y los próximos años.
Las dificultades han sido evidentes; así por ejemplo, en el transcurso de este año, el crecimiento de la inversión pública, una variable que hasta cierto punto podía compensar la caída de la inversión privada, no ha tenido una evolución positiva. Por su parte, los grandes proyectos privados, principalmente los mineros, podrían significar al menos US$ 5000 millones para este año, pero no termina de estar del todo clara la viabilidad social de algunos de estos, lo que podría retrasar o inviabilizar su implementación.
Pocos esperan que el gobierno decida aplicar medidas económicas que dejen de lado –aunque sea parcialmente– el modelo vigente, pero dentro de las reglas de juego establecidas, son limitadas las opciones que se tiene. Una de ellas es, por ejemplo, terminar o reducir las exoneraciones tributarias a fin de aumentar la recaudación fiscal (los casinos y salas de juego gozan, increíblemente, de exoneraciones); el MEF ha presentado ya iniciativas pendientes de implementarse, aunque sus alcances están aún por conocerse.
Un tema de fondo es cómo el gobierno mantendrá su legitimidad política y social, una vez superada la intensa coyuntura política de estas semanas y obtener los resultados esperables en el referéndum. Está por verse, además, si puede reactivar la economía, responder a los retos que plantea la situación e ir más allá de un crecimiento cuantitativo del PBI. Esta es una perspectiva que no debe perderse, al igual que otros retos particularmente valorados como la seguridad ciudadana y la reconstrucción del norte, para los cuales no parece haberse hallado aún las claves, sin olvidar la descentralización, entre otros. Es aquí donde se juega el partido decisivo para los próximos años, así como el futuro político del presidente Vizcarra si pretende continuar en la vida política. No hay que olvidar tampoco que la debacle del fujimorismo, de ninguna manera significa el fin de la corrupción.

desco Opina / 28 de octubre de 2018