¿El “debate presidencial” puede, aunque
fuere en mínima proporción, aumentar la confianza ciudadana hacia alguno o a ambos
candidatos en contienda electoral? Parece una pregunta casi obvia que debiera
responderse, para intentar establecer una base desde la cual imaginemos el
lanzamiento del nuevo gobierno y crear fórmulas que le permitan una mínima
estabilidad.
El pecado original compartido que, como
es sabido, si ambos no sinceran sus posiciones los arrojará más temprano que
tarde del paraíso democrático, es la casi inexistente legitimidad electoral de los
dos. Ninguno superó el 20 %
de los votos en la primera vuelta. En contraste, una democracia con enormes dificultades,
pero, seguramente, con una base institucional infinitamente mayor que la
nuestra como la colombiana, acaba de mostrarnos qué es un resultado significativamente político: el candidato de
derecha Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente el 43.7 % de los votos,
seguido por el izquierdista Iván Cepeda con 40.9 %, y Paloma Valencia, en
tercer lugar, con 6.9 %.
Para el caso, no olvidemos otros
resultados en la primera vuelta electoral ocurridos en la región. En Chile (2025),
la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) obtuvo el primer lugar con
26.85 % de los votos, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con
23.92 %. En Argentina (2023), Sergio Massa fue el candidato más votado con
36.7 %, seguido por Javier Milei con 30 % y Patricia Bullrich con 23.8 %. En Ecuador
(2025), los dos candidatos más votados fueron Daniel Noboa (44.17 %) y Luisa
González (44.00 %), En Brasil (2022), Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 48.43 %
de los votos y Jair Bolsonaro 43.20 %. En Bolivia (2025), Rodrigo Paz obtuvo
32.06 % de los votos, seguido por Jorge Quiroga con 28.74 %.
El caso boliviano, a su
vez, nos reitera que la legitimidad electoral es fundamental, pero no es lo único
que sostiene a una autoridad electa. Gobernar exige más que haber ganado votos:
requiere construir legitimidad política y social. Esto nos conduce a otros
aspectos, que evidenció el “debate presidencial”.
Una primera cuestión es que las opciones
en juego demostraron su limitada capacidad política, una por diseño y otro por
impotencia. Fujimori no es ni desea ser un actor político democrático. Como su
padre, su aspiración es gobernar demoliendo la institucionalidad y sin concebir
oposición, apenas escondida por un seudo formalismo.
Sánchez intenta organizar una imagen más
representativa, que abarque fundamentalmente a ese gran espacio social formado
no sólo por los excluidos, sino también por aquellos que sienten que están al
borde mismo del precipicio, aquellos que las estadísticas denominan ahora como
“vulnerables”. Sin embargo, más allá de la voluntad, pareciera que su opción
solo da para administrar, de forma más “social”, el sistema que demuele
precisamente la sociedad que busca remediar, sin aspirar a alcanzar siquiera
los estándares que alguna vez tuvo el Estado de bienestar.
Una segunda cuestión es el narcisismo
político de ambos candidatos. Debaten para decirle al otro lo malo que es y,
con ello, buscar resaltar sus atribuidas bondades mediante un penoso ejercicio
de transferencias y contratransferencias en el que, finalmente, los supuestos
contrincantes terminan siendo complementarios uno con otro.
De esta manera, se busca demostrar quién
es más fuerte, más capaz o más “social”, en vez de discutir políticas públicas,
desplazando así al ciudadano, que se convierte en espectador de un duelo
personal, no en sujeto de propuestas. Así, lo que inicialmente aparece lejano –el
ciudadano y la ciudadana–, se aleja aún más, cuando la política termina
reducida a un espectáculo vacío y al que no ha sido invitado, lo que alimenta
apatía y abstención.
El narcisismo político convirtió el
debate en un escenario de autoafirmación, más que en un espacio de deliberación
democrática. En ese sentido, lo que vimos el fin de semana entre Keiko Fujimori
y Roberto Sánchez puede interpretarse como un reflejo de cómo la lucha por la
imagen personal desplaza la discusión sobre el futuro del país.
La tercera cuestión para considerar es
el hecho de que los candidatos informaron qué harían en caso de ser elegidos, pero
no cuál sería el objetivo, ni qué resultado esperarían obtener. Esto fue
palpable en temas como la seguridad ciudadana, en el que la idea fujimorista fue
insistir en la aplicación de la fuerza: mientras más, mejor. Por su lado,
Sánchez anunciaba, sin convencerse, una serie de reformas vagas de contenidos,
al garete en objetivos y vacías de resultados.
En sus fantasías, la inseguridad nunca ha
sido un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido
común imperante, en uno policial-militar, o mejor dicho, en un asunto
burocrático y no de movilización social. En esto no hay diferencias, ni
siquiera matices ideológicos. Como sabemos, todo lo que se dijo sobre este
tema, ya se ha hecho y los tristes resultados están a la vista.
A estas alturas, pareciera que el ansiado
objeto del deseo de los y las peruanas, es la inalcanzable confianza entre
ciudadanía y gobernantes. Algo que el ensimismamiento de los contendientes
presidenciales solo atiza. El problema, entre muchos otros más, es que la desconfianza hacia las
instituciones alimenta la polarización y la fractura social, permitiendo que las
brechas de desigualdad se expandan aún más: unos pocos centralizan y concentran
la riqueza mientras la mayoría se queda atrás.
desco Opina Regional / 5 de
junio de 2026
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