A inicios de la semana, la captura y secuestro de más de 40 trabajadores de las empresas Skanska y Coga vinculadas al consorcio Camisea, remeció al país. La incursión de una columna armada en el centro poblado menor de Kepashiato y su posterior desaparición en la poco accesible geografía que rodea al distrito de Echarate, pone en cuestión la estrategia antisubversiva que viene llevando adelante el gobierno, en una zona donde los vínculos de los senderistas con el narcotráfico son tan evidentes como la pobreza de buena parte del valle de los ríos Apurímac y Ene. El sorprendente silencio gubernamental sobre los sucesos llega al extremo que transcurridos varios días del mismo, aún se desconoce con exactitud el número y la identidad de los rehenes.
Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.
La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.
En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.
El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.
Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.
desco Opina / 13 de abril de 2012
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Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.
La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.
En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.
El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.
Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.
desco Opina / 13 de abril de 2012
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