Vencedores vencidos

 

Hay cuestiones que debieran ser abordadas porque dan elementos importantes para entender el comportamiento del sistema político peruano, sin importar hacia donde se hayan inclinado las preferencias electorales de la segunda vuelta. Una de ellas es que, desde la reinstalación de la democracia en 2001, el único dato político constante ha sido, paradójicamente, el fujimorismo.

Aunque debilitado entre 2001 y 2006, el fujimorismo reapareció con fuerza desde el 2011 con Keiko Fujimori, llegando siempre a segunda vuelta. Primero, la política peruana se organiza en torno a la tensión fujimorismo vs. antifujimorismo, que lo convierte en un actor inevitable, aunque no mayoritario. Segundo, es el eje de una legitimidad ambivalente que mantiene vivo el debate político: para algunos sectores representa orden y eficacia, para otros, simboliza corrupción y autoritarismo. Tercero, a diferencia de otros partidos que desaparecen tras sus derrotas, el fujimorismo conserva su estructura, redes clientelares y presencia parlamentaria. En suma, esa capacidad de sobrevivir lo convierte en el único “partido estable” en un sistema altamente volátil.

Una segunda cuestión sería la aparente ventaja que pudo darle a Keiko Fujmori el recurso del efecto demostración en el debate frente a Roberto Sánchez; es decir, remitirse al recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori. Mostrar un antecedente concreto (el gobierno de su padre) funciona como evidencia de que “sí se puede gobernar con firmeza”. En contraste, Roberto Sánchez careció de un referente histórico o familiar que legitimara su propuesta ante la población.

El “efecto demostración” es un recurso de legitimidad simbólica: tener algo que mostrar del pasado (aunque sea controvertido) da ventaja frente a un adversario que no puede exhibir antecedentes. En este caso, Keiko capitaliza la memoria de su padre como un activo político, mientras Sánchez aparece sin un referente histórico que respalde sus propuestas.

De esta manera, el recuerdo del fujimorismo divide, pero también moviliza. Para sus seguidores, es un argumento de confianza; para sus detractores, un motivo de rechazo. En un debate, sin duda, esa memoria puede ser usada como arma política para reforzar identidad y adhesión. Sin embargo, esa misma estrategia también refuerza la polarización y puede convertirse en un impacto en reversa, si la memoria negativa del fujimorismo es activada políticamente en sectores antifujimoristas.

Por eso, evocar el gobierno de Alberto Fujimori, lejos de ser un capital político estable, también podría funcionar como un impacto negativo para Keiko: refuerza la polarización, alimenta la oposición y condiciona la percepción de su gobierno como una reedición del autoritarismo noventero.

Un tercer aspecto es que, a diferencia de Keiko, el triunfo y la legitimidad política de su padre fue sostenida en gran medida por el voto rural que no sólo le dio la victoria en 1990, sino que cimentó el discurso de que su poder emanaba de “los sectores olvidados”, reforzando su legitimidad frente a las élites urbanas.

En 1995, el voto rural a favor de Fujimori superó el 70 % en varias regiones como fueron los casos de Cusco y Puno, resultó clave para su reelección y para la construcción de su legitimidad política, alcanzando alrededor del 62 % en regiones como Arequipa. Estos resultados jamás pudo repetirlos Keiko. Roberto Sánchez tampoco, pero quien sí superó estos porcentajes en Cusco y Puno fue Pedro Castillo.

“Voy a gobernar como mi padre”, es el lema que ha adelantado Keiko como distintivo de su posible gobierno. Y es en esa frase donde ha anclado su fracaso anticipado. No será la actividad de una oposición tan emocional como inorgánica; tampoco la falta de recursos. Será la constatación de que mirar hacia atrás sin comprender que ya nada es igual que hace treinta años, como indica la pérdida masiva del voto rural y, especialmente, del sur andino (Sánchez gana en 16 regiones, en 13 de ellas lo hace en todas las provincias y en 5 obtiene todos los distritos: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna). Ello solo corrobora que haber obtenido el 17% de los votos, imposibilita su posible gobierno y cualquier otro.

 

desco Opina / 26 de junio de 2026

Junín tras la segunda vuelta electoral

 

Al 98.999% del conteo oficial de la ONPE, Fuerza Popular (FP) seguía encabezando la elección de la segunda vuelta, las cifras fueron beneficiándola a medida que llegaban los votos del extranjero, convirtiendo a Keiko Fujimori en la ganadora de los comicios en el exterior del país; mientras que en el territorio peruano, Juntos por el Perú (JP) se imponía con un 50.144% de actas contabilizadas, frente a un 49.856% de FP.

El respaldo a JP se fue incrementando con una campaña renovada que convocó a nuevos rostros que provenían del espectro de la izquierda peruana como la Alianza Electoral Venceremos, y de otros sectores políticos como Ahora Nación. Su apuesta política enfocada en el acercamiento a la población, un mensaje moderado y la elección de un equipo técnico confiable, generaron las bases para que actores distantes al programa político original, apuesten sus cartas a la candidatura de Roberto Sánchez, quien, a más de una semana de las elecciones, ya ha expresado su gratitud a estos sectores: “Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”. Cabe mencionar que su principal respaldo se reflejó en las regiones del sur como Puno, Apurímac y Cusco, territorios que hoy constituyen la fuente de resistencia y memoria frente a un posible gobierno fujimorista que replique lo hecho en los 90. En la zona central del país se evidencia el mismo fenómeno, principalmente en Huancavelica y Ayacucho.

En el caso de Junín se observó un repunte al respaldo de JP y un rechazo importante a FP, pese a que Keiko Fujimori eligió a esta región para sus actividades finales de campaña, como la celebración privada de su cumpleaños, evitando a la prensa local. Este hermetismo continuó en el mitin del día siguiente, al que arribaron buses con una portátil bien organizada procedente de Lima. Esta situación desató la reacción de ciudadanas y ciudadanos huancaínos que se movilizaron en rechazo a Fujimori, siendo víctimas nuevamente de un uso excesivo de la fuerza policial. No estuvieron exentas las promesas ridículas que Fujimori asintió como favorecer el consumo de cerveza a menor precio, al mismo estilo que López Aliaga.

Con tantos candidatos en carrera en primera vuelta, los votos se dividieron y la postulante fujimorista alcanzó el primer lugar con un porcentaje bajo; capitalizando esta falsa percepción del momento electoral en el que, al parecer, la región Junín se convertía en un “bastión fujimorista” teñido homogéneamente de naranja, ganando en seis de las nueve provincias que conforman esta región. Sin embargo, en el tramo final de la segunda vuelta, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), JP se impuso con un 54.9%, derrotando al fujimorismo que obtuvo un 45%. La arrogancia mostrada, no solo de la candidata naranja, sino de toda su fórmula presidencial, se desdibujó con la ironía de cada una de sus acciones. O como lo llamaría el filósofo alemán Wilhelm Wundt la “heterogonía de los fines”, que explica cómo las consecuencias de nuestros actos a menudo escapan de nuestro control, en lugar de obtener el beneficio buscado, la intervención en el mundo genera un resultado imprevisto y perjudicial.

JP se impuso en ocho de las nueve provincias que conforman el territorio de Junín: en las provincias de la selva central como Satipo, alcanza un 57.46% frente a un 42.54% de FP; y en Chanchamayo, un 52.53%, mientras que FP un 47.47%. En la zona andina como Chupaca, JP obtiene 60.85%; en Concepción, 52.39%; en Huancayo capital de región, alcanza un 55.27%. En Jauja obtiene 52.32%; en Junín provincia logra un 66.27%; y en Yauli consigue 61.62%. Tarma es la única provincia de la región donde FP alcanza un 52.90% frente a un 47.10% de JP. Mostrando así que Junín no solo no es un “bastión fujimorista”, sino que, al igual que el sur del país, ha mostrado con su voto, un claro rechazo al modelo político representado por el fujimorismo, avalado por los grupos de poder que lo respaldan. Otras regiones del centro del país como Pasco con un 60.92% para JP; Huánuco, 64.15%; Huancavelica, 81.40% y Ayacucho, 79.31%; también son reflejo de esa misma realidad.

De poco sirvió la organización de fastuosas ceremonias, faraónicos cumpleaños, caravanas masivas que paralizan ciudades, o discursos que proclaman el inicio de una nueva era mesiánica, frente a la amplia ciudadanía que desde Junín y otras regiones del sur, votaron con memoria en defensa de la democracia.

 

 

desco Opina – Regional / 19 de junio de 2026

descocentro

Entre conteo y ruido: un país en hilachas

La lentitud del cómputo electoral ha vuelto a  poner a Perú  frente a un  espejo incómodo que  nos muestra como lo que  somos. El conteo y revisión de cada acta  pendiente se convierte en carburante para la ansiedad política, las sospechas y las narrativas extremas. Es la expresión de la desconfianza acumulada durante años hacia las instituciones (todas en crisis), los partidos, los medios y, finalmente, hacia los propios compatriotas. Pero lo es también de los miedos que atraviesan nuestra sociedad.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es únicamente que Perú esté “dividido en dos”, imagen que sugiere bloques compactos enfrentados, cuando en realidad lo que tenemos es más peligroso: una sociedad fragmentada en múltiples desconfianzas que se traslapan, y atravesada por experiencias muy distintas del país. No son dos bloques equivalentes que discuten un proyecto común. Las regiones sienten que Lima no las representa, los sectores urbanos miran con desconfianza al voto rural, las débiles clases medias se angustian ante la posibilidad de perder la poca estabilidad económica lograda y los ciudadanos populares, del campo y las ciudades, reiteran su malestar y su cansancio por la exclusión y el maltrato. En ese terreno turbio, cualquier demora se interpreta como amenaza y el espacio para el diálogo se reduce.

Por eso reaparece el “fraudismo”: la idea de que una derrota solo puede explicarse por manipulación, sin pruebas sólidas, porque la sospecha se ha convertido en un recurso político rentable, al mismo tiempo que irresponsable y de confrontación peligrosa. Ante la desconfianza pública, la narrativa del fraude convierte la derrota posible en conspiración, y transforma al adversario en enemigo ilegítimo. El efecto no es sólo político, es cultural: se instala la idea de que ninguna institución merece confianza. Y sin confianza cada resultado se vuelve provisional y cada adversario, ilegítimo. Nuestro problema es que esa lógica erosiona más aún la legitimidad de quien gobierne y normaliza la idea de que la democracia solo vale si gana el bando propio.

Simultáneamente la economía envía señales contradictorias. El tipo de cambio se ha apreciado con fuerza y el sol se ha fortalecido. Algunos leen eso como un voto de confianza de los mercados; para otros, el mercado cambiario muestra otra dinámica, influida por factores externos –debilidad global del dólar, precios de minerales, entradas de divisas–. Es decir, un fenómeno transitorio que se explicaría por factores externos y la capacidad del Banco Central para contener expectativas. Vemos que podemos tener un sol fuerte y, al mismo tiempo, inversión paralizada, empleo precario, conflictividad social y un Estado incapaz de planificar. Confundir estabilidad cambiaria con estabilidad nacional nos parece un error ya que una moneda relativamente fuerte no oculta que, al mismo tiempo, padecemos una profunda debilidad política y social. Eso no significa que la economía esté bien. Significa, más bien, que el tipo de cambio no resume el estado del país.

Finalmente, otra gran señal está presente en la coyuntura: El Niño fuerte que se aproxima. La evidencia científica y los reportes especializados vienen advirtiendo desde hace meses sobre la alta probabilidad de lluvias intensas, inundaciones, daños severos en infraestructura y producción. También sequías y hambrunas. Sin embargo, la respuesta pública sigue siendo mínima. No hay ninguna sensación de urgencia. No vemos obras preventivas aceleradas, ni coordinación territorial, ni campañas masivas de preparación. No solo de un gobierno central sin rumbo, también de muchos gobiernos regionales, municipalidades, gremios empresariales, grandes propietarios y actores sociales que conocen el riesgo y, aun así, actúan como si el problema pudiera esperar.

Ese contraste revela algo profundo sobre nuestra crisis nacional. Discutimos hasta con odio sobre quién ganó, pero apenas si conversamos sobre cómo enfrentar un desastre climático anunciado. La política consume toda la atención y deja sin energía la gestión de gravísimos problemas reales y riesgos concretos: abastecimiento de agua, defensas ribereñas, prevención sanitaria, drenajes urbanos, protección de pequeños productores agrícolas. La política como espectáculo inmediato nos ha dejado sin atención a las tareas elementales de supervivencia colectiva de nuestro país.

¿Qué decir entonces? Tal vez que el verdadero desafío no es “cerrar” ya el proceso electoral, sino impedir que el ruido destruya la capacidad de actuar juntos frente a problemas concretos y reconstruir algunas bases mínimas de realidad compartida. La democracia no consiste solo en contar votos correctamente; también exige aceptar resultados, contener la desinformación y reconstruir mínimos de confianza entre ciudadanos que piensan distinto para actuar juntos, democráticamente, ante amenazas comunes.

El Perú necesita más sentido de realidad. Ni el fortalecimiento del sol resuelve por sí mismo la crisis de representación, ni las sospechas infundadas de fraude explican las frustraciones acumuladas del país por la desigualdad extrema, la exclusión, la discriminación grosera, las terribles carencias sanitarias y educativas o la seguridad alimentaria. Ese desbalance puede salirnos mucho más caro que cualquier resultado electoral. Y, sobre todo, ninguna disputa en esa materia suspenderá la llegada de El Niño más fuerte y sus consecuencias, desde cuando se tiene registro.

 

desco Opina / 12 de junio de 2026

Debate en el páramo

 

¿El “debate presidencial” puede, aunque fuere en mínima proporción, aumentar la confianza ciudadana hacia alguno o a ambos candidatos en contienda electoral? Parece una pregunta casi obvia que debiera responderse, para intentar establecer una base desde la cual imaginemos el lanzamiento del nuevo gobierno y crear fórmulas que le permitan una mínima estabilidad.

El pecado original compartido que, como es sabido, si ambos no sinceran sus posiciones los arrojará más temprano que tarde del paraíso democrático, es la casi inexistente legitimidad electoral de los dos. Ninguno superó el 20 % de los votos en la primera vuelta. En contraste, una democracia con enormes dificultades, pero, seguramente, con una base institucional infinitamente mayor que la nuestra como la colombiana, acaba de mostrarnos qué es un resultado significativamente político: el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente el 43.7 % de los votos, seguido por el izquierdista Iván Cepeda con 40.9 %, y Paloma Valencia, en tercer lugar, con 6.9 %.

Para el caso, no olvidemos otros resultados en la primera vuelta electoral ocurridos en la región. En Chile (2025), la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) obtuvo el primer lugar con 26.85 % de los votos, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con 23.92 %. En Argentina (2023), Sergio Massa fue el candidato más votado con 36.7 %, seguido por Javier Milei con 30 % y Patricia Bullrich con 23.8 %. En Ecuador (2025), los dos candidatos más votados fueron Daniel Noboa (44.17 %) y Luisa González (44.00 %), En Brasil (2022), Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 48.43 % de los votos y Jair Bolsonaro 43.20 %. En Bolivia (2025), Rodrigo Paz obtuvo 32.06 % de los votos, seguido por Jorge Quiroga con 28.74 %.

El caso boliviano, a su vez, nos reitera que la legitimidad electoral es fundamental, pero no es lo único que sostiene a una autoridad electa. Gobernar exige más que haber ganado votos: requiere construir legitimidad política y social. Esto nos conduce a otros aspectos, que evidenció el “debate presidencial”.

Una primera cuestión es que las opciones en juego demostraron su limitada capacidad política, una por diseño y otro por impotencia. Fujimori no es ni desea ser un actor político democrático. Como su padre, su aspiración es gobernar demoliendo la institucionalidad y sin concebir oposición, apenas escondida por un seudo formalismo.

Sánchez intenta organizar una imagen más representativa, que abarque fundamentalmente a ese gran espacio social formado no sólo por los excluidos, sino también por aquellos que sienten que están al borde mismo del precipicio, aquellos que las estadísticas denominan ahora como “vulnerables”. Sin embargo, más allá de la voluntad, pareciera que su opción solo da para administrar, de forma más “social”, el sistema que demuele precisamente la sociedad que busca remediar, sin aspirar a alcanzar siquiera los estándares que alguna vez tuvo el Estado de bienestar.

Una segunda cuestión es el narcisismo político de ambos candidatos. Debaten para decirle al otro lo malo que es y, con ello, buscar resaltar sus atribuidas bondades mediante un penoso ejercicio de transferencias y contratransferencias en el que, finalmente, los supuestos contrincantes terminan siendo complementarios uno con otro.

De esta manera, se busca demostrar quién es más fuerte, más capaz o más “social”, en vez de discutir políticas públicas, desplazando así al ciudadano, que se convierte en espectador de un duelo personal, no en sujeto de propuestas. Así, lo que inicialmente aparece lejano –el ciudadano y la ciudadana–, se aleja aún más, cuando la política termina reducida a un espectáculo vacío y al que no ha sido invitado, lo que alimenta apatía y abstención.

El narcisismo político convirtió el debate en un escenario de autoafirmación, más que en un espacio de deliberación democrática. En ese sentido, lo que vimos el fin de semana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puede interpretarse como un reflejo de cómo la lucha por la imagen personal desplaza la discusión sobre el futuro del país.

La tercera cuestión para considerar es el hecho de que los candidatos informaron qué harían en caso de ser elegidos, pero no cuál sería el objetivo, ni qué resultado esperarían obtener. Esto fue palpable en temas como la seguridad ciudadana, en el que la idea fujimorista fue insistir en la aplicación de la fuerza: mientras más, mejor. Por su lado, Sánchez anunciaba, sin convencerse, una serie de reformas vagas de contenidos, al garete en objetivos y vacías de resultados.

En sus fantasías, la inseguridad nunca ha sido un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido común imperante, en uno policial-militar, o mejor dicho, en un asunto burocrático y no de movilización social. En esto no hay diferencias, ni siquiera matices ideológicos. Como sabemos, todo lo que se dijo sobre este tema, ya se ha hecho y los tristes resultados están a la vista.

A estas alturas, pareciera que el ansiado objeto del deseo de los y las peruanas, es la inalcanzable confianza entre ciudadanía y gobernantes. Algo que el ensimismamiento de los contendientes presidenciales solo atiza. El problema, entre muchos otros más, es que la desconfianza hacia las instituciones alimenta la polarización y la fractura social, permitiendo que las brechas de desigualdad se expandan aún más: unos pocos centralizan y concentran la riqueza mientras la mayoría se queda atrás.

 

desco Opina Regional / 5 de junio de 2026