jueves

El momento del desconcierto y el malhumor



La reciente decisión del juez Concepción Carhuancho, estableciendo la prisión preventiva hasta por 18 meses a los directivos de las empresas constructoras nacionales vinculadas a Lava Jato, marca un nuevo momento en la acción del Ministerio Público y del Poder Judicial en esta materia. Los distintos actores involucrados en la penosa película de la corrupción están sorprendidos, el fujimorismo incluido, es decir, el actor más relevante de la coyuntura actual.
Aparentemente, la resolución del juez le restaría fuerza al partido naranja, que en las últimas encuestas, registraba ya el costo político de su arremetida contra el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. La aprobación de su lideresa cayó 5 puntos, a 34% en noviembre, entre otras cosas porque la opinión pública mayoritariamente cree que el enfrentamiento con Pablo Sánchez es en venganza por las investigaciones a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. Es claro, sin embargo, que la prisión preventiva de distintos empresarios de la construcción, es también respuesta a la presión de Fuerza Popular, que por la vía de acusarlos, rompió «palitos» con un sector que frecuentemente apoyó a esa agrupación, optando más claramente por acercarse / representar a parte importante de aquellos a quienes Francisco Durand denomina grupos emergentes o provincianos, que son crecientemente parte de la nueva trama de poder nacional.
En otras palabras, todo indica que el fujimorismo continúa en su objetivo de llegar al gobierno, por el momento el 2021. Su reciente embestida contra otros poderes del Estado, más allá de una demostración de fuerza, apunta a contar más temprano que tarde, con la institucionalidad sumisa a la que están acostumbrados y requieren. Ciertamente, la debilidad del Presidente les facilita las cosas, pero lo que es más importante, les puede adelantar su cronograma. Denunciado recientemente por el congresista Dammert en el marco de Lava Jato, su burocrática respuesta hace más difícil su situación.
De esta manera, no debe sorprender que los empresarios, entrevistados en el CADE reciente, le adjudicaran un 63% de desaprobación, entre otras cosas, por haber sido el apóstol de las «cuerdas separadas», que ellos mismos alentaron y alimentaron durante largos años. El desánimo que se observó en dicho evento, es reflejo pálido del desconcierto de este sector por la manera en la que se está desarrollando el caso Lava Jato y más ampliamente los «destapes» cotidianos sobre la corrupción en el país que, por ejemplo, alcanzan a municipalidades distritales enteras.
Ese desconcierto convive con el malhumor y la distancia creciente de la gente que observa como buena parte de la clase política, de derecha y de izquierda, es parte de un problema y un espectáculo que profundiza el vaciamiento de contenido de la democracia. Como es obvio, incluso el fujimorismo teme que el relativo y cínico manejo que muestran hasta hoy, se le escape de las manos. Su nerviosismo se evidenció en las declaraciones de la congresista Úrsula Letona hace unos días al decir que Odebrecht ofreció dinero a Keiko para su campaña, abriéndole un nuevo «flanco» a su lideresa –José Chlimper y Joaquín Ramírez son los otros–, a pesar de su esfuerzo por negar lo dicho.
Así las cosas, el «control de daños», cada vez más difícil a estas alturas, les interesa hoy por igual a Keiko, PPK y al silencioso García. Sin embargo, a unos más que a otros, se les está escapando de las manos. El manejo de fiscales y jueces no parece tan monolítico como creían. Por el momento, cierran filas en defensa de la autonomía de poderes, pero recordemos que el proceso de cambios en dichas instituciones, no está lejano.
La eventual condición de colaborador eficaz de Barata, cada vez más cercana, empieza a llevarlos a cometer errores groseros. Porque el malestar de la población aún no se manifiesta en movilización y demanda, la situación aún puede prolongarse, en un escenario en el que la mayoría de las fuerzas políticas están más preocupadas por las futuras elecciones regionales y municipales y por el espejismo de sus pequeños poderes, sin percatarse de la profundidad de la crisis, que a la larga puede llevárselos de encuentro a todos.

desco Opina / 7 de diciembre de 2017

lunes

Crisis metropolitana de Lima: problema nacional



En medio del caos creciente del tránsito en la ciudad de Lima, el surgimiento de nuevos problemas urbanos y la profundización de otros existentes (seguridad, contaminación ambiental, falta de equipamiento y servicios urbanos y ausencia grave de espacios públicos); la cuestión urbana, objeto y preocupación de estudio de urbanistas, sociólogos urbanos y otros especialistas cobra creciente importancia como el escenario en el que se desenvuelve una parte muy significativa de nuestra vida nacional. 
Sin duda existe una preocupación tan grande como segmentada de los habitantes de Lima-Callao por el evidente deterioro de la calidad de vida que soportan gran parte de los vecinos y ciudadanos que diariamente sufren la ciudad y sus carencias en medio de un también acelerado proceso de urbanización y «des-ruralización» poblacional. Sin embargo, es muy poco lo que se hace por corregir esta creciente tendencia negativa.
Entre las grandes dificultades en el funcionamiento urbano de Lima están las ocasionadas por el aumento del parque privado automotor, la extensión descontrolada de la urbanización de baja densidad (en zonas de riesgo mediante la ocupación creciente de cerros y montañas del contrafuerte andino que rodea los valles de Chillón, Rímac y Lurín) y simultáneamente, una muy fuerte y también descontrolada densificación con edificios residenciales y de oficinas en unas pocas zonas internas del casco urbano que están generando ya una nueva forma de tugurización encubierta.
Por cierto, otro grupo de problemas serios corresponde a las manifestaciones de la intensa contaminación ambiental de los recursos naturales (principalmente aire, agua y suelo) y la dependencia de fuentes de energía altamente contaminantes (gasolinas y petróleo) y de ineficiente en rendimiento; así como la paulatina pérdida de los espacios públicos de socialización junto con la consolidación de nuevos escenarios privados cerrados que llevan a que cada vez más, tipos diferentes de actores centren ahora sus agendas de estudio y acción en la cuestión urbana en general y la gestión urbanística de Lima en particular.
A puertas del inicio de una nueva campaña electoral municipal en nuestro país, consideramos que es imprescindible llamar la atención sobre la urgente necesidad de salir de los esquemas tradicionales de tales procesos y abordar el tema del centralismo de Lima y sus distritos con verdadera preocupación, así como la gestión de riesgo ante un gran sismo.
Lamentablemente, nuestras autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y gran parte de las autoridades municipales, no están prestando atención a una realidad como la de Lima que está generando crecientes pérdidas en competitividad, eficiencia y productividad en la dimensión económica por falta de una intervención enérgica que corrija las tendencias en curso; y por otro lado, ampliando las condiciones de malestar y anomia creciente que a nada bueno nos puede conducir.
Es muy escaso el interés en el factor ambiental y la necesidad de una forma más apropiada de organización del Estado –léase municipios en Lima Metropolitana y Callao– para enfrentar el reto de una ciudad que bordea los 10 millones de habitantes, cuya dinámica urbana la sitúa al borde del colapso (económico, político, tecnológico y social).
Las administraciones municipales locales solas no podrán salir exitosas sin un compromiso creciente de muchos otros actores ante el desafío existente. Abordemos con seriedad la crisis urbana de Lima, sin empaquetarla en solo problemas de seguridad ante la delincuencia y falta de fluidez en el tránsito. Una megaciudad como Lima requiere también de megasoluciones y mucha participación ciudadana que nadie está planteando.

desco Opina - Regional / 4 de diciembre de 2017
Programa Urbano

domingo

Reinventando el autogolpe de Fujimori



Cuando se observa el comportamiento reciente de la mayoría absoluta con la que cuenta el fujimorismo en el Congreso de la República, no son pocas las advertencias del peligro que se cierne de un posible golpe de Estado desde el Poder Legislativo. Si bien, estrictamente un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida a partir del sufragio universal, también es cierto que éste puede configurarse de otra manera –desde el Congreso, sin violencia– independiente de la corrupción política o la falta de transparencia que puedan acompañan su accionar.
Es bueno recordar que las debilitadas instituciones políticas que afrontaron el autogolpe de Fujimori del 5 de abril de 1992 fueron demolidas cuando se anunció la intervención del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y la Contraloría General que se amplió posteriormente, cuando fue necesario más adelante en su gobierno, al Consejo Nacional de la Magistratura y al Tribunal de Garantías Constitucionales, implantando un modelo político de democracia formal y simulada, con dictadura real, sin independencia ni autonomía de poderes. Como tristemente sabemos bien, el autogolpe de Estado fue manejado por una cúpula que implantó una nueva forma de entender la política teñida de mucho cinismo y con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
En la relación de los golpes de Estado más destacados de las últimas décadas en el mundo, sin falta aparece el autogolpe de Alberto Fujimori como una forma perversa y pragmática de entender el poder y la política. Ahora, el accionar del fujimorismo organizado como partido en Fuerza Popular, parece dispuesto a continuar por la senda del atropello y el golpismo, con los ajustes que las condiciones políticas actuales le facilitan, mediante nuevas «interpretaciones auténticas» de la ley y la independencia de poderes.
El ataque casi simultáneo y con distintas intensidades al Fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional y al Presidente de la República, acompañado del copamiento progresivo de importantes instituciones públicas por parte del fujimorismo, así como el ataque a la libertad de prensa (casos Caretas y El Comercio), pintan un escenario de extralimitación del Poder Legislativo que controla, que cada vez dibuja más la pérdida de la autonomía y separación de poderes que es característica de una verdadera democracia constitucional.
Diversos analistas hacen notar como se aprovecha la función pública y el poder que ésta otorga en beneficio propio, consistente en el afán de impedir la transparencia en las investigaciones sobre corrupción política, narcotráfico y lavado de dinero que comprometerían a la señora Keiko Fujimori, en lugar de desarrollar correctamente sus obligaciones.
Facilita esta situación la debilidad real del Poder Ejecutivo y la limitada respuesta ciudadana ante estos atropellos y otros excesos de poder, como el comportamiento abusivo y parcializado de la Comisión de Ética del Congreso, que reiteradamente desestima diversas acusaciones que comprometen a integrantes de Fuerza Popular y a la vez, con exageración indisimulada, abre investigaciones y sanciona a congresistas de otras bancadas.
Queda entonces, insistir en la urgente necesidad de aunar esfuerzos para enfrentar este constante y creciente abuso de poder, que muestra la fibra real de la que está hecho el fujimorismo; a fin de cuentas, la cultura política de la mayoría parlamentaria asume la política como imposición, corrupción y populismo simplón, antes que la búsqueda concertada del bien común para el beneficio del país. Es urgente formular plataformas dinámicas de organización y resistencia ciudadana que impidan que prospere esta reinvención del autogolpe de Estado.

desco Opina / 24 de noviembre de 2017

jueves

La importancia del censo rural



La cobertura que los medios de comunicación dedicaron a los problemas del censo 2017 se enfocó básicamente en las ciudades. Salvo poquísimas excepciones el ámbito rural estuvo invisibilizado. Por ello, las pocas noticias que encontramos sobre el proceso en esta zona sólo se refirieron al periodo de levantamiento de información, la georreferenciación, y el número de empadronadores, mas no sobre el proceso en sí, que en ciertos lugares tuvo particularidades que bien han podido replicarse en otros. Particularidades que, creemos, pueden crear una distorsión en la «foto» que el INEI pretende tener sobre la población actual.
El día del censo en el centro poblado de Chalhuanca (Caylloma- Arequipa), arribaron todos los chalhuanquinos y chalhuanquinas asentados en otros lugares. La concurrencia fue tan grande como en fiesta patronal, pues la gente de este pueblo anhela solicitar su categoría a distrito y así recibir no una porción del presupuesto público, sino una totalidad. Si bien es legítimo este deseo, la foto del censo puede crear problemas a varios sectores estatales en el cumplimiento de sus metas; por ejemplo, ¿cómo haría una posta para cumplir con las metas de vacunación de una población que no vive permanente en el lugar?
Otro caso donde la distorsión podría jugar en contra de los pobladores se dio en el distrito de Acora, Puno, en el que cuatro comunidades no fueron incluidas en el mapa cartográfico del censo y serían contabilizadas en otro distrito y en otro departamento (Moquegua). Esto se debe a que en todo el sur existen serios problemas de delimitación y zonas en controversia que el Estado no ha resuelto aún.
El último caso que podemos mencionar es el del distrito de Santiago de Chuca cuya capital es la localidad de Imata, un distrito de la provincia de Caylloma que colinda con Puno. Allí mucha gente tenía que bajar de sus estancias, ubicadas en anexos del distrito, para buscar a los empadronadores para ser censados, pues en los 15 días que se dieron para el censo rural, no llegaron hasta allí. ¿Cuál es el interés de estas personas? Ser contabilizados y no perder algunos servicios del Estado (posta, colegio, comisaria), o ser pasibles de algún programa estatal como Trabaja Perú, que está empleando a cuadrillas de hombres y mujeres para trabajos temporales y remunerados.
Los ámbitos rurales han cambiado significativamente en los últimos 20 años. La constante movilidad de la población joven, o la migración final por falta de empleo y políticas de desarrollo para fomentar su estancia en su lugar de nacimiento, es una constante. Otra característica es el envejecimiento de la población rural, o el cambio de actividad económica, también por falta de oportunidades. Esto es algo que el Estado no está tomando en cuenta para sus políticas nacionales, en este caso concreto en la elección de la metodología de los censos poblacionales.
Así, el significado del censo para el poblador rural es vital para ser visibilizado por el gobierno. Esto tampoco lo han comprendido los medios de comunicación que, si bien han señalado el problema de fondo del censo –su diseño– no han sabido apuntar bien cómo la informalidad con la que se efectuó puede perjudicar a la población rural, que según estimaciones representa el 40% de la población total del país.
Nos preguntamos si la constante movilización de los pobladores rurales no será un signo del abandono final del campo a la ciudad, o simplemente es una salida a la falta de políticas de diversificación económica y de la demora en la cobertura de servicios básicos. Hay que recordar que tanto la alimentación de muchos peruanos, como nuestro mercado interno, dependen de la producción de la pequeña agricultura. Ésta es una interrogante que debe plantearse el Estado.
Sólo sabremos con el tiempo si la jugada de los chalhuanquinos durante el censo, fue para regresar algunos años después a su pueblo para quedarse. Al fin y al cabo, a cuántos les gustará ser ciudadanos de segunda clase en una urbe más grande, subempleados, viviendo entre el polvo de un asentamiento humano, la contaminación visual, acústica y del ambiente; vicios que hemos aceptamos los citadinos casi de manera inconsciente.

desco Opina - Regional / 17 de noviembre de 2017
Programa Regional Sur