sábado

Al maestro con cariño



Hasta que nos demos cuenta que la situación actual de la educación en el Perú es un serio problema sin resolverse, no sabremos bien cómo salir adelante como país de una manera seria y consistente. Creemos que aumentar los salarios, recrudecer la represión al movimiento magisterial, apostar a la censura de la persona encargada de la cartera o a una fantasía como el reemplazo de estos profesores y sus atomizadas dirigencias por otros, no representan en modo alguno salidas sostenibles a los problemas del magisterio. La crisis de la educación en el Perú nos muestra, con desgarro, la profundidad de nuestros problemas nacionales y, por cierto, que éstos no se resuelven principalmente haciendo que la economía crezca y que el PBI sea cada vez más grande. Está claro que eso no basta y que el país debe enfrentarse desde una mirada menos centralista y tecnocrática.
La huelga en sí misma, desatada en el Cusco, en su plataforma nacional de lucha, expresa tres demandas principales: la mejora de los sueldos, el pago de la deuda social y su rechazo a la evaluación de docentes como instrumento de despido de maestros. A eso deben sumarse en el proceso de la huelga el pliego maximalista añadido por dirigencias regionales radicalizadas que demandan la derogatoria de la ley de reforma educativa y magisterial, y la derogatoria del Decreto Supremo que restringe ciertos derechos de los profesores procesados y/o sentenciados por delitos de terrorismo.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en el año 2010 el gasto anual por alumno fue de 1580 soles en primaria y que actualmente se elevó a 2600 soles. El caso es similar en secundaria  donde se aumentó la inversión; sin embargo, aun así, Chile gasta cinco veces más que el Perú en ello. Resolver el déficit de infraestructura educativa en nuestro país, por ejemplo, requiere de más de 18 mil millones de dólares. Un informe del Instituto Integración revela que el 25 por ciento de las edificaciones educativas demandan ser sustituidas completamente, que siete de cada diez colegios rurales no cuentan con servicios de agua y desagüe y 25% no recibe energía eléctrica, mientras que nueve de cada diez instituciones carece de acceso a internet.
Esta gran huelga magisterial ha mostrado al país una realidad en verdad conocida por todos los padres de familia vinculados a la educación pública, situación que se agrava cuando se expone también el agotamiento institucional y de representatividad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (CEN SUTEP) como interlocutor pleno.
Su impacto movilizador ha sido muy grande, involucrando a más del 60% del magisterio y ha mostrado también el enorme fraccionamiento en el que se encuentra el sindicalismo magisterial que aparentemente estaba liderado y conducido por Patria Roja. Hoy queda claro que existen muchos grupos regionales que siguen distintas vertientes de Pukallacta, CONARE y Conare-Movadef dificultando ciertamente la interlocución y el diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos regionales.
La importancia de esta protesta en la actual coyuntura muestra al mismo tiempo el descontrol político interno, en el que los principales poderes del Estado no dialogan ni ofrecen propuestas de solución concertadas a las demandas y reivindicaciones sindicales, lo que presagia una ola radical que no puede ser organizada ni aglutinada; y las maneras fallidas de hacer política en el país, fraccionado en territorios regionales y municipios. Fraccionamiento que en el trato podría llevar a una explosión impensada que empieza a preocupar, en otra dimensión a diferentes actores nacionales como el mundo empresarial, principalmente los gremios mineros, los agroexportadores y la propia Confiep.
Ante este escenario entendemos la urgencia de cambiar las lógicas políticas, de apostar por mejorar la concertación entre los peruanos, trabajar seriamente en la inclusión social, mejorando nuestra conectividad real para enfrentar una realidad que no encuentra una masa crítica de peruanos que vaya más allá de la política cortesana parlamentaria, que a decir verdad no ha conseguido enfrentar exitosamente la demanda de contar con un proyecto nacional viable. Al vernos así a las puertas del bicentenario de nuestra fundación republicana, constatamos lo poco que hemos avanzado para consolidar al Perú como una colectividad democrática y viable para el conjunto de sus ciudadanos.

desco Opina / 18 de agosto de 2017

viernes

La huelga de los derechos



En las últimas semanas los hechos vinculados a las manifestaciones de los maestros en huelga han generado una serie de tensiones con los ministerios, pero a la vez también, con varios sectores de la población. Esta protesta iniciada en Cusco en el mes de junio pasado, se extendió a varias regiones y no tiene visos de solución en el corto plazo, debido a que la representatividad no está centralizada y los interlocutores originalmente reconocidos por el Estado no tienen capacidad de decisión para levantar esta medida de protesta. A esta conflictiva situación, se han agregado las demandas de la Federación Médica, la cual ha ocasionado serios malestares en amplios sectores de la población.
En las ciudades del interior las manifestaciones cotidianas ya han alterado la vida cotidiana y han logrado –como en el caso de Huancayo y Huancavelica– que grupos de padres de familia se sumen a las protestas. En el VRAEM las movilizaciones de los docentes se han hecho sentir con arengas en contra del gobierno y también de Patria Roja, organización política que desde hace varios años ostenta la dirigencia central del SUTEP pero que es desconocida en su legitimidad por una parte de los huelguistas.
El gobierno, la dirigencia central del SUTEP y un amplio sector de la prensa no han tenido reparos en señalar que las verdaderas motivaciones de la huelga de los docentes, obedecen a intereses de carácter desestabilizador promovidos por dirigentes vinculados al Movadef (brazo político de Sendero Luminoso); situación que no ha podido ser desmentida por sus dirigentes. De ser real esta manipulación política de los docentes, la sensibilidad del VRAEM hace temer un recrudecimiento de las acciones armadas en esta zona ya que estos maestros tienen trato directo con los pobladores de los caseríos más aislados en donde los servicios y alcances del Estado son limitados o inexistentes.
Cuando se agotan los canales de negociación, la huelga es un derecho de los trabajadores del sector público y privado constitucionalmente reconocido por el Estado peruano. Sin embargo, estas mismas normas reconocen que las huelgas deben mantener ciertos criterios para que no se afecten los derechos de terceros; situación que ha ocurrido cuando los docentes manifestantes han bloqueado carreteras e inclusive las pistas de aterrizaje de varios aeropuertos del interior poniendo en peligro la integridad física de los usuarios. El bloqueo de carreteras también ha afectado la economía de las localidades que buscaron aprovechar los feriados largos para generar recursos para sus familias a través del turismo.
La dirigencia del SUTEP señaló que ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación para el aumento de los salarios y en esa misma lógica se firmó un acuerdo con los gobernadores regionales y el Ministerio de Educación; acta de entendimiento que no es reconocida por muchos de los profesores en protesta. La lectura inmediata es que el gobierno no ha sido capaz de afrontar la situación, porque no ha logrado establecer canales de diálogo y negociación con representantes de los huelguistas que tengan capacidad de decisión para levantar la medida de fuerza. El pliego de reclamos que se esgrime desde el interior es distinto al que entienden los dirigentes limeños a quienes se les acusa de haberles dado la espalda a las verdaderas necesidades laborales de los docentes rurales.
Si de derechos hablamos: ¿dónde queda el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes? En diversas zonas del Perú este cese de las actividades escolares se suma a la suspensión de clases por los fenómenos climatológicos de inicios de año. Existen proyecciones que ya auguran que sería imposible recuperar las horas lectivas, lo que indefectiblemente derivará en la pérdida del año escolar a pesar de que desde el MINEDU se establecen y diseñan propuestas para que esto no ocurra. La concentración de docentes que desde distintos puntos se trasladaron hacia la capital avizora que la solución está lejos del alcance en el corto plazo, y que el incumplimiento oportuno de la promesa de aumentos que hizo PPK en campaña le pasará factura a los estudiantes.

desco Opina - Regional / 11 de agosto de 2017
Programa Regional Centro

sábado

PPK de espaldas a la calle



El Mensaje a la Nación que inaugura el segundo año del gobierno de Peruanos por el Kambio fue, qué duda cabe, decepcionante. La expectativa era poca, es cierto. No obstante, el carácter ritual que se le confiere a este acto donde se actualiza la noción de comunidad nacional genera sentimientos no justificables a la vista del primer año de PPK, pero sí muy humanos, como la esperanza. ¿Alguien recuerda la “revolución social” con la cual emprenderíamos el camino a ser un país más justo y solidario? Hoy, las medidas se centran, como siempre, en la reactivación económica pero sobre todo en el corto plazo. Tal es el bajo vuelo de las aspiraciones gubernamentales.
Por otro lado están los múltiples vacíos. El ejercicio de detectar qué cosas no se dicen en un discurso podría resultar estéril si algunos silencios no fueran elocuentes al punto de parecer cómplices. Hay ya varios señalamientos sobre lo que el Presidente omitió, entre ellos lo más clamoroso es su renuencia a abordar la protesta y las paralizaciones del magisterio y de la Federación médica. Para variar, la ‘calle’ no apareció en el Congreso este 28 de julio.
Quizá lo más sorprendente ha sido el mal manejo económico que tras un año, ha merecido ya muchas críticas y diagnósticos. En ese sentido, el reconocimiento del Ministro de Economía y Premier del error en que incurrieron al contraer el gasto público, debe leerse como un componente tácito en los mea culpa del Presidente en su discurso. PPK, el hombre que subestimó, alude a los shocks de El Niño Costero y Lava Jato, pero no dice nada sobre haber apostado casi exclusivamente al juego de los destrabes y la ejecución por medio de APP como medida de reactivación para una economía urbana hoy al borde de la recesión. Al destrabe se suma el impulso que se piensa provea la reconstrucción y la apuesta por usar los Panamericanos; la reactivación al ritmo de la construcción de estadios y villas deportivas.
Pero, hay una contradicción aquí, las medidas se orientan más a la reactivación en el corto plazo, pero la meta de déficit fiscal, es decir, el ‘permiso’ que se da el gobierno para endeudarse, aunque aumentó de 2.5% a 3% del PBI, parece muy bajo para sostener fuertes impulsos de inversión pública. En suma, en 2017 no habrá gran reactivación económica. Los efectos podrían llegar a verse en 2018. ¿Y después?, no queda tan claro. Hay algunas señales sobre enmendar el rumbo, pero aquí también asoma la ideología. Un comentarista advierte sobre los peligros de una supuesta “planificación central” a propósito de la propuesta Autoridad Autónoma del Transporte, incluyendo una melancólica defensa de las combis que seguro nunca utiliza. Dentro del mismo gobierno debe dejar de mirarse como ‘burocratización’, lo que podría interpretarse como atisbos de una institucionalidad que no existía hacia fines de los Noventa. El necesario debate sobre la fiscalización laboral es expresión de eso.
El tema de la reconstrucción muestra una lentitud pasmosa con un plan que no llega a formularse. El renovado entusiasmo por la misma tiene que ver menos con un imperativo moral para con los conciudadanos que sufren y más con el rol de la misma como ‘motor’ de la reactivación. Las imágenes nos muestran como en la ciudad de Lima hay ciudadanos y ciudadanas que tienen que arriesgar su vida pasando por los puentes desplomados por el río y no hacen sino confirmar la dejadez. Como podría esperarse, si las autoridades políticas tuvieran que usar esos puentes todos los días, ya se habrían arreglado. Tal fue el caso en la “reconstrucción” de Pisco tras el sismo de 2007; a las pocas semanas se habían reestablecido grandes emprendimientos comerciales, mientras que la población dormía en carpas. Si Alan García se enfrentó en el discurso y en los hechos a la noción de equidad y justicia ciudadana, el gobierno de PPK lo hace por omisión. Pareciera que lo que no se puede resolver en una oficina, en una reunión de ejecutivos no tiene solución, o no es un problema.
La mención inicial de PPK a los peruanos y peruanas que se arriesgaron durante la emergencia es un mensaje poderoso porque ofrece reconocimiento a una actitud de desprendimiento y solidaridad. Pero viéndolo bien, puede que el mensaje también sea que este gobierno no se va a ocupar de la “sociedad” y que ésta va a tener que recurrir a gestas heroicas si quiere mantener la cabeza fuera del agua. Hay una desconexión cada vez más clara entre el gobierno y las necesidades de las mayorías, más allá de medidas aisladas. Igual sucede con la oposición fujimorista, que se desentendió muy rápido de su promesa de poner en agenda los temas de su plan de gobierno. Este contexto que nos ha dado ya dos reuniones PPK – Keiko, parece haber puesto algunos temas en agenda en un ambiente de concesiones y desplantes. Parece estarse gestando una dinámica que termina excluyendo a la sociedad, con el riesgo de radicalización que eso supone.  
Al gobierno le falta manejo político, esto se ha dicho hasta la saciedad. Pero además, le falta una visión sobre la forma en la que funciona la sociedad peruana, lo cual supone involucrarse activamente con la calle. Este vínculo es político, pero implica algo que parece que el gobierno no va a exhibir: autoridad moral para interpelar a la sociedad peruana de frente. El Presidente aparece atenazado por una concepción del realismo político que no inspira. Si ‘realismo’ se limita a ser un notario de todo lo que no se puede hacer, la sociedad peruana parece destinada a rescatarse a sí misma cuantas veces sea necesario.

desco Opina / 4 de agosto de 2017