“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.

Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.

Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”

Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.

Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).

Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.

Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.

Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.

Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.

Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.

Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.

Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.

Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.

Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.

En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.

desco Opina / 25 de agosto de 2023

Violencia recurrente en el gobierno de Boluarte

 

Este 6 de agosto conmemoramos los 199 años de la Batalla de Junín en las pampas de Chacamarca, un momento significativo de revaloración de la gesta heroica de todas las sangres donde se fomenta la unión entre todos los pueblos. Dada la importancia de esta batalla en el proceso de independencia del Perú, la fecha fue motivo para la presencia de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quién llegó a la región Junín para participar en la ceremonia conmemorativa acompañada no sólo de su Gabinete, sino también de congresistas y embajadores.

Las imágenes que mostraron los medios oficiales y el canal del Estado a nivel nacional, fueron las de un evento aparentemente “armonioso” y festejado a lo grande. Los Húsares de Junín desfilaron a caballo, hubo una feria gastronómica, la presidenta bailó con el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, mientras el premier Otárola bailaba con los policías debajo del estrado para las autoridades; al final de la jornada hubo un espectáculo de fuegos artificiales y quema de castillos en el parque La Libertad.

Esta fue, sin embargo, solo una cara de la moneda. La realidad que vivimos fue totalmente distinta; en esta ceremonia asistimos a la violenta acción del personal policial. Existen imágenes de los medios locales alternativos que muestran cómo mientras la Presidenta y su Gabinete participaban de la fiesta oficial, la policía se encargaba de reprimir con violencia a los manifestantes que protestaban gritando “Dina asesina” y “Lárgate ya”, en tanto algunos policías les quitaban sus megáfonos y carteles con mensajes contra el gobierno, a la vez que otros los empujaban con sus escudos y los golpeaban con sus varas.

El gobierno insiste en utilizar la violencia. Reprimió no solo a los manifestantes, sino también a los reporteros y comunicadores que cubrían el evento, desafortunadamente se trata de una práctica común del actual gobierno, donde la policía deviene en instrumento de represión violenta contra los manifestantes. Recordemos lo sucedido semanas atrás, el 28 de julio, cuando simultáneamente la presidenta Boluarte brindaba un extenso mensaje por Fiestas Patrias, mientras la gente que había salido a marchar contra su gobierno en el centro de Lima y en algunas regiones, era reprimida con violencia, para no perder la costumbre.

En este escenario, el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, pidió al Comando Unitario de Lucha de Junín que había planeado un plantón en rechazo a la llegada de la mandataria, “no desnaturalizar la celebración de la Batalla de Junín, porque es una fiesta del pueblo”. Cárdenas argumentó que “es natural que haya desacuerdos con Dina Boluarte”, pero demandó que las manifestaciones contra la mandataria se hagan “en su momento y en su lugar, pero no en esta actividad histórica”.

Ante la postura del gobernador regional nos preguntamos ¿quién desnaturaliza una celebración que significa mucho para la gente de Junín y del Perú? Más aún cuando desde el Ejecutivo se pretende armar en seis meses, con pocos y discutibles requisitos, una nueva Policía de Orden y Seguridad, que suena mucho a un grupo armado y disponible para reprimir los malestares y las protestas de la población que no esté de acuerdo con su accionar.

 

desco Opina – Regional / 18 de agosto del 2023

descocentro

La temporada de un circo que se prolonga

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta cabal de la caída en picada de la aprobación del Congreso de la República. Ésta, que se inició con 31% en agosto 2021, no obstante que un sector del mismo alentado por la furia de Keiko Fujimori permanecía inalterable en la cantaleta del fraude electoral, ha llegado en julio de este año apenas a 6%. Porcentaje éste, prácticamente uniforme en el país -entre 7.4% en el oriente y 3.8% en el norte- así como en los distintos sectores sociales, entre 6.5% en el segmento C y 5.2% en el A/B. La misma encuesta identifica con claridad parte de sus “méritos”, cuando reconoce su poder, identificando a los parlamentarios como el grupo con mayor poder en el país (34%) y simultáneamente señalando con claridad meridiana, 78%, que abusa permanentemente del poder que tiene. 

Que el actual Congreso y la mayoría de sus integrantes hicieron méritos para tal valoración, no hay duda. Que el deterioro de la democracia es el telón de fondo no admite murmuración; el Latinobarómetro 2023 muestra que sólo 8% de peruanas y peruanos está satisfecho con la democracia, el porcentaje más bajo de la región, mientras que 90% cree que los partidos son inútiles y no funcionan bien, el porcentaje más alto de la región. Lo indignante es la indiferencia, si no el desprecio de parlamentarios que se asumen impunes e inimputables y no se cansan de ofrecer espectáculo en una temporada que es más larga que la de cualquiera de los circos que se instalan en estas tierras en fiestas patrias.

Si nos limitamos a revisar los últimos noventa días de su acción, encontramos una diversidad de números. Si queremos leyes cuestionables pensemos en la norma que reduce la vigencia de la colaboración eficaz a ocho meses tras ocurridos los hechos, cerrando la ventana de tiempo para proteger a los corruptos. Si buscamos leyes que favorecen a sectores ligados a las economías ilegales, se aprobó que los bienes incautados a la minería ilegal no sean destruidos y pasen a instituciones del Estado. Si interesan disposiciones inconstitucionales, revisemos aquella que faculta a Boluarte para que gobierne temporalmente desde el exterior, lo que le permitirá realizar viajes que no podía hacer por carecer de un Vicepresidente para asignarle sus funciones; que el Tribunal Constitucional no haya dicho nada sobre la materia, no debe ser motivo de sorpresa.

Si además de “legislicidios”, interesa encontrar casos flagrantes de abuso de poder, está la inhabilitación por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que cuando ejerció como fiscal general, entre 2019 y 2022, “demoró” en tomar acciones contra el entonces presidente Pedro Castillo. Como es notorio, dicha magistrada es una abierta rival interna de la fiscal general, Patricia Benavides, señalada con fundadas razones como aliada del gobierno y del Congreso, por lo que la inhabilitación termina siendo una intervención abusiva contra el aparato judicial. En otras palabras, el Congreso gritando a los cuatro vientos, una vez más, que no tiene que rendirle cuentas a nadie.

Cuando creíamos haberlo visto todo, asistimos al matrimonio por interés de Fuerza Popular y Perú Libre, el cínicamente autonombrado Bloque Democrático, santificado por APP a cambio de la presidencia de una mesa directiva resultante de ese romance, aplaudido por la mayoría de congresistas, sin importar si se dicen de izquierda o de derecha. Como en el caso de la parlamentaria Lady Camones, el congresista cusqueño Alejandro Soto fue impuesto por César Acuña Peralta, el dueño de la agrupación, y como en aquella ocasión, el congresista tiene más de un anticucho en su haber. Tras su elección, ya no caben dudas de que se benefició de una ley promovida y defendida por él, aprobada el 11 de mayo, que fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción, norma a la que recurrió en julio, días antes de ser elegido, para archivar una acusación en su contra por estafa y falsedad genérica. Enredado en sus cuentos había mentido al sostener que ese caso había prescrito el 2018. Mentiras, hay que decirlo, que resultan costumbre, como lo evidencia su inútil y patético afán por negar el parentesco de una de sus contratadas con la madre de su hijo, argumentando cobarde y machistamente una relación de choque y fuga. 

Su caso es de los más graves de los últimos tiempos y compromete a buena parte de los congresistas que lo eligieron y de los partidos que lo sentaron en la presidencia. La norma a la que se acogió, que lo beneficia y que defendió activamente antes de su aprobación, es la misma que acaba de aprovechar, por ejemplo, el ex Secretario General de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. El Presidente del Congreso aparece, así como el integrante aventajado de un Congreso pleno de “mochasueldos”, viajeros frecuentes con recurso públicos o invitados de grandes empresas internacionales, empleadores de sus clientes y defensores de intereses variopintos.

Finalmente, en las últimas horas, la curiosa implosión de la bancada de Acción Popular se constituye en el último número del espectáculo. Iniciada por la congresista Alva, la misma que nos tiene acostumbrados a sus buenas maneras y a su talante democrático, la corrida de ocho parlamentarios de la lampa por la elección del “niño” Darwin Espinoza como vocero, no deja de sorprender. Por varias razones. Los renunciantes son ocho y los que eligieron quince. Entre los que se van hay tres congresistas sindicados de “niños” o de vínculos con ellos, un cuarto denunciado por quitarles el sueldo a sus trabajadores, una congresista investigada por supuestos vínculos con el ex ministro de Vivienda Geiner Alvarado y uno investigado en la fiscalía por lavado de activos y desbalance patrimonial, cuando fue alcalde. Es decir una banda de angelitos, seguramente como quienes permanecen en la bancada. 

Así las cosas, aunque se trate de una temporada que parece que no dejará de sorprendernos, es comprensible que 80% de los encuestados crean que el adelanto de elecciones es lo más conveniente para el país y que 77% coincida con el pedido de cierre del Congreso. Parece no haber otra vía a menos que uno sea tan ingenuo o interesado como para alentar a Boluarte y al Congreso a un salto de calidad en la aprobación de normas, reformas y gestión para reforzar el “incipiente” impulso reformista que han descubierto en el discurso de la mandataria.

desco Opina / 11 de agosto de 2023

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado. Tampoco se ha reconocido ninguna responsabilidad, pues en el discurso señala que las 49 víctimas de las fuerzas del orden murieron en enfrentamientos, cuando existen registros en video y distintos informes internacionales dan cuenta de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Y no hizo mención sobre los cientos de heridos, algunos con secuelas de por vida por los excesos de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas letales y no letales.  

En paralelo, mientras Boluarte daba su mensaje, la represión en las calles contra los protestantes mostraba que el actuar de la policía no tenía ni un ápice de conciencia: bombas lacrimógenas que se dispararon al cuerpo, gases lanzados de forma desproporcionada, se registraron detenciones arbitrarias y denuncias por maltratos a los detenidos. Esta contradicción no pasó desapercibida por la prensa extranjera. ¿Dónde está la atención a los informes internacionales de derechos humanos mencionados en el discurso? 

El 19 de julio se realizaron marchas en casi todas las regiones del sur demandando la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Varias delegaciones que partieron desde el sur, también hicieron sentir su voz en Lima. Esta vez, a diferencia de otras marchas, se unió más gente de la capital. Con menor asistencia, pero con la misma intensidad, se registraron marchas el 28 de julio. La presidenta y su círculo en el Ejecutivo siguen sin escuchar, como lo atestigua Raúl Semillán, presidente de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, quienes también clamaron por justicia en Fiestas Patrias.     

Para congraciarse con el sur, Boluarte anunció algunos compromisos durante su discurso, como la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca; prometió también hacerse cargo del proyecto Majes Siguas II en Arequipa, tan pronto se resuelva su problema jurídico contractual.  Anunció la construcción de tres hospitales (que en realidad son ampliaciones o reactivación de proyectos paralizados) en Arequipa, Puno y Apurímac, así como proyectos de electrificación en dos únicos departamentos. Finalmente comprometió la atención de su gobierno para superar la dura sequía que está por castigar nuevamente a esta parte del país. Sin embargo, no sabemos si todas estas promesas serán viables de ejecutar, teniendo en cuenta que estamos con nuestra economía, ya en situación de recesión, mientras que el capital mira con creciente desconfianza a un país tan inestable como el nuestro. Por lo demás, no creemos que la suma de promesas e incluso de obras, reconcilien a esta parte del país con el gobierno.

El extenso listado de obras en los diferentes sectores y el anuncio de millones de soles en bonos y compensaciones en el territorio nacional, incurre en el error de ignorar la naturaleza de la profunda crisis política que atravesamos, en un país polarizado y confrontado donde quienes ejercen el poder al margen de las mayorías y sin la mínima legitimidad, con altísimos porcentajes de desaprobación como lo expresan las encuestas de opinión, insisten en mantenerse de espaldas al país y seguir adelante con sus intereses, sin entender que lo que estamos viviendo no puede ser tapado más con ningún discurso, ni con el punche del actual régimen. 

En este escenario, el único gobernador del sur que no ha cedido a la estrategia de extorsión del gobierno, “obras por silencio”, ha sido Richard Ancco en Puno, que sigue pidiendo la renuncia de Boluarte. Justamente esta región ha sido la más golpeada por el régimen, con muchos muertos a cuestas y en estado de emergencia permanente. Varias de las comunidades aymaras se han declarado en paralización permanente y la población está vigilante de la posición de sus autoridades; en Carabaya, por ejemplo, solicitaron una explicación pública a su alcalde por reunirse con Boluarte y exigieron que en adelante la población sea consultada sobre cualquier pedido que el alcalde presente al Ejecutivo; mientras en Acora la población obligó a su alcalde a pedir disculpas de rodillas por la misma razón. 

Si bien es cierto que debemos pensar cómo gestionar la crisis, sobre todo porque no se avizora ninguna voluntad en el Congreso para discutir y aprobar las reformas políticas que necesitamos, creemos que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones son gestos políticos necesarios para restaurar la confianza y la tranquilidad en el país. 

desco Opina – Regional / 4 de agosto del 2023

descosur 

El mensaje y la mensajera

A diferencia de los gobiernos de las últimas dos décadas, el de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tienen en el Congreso de la República a su principal soporte y no a un poder del Estado confrontacional y hostil. Se trata a todas luces de un gobierno subordinado al poder legislativo. Como lo muestra la última encuesta del IEP, la opinión pública lo entiende así; pese a tener una aprobación de 6%, se percibe que los congresistas son quienes tienen más poder en nuestro país (35%), seguidos por los empresarios (24%) y, en tercer lugar, la Presidenta (19%). Dicho sea de paso, para el 78%, el Congreso abusa del poder que tiene; apenas 2% cree que usa su poder de manera correcta. 

Eso le permite a la dupla Boluarte/Otárola emitir un mensaje a la nación por Fiestas Patrias, aplaudido rabiosamente por el compromiso que los vincula, por la mayoría congresal; un mensaje que es de reafirmación conjunta de la continuidad de un régimen autoritario que tan solo apunta a continuar su mandato hasta el año 2026, respaldado por una derecha que la aplaude y la sustenta en medio de una crisis política irresuelta. Claramente el interlocutor del gobierno es el Congreso, con 6% de aprobación y no los ciudadanos del Perú. Esto, pese a que las encuestas ciudadanas persisten en descalificar a ambos poderes con dígitos superiores al 80% y al 90% respectivamente, así como la evidente ausencia de un horizonte que recoja las expectativas ciudadanas de forjar una visión democrática del país.

Mediante un discurso declamatorio, de más de tres horas, cargado de promesas y en el que justificó sus escasísimos logros de gestión, responsabilizando de ello al desempeño del gobierno anterior del que formó parte como ministra y vicepresidenta de la República, así como a las manifestaciones de protesta y rechazo que insistió en calificar como grave conmoción social destinada a derrocar a su gobierno y reemplazarlo por una dictadura. Sin traer ninguna propuesta para una salida política a la crisis de legitimidad que soportan los principales poderes del país, cumplió cínicamente con la formalidad de pedir perdón por los muertos y heridos provocados por las graves protestas acalladas por excesos de la represión de las fuerzas policiales y militares, que devinieron en crímenes de Estado entre diciembre y febrero, denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

El autoritarismo negacionista del gobierno, ignorando las demandas del país de renovación de la clase política y adelanto de elecciones, se asienta en una oferta de diálogo en el desaparecido Acuerdo Nacional con los partidos que están en el Congreso, como la manera de confrontar las demandas y reclamos de amplios sectores nacionales y varios internacionales, que exigen su renuncia.

La mediocridad de la gestión del gobierno Boluarte/Otárola se expresó por la notoria ausencia en el discurso presidencial de temas como la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza que soporta el país o la alusión a políticas sobre la protección del ecosistema y la depredación de recursos naturales en sectores clave como pesca, minería y petróleo, además del mal manejo del desastre climático en curso. La falta de una proyección, cualquiera que fuera, sobre el crecimiento del PBI que espera el gobierno –en tendencia negativa en lo que va del año– y la recesión en curso, en medio de una grave crisis fiscal y caída de la recaudación pública, brillaron por su ausencia.

Resulta inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados por su innegable mal desempeño, persistan en negase a realizar cambios y se propongan más bien desinstitucionalizar el Estado como la manera de asegurar su estabilidad, fortaleciendo alianzas espurias con las fuerzas del orden y el Congreso para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.

El balance de gestión que trae el discurso más largo leído en lo que va del presente siglo, carece de cualquier autocrítica sobre el desempeño del gobierno e insiste en su desconexión con la realidad. Hubo una omisión grosera de problemas, como el ejercicio autoritario del Estado, encubierto en medio de promesas y números vacíos como si se tratara de un gobierno que recién hubiera ganado unas elecciones y se iniciara limpiamente.

Mientras tanto, el Congreso, el verdadero gobierno de los días de los que da cuenta Dina Boluarte, continúa afianzándose sin ningún horizonte de mejoría democrática, en medio de nuevos pactos como el de Fuerza Popular y Perú Libre en la mesa directiva que ahora se inicia sin ningún liderazgo, mucha deshonestidad y cinismo.

La sociedad civil y la ciudadanía del país, entregadas a manos de una clase política incapaz e irresponsable, parecen mayoritariamente preocupadas en sobrevivir en medio de la inseguridad y la pobreza crecientes, sin lograr articular ofertas de alternativas o nuevos liderazgos que las ilusionen y reubiquen como actores políticos. Esto facilita por ahora la desarticulación nacional que muestran, su distanciamiento de los asuntos públicos y su rol pasivo alimentado por el papel que cumplen los medios de comunicación ante una crisis política que al parecer la economía no podrá salvar. Nos esperan días difíciles si se suma a ese próximo futuro lo que pueda traernos un mega Niño para el que no estamos preparados.

desco Opina / 31 de julio de 2023