Kepashiato

A inicios de la semana, la captura y secuestro de más de 40 trabajadores de las empresas Skanska y Coga vinculadas al consorcio Camisea, remeció al país. La incursión de una columna armada en el centro poblado menor de Kepashiato y su posterior desaparición en la poco accesible geografía que rodea al distrito de Echarate, pone en cuestión la estrategia antisubversiva que viene llevando adelante el gobierno, en una zona donde los vínculos de los senderistas con el narcotráfico son tan evidentes como la pobreza de buena parte del valle de los ríos Apurímac y Ene. El sorprendente silencio gubernamental sobre los sucesos llega al extremo que transcurridos varios días del mismo, aún se desconoce con exactitud el número y la identidad de los rehenes.

Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.

La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.

En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.

El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.

Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.

desco Opina / 13 de abril de 2012

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¿El final del conflicto de La Convención?

Tras quince días de paro, el conflicto de La Convención encontró una salida negociada ante la insistencia de distintos sectores de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que alertaban la posibilidad de un desenlace violento dada la intransigencia del Ejecutivo y las obstaculizaciones promovidas por los núcleos más duros dentro de la protesta. La paralización fue suspendida al aceptarse las demandas centrales de la población: para empezar, la reserva de Megantoni no será afectada por las tuberías del transporte de gas, que tendrán otro recorrido; se construirá una planta de procesamiento en Kepashiato y, lo más importante, se estableció que las reservas gasíferas del lote 88 se dedicarán íntegramente a atender el mercado interno, además de acordarse que el precio del balón de gas en La Convención, será equivalente al de Lima, corrigiéndose una situación paradójica y abusiva por la que en esa provincia se pagaba hasta el doble del precio de la capital.

La pregunta de fondo, sin embargo, es si los acuerdos logrados suponen el final del conflicto, como todos queremos o son sólo un paréntesis. La respuesta no es fácil, máxime si observamos el comportamiento del gobierno post conflicto de Bagua y su resistencia a cumplir cabalmente con lo establecido por las partes en aquella ocasión.

Que el gobierno no esté dispuesto a negociar disputas y diferencias que cuestionan el corazón del modelo económico y evidencian sus grandes contradicciones y arbitrariedades, resulta hasta comprensible, como lo resulta también su reiterada incapacidad para prevenir muchos de estos conflictos. Lo que aparece incomprensible es la persistencia por volver a la postura original que se encontraba a la base del conflicto, como lo muestra el caso de Bagua, ahora que el propio Presidente ha observado la ley de consulta y simultáneamente impulsar una ley forestal que nuevamente afecta a las poblaciones indígenas.

¿Ocurrirá lo mismo con el caso de La Convención y el gas? Difícil saberlo. El tema es complejo, porque el gobierno ya tiene comprometida la exportación de casi la mitad de las reservas del lote 88, por lo que cumplir su palabra implica revisar el contrato con la empresa, con lo que se abre un flanco para la discusión más amplia sobre el tema del gas. Adicionalmente, eso debilita el blindaje legal que con tanta laboriosidad se ha construido y argumentado para proteger los distintos contratos que atentan groseramente contra el interés nacional.

En esta situación, es interesante preguntarse qué fue lo que llevó al gobierno a retroceder de su posición inicial. Ciertamente la fuerza y la duración de la protesta fueron elementos importantes; el pronunciamiento de distintos sectores exigiendo diálogo, también. Sin embargo, creemos que el factor que aceleró su decisión fue la difusión y rápida multiplicación de imágenes en las que pobladores y amas de casa de La Convención denunciaban el escandaloso precio del cilindro de gas. Al mostrar la desprotección de los usuarios locales de gas doméstico, esas imágenes podían cambiar el sentido de la opinión pública sobre un conflicto que aparecía como focalizado y abstracto, pero que en su interior movilizaba un tema clave: la manera en la que en los últimos años estamos hipotecando nuestros recursos extractivos.

Así las cosas, creemos que frente al conflicto de la provincia cusqueña, el gobierno ha actuado pragmáticamente. Ha asumido compromisos que niegan su acción a lo largo de su gestión y que escapan del fundamentalismo de su «pensamiento perro del hortelano», seguros que lograrán transferirle al próximo gobierno el problema mayor, que es la exportación del gas y el abastecimiento del mercado interno. Lo hicieron por necesidad, pero quizá también por temor a la posibilidad de que el sentido común empate con un discurso sobre el interés nacional, un discurso que aluda a elementos democráticos e incluyentes. Lástima que por el momento un discurso de estas características es más un deseo que una realidad.

desco Opina / 20 de agosto de 2010
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