viernes

El Sacha VRAE



A diez meses de iniciada su gestión, el presidente Humala debe lidiar con los primeros síntomas de desgaste. Exitoso en mantenerse a distancia de la caída del vicepresidente Chehade y de los sinsabores causados por sus hermanos Alexis y Antauro, hoy Humala es víctima nada menos que de la imagen que intenta transmitir. Al revés del dicho, son las circunstancias las que no están a la altura que pretende el Presidente.
Los entretelones de la llamada «Operación Libertad» muestran, en primer lugar, lo lejos que las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía están de manejar adecuadamente la derrota de Sendero Luminoso. Humala y su entorno pecaron de exitismo al querer duplicar los dividendos que supuso la captura de «Artemio» hace unos meses y con ese objetivo presentaron la liberación de los rehenes de Kepashiato como producto de la supuesta presión ejercida por las fuerzas del orden sobre la columna senderista. Las revelaciones periodísticas y las desafiantes declaraciones del senderista «Gabriel» muestran la fragilidad de la imagen presidencial cuando esta se sostiene en la fantasía de que «todo está bajo control», alimentada por los mandos militares.
De fondo, algunos temas llaman a preocupación. En primer lugar, es claro que no existe una estrategia ante los escenarios de seguridad interna que se derivan ya no solamente del narcotráfico, sino también del aún invisible entramado social, económico y político que viene provocando la operación de inversiones extractivas en los territorios amazónicos La conversión de columnas armadas –en las que apenas puede rastrearse el componente ideológico– en aparatos de extorsión a empresas principalmente extranjeras es un componente que el Estado no debe subestimar intentando encajar en el discurso de la «lucha contrasubversiva». Nada impide que el cobro de cupos sea enfrentado con mucho pragmatismo por los inversionistas, lo que crecientemente supondrá un problema de gobernabilidad en el centro del eje energético del país.
En segundo lugar, surge la pregunta por la capacidad de nuestra democracia para hacer frente a situaciones de conflicto. La región militar del VRAE, creada en 2009 por el gobierno del APRA, no comprende el distrito de Echarate, donde desde 2010 se reporta actuación de subversivos en operaciones del narcotráfico y donde hoy se ha trasladado la persecución a «Gabriel». Nuestra historia reciente nos ha dejado cargados de lecciones –por lo visto inútiles– sobre lo que ocurre cuando el mando militar prima sobre los gobiernos civiles: a cuenta gotas la prensa informa sobre las etnias desplazadas y los bombardeos en áreas pobladas por civiles
Vemos así cómo un proceso que debería despertar la unidad de los peruanos, como lo es la derrota final de Sendero Luminoso, termina en realidad teñida de cuestionamientos. Mientras el Premier, el ministro de Defensa y los adeptos al poder quieren ver en esto mezquindad y hasta complicidad con el senderismo, lo cierto es que no hay que ser especialmente crítico con el gobierno para notar sus deficiencias en el manejo civil y militar de la situación. Como vemos, no sólo en lo relativo al proyecto Conga Humala tiene serios problemas para gobernar un «modelo económico» que se sostiene tanto en la actuación de las grandes extractivas, como en los recursos de la coca ilegal y el «chorreo» de la minería informal.

desco Opina /  27 de abril de 2012
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Un Nuevo Plan para Lima: Que participen todos

El gobierno del ex - alcalde de Lima Luis Castañeda fue una acumulación de obras centradas casi exclusivamente en la vialidad y el transporte, algunas exitosas, pero dispersas y descoordinadas en la medida en que no respondían a una orientación integral. Lamentablemente, no se trató de un gobierno que se propusiera actuar en los campos del desarrollo económico local o el desarrollo humano, dos dimensiones que debieran considerarse ineludibles para estar a la altura de los retos y necesidades de la urbe más grande y poblada del país.

Un reflejo de este desinterés por una visión integral para Lima es que se haya gobernado al margen del Plan de Desarrollo vigente, al punto que al caducar el mismo, la administración Castañeda no hizo ninguna previsión para actualizarlo. La actual gestión metropolitana, que se propuso superar esta situación, convocó la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana al 2025. A la fecha se realizan Mesas Temáticas en las distintas “Limas”, con una dinámica participativa en la que se consulta sectorialmente a la sociedad civil organizada en sus gremios, sindicatos, asociaciones vecinales y grupos de interés local.

Reconocer la necesidad de contar con un plan de desarrollo significa admitir que la equidad distributiva no es consecuencia lineal de un manejo equilibrado de las cuentas, ni producto de una mera suma de esfuerzos individuales. En este sentido, la tarea de planeamiento se dirige a definir un marco común en función de prioridades, no sólo para la gestión municipal, sino para todos los actores de la ciudad. A este llamado no escapa el sector privado, entendiéndose por el mismo tanto a los capitales que empiezan en pequeños y medianos emprendimientos, como a los grandes complejos corporativos, ambos con fuertes impactos en el paisaje y la economía urbana, especialmente cuando se trata del desarrollo inmobiliario o las mega superficies comerciales, por mencionar apenas dos de los negocios más dinámicos de la ciudad. Esperamos que estos sectores acudan a las instancias de consulta que el equipo del PLAN ha previsto para ellos, recordándoles que es la falta de una visión para la ciudad la que la ha sumido en el desorden y la inseguridad y que, a la larga, es insostenible la bonanza basada en la acumulación rápida y el consumo superficial de bienes.

Nuestra capital refleja bien la tensión nacional entre una macro economía estable y una sociedad que dista mucho de sentirse segura y saludable: las alarmantes tasas de criminalidad, los altos costes en la atención de la salud y las vergonzosas cifras de la persistencia de la tuberculosis, contrastan con los optimistas y superficiales cálculos sobre cuántos celulares posee la gente o lo bien que se come en los cosmopolitas restaurantes capitalinos. Para distanciarse de esta paradoja, con la convocatoria a formular el Plan de Lima, la ciudad se ha propuesto trazar un nuevo horizonte. Lima quiere y necesita alejarse de la perversa cultura del corto plazo, aquella que nos hace repetir una y otra vez la historia de los acontecimientos que pudiéndose prever, se convierten absurdamente en desastres, como ha ocurrido en las recientes semanas en Chosica.




desco Opina - Regional / 20 de abril de 2012
Programa Urbano



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Kepashiato

A inicios de la semana, la captura y secuestro de más de 40 trabajadores de las empresas Skanska y Coga vinculadas al consorcio Camisea, remeció al país. La incursión de una columna armada en el centro poblado menor de Kepashiato y su posterior desaparición en la poco accesible geografía que rodea al distrito de Echarate, pone en cuestión la estrategia antisubversiva que viene llevando adelante el gobierno, en una zona donde los vínculos de los senderistas con el narcotráfico son tan evidentes como la pobreza de buena parte del valle de los ríos Apurímac y Ene. El sorprendente silencio gubernamental sobre los sucesos llega al extremo que transcurridos varios días del mismo, aún se desconoce con exactitud el número y la identidad de los rehenes.

Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.

La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.

En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.

El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.

Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.

desco Opina / 13 de abril de 2012

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lunes

Revocando intereses locales

En la ciudad de Huancavelica se viene gestando con fuerza el proceso de revocatoria del presidente regional de Huancavelica Maciste Diaz Abad. Sin embargo, desde un punto de vista regional, este proceso viene perdiendo peso. En el mes de enero del presente año se han comprado siete kits desde la capital de la región, cuyos adquirentes fueron el profesor Ramón Godoy Lagones, ex presidente del Frente de Defensa de la región Huancavelica; el ciudadano Manuel Jaurapoma, abogado de profesión integrante activo del partido nacionalista, entre otros ciudadanos que se disputan el liderazgo de este proceso.

Después de los sucesos de junio del año 2011 en que la población en la ciudad de Huancavelica rechazó la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja por perjudicar el presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica, los dirigentes del Frente de Defensa de la región perdieron credibilidad por no hacer cumplir los acuerdos que se tomaron en la mesa de diálogo creada para la solución de este conflicto. Ante esto, sus miembros llamaron a una asamblea para cambiar la directiva y a la vez conformar el comité pro revocatoria cuyos integrantes más visibles son los FONAVISTAS y la federación de estudiantes de la Universidad de Huancavelica.

El Frente de Defensa y Desarrollo de la Región Huancavelica aglutina a los sindicatos de los trabajadores del gobierno regional y provincial, obreros de construcción civil, miembros del SUTEP Huancavelica, a la federación de comunidades campesinas de Huancavelica FEDECH, a la federación de estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, y a los comerciantes del mercado de abastos, entre otros. Contando con actores tan diversos, se podría pensar que la revocatoria del presidente Díaz estaría cercana, pero no es así. La mayoría de gremios y asociaciones mencionadas están concentrados en la ciudad de Huancavelica, y han tenido dificultades históricas para articular a las siete provincias de la región.

Para lograr la revocatoria del presidente regional se necesitan aproximadamente 65.000 firmas, y, como hemos analizado, el actual proceso se basa en los intereses localistas generados a partir de acontecimientos que involucraban los intereses de la provincia de Huancavelica y no los de toda la región. Para plantear el proceso de revocatoria de la máxima autoridad regional será necesario repensar cómo los gremios empiezan a tener mayor representatividad a nivel regional, involucrando los intereses de las diversas provincias y no solo de aquella donde se ubica la ciudad capital. Los promotores de la revocatoria están replicando el centralismo del Estado peruano a menor escala, lo cual no parece augurarles el éxito. Al parecer, una revocatoria no es el factor que logrará articular a quienes deberían contar con una cabal visión de la realidad de todo el territorio regional.

desco Opina - Regional / 9 de abril de 2012

Programa Sierra Centro

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