El gas para el sur

En medio del ruido mediático por las denuncias de corrupción en el Poder Judicial y por el caso Odebrecht, el Gasoducto Sur se ha posicionado nuevamente en la agenda nacional, y no precisamente por alguna decisión del Gobierno Nacional, sino por la iniciativa de dos gobernadores regionales: Walter Aduviri (Puno) y Zenón Cuevas (Moquegua), quienes se aventuraron a solicitar una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para tratar temas de interés de la denominada megarregión continental; entre ellos, el abastecimiento del sur con gas boliviano.

Esta reunión puso en alerta al Gobierno Nacional, que prontamente envió una misión ministerial para tratar el tema del gas de Estado a Estado, pues su importación no pasa por una decisión de política regional, sino de nivel nacional. A pocos días de esta reunión, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, les desinfló el globo a los gobernadores del sur, asegurando que la masificación del gas es prioridad del Gobierno, pero "solo con el gas peruano".

Al margen de lo que suceda hacia adelante con Bolivia –pues habrá otra reunión bilateral a nivel de viceministros, en la ciudad de Lima, en febrero–, hay que reconocer que la iniciativa de los gobernadores del sur ha respondido a una demanda de la población de la Macro Región Sur, que viene siendo «mecida» hace varios años con el proyecto del Gasoducto Sur Andino, después denominado Gasoducto Sur Peruano y ahora, Sistema Integrado de Transporte de Gas. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas está decidiendo sobre un nuevo trazo del ducto, sin que nuevamente, medie ninguna consulta a los gobernadores del sur, ni una definición clara sobre si el nuevo diseño del proyecto incluirá la petroquímica. Tampoco hay información respecto al estado de la infraestructura (avance del gasoducto) que quedó instalada, luego de la anulación del contrato al concesionario de la obra, donde Odebrecht figuraba como socio mayoritario del consorcio que la ejecutaba.

Tras la paralización del gasoducto, el Gobierno anunció el proyecto de distribución de gas “Siete Regiones”, para masificar su uso en la zona centro sur (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali). El cronograma de adjudicación de este proyecto también se ha ido dilatando, inicialmente se dijo que sería en mayo del 2018, luego en el tercer trimestre de ese año y posteriormente, en el 2019, sin precisar el mes. Lo único claro desde el Gobierno, respecto al proyecto, es que esta infraestructura de energía será alimentada por gas peruano.

Actualmente, tres distritos de Arequipa ya cuentan con el servicio de gas domiciliario que es suministrado por dos plantas de gas, que a su vez son abastecidas por camiones cisterna. La concesión es para ocho distritos y la empresa Naturgy (antes Fenosa), está a cargo de la distribución de gas natural (la instalación de conexiones domiciliarias), lo mismo se proyecta para Ilo, Moquegua y Tacna, bajo la misma modalidad. La empresa tiene como meta instalar 40 162 conexiones de gas natural en la región y 64 000 en el suroeste del país.

El Gasoducto Sur Andino, lo reiteramos, es vital para el desarrollo de la Macro Región Sur, por lo pronto abarataría los costos del gas domiciliario ya instalado y luego, con el desarrollo de la industria petroquímica, se podrá avanzar en la tan anhelada diversificación productiva, que hasta el momento no pasa de ser una declaración. Por otro lado, el interés de exportación del gas boliviano por Moquegua es estratégico para el sur, pues permitiría la repotenciación del Puerto de Ilo, por ello nos parece importante que el Gobierno Nacional facilite la ejecución de este proyecto boliviano. Queda en el tintero volver sobre el contrato vigente de exportación del gas de Camisea, y revisar el costo de la molécula de gas peruano para la exportación, un negociado donde el Perú viene perdiendo muchísimo dinero. Señor Presidente, hay mucho por hacer.

desco Opina - Regional / 25 de enero de 2019

Programa Regional Sur - descosur

¡El gas… se va el gas!

El Proyecto de Ley N° 1396/2012-PE, lamentablemente, ha dado la razón a quienes vieron en el enredado anuncio de 28 de julio malas señales para el Gasoducto Sur Andino (GSA); se plantea la construcción de un gasoducto para trasportar metano, desde Camisea hasta Puno, pasando por Cusco (Quillabamba) y un etanoducto que partiría en Pisco hacia el sur del país. Esta propuesta tira por la borda el GSA, puesto que ya no tiene como objetivo masificar el gas para 16 ciudades del sur del país en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los trazos ‘paralelos’ del gasoducto y del ducto de etano presentes en el Proyecto de Ley solo beneficiarían a algunas de las mencionadas regiones, y de forma dispar.

El Proyecto de Ley indica que el GSA no puede ser materializado por la empresa Kuntur debido a que no tiene las reservas probadas de gas natural suficientes y, además, no se conoce de los clientes que darán sostenibilidad económica al proyecto. Declara de interés nacional la construcción del etanoducto, disponiendo la participación de PETROPERU y autorizando el incremento de su capital en 400 millones de dólares. La Empresa Kuntur, por su parte, ha salido a anunciar que, con las nuevas condiciones, el proyecto del GSA recién iniciaría dentro de tres años, ya que están a la espera de un crédito bancario para iniciar la construcción, pero que el etanoducto le quita rentabilidad al proyecto.

La nueva propuesta plantea, como paliativo, la implementación de un «gasoducto virtual», que, partiendo desde Lima, abastecería a Tacna, Moquegua y Arequipa, mediante camiones. Dicho sistema permitiría satisfacer, básicamente, la demanda domiciliaria y vehicular, dejando de lado la posibilidad del cambio de matriz energética por parte de las industrias presentes en la región, ampliando la brecha de competitividad respecto a las industrias asentadas en Lima, las que tienen acceso al gas natural desde el año 2004.

Considerando que uno de los fines políticos de la descentralización es la regionalización, más allá de los departamentos, es penoso constatar que el proyecto gubernamental no contribuye a este fin, consolidando, por el contrario, un proceso de concentración económica en Lima que acentúa el crecimiento desigual e incrementa la brecha económica y social de nuestro país. Ya no sorprende que la promesa de continuar con el proceso de descentralización haya sido silenciada.

desco Opina - Regional / 24 de agosto de 2012
Programa Regional Sur
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«Dijo que era nacionalista…»

En su larga marcha hacia la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió hacer un esfuerzo particular por establecer un perfil propio, debatiéndose entre etiquetas que iban desde el ya desgastado «outsider» al antisistema y del extremista al «Lula peruano». Tentando el equilibrio entre sus banderas originales –control de los recursos naturales, desarrollo del mercado interno, participación del Estado en la economía e inclusión social– y las demandas de su potencial electorado, Humala marcó distancia con su ala izquierda insistiendo en su identidad nacionalista. No era de izquierda, sino nacionalista y «de abajo». Entrando al segundo año de gobierno, cabe volver a preguntarse por una definición mínima del proyecto político del otrora «terror» de la derecha peruana.

El affaire entre el Consorcio Camisea y Perupetro –entidad que vela el contrato de exportación de nuestro gas– no dejó títere con cabeza. Como se sabe, Perupetro inició una investigación que indica que el gas del lote 56 se estaría re exportando de manera irregular, sin declarar ni reportar al Estado Peruano las regalías correspondientes, unos cincuenta millones de dólares. En el lapso de tres días, Aurelio Ochoa, presidente del directorio, y su fugaz reemplazante, Mercedes Tafur, fueron «renunciados» por la sola mención a una eventual cancelación del contrato al citado consorcio empresarial. La secuencia de acontecimientos –y la pasividad presidencial frente a ello– echa bastante luz sobre quién manda a quién en las relaciones entre el Estado y la inversión privada transnacional.

Eso no es todo –ni lo más inquietante– en el frente energético. La convocatoria a una licitación internacional para el Polo Petroquímico del Sur, anunciada ambiguamente por Humala en su mensaje de Fiestas Patrias, tomó decepcionante forma con el Proyecto de Ley 1396, que define que un gasoducto (metano) iría de Camisea a Puno y un etanoducto iría de Pisco a Ilo, dejando atrás el Gasoducto del Sur Andino, que en su diseño previo –el proyecto Kuntur– ofrecía paso por Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Este sustancial cambio no implica únicamente una falta «formal» a la palabra tres veces empeñada por Humala, una en su mensaje inaugural, otra en la ceremonia de recuperación del lote 88, una más durante el Consejo de Ministros descentralizado en Moquegua, oportunidades todas en las que anunció como algo inminente el inicio de la construcción del Gasoducto del Sur. Aunque menos mediático, el Proyecto de Ley 1396 es una afirmación tan o más radical que el ya célebre «Conga Va»: un germen de decepción y malestar, esta vez encajado en el núcleo de voto «duro» del hoy alicaído nacionalista: el sur andino. En este contexto, el destrabe de Majes a favor de Arequipa y la luz verde al aeropuerto de Chincheros en Cusco, tienen sabor de premio consuelo.

Con esta promesa de integración y desarrollo para el Gran Sur más que en duda, es poco lo que identifica al gobierno con el ímpetu transformador de sus primeras horas. Sin el proyecto para «equilibrar el sur con el norte» (Humala dixit) ni el «gas barato para todos los peruanos», la inclusión social queda francamente reducida al rediseño de programas sociales, arrinconada en discusiones metodológicas y mediciones monetarias, un piso en el que resbala la titular de Inclusión y Desarrollo Social, Carolina Trivelli, sumándose a la postura del «ministro-técnico», que tan poco beneficio le ha traído a su par en Educación, la recientemente interpelada Patricia Salas.

Es poco lo que se espera de la presentación del renovado gabinete en el Congreso de la República. Luego de la desafortunada decisión de prolongar el estado de emergencia en Cajamarca, no es más que una formalidad el anuncio de las medidas tomadas por la Comisión Multisectorial por una «nueva minería». A este ritmo –y para mal, por supuesto– lo único que queda de la agenda nacionalista se recuesta en el delicado diferendo con Chile.

desco Opina / 20 de agosto de 2012
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¿El final del conflicto de La Convención?

Tras quince días de paro, el conflicto de La Convención encontró una salida negociada ante la insistencia de distintos sectores de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que alertaban la posibilidad de un desenlace violento dada la intransigencia del Ejecutivo y las obstaculizaciones promovidas por los núcleos más duros dentro de la protesta. La paralización fue suspendida al aceptarse las demandas centrales de la población: para empezar, la reserva de Megantoni no será afectada por las tuberías del transporte de gas, que tendrán otro recorrido; se construirá una planta de procesamiento en Kepashiato y, lo más importante, se estableció que las reservas gasíferas del lote 88 se dedicarán íntegramente a atender el mercado interno, además de acordarse que el precio del balón de gas en La Convención, será equivalente al de Lima, corrigiéndose una situación paradójica y abusiva por la que en esa provincia se pagaba hasta el doble del precio de la capital.

La pregunta de fondo, sin embargo, es si los acuerdos logrados suponen el final del conflicto, como todos queremos o son sólo un paréntesis. La respuesta no es fácil, máxime si observamos el comportamiento del gobierno post conflicto de Bagua y su resistencia a cumplir cabalmente con lo establecido por las partes en aquella ocasión.

Que el gobierno no esté dispuesto a negociar disputas y diferencias que cuestionan el corazón del modelo económico y evidencian sus grandes contradicciones y arbitrariedades, resulta hasta comprensible, como lo resulta también su reiterada incapacidad para prevenir muchos de estos conflictos. Lo que aparece incomprensible es la persistencia por volver a la postura original que se encontraba a la base del conflicto, como lo muestra el caso de Bagua, ahora que el propio Presidente ha observado la ley de consulta y simultáneamente impulsar una ley forestal que nuevamente afecta a las poblaciones indígenas.

¿Ocurrirá lo mismo con el caso de La Convención y el gas? Difícil saberlo. El tema es complejo, porque el gobierno ya tiene comprometida la exportación de casi la mitad de las reservas del lote 88, por lo que cumplir su palabra implica revisar el contrato con la empresa, con lo que se abre un flanco para la discusión más amplia sobre el tema del gas. Adicionalmente, eso debilita el blindaje legal que con tanta laboriosidad se ha construido y argumentado para proteger los distintos contratos que atentan groseramente contra el interés nacional.

En esta situación, es interesante preguntarse qué fue lo que llevó al gobierno a retroceder de su posición inicial. Ciertamente la fuerza y la duración de la protesta fueron elementos importantes; el pronunciamiento de distintos sectores exigiendo diálogo, también. Sin embargo, creemos que el factor que aceleró su decisión fue la difusión y rápida multiplicación de imágenes en las que pobladores y amas de casa de La Convención denunciaban el escandaloso precio del cilindro de gas. Al mostrar la desprotección de los usuarios locales de gas doméstico, esas imágenes podían cambiar el sentido de la opinión pública sobre un conflicto que aparecía como focalizado y abstracto, pero que en su interior movilizaba un tema clave: la manera en la que en los últimos años estamos hipotecando nuestros recursos extractivos.

Así las cosas, creemos que frente al conflicto de la provincia cusqueña, el gobierno ha actuado pragmáticamente. Ha asumido compromisos que niegan su acción a lo largo de su gestión y que escapan del fundamentalismo de su «pensamiento perro del hortelano», seguros que lograrán transferirle al próximo gobierno el problema mayor, que es la exportación del gas y el abastecimiento del mercado interno. Lo hicieron por necesidad, pero quizá también por temor a la posibilidad de que el sentido común empate con un discurso sobre el interés nacional, un discurso que aluda a elementos democráticos e incluyentes. Lástima que por el momento un discurso de estas características es más un deseo que una realidad.

desco Opina / 20 de agosto de 2010
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Intolerancia y represión en defensa del perro del hortelano

Días difíciles los vividos por el gobierno las últimas semanas. Por distintos lados, su fuerte apuesta extractivista –componente central de su modelo económico y de sus principales políticas– muestra muchas de sus limitaciones y peligros. 400 barriles de petróleo de Pluspetrol envenenaron el río Marañón, afectando la vida y la naturaleza en vastas zonas del oriente del país. 50 toneladas de sedimentos de relave de la compañía minera Caudalosa Chica, contaminaron los ríos Totora y Opamayo, afectando también el río Cachi en la provincia de Huanta (Ayacucho), al romperse el 25 de junio pasado el dique que los contenía en Huachocolpa, Huancavelica; perjudicando a innumerables poblaciones, flora y fauna que dependen de esos recursos. Doe Run, por su parte, persiste en el incumplimiento de sus sucesivas promesas y abusa una vez más de la permisividad increíble del gobierno y el Ministerio de Energía y Minas.

Por si fuera poco, la escasez del gas natural en Lima los últimos días y el alza de precios que se observó en el mercado, generó un gran malestar entre las miles de personas que dependen de aquél para sus actividades diarias. Más allá de cualquier discusión técnica y política sobre las causas de esta crisis –si la marea estaba alta y el barco no podía desembarcar, si los grifos y distribuidores tenían o no la reserva, si se construye o no el ducto de Pisco a Lima, etc.–, lo cierto es que generó en la opinión pública un sentimiento profundo de rechazo a la política general de este gobierno con el gas, a su decisión de exportarlo contra viento y marea y a su improvisación y desidia para preocuparse por el mercado interno.

En este escenario, en el que desde distintos sectores arreciaron las críticas a la acción gubernamental, ésta exhibió, una vez más, su torpeza y su afán provocador. La decisión de cancelar la residencia al hermano Paul Mc Auley, comprometido generosamente los últimos años de su vida con la suerte y las luchas de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios y sus recursos, constituye una arbitrariedad grosera, denunciada por variadas y plurales voces. Ante la falta de pruebas, el argumento esgrimido, la condición de extranjero del hermano de La Salle, contrasta brutalmente con la buena disposición y el entusiasmo que cotidianamente muestra el mismo gobierno en su discurso y en sus actos, con el capital y las empresas extranjeras, a las que les permite todo.

Simultáneamente, el Ejecutivo, a la vez que presentaba una propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que insiste en cambiar el uso de tierras forestales para la agricultura, poniendo en peligro 45 millones de hectáreas en la selva peruana, rechazaba la norma aprobada por el Congreso de la República sobre la consulta a los pueblos indígenas e insistía en sus presiones en apoyo al proyecto Tía María. Como telón de fondo, desde distintos medios de comunicación, en paralelo nos anuncian de los grandes éxitos de la gestión gubernamental, con hartos números azules por cierto, y nos advierten de la oscura amenaza que se cierne sobre el país, promovida por los alevosos críticos de aquella, en una campaña publicitaria digna de Vladimiro Montesinos.

Así las cosas, cabe preguntarse que hay detrás de estos actos, que se van haciendo reiterativos, conforme se acerca el término del mandato gubernamental. Pero también es necesario interrogarse sobre la relación que tienen con la manifiesta voluntad judicializadora del conflicto social e incluso del elemental derecho a la discrepancia y a la opinión que vienen mostrando algunas de las figuras más significativas del régimen.

Las respuestas parecen claras y son consecuentes con la «filosofía del perro del hortelano», enarbolada por el primer mandatario, prácticamente desde el inicio de su gestión. La intolerancia y la vocación confrontacional y autoritaria que revelaron los escritos del nuevo pensamiento guía, empiezan a materializarse cuando la vida misma demuestra la arbitrariedad de un discurso que lo único que pretende es crearle mejores condiciones aún al gran capital, en nombre de la fantasía del crecimiento y el progreso. Estamos advertidos. El gran timonel y sus socios están decididos a defender su modelo sin mayores miramientos por los costos.

desco Opina / 13 de julio de 2010

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