El futuro gobierno: entre dilemas y desafíos

Creer que el ajustado triunfo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) cierra la crisis política del país es ingenuo o definitivamente interesado. En realidad, en medio de la continuidad de un orden que el partido naranja y la cuatro veces candidata fueron construyendo aplicadamente desde la elección de Pedro Castillo, asistimos al inicio de un nuevo momento del mismo, marcado por la débil legitimidad de la nueva mandataria, la continuidad de una polarización que viene creciendo desde el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y un escenario de difícil gobernabilidad en el que conviven un Estado exánime y depredado, instituciones capturadas por el poder político y una sociedad fuertemente fragmentada y atravesada por distintos malestares y exclusiones, que profundizan su desconfianza en la política y los políticos.

La nueva presidenta llega al poder tras un proceso electoral intenso y disputado en el que las denuncias de fraude y las acusaciones atravesaron toda la campaña. Iniciadas por López Aliaga y Renovación Popular, repitiendo una práctica y un discurso que compartieron con Fujimori el 2021, finalmente fueron el refugio de Roberto Sánchez para enfrentar su derrota en la segunda vuelta. Con el 50,13% del sufragio válido y una diferencia de 49 641 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú (JPP) en una suerte de “déja vu” de las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular llega al poder en un país partido en mitades casi exactas. Su victoria fue la de la derecha que cerró filas atrás de ella en la segunda vuelta como no lo había hecho tan nítida y unánimemente en los tres procesos electorales anteriores, donde fue derrotada por Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo, sucesivamente.

Como es claro, más importante que la división electoral que aparece nítida, es la fractura profunda que combina las distancias entre ricos y pobres, entre una Lima percibida como abusiva y el resto del país, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y cultural y los diversos clivajes territoriales. El triunfo de Keiko introduce, además, un elemento no por simbólico menos significativo: el retorno del fujimorismo al poder 25 años después de la caída del dictador y fundador de la dinastía, Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que, aunque su rechazo ha disminuido, sigue dividiendo al Perú entre apoyos decididos y resistencias igualmente intensas. Esa ambivalencia habla de una fortaleza y una debilidad. Le garantiza a la mandataria una base mínima relativamente sólida, pero también hace crecer un antifujimorismo que podría convertirse en movilización social.

En este escenario, el país está en compás de espera, aguardando los anuncios de la nueva mandataria sobre la conformación de su gabinete y las principales medidas para enfrentar los urgentes desafíos que tiene por delante, varios de los cuales tienen entre sus principales artífices a su actual representación parlamentaria. En la espera, constatamos que el nuevo gobierno tiene ya al frente la difícil tarea de responder a los intereses y presiones de sus distintas clientelas. De las históricas y las nuevas. El desfile de visitas, saludos y felicitaciones ya empezó. Los compañeros de Alfonso Ugarte, con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder a la cabeza, ya pasaron por la oficina presidencial de San Isidro, gestionando una cartera para Luis Carranza quien parece invertir en la misma desde el 2021, cuando también integró el equipo técnico naranja para los debates. Rivales hasta el 12 de abril, –Juan Sheput, Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde–, circulan por los medios como ministeriables, mientras Daniel Barragán, recientemente elegido senador por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, conversa con Fuerza Popular la futura conducción del Parlamento.

No son los únicos. Desde los diversos sectores empresariales, algunos con cierto cuidado con las formas, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sin ningún tapujo, multiplican saludos y felicitaciones y no olvidan los distintos pronunciamientos y declaraciones que hicieran a su favor y en contra de su competidor, las dos semanas previas a las elecciones. La mayoría de medios de comunicación nacionales que se dedicaron a demoler a JPP entre la primera y la segunda vuelta, hoy día se llenan de recomendaciones y consejos a la mandataria. Pero también desde algunos de los sectores que han arribado al Congreso, empiezan a sucederse cantos de sirena y voces interesadas que se distancian del discurso con el que llegaron.

La composición del próximo Gabinete podrá darnos una pista del futuro modelo de gobierno que resultará de las múltiples presiones que existen y de los apoyos que hay que reconocer. Un camino es el del exclusivo color naranja, combinando un ala tecnocrática y una social clientelar, priorizando y respondiendo a las presiones del partido y sus figuras, al estilo Fernando Rospigliosi. Uno segundo es un modelo en el que los sectores empresariales tienen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores productivos en sus manos, mientras el partido maneja los ministerios sociales. En ambos, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será indudablemente importante, a juzgar por las declaraciones de diversos voceros de FP. En cualquiera de los casos, la continuidad del orden actual no está en cuestión.

 

desco Opina / 10 de julio de 2026

Debate en el páramo

 

¿El “debate presidencial” puede, aunque fuere en mínima proporción, aumentar la confianza ciudadana hacia alguno o a ambos candidatos en contienda electoral? Parece una pregunta casi obvia que debiera responderse, para intentar establecer una base desde la cual imaginemos el lanzamiento del nuevo gobierno y crear fórmulas que le permitan una mínima estabilidad.

El pecado original compartido que, como es sabido, si ambos no sinceran sus posiciones los arrojará más temprano que tarde del paraíso democrático, es la casi inexistente legitimidad electoral de los dos. Ninguno superó el 20 % de los votos en la primera vuelta. En contraste, una democracia con enormes dificultades, pero, seguramente, con una base institucional infinitamente mayor que la nuestra como la colombiana, acaba de mostrarnos qué es un resultado significativamente político: el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente el 43.7 % de los votos, seguido por el izquierdista Iván Cepeda con 40.9 %, y Paloma Valencia, en tercer lugar, con 6.9 %.

Para el caso, no olvidemos otros resultados en la primera vuelta electoral ocurridos en la región. En Chile (2025), la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) obtuvo el primer lugar con 26.85 % de los votos, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con 23.92 %. En Argentina (2023), Sergio Massa fue el candidato más votado con 36.7 %, seguido por Javier Milei con 30 % y Patricia Bullrich con 23.8 %. En Ecuador (2025), los dos candidatos más votados fueron Daniel Noboa (44.17 %) y Luisa González (44.00 %), En Brasil (2022), Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 48.43 % de los votos y Jair Bolsonaro 43.20 %. En Bolivia (2025), Rodrigo Paz obtuvo 32.06 % de los votos, seguido por Jorge Quiroga con 28.74 %.

El caso boliviano, a su vez, nos reitera que la legitimidad electoral es fundamental, pero no es lo único que sostiene a una autoridad electa. Gobernar exige más que haber ganado votos: requiere construir legitimidad política y social. Esto nos conduce a otros aspectos, que evidenció el “debate presidencial”.

Una primera cuestión es que las opciones en juego demostraron su limitada capacidad política, una por diseño y otro por impotencia. Fujimori no es ni desea ser un actor político democrático. Como su padre, su aspiración es gobernar demoliendo la institucionalidad y sin concebir oposición, apenas escondida por un seudo formalismo.

Sánchez intenta organizar una imagen más representativa, que abarque fundamentalmente a ese gran espacio social formado no sólo por los excluidos, sino también por aquellos que sienten que están al borde mismo del precipicio, aquellos que las estadísticas denominan ahora como “vulnerables”. Sin embargo, más allá de la voluntad, pareciera que su opción solo da para administrar, de forma más “social”, el sistema que demuele precisamente la sociedad que busca remediar, sin aspirar a alcanzar siquiera los estándares que alguna vez tuvo el Estado de bienestar.

Una segunda cuestión es el narcisismo político de ambos candidatos. Debaten para decirle al otro lo malo que es y, con ello, buscar resaltar sus atribuidas bondades mediante un penoso ejercicio de transferencias y contratransferencias en el que, finalmente, los supuestos contrincantes terminan siendo complementarios uno con otro.

De esta manera, se busca demostrar quién es más fuerte, más capaz o más “social”, en vez de discutir políticas públicas, desplazando así al ciudadano, que se convierte en espectador de un duelo personal, no en sujeto de propuestas. Así, lo que inicialmente aparece lejano –el ciudadano y la ciudadana–, se aleja aún más, cuando la política termina reducida a un espectáculo vacío y al que no ha sido invitado, lo que alimenta apatía y abstención.

El narcisismo político convirtió el debate en un escenario de autoafirmación, más que en un espacio de deliberación democrática. En ese sentido, lo que vimos el fin de semana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puede interpretarse como un reflejo de cómo la lucha por la imagen personal desplaza la discusión sobre el futuro del país.

La tercera cuestión para considerar es el hecho de que los candidatos informaron qué harían en caso de ser elegidos, pero no cuál sería el objetivo, ni qué resultado esperarían obtener. Esto fue palpable en temas como la seguridad ciudadana, en el que la idea fujimorista fue insistir en la aplicación de la fuerza: mientras más, mejor. Por su lado, Sánchez anunciaba, sin convencerse, una serie de reformas vagas de contenidos, al garete en objetivos y vacías de resultados.

En sus fantasías, la inseguridad nunca ha sido un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido común imperante, en uno policial-militar, o mejor dicho, en un asunto burocrático y no de movilización social. En esto no hay diferencias, ni siquiera matices ideológicos. Como sabemos, todo lo que se dijo sobre este tema, ya se ha hecho y los tristes resultados están a la vista.

A estas alturas, pareciera que el ansiado objeto del deseo de los y las peruanas, es la inalcanzable confianza entre ciudadanía y gobernantes. Algo que el ensimismamiento de los contendientes presidenciales solo atiza. El problema, entre muchos otros más, es que la desconfianza hacia las instituciones alimenta la polarización y la fractura social, permitiendo que las brechas de desigualdad se expandan aún más: unos pocos centralizan y concentran la riqueza mientras la mayoría se queda atrás.

 

desco Opina Regional / 5 de junio de 2026

Las decepciones del momento

No deberían sorprendernos las formas y contenidos del Mensaje a la Nación del presidente Castillo presentando el balance de su primer año de gestión en el que el Ejecutivo ni siquiera ha podido resolver las urgentes compras de fertilizantes, sin afrontar la creciente acumulación de indicios sobre la corrupción “hormiga” que lo rodea. Menos aún el fraccionamiento mostrado por el Congreso, que cubrió de suspenso hasta el tramo final las elecciones de su nueva mesa directiva y que, interesadamente o no, no ha podido consensuar aún la designación para la Defensoría del Pueblo. 

A estas alturas es más que evidente que el empate de las fuerzas políticas del país se manifiesta por el peor de los escenarios, que no es el del consuelo de la “polarización” que hemos inventado para evitar quedar desnudos ante nosotros mismos. Es, en su lugar, la incapacidad de construir equilibrios que se compensa con la imposibilidad de todas estas fuerzas para idear y conducir una salida que supere el entrampamiento en el que nos encontramos desde el estado de Derecho. 

La anterior es una de las lecturas posibles del momento político actual. Otra, supondría que el espectáculo escenificado, en realidad esconde la verdadera intención de los actores políticos, es decir, la poca o ninguna vocación que tienen de superar esta normalidad realmente existente, que se ha instalado como la manera en que se expresa nuestra democracia y a la cual se han ido adaptando organizaciones políticas cuya estructura es más bien empresarial, que han devenido en sospechosas de ser organizaciones criminales en realidad.

Cualquiera de estas interpretaciones y las variantes que puedan derivarse de ellas, nos conducen a plantear como premisa que la democracia está afectada en su calidad, esencialmente por factores externos, cuya corrección, también, debe provenir desde fuera del régimen. Un mal gobierno debe ser cancelado sin importar las reglas establecidas, el Congreso deslegitimado debe ser clausurado sin más, los partidos políticos requieren ser judicializados y los representantes y funcionarios serán por definición depositarios de todas las sospechas ciudadanas.

En suma, forzada por la propia dinámica que adquiere la política, la ciudadanía expresa su distanciamiento de ella y de sus protagonistas, elaborando argumentos que justifiquen sus posiciones principistas y moralistas -“que se vayan todos” y “todos son corruptos”-. 

Sin embargo, la democracia formal, por definición, tiene mecanismos auto correctores para evitar su colapso y, sobre todo, para asegurar su objetivo, que es la prevalencia de la norma. Desgraciadamente, no es esto lo que estamos poniendo en debate hoy en el Perú.   

Si lo hiciéramos, una primera cuestión que consideraríamos es aquello sobre lo que se preguntaba Robert Dahl hace 60 años: “En un sistema político donde casi todos los adultos pueden votar, pero donde el conocimiento, la riqueza, la posición social, el acceso a los funcionarios, y otros recursos se distribuyen de manera desigual, ¿quién gobierna realmente?”.

En efecto, las desigualdades cada vez más profundas caracterizan a países como el nuestro, lo que tiene un impacto profundo y directo en la manera en que se configuran los sistemas políticos democráticos. Incluso, el impacto compensatorio de los esfuerzos que pueden darse en la esfera económica parece ser considerablemente más tenue de lo que se cree, a pesar de la cómoda noción entre muchos liberales de que el público se ha movilizado o pronto se movilizará en apoyo de una “legislación igualadora”.

Entre otras razones que se esgrimen, está el que los sectores con menor poder adquisitivo tienen poco acceso a los recursos políticos disponibles, los que además circulan en espacios muy reducidos controlados por los sectores privilegiados mediante los políticos profesionales, los expertos técnicos y los medios de comunicación. Además, como ha venido ocurriendo, la densificación de las redes sociales no identificables y la apropiación de datos personales cada vez mayores, probablemente aumente la direccionalidad de la opinión y de las elecciones. En conclusión, independientemente de quién sea elegido, se ignoran los sueños, demandas y quejas de la mitad inferior o más de la población. 

Así, puede ser que lo actualmente decepcionante de la política peruana no sea el gobierno que se quiere cambiar sino los que buscan que se vaya a cualquier precio, revolviendo lo que hay para quedarnos, posiblemente, en el mismo sitio. No se considera la posibilidad de una presencia de la ciudadanía decisiva, pese a que muchos decían buscar una mayor participación ciudadana, mejores mecanismos de rendición de cuentas, más formas de control ciudadano, que podrían hacernos aspirar a una mejor inserción de los ciudadanos en las esferas políticas. Nada de eso cuenta hoy; lo que interesa es únicamente adelantar las elecciones sin proponernos claramente para qué.

desco Opina / 12 de agosto de 2022

El escenario conservador que nos espera

 

Durante la campaña electoral, la discusión sobre una variedad de derechos y temas (como el aborto, la eutanasia, la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional, el respeto hacia la diversidad afectivo-sexual, entre otros) llevó a una dinámica de polarización, en la que el diálogo y la tolerancia brillaron por su ausencia, situación que como era de esperar fue aprovechada por candidatos de corte conservador, canalizando votos a su favor a través de la exacerbación del odio y el uso del discurso despectivo y excluyente. Este proceso, además de reforzar los estereotipos y la satanización de la postura contraria, ha tenido como primer resultado el incremento considerable de grupos conservadores en el futuro Congreso, que no solo impedirán el avance de la agenda progresista, sino que afectarán los logros que se han ido obteniendo a lo largo de las últimas décadas en materia de reducción de brechas de género, violencia contra la mujer, inclusión de la diversidad afectivo-sexual, etc.

Ante este escenario conservador, ¿qué hacer como sociedad civil, con respecto a nuestra posición y actividad en la esfera pública? ¿De qué manera podemos evitar la materialización de intereses reaccionarios? En base a la experiencia en campañas comunicacionales de proyectos a favor de los derechos de la mujer y la prevención de la violencia, realizados por descociudadano en Lima Sur, se pueden sugerir algunas orientaciones.

Un aprendizaje, cuya validez ha sido más visible en el último tiempo a través de lo observado en redes sociales, es que no se debe atacar y denigrar a la población que defiende o manifiesta causas conservadoras, ni mucho menos buscar aproximar ideas a partir de una postura moralista impositiva. Haríamos bien en entender con precisión de dónde provienen los temores de gran parte de la ciudadanía y dirigir el diálogo hacia ellos con el objetivo de despejar dudas, aunque muchas veces no se vean resultados inmediatos en el cambio de postura. La postura confrontacional no hace más que alimentar el circulo vicioso de la polarización que termina favoreciendo al sector más conservador, pues lo que buscan sus líderes justamente, es la generación de dicotomías en las que exista un opuesto agresivo al cual demonizar.

Igualmente importante es reconocer qué tipo de manifestaciones y/o demandas específicas generan el rechazo masivo de la población, para manejarlas sutilmente al momento de dirigirnos al público amplio. Un ejemplo bastante ilustrativo de este tipo de manifestaciones es el forzar el uso del lenguaje inclusivo, como se pudo ver en el caso del premio otorgado por el Ministerio de Cultura a la actriz Mayra Couto, cuyo rechazo a través de redes sociales fue argumentado mayoritariamente no por “despilfarrar el dinero en situación de crisis” o “porque habían películas mejores” ni debido necesariamente al “machismo generalizado”, sino específicamente por el uso del lenguaje inclusivo en el título de la serie premiada: “Mi cuerpa, mis reglas”.

Fortalecer la posición en los temas en los que se cuenta con respaldo considerable es una tarea urgente. Por ejemplo, respecto al aborto, de acuerdo a una encuesta realizada por IPSOS GLOBAL en 25 países, en Perú, 48% de la población está de acuerdo con su legalización, 32% del cual cree que sólo debe autorizarse en ciertas circunstancias, como cuando una mujer es violada, mientras el 16 % que debe permitirse en cualquier caso. En esa dirección, la apuesta por el aborto en casos de violación, si bien generará una respuesta de los sectores más conservadores, puede ganar respaldo paulatino, en especial de sectores de la población que están dispuestos y entienden la necesidad del cambio, pero temen a demandas percibidas como más extremas.

En resumen, es claro que necesitaremos de una ciudadanía crecientemente progresista que adopte una posición estratégica en un escenario difícil, en el que toda polémica de magnitud mal llevada puede ser aprovechada para que personajes conservadores en el Congreso ganen mayor respaldo popular a través de la aplicación de medidas retardatarias.

 

desco Opina - Regional / 16 de abril de 2021

descoCiudadano

Segunda vuelta: pasado reciente y futuro imperfecto

Tal como lo adelantaron desde una semana antes las encuestadoras, la primera vuelta electoral, concluyó con la victoria de Ollanta Humala, seguido de Keiko Fujimori. La votación de ambos, que representa poco más de la mitad del electorado, no debió ser una sorpresa para nadie, aunque los seguidores de PPK y Alejandro Toledo mantuvieron hasta el último momento la esperanza de que su candidato llegara a competir con Humala.

En una primera lectura, los votos por Humala y Fujimori expresan con claridad la demanda de más Estado y de políticas que garanticen la inclusión social. En el caso del primero mediante políticas redistributivas; la segunda, como no podía ser de otra manera, a través de los programas asistenciales que marcaron el régimen populista de Alberto Fujimori. Los nacionalistas recogieron también el voto anticorrupción y sacaron partido de contar con el único candidato relativamente distinto en la contienda, por sus propuestas y por no caer en el espectáculo, como lo hicieran todos los demás. Los fujimoristas, recurrieron al «voto duro», ese 20% de peruanos y peruanas, que a pesar de lo vivido siguen creyendo en el sentenciado Alberto Fujimori.

Dado que en la segunda vuelta electoral el punto de partida de cada competidor está dado por su «voto duro»; la disputa se dará alrededor de convencer a un electorado disperso y sobre todo, atemorizado por el escenario futuro por el que tendrá que optar. Como es obvio, la capacidad de endose de quienes perdieron el 10 de abril, es prácticamente inexistente: quienes optaron por ellos, mayoritariamente rechazan a uno de los finalistas, si no a ambos. Así, buena parte del resultado final descansará en la capacidad de cada uno de ellos de convencer a un electorado que se debate entre la incertidumbre del futuro y la sombra de un retorno al pasado.

Ante este reto, ambos candidatos deberán perfilarse mejor comunicando de manera muy concreta cómo realizarán las demandas consagradas en la primera vuelta: qué reformas harán en el funcionamiento del Estado y cómo financiarán la redistribución que ambos ofrecen. En este terreno tendrán que aclarar las propuestas tributarias y las condiciones de explotación de nuestros recursos naturales, dos temas particularmente sensibles en la agenda social de los últimos años. Este examen de fondo se verá atravesado al menos por tres factores de polarización. La afirmación de la democracia y los derechos humanos es el primero; la lucha contra la corrupción, el segundo y los cambios al modelo económico, sin ninguna duda, el tercero.

Ciertamente nada asegura que un eventual gobierno Humala vaya a respetar las instituciones, las formas y los poderes de la democracia, pero la historia nos indica que Alberto Fujimori canceló la democracia mediante un autogolpe, cambió la Constitución, forzó su interpretación auténtica y se eligió tres veces, antes de fugar del país, renunciar por fax y tentar un lugar en el Senado de Japón. La candidata Fujimori pretende gobernar acompañada del staff paterno y dentro de la misma fuerza política, que insiste en la tesis de la inocencia de Fujimori y en la legitimidad de violentar derechos humanos en pro de la pacificación tras el conflicto armado. Nada garantiza tampoco que el nacionalismo enfrente con éxito la corrupción, pero es innegable que la cleptocracia en nuestra historia en el siglo XX tuvo en el régimen de Alberto Fujimori a su principal abanderado.

En lo que hace al modelo económico, a estas alturas es indiscutible que éste requiere de cambios. Así lo sostuvieron todos los candidatos y lo evidenciaron en sus distintas propuestas. Keiko Fujimori es la garantía del menor número posible de reformas, a condición de financiar el asistencialismo al que se ha comprometido y que es en última instancia su factor de legitimación. De otro lado, Humala, así propusiera transformaciones radicales –que no aparecen ni en su plan de gobierno ni en su discurso de campaña– no está en condiciones de hacerlo, entre otras cosas porque no es mayoría en el Congreso ni tiene control de los distintos poderes del Estado.

Más allá de los miedos que puedan azuzarse de un bando y el otro, es claro que mientras el nacionalismo está marcado por los temores que genera desde su surgimiento, Fuerza 2011 está marcada por la historia reciente del gobierno de su mentor, que expectante aguarda el desenlace, tras las rejas de la DINOES.

desco Opina / 15 de abril de 2011

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