sábado

El derecho a la ciudad desde la gente



Al parecer, el impedimento legal de postular para su reelección inmediata está llevando a algunos alcaldes a despreocuparse por sus tareas y responsabilidades con sus vecinos y territorios, de los que seguirán siendo autoridades hasta diciembre del 2018. El colapso del transporte en el área metropolitana de Lima, el acrecentamiento de la delincuencia callejera y la ocupación de zonas de protección ambiental como ocurre contra el sistema de lomas, son solo algunos sufridos ejemplos de la falta de interés de la gestión municipal limeña por enfrentar integralmente las dificultades de nuestra ciudad capital. A otra escala, esta situación se repite en muchos gobiernos distritales y este escenario empieza a dibujarse también en muchos municipios del interior del país, En el caso de Lima, al parecer, estaremos condenados a sobrevivir un año más en una ciudad sumida en la precariedad de los servicios públicos privatizados y sin que medien mayores esfuerzos por mejorar la calidad de nuestra vida en ciudad.
Ante este panorama de mala gestión en muchas de nuestras ciudades, aparece como tarea cada vez más urgente la necesidad de la movilización ordenada y la articulación de los distintos colectivos, organizaciones e instituciones convulsionadas por la calidad de vida en la ciudad. Y así ha empezado a ocurrir –como puede explorarse en la información fragmentada aunque creciente en la prensa y las redes sociales– que emergen diversos esfuerzos, respuestas y reacciones ante problemas urbanos que por ahora se focalizan en casos específicos relacionados con temas como el transporte masivo, el recojo de la basura, invasiones de terrenos en zonas de alto riesgo, intentos de ocupación y/o cambio de uso de áreas verdes y espacios públicos, entre otros, y no solamente por la seguridad ciudadana o la construcción de vías. 
Estas movilizaciones ciudadanas dan cuenta de esfuerzos de organización autónoma de vecinos, que en Lima muestran así la aparición de agrupaciones que no responden a los clásicos movimientos de pobladores, ni a la acción política de los partidos o de candidatos independientes. Se trata de nuevos y vigorosos grupos juveniles, de ciudadanos jóvenes con alguna experiencia en la acción social, convocados por compromiso mutuo y profesionalismo, que impulsan desde hace pocos años movilizaciones que apuntan a mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad.
Habla Castañeda, es una de estas nuevas iniciativas ciudadanas que, en este caso, busca que el alcalde rinda cuentas a la ciudad. Su esfuerzo por lograr mayor transparencia en la gestión municipal se encuentra en la fase de verificación de firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de un colectivo sin afiliación partidaria demandando información completa sobre las obras y proyectos que se han hecho mal, algunas con claros visos de corrupción o adulterando proyectos, sobre los cuales no se ofrece información a la ciudadanía como en el caso ya emblemático del puente Bella Unión en el cercado de Lima.
Otra organización de nuevo cuño, con una actividad creciente es la Unión de Estudiantes de  Arquitectura de Lima – UDEAL, un colectivo de estudiantes decidido a trascender la barrera de las aulas de varias universidades limeñas para unir sus voces y acción e insertarse en el debate sobre las políticas urbanas que afectan a Lima. Su esfuerzo apunta a adoptar un modelo sostenible, habitable y humano de ciudad, que responda a los retos de una metrópoli como Lima y permita conseguir una ciudad de veras planificada y con derechos vigentes de ciudadanía. La UDEAL impulsa la plataforma 16N, una articulación de colectivos y organizaciones vecinales de Lima en pro de una ciudad más justa, ordenada, democrática y humana. Cuentan con la participaron más de 45 organizaciones de diversas zonas, y han marchado ya por las calles para elevar el reclamo ciudadano ante las deficientes políticas urbanas de quienes gobiernan la ciudad.
En tiempos últimos se han expresado también otras luchas ciudadanas, evidenciando la presencia creciente de iniciativas por defender los espacios públicos en distritos como Lince (el caso del Parque Castilla), o en Comas, por la defensa del Parque Manhattan. Asimismo, en la mayoría de distritos limeños con territorios con lomas costeñas trabajan colectivos y organizaciones de protección, recuperación y puesta en valor del sistema de Lomas de la ciudad de Lima.
Varias de estas diversas organizaciones están ahora en el proceso de impulsar un Encuentro Vecinal Metropolitano: ¡Por el Derecho a la Ciudad! fijado para inicios de diciembre. Es probable que a partir de este esfuerzo confluyan en una expresión política–ciudadana que apunte a ocupar el gobierno de la ciudad en sus diferentes niveles para atender las demandas y agendas que proponen transformar la ciudad y se cristalicen en las políticas públicas urbanas que requerimos.
Al llamar la atención sobre este proceso en curso, rastreable en redes sociales y páginas en Internet, queremos animar a que más ciudadanos intervengamos de manera colectiva y organizada, patrocinando nuestro derecho a tener una mejor ciudad. Es decir, permitirnos que el derecho a la ciudad deje de ser un slogan o un buen deseo, y pase a ser un instrumento político capaz de transformar las realidades urbanas en que vivimos.

desco Opina - Regional / 20 de octubre de 2017
Programa Urbano

viernes

Sainete sobre el indulto y otros enjuagues



Es claro que no existe ninguna ruta posible que permita jurídicamente –respetando las leyes y la Constitución– indultar al expresidente Fujimori por los crímenes cometidos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de ser indultado por razones humanitarias. Esto es, acogiéndose a lo reglamentado en el Perú para los reclusos con enfermedad terminal o con grave enfermedad que las condiciones carcelarias agraven, lo que debe ser demostrado. En ningún caso es esa la situación para la aplicación discrecional del Presidente de la República a Fujimori, quien además nunca ha mostrado signos de arrepentimiento ni ha pagado un centavo de la reparación civil que le fijó el Poder Judicial.
Todo parece indicar que los ánimos del gobierno han cambiado y la postura del Presidente Kuczynski ya no es la de un «no» al indulto, claramente fijada cuando fue candidato, ni cuando asumió la presidencia de la República hace más de un año. Ahora abre la posibilidad a lo que ha llamado un «perdón médico» que no existe en el Reglamento de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.
Muy difícilmente la historia podrá registrar un hecho así como un inexistente “perdón médico” a la aplicación de una decisión discrecional, que sería un error político de gran ingenuidad que provocaría más perjuicios al gobierno y –sin duda– malestar a nuestra nación, que algún avance en la reconciliación en el marco de la ley y la justicia.
El caso, por otro lado, adquirió las dimensiones de un sainete de baja estofa cuando hace pocos días, por decisión del nuevo ministro de Justicia, se modificó la composición de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales al colocar como presidente de la misma al señor Orlando Franchini Orsi, un exempresario maderero y ferretero jubilado, sin ninguna experiencia en esta materia, quien a sus 92 años de edad aparece en la escena como una broma de mal gusto que concluye con su pronta renuncia y declaraciones del Ministro de Justicia negando el probable indulto.
Nadie puede suponer sensatamente que la aplicación del indulto beneficie el hasta ahora decepcionante gobierno de PPK, y que con ello cambie la opinión de la ciudadanía sobre la escasa popularidad del presidente y su gabinete ministerial. Menos en el horizonte de gobierno restante.
Menos ahora cuando sin grandes críticas, el Congreso ha otorgado mayoritariamente su voto de confianza al gabinete Aráoz que ofrece realizar una «revolución social» en la que muy pocos confían. Y menos las fuerzas de izquierda que votaron en contra. En todo caso, más allá de la confianza otorgada, la mayoría de Fuerza Popular podrá continuar dificultando la acción del Poder Ejecutivo que hasta ahora, por sí mismo, ha sido incapaz de organizar un buen gobierno.
Más bien, tal vez tras bambalinas, en este otorgamiento de confianza al nuevo gabinete pudiera estar un disimulado acuerdo político sobre el tratamiento futuro del affaire “Lava Jato” en el que están implicados de distinta manera Keiko Fujimori, el líder aprista Alan García, y el propio presidente Kuczynski.
Las ocurrencias políticas en las próximas semanas probablemente permitirán evaluar mejor las motivaciones que llevan al gobierno a encontrar un mejor momento para otorgar un indulto, que de producirse, tendrá grave repercusión nacional e internacional. Por lo pronto ya ha sido calificado como una traición al electorado que respaldó la candidatura de PPK y un insulto a la ciudadanía, en particular a los familiares de las víctimas de asesinatos y desapariciones durante el régimen del autócrata, ahora encarcelado en cumplimiento de la aplicación de las leyes que hacen justicia a los crímenes perpetrados.


desco Opina / 6 de octubre de 2017

Lo que dejó la Convención Minera



Si tenemos que resumir en una palabra la sensación que nos dejó la 33 edición de la Convención Minera, es desconcierto. No estamos hablando de su excelente organización, ni del movimiento económico que estimula en Arequipa, sino de muchos de los comentarios y conclusiones del empresariado minero en las conferencias, en los medios de comunicación y otros eventos alternos, cuyo tenor nos hace dudar de la sintonía de este sector con una concepción de desarrollo sostenible para el país. La idea de un empresariado moderno se va al tacho, con lo que leímos y escuchamos durante esos días.
Es innegable la importancia que tiene la minería en la economía peruana, pero lo que aún no puede hacer el empresariado del sector es colocarla en su real dimensión, aplicando en su discurso un poco de autocrítica. Continúa con posiciones maximalistas sobre su poder de contribución en el desarrollo del Perú, alentado por expresiones controvertidas desde el sector estatal, como la del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, duramente criticado por condicionar la vigencia de los derechos al crecimiento económico.
Como bien apuntó el exministro de Agricultura, Carlos Leyton, durante el foro panel Aporte de la minería al desarrollo regional: los excedentes de la minería, el turismo y la agroindustria, a pesar de realizarse en la zona rural, se orientan a atender los problemas urbanos. Justamente, esta es una observación que el empresariado debería recoger y dejar de lado el papel paternalista que ha asumido para acallar rápidamente cualquier protesta en su contra y asumir un rol de socio del desarrollo con las comunidades donde explota sus recursos.
Respecto al tema ambiental, fueron muy chocantes las declaraciones de Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, desconociendo la existencia de las cabeceras de cuenca como nuestra fuente hídrica, sentenciando que “hablar de `cabecera de cuenca´ es un absurdo. Es un término que no existe en ninguna parte del mundo”, “… resulta que este término es una entelequia: se refiere al lugar desde donde parten los cursos de agua, o sea, donde llueve, y donde llueve es en todo el Perú". Señaló esto como crítica a la aprobación de la Ley 30640, que ordena a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desarrollar un marco metodológico para determinar qué es una cabecera de cuenca, porque esto supuestamente desalentaría la inversión. El mensaje que leemos entre líneas es que el empresariado quiere explotar minerales sin que medie ninguna restricción.
En descosur estamos lejos de ser antimineros, pero exigimos al Estado que cumpla un rol más activo respecto a la recaudación de impuestos de este sector. Es momento de hacer un balance sobre la vigencia de las facilidades tributarias y contratos de estabilidad que tiene el empresariado minero. En este sentido, es necesario hacer un análisis de cuáles han sido las ganancias del sector respecto a sus niveles de inversión, viendo además cuánto de ese capital ha ido afuera y cuánto se quedó en el país. Estamos seguros que durante el boom minero –periodo en el que la demanda y los precios de los minerales subieron como espuma– el Estado pudo recaudar más dinero si hubiera ajustado las normas o creado nuevas directrices como un impuesto a las sobreganancias, pero los gobiernos de turno durante ese periodo se acobardaron y se decidieron por medidas más cosméticas como el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo «aporte voluntario». Hacer un balance y un análisis como el que recomendamos, nos ayudaría a tener evidencia para exigir cambios.
En Arequipa y el sur, se localiza más del 50% de toda la cartera de proyectos mineros a nivel nacional. Justamente, es en esta parte del país donde la inversión estatal recibió un fuerte aporte del sector durante el boom minero; pero hemos visto como la corrupción y la ineficiencia de sus autoridades jugaron en contra del ciudadano, desperdiciando esta fase de bonanza. Creemos que la deuda más grande de este periodo ha sido no haber trabajado en la diversificación de actividades productivas y el fortalecimiento del mercado interno, para no ser tan dependientes de la minería e ir creando las bases para un desarrollo sostenible social, económico y ambiental. ¿Se animará PPK y su gabinete a hacer algo al respecto?

desco Opina - Regional / 6 de octubre de 2017
Programa Regional Sur