martes

Entre la transferencia y los conflictos sociales

Los últimos días se vieron dramáticamente signados por una sucesión de conflictos sociales que tuvieron sus epicentros en Puno, Huancavelica y Huancayo. En el primer caso fueron necesarios cinco muertos y tres en el segundo, incrementando el triste récord que muestra la gestión del Presidente García en su respuesta a las demandas de distintas poblaciones del interior del país, para que la opinión pública tome conciencia brutalmente de las consecuencias de la ausencia del Estado y de la incapacidad y el desdén del gobierno nacional y de la clase política toda, para atender la fuerte conflictividad social que nos caracteriza desde varios años atrás.

Aunque distintos en su naturaleza y en su contenido, los tres conflictos terminaron asemejándose en sus formas. La movilización de diversos sectores de la población, la paralización de actividades, el bloqueo de vías de comunicación, el ataque a locales y dependencias públicas y finalmente el enfrentamiento con la policía como parte de una escalada de violencia que termina con varias muertes y recién, entonces, la reacción de quienes tienen el mandato de atender y negociar las demandas e intereses de los distintos sectores de nuestra sociedad. Enceguecidos hasta hoy por los números frecuentemente engañosos del crecimiento logrado, convencidos de la fe dogmática en la filosofía del libre mercado e impunes en su poder, como lo muestra el caso de Bagua, no se preocuparon en ningún momento por atender los reclamos de los pobres y excluidos del milagro económico que pregonan.

En el caso de Puno, el más grave de los tres, en el origen de los últimos y condenables sucesos encontramos, una vez más, el rechazo de parte importante de la población, a la manera en la que la minería formal e informal, impone su presencia. En un caso, con la protección del Estado, de su política de concesiones y de su indiferencia por las poblaciones afectadas y las consecuencias ambientales; en el otro, por su incapacidad para desarrollar políticas efectivas de desarrollo e inclusión, pero también por su complicidad con los grandes actores de la informalidad. En ese escenario, a lo largo de los años, los conflictos y los malestares se fueron embalsando hasta desembocar en el estallido del que hemos sido testigos y al que seguramente contribuyeron distintos sectores extremistas que aprovechan la ausencia de Estado y la fragmentación y debilidad de la sociedad.

En Huancavelica, paradójicamente, fueron las autoridades las promotoras del enfrentamiento. En la región más pobre del país que en los últimos años ha vivido un par de movilizaciones masivas reclamando recursos para su universidad pública, dos congresistas promovieron la creación de un nuevo centro superior en la provincia de Tayacaja, a pesar de que en ella funcionan varios programas de la universidad de la región. Sorprendentemente, su irresponsable iniciativa tuvo rápida acogida en la comisión respectiva y en el pleno del Congreso de la República, que aprobó su creación en base a parte del presupuesto de la universidad de la región….A la base, la irresponsabilidad de la clase política frente a la educación pública superior, abandonada a su suerte como lo muestra también el caso de Huancayo y la protesta de los estudiantes contra un rector presuntamente corrupto.

Este escenario, que es parte de las presiones «desde abajo» que encontrará el nuevo gobierno y que se complementan con aquellas otras que vienen «desde arriba» a través de los diversos grupos de poder económico, contrastan con el tono que tiene el proceso de transferencia del gobierno aprista a Gana Perú. Más allá de las escaramuzas que los medios de comunicación insisten en amplificar, ésta tiene hasta ahora un carácter centralmente administrativo y un tono burocrático. Quienes se van tratan de asegurar a su gente y algunas de las posiciones que ocupan, vendiendo la imagen de sus supuestos éxitos; quienes llegan, intentan entender cómo ha venido funcionando el Estado y cuáles son sus principales recursos y falencias.

Los distintos conflictos sin embargo, llaman la atención sobre otra dimensión de la transferencia de un gobierno a otro, ésta sí realmente importante, la dimensión política. Es de suponer que los representantes del nuevo gobierno, a la par que reciben listados de personal, detalle de presupuestos y organigramas, están haciendo balance e inventario del Estado que reciben, de manera tal de organizar las respuestas estratégicas que tendrán que proponer a partir del 29 de julio. Puno, Huancavelica y Huancayo han evidenciado la necesidad que tendrá la nueva gestión de dar respuesta inmediata y clara a muchas de las demandas de la población que son consecuencia directa del Estado ausente. Esperemos que Gana Perú y Ollanta Humala tengan claro que la transferencia en la que están hoy día embarcados, es parte de un proceso mayor en el que simultáneamente deben estar definiendo orientaciones y mecanismos muy claros para superar el actual orden de las cosas.
desco Opina / 27 de junio de 2011
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viernes

El voto en el Sur: un acto de fe

“Keiko nos iba a dar más programas asistencialistas…esos programas han dañado nuestra organización... esos programas que nos ponen en condición de limosneros…yo voté por Ollanta, para que haya más fondos que apoyen nuestra producción…queremos vender en WONG nuestra carne ecológica y de calidad” (Presidente comunal alpaquero).

La primera vuelta electoral representó un primer triunfo del discurso nacionalista del presidente electo Ollanta Humala. Con su voto la población le dio una cuota mayoritaria a la representación congresal de Gana Perú en la Macro Región Sur; 16 de las 23 curules que le corresponden quedaron en sus filas, abonando a su representatividad nacional. El contundente voto presidencial por el nacionalismo, en contraste con los resultados para el voto fujimorista traía consigo un buen augurio.

El 5 de junio la elección por esta opción presidencial, la que muchos llamaron antisistema, fue categórica (Puno 78%, Arequipa 66%, Cusco 77%, Tacna 73%, Moquegua 67%, Madre de Dios 66% y Apurímac 68%). De esta manera el bloque de la Macro Región Sur emitió un voto de fe y de protesta, y es que los últimos 20 años todos los gobiernos le dieron la espalda al desarrollo de la sierra sur, concentrando sus presupuestos en proyectos de envergadura en la costa (central y del norte).

La clase política tradicional se ha negado reiteradamente a aceptar que las diferencias en el país se han ahondado, y es sobre este diagnóstico que Gana Perú impulsó su campaña. ¿Cómo contrarrestar esa desigualdad? El plan de gobierno tiene varias propuestas para dar respuesta a esta pregunta, una de ellas se basa en la regionalización transversal del país, “en la que las regiones estarán conformadas por varios departamentos de la costa, sierra y selva, con lo cual se asegurará la diversidad de recursos para lograr un desarrollo regional equilibrado”. Permitirá, asimismo, una mejor organización política y administrativa del país, con una descentralización más realista y funcional que la actual. Ollanta Humala llevó esta propuesta a sus mítines. En Arequipa, arengó la conformación de la Macro Región Sur para reunir sus fortalezas frente a la apertura de un nuevo mercado con la Carretera Interoceánica Sur.

El sur tiene un gran potencial pero hace falta el afianzamiento del corredor económico productivo (con una diversidad de productos y servicios), el desarrollo de la industria petroquímica (con el gaseoducto sur andino), el desarrollo y diversificación de la agricultura, entre otras cosas, para lograr resultados. Es aquí donde la decisión política del nuevo gobernante es crucial para asegurar una inversión estatal realmente eficiente y orientada al desarrollo que retome, pero en serio, el proceso de descentralización, con transferencia de funciones, esta vez acompañadas de recursos y capacidades para ejercerlas.

Cabe apuntar que en esta parte del país se concentran grandes inversiones mineras (Las Bambas, Cerro Verde, Southern Copper Corporation) y además es rica en recursos energéticos (gas y petróleo), por lo que es fundamental que el nuevo gobierno comprometa sus esfuerzos en conseguir mayores recursos de estas actividades para orientarlas al desarrollo social y productivo del sur. Esto podría lograrse con la anunciada ley de sobreganancias y la revisión de la ley del canon. Puesto que la orientación, en el largo plazo, es dejar de depender de estos recursos no renovables, los que se recauden en este periodo deberían orientarse al fomento de actividades productivas sostenibles diferentes a la minería, a la mejora de infraestructura vial, ferroviaria o marítima existente y a la inversión en el desarrollo de capacidades humanas que son una condición de sostenibilidad.

La demanda es grande y el tiempo corto, por lo que se requiere con urgencia algunos gestos presidenciales, señales que den una idea clara de que, en el sur, el ciclo del olvido va a quedar como un mal recuerdo.
desco Opina - Regional / 17 de junio de 2011
Programa Regional Sur

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Para que siga ganando el Perú

El ciclo electoral iniciado en los comicios de octubre de 2010, se cerró definitivamente el 5 de junio con la elección de Ollanta Humala como Presidente de la República, abriendo para el país un escenario político nuevo. Autoridades regionales más fuertes y experimentadas, las más de ellas distantes de los partidos tradicionales –los grandes derrotados de este ciclo–; un Congreso nuevo y que, si bien fragmentado como el actual, sobre el papel aparece mejor conformado; un Presidente que centró su campaña en su énfasis en la lucha contra la corrupción, percibida por la ciudadanía como el principal problema del Estado; el anuncio de una reforma tributaria basada en impuestos a las industrias extractivas y en cargas directas; y su compromiso con la redistribución mediante la generación de empleo digno y políticas de educación y la salud, combinadas con distintos programas sociales y provisionales.

En otras palabras, se ha impuesto una tendencia que apuesta por más Estado, mayor participación ciudadana, mayor inclusión social y redistribución en un marco de fortalecimiento del mercado interno. Aunque nada de ello exige abandonar el modelo económico, sí supone introducir y desarrollar importantes cambios demandados por la coalición social y política que se «organizó» aceleradamente atrás de Gana Perú y que reedita el colectivo heterogéneo de la Marcha de los Cuatro Suyos, a excepción de Lourdes Flores y el PPC.

Como era de esperarse, desde el instante mismo de su derrota, los principales perdedores iniciaron una presión desembozada contra el Presidente, buscando imponer en puestos clave a figuras que aseguren «que nada cambie». A esa exigencia siguió la caída de la bolsa, el alza del dólar y la amenaza de desestabilización anunciada en los titulares de los mismos medios que semanas atrás, se embarcaron en una inútil campaña de demolición. Sólo faltó el Cardenal poniendo condiciones para la salvación del alma gubernamental. No obstante estas «malas señales» los principales líderes empresariales no han tardado en ofrecer, como tampoco podía ser de otra manera, su apoyo al futuro gobierno y, como en 2006, su compromiso con la inclusión social.

Lo sorprendente es la ausencia de quienes eligieron al nuevo gobierno. Aunque en verdad es temprano, éste no ha mostrado iniciativa respecto a las autoridades subnacionales, las organizaciones sociales o los colectivos que se movilizaron a su favor las últimas semanas. Poco o nada se ha dicho sobre sus demandas y expectativas. Cierto que la economía es importante, pero es evidente que la agenda del país y de los múltiples sectores que votaron por Humala es más amplia y también conflictiva. Dar señales de cómo cambiará el Estado para ser más efectivo en la provisión de servicios y en la atención a la conflictividad social, pronunciarse sobre la agenda de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y la cuestión ambiental, son campos trascendentes para la legitimidad del nuevo gobierno.

Para instituciones como la nuestra, comprometidas con el desarrollo y el cambio social, se abren desafíos importantes. La disputa por la inclusión social en un gobierno que se ha comprometido a distintos programas sociales y a la mejora de la calidad y el acceso a la educación y la salud, adquirirá significado y sostenibilidad si se liga al desarrollo, a la ampliación y fortalecimiento del mercado interno y a la generación de empleo, entendiendo como inclusión el reconocimiento de derechos y no como construcción de nuevas clientelas. De igual modo, la reforma y democratización del Estado, la lucha contra la corrupción, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la relación con las industrias extractivas en una perspectiva más allá de lo tributario, constituyen algunos campos en los que se inscriben nuestras propuestas.

Lo que hay que tener claro es que la vida continúa; la conflictividad social no se detendrá y continuarán las demandas y expectativas de diversos sectores. Gana Perú y el Presidente electo Humala tienen la obligación, pero también la necesidad, de responder a esta otra dimensión de la realidad, tanto o más importante que la económica, que los ocupa en estos primeros días. Para que siga ganando el Perú es indispensable dar señales de en qué sentido se quiere transformar las relaciones entre Estado y sociedad.

desco Opina / 10 de junio de 2011
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Participación en Lima Metropolitana: nuevo estilo, viejos retos

Los vecinos y organizaciones sociales de Lima Metropolitana participan desde el 2003 de los Presupuestos Participativos a nivel de sus distritos. A pesar de sus limitaciones y de las críticas de diversa índole de los participantes, es un proceso que se da de manera sostenida y que ha aportado significativamente en formalizar las relaciones entre representantes y ciudadanos y en darle a los electores herramientas para fiscalizar a su gobierno local. Por una ruta divergente, durante el mismo período, la Municipalidad Metropolitana de Lima, cumplió apenas en el margen de lo formal con la convocatoria a sus ciudadanos para la toma de decisiones de inversión, en medio de la ambigüedad respecto a si los recursos en juego correspondían al pliego regional o al municipal, dificultando no sólo la participación y el reconocimiento del territorio, sino también las iniciativas de seguimiento y transparencia que por definición acompañan a estos procesos.

Al respecto, una de las principales promesas electorales de la alcaldesa de Lima estuvo referida a un «cambio de estilo en la gestión», proponiendo como pilares la apertura a la participación y la transparencia. Un paso significativo ha sido la convocatoria, en abril, al Proceso de Presupuesto Participativo Municipal y Regional 2012. Cabe anotar que será la primera vez que los ciudadanos del Cercado de Lima podrán acceder al proceso participativo, concertando la inversión municipal en su territorio de manera diferenciada al del resto de la metrópoli, con lo que se manifiesta la voluntad de superar la desatención que acusaba este «distrito menor» que integra el Centro Histórico con los viejos barrios originarios del antiguo casco urbano (Barrios Altos, Monserrate) y sus primeras expansiones (Santa Beatriz, zona industrial) y áreas marginales a su alrededor (Margen Izquierda del Rímac). En el caso del Presupuesto Participativo para el ámbito regional, que involucra a los 42 distritos de la ciudad, se ha logrado la inscripción de 105 Agentes Participantes que definirán sus prioridades de inversión de entre 59 proyectos aprobados que responden a necesidades de orden urbano ambiental, económico, social y de desarrollo ciudadano. El presupuesto aproximado es de más de 50 millones de soles.

La apertura del proceso, presidida por la propia alcaldesa Villarán, con presencia de líderes sociales, genera muchas expectativas, en tanto en su discurso pueden reconocerse muchos de los argumentos de quienes promueven la agenda participativa en los distritos, así como por representar la puesta en marcha de un proceso que contesta «las maneras» de la administración Castañeda, poco afecta al diálogo y la concertación. Para empezar, resulta toda una novedad que el proceso se lleve a cabo dentro de los cronogramas y bajo los procedimientos establecidos y publicados –exigencias legales de las que muchos municipios se «distraen», no siendo la gestión metropolitana precedente la excepción–. Por eso el resultado no sólo debe asegurar una distribución equitativa entre los territorios y un estricto cumplimiento de los plazos establecidos, como cabe esperar de cualquier distrito, sino que debe marcar la pauta futura de un proceso destinado a la resolución de los déficits de inversión que no pueden ser cubiertos con recursos distritales.

Otros pasos significativos en términos de la concertación y el diálogo se han dado en la convocatoria a la sociedad civil a la Asamblea Metropolitana –que no había sido nunca activada por Castañeda– y en el llamado a los alcaldes distritales en torno al Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. A junio, están aún por verse resultados concretos de este primer acercamiento con las autoridades locales, frente al crecimiento de la violencia urbana.

No estar a la altura de estos retos puede generar gran frustración entre los electores que apostaron activamente por el acento participacionista de Fuerza Social, así como redundar en el desprestigio del discurso del diálogo y la apertura y por extensión, de sus voceros en la «sociedad civil», muchos de los cuales se han integrado a la nueva gestión como «técnicos». Susana Villarán tendrá que enfrentar eso que –más allá del poco favor que le hacen los principales grupos mediáticos– la ciudadanía crecientemente percibe como un lento aprendizaje y acomodo de los nuevos funcionarios y directivos frente a una ciudad que exige cambios y ajustes inmediatos.
desco Opina - Regional / 3 de junio de 2011
Programa Urbano

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