Mientras el país estaba
posesionado por los resultados futbolísticos y los inquietantes destapes del
caso Odebrecht, nuevamente el Ejecutivo puso en debate un proyecto de Ley que
afecta la sensibilidad de los derechos territoriales indígenas.
El Proyecto de Ley 1718 hereda la denominación
«Ley del despojo» que le dejara el DL 1333, desestimado por la Comisión de
Constitución del Congreso de la República en mayo del presente año, y cuya
derogatoria fue observada por el Ejecutivo. Aunque el nuevo proyecto excluye de manera expresa a los
bienes inmuebles (léase terrenos) que “se
encuentren en tierras y territorios de propiedad y/o posesión de pueblos
indígenas u originarios; áreas de reserva natural territorial o reserva
indígena”, las organizaciones indígenas ya han empezado a movilizarse para
impedir su promulgación. Y es de entenderse, porque en nuestro país aún existen
muchas reclamaciones territoriales indígenas que no han encontrado solución
final; de modo que tal exclusión no significa que no se vulnerarán los derechos
de los pueblos originarios. El proyecto de ley cuenta
con dictámenes favorables de la Comisión de Economía y la Comisión de
Descentralización, se encuentra próximo a debatirse en la agenda del Pleno del
Congreso y, al parecer, su aprobación sería inminente.
El sustento del llamado Pacto de Unidad,
colectivo conformado por las organizaciones indígenas es bastante claro al respecto “…actualmente
existen más de 10 000 comunidades campesinas, nativas y ribereñas que presentan
problemas relacionados a la seguridad jurídica de sus territorios. Además, son
más de 3000 comunidades de costa, sierra y selva a las que el Estado continúa
negando su condición de pueblos indígenas y originarios al no incluirlas en la
Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura”. No existe
data oficial de la extensión del territorio indígena que falta titular, ni del
número de comunidades existentes que se hallan en esa situación, por lo que
consideramos que la cifra vertida en su pronunciamiento no es muy confiable. Lo
cierto es que hay estudios que señalan que del total de comunidades campesinas
tituladas, el 61.5% no estaría georreferenciado y lo mismo sucedería con el
93.3 % de las nativas; así que el temor tiene plena justificación. Además, la
nueva propuesta mantiene al denominado APIP (Proyecto
Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) y en su
redacción busca evadir el reconocimiento de derechos como el de Consulta Previa,
situación que ha sido advertida por los líderes nativos.
La Confederación Nacional Agraria
también ha advertido el riesgo que se cierne sobre los pequeños agricultores
cuyos predios no están claramente georreferenciados y, en muchos casos, existen
superposiciones con concesiones de explotación minera o de hidrocarburos que
han culminado en serios conflictos con amenazas contra su integridad, inclusive.
La inversión en
infraestructura indudablemente es muy necesaria para el desarrollo del país; sin
embargo, esta no puede –ni debe– realizarse atropellando derechos. En el caso
de las inversiones en infraestructura con fondos del sector privado, estas
derivan en concesiones que generan grandes negocios, y los supuestos «justiprecios»
que se otorgan a los campesinos resultan irrisorios en comparación con los
beneficios económicos inmediatos y futuros que obtienen los operadores. Es
decir, mientras el pobre agrava su situación, los poderes económicos llenan sus
arcas con la anuencia del Estado peruano.
Un caso similar ocurre
con el Proyecto de Ley 1123/2016-CR, aprobado este 7 de diciembre en el Congreso de la República tras su
segunda votación. La norma promueve la construcción de carreteras y trochas
carrozables en la región Ucayali y es impulsada por el congresista fujimorista
Glider Ushñahua; sin embargo, es evidente que su puesta en vigencia afectará
principalmente a las áreas boscosas que serán víctimas de procesos de
deforestación agresivos, cuyos otros efectos colaterales no han sido evaluados, pero ya vienen siendo advertidos por los pobladores
indígenas.
Como vemos, mientras el
país sigue atribulado por la sanción FIFA a Paolo Guerrero “el depredador”, el
Estado «distraídamente» tropieza dos veces con la misma piedra para dejar las
puertas abiertas a otros depredadores, que son también sigilosos, pero mucho más
contundentes.
desco Opina - Regional / 15 de
diciembre de 2017
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1 comentario:
Esta actitud sistemática del ejecutivo que beneficia a privados y perjudica a lugareños, es la que fundamenta la sospecha de corrupción en cargos con poder de decisión.
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