Más de mil personas fueron
violentamente desalojadas por la policía de un terreno en el distrito de Villa
El Salvador. Esto ocurrió el 20 de febrero pasado y como consecuencia del enfrentamiento, se produjo la muerte de una persona y resultaron numerosos heridos entre ciudadanos y policías.
Con variantes, esta es una historia constantemente repetida en nuestro país desde
hace más de medio siglo y que está estrechamente relacionada con el tema del
derecho a la vivienda y el rol del Estado.
En el caso que mencionamos, el área
ocupada está destinada a la ampliación de la avenida Pastor Sevilla en el
distrito de Villa El Salvador, y el origen del conflicto se remonta al 8 de
abril del año 2006, cuando se produjo la invasión de dichos terrenos, que en
ese entonces representaban los remanentes del área reservada para la
construcción de la futura universidad que tendría Villa El Salvador. Cabe
mencionar también, que casi el 75% del área proyectada para la universidad se
había consolidado tiempo atrás como zona de viviendas y actualmente se conoce este
territorio como el asentamiento humano Oasis de Villa. Ya en el año 2007 se produjo el desalojo de una parte –que ahora es el terreno en disputa–
por ser área destinada para la ampliación vial.
Así, sale a la luz –una vez más– la
manera compleja y conflictiva como los sectores pobres en nuestra ciudad acceden
al suelo para satisfacer las necesidades básicas de espacio para vivir. Este
hecho da cuenta también, de los problemas que se generan a lo largo del tiempo por
la forma como diversos actores «planifican» el uso del territorio. En este caso
por un proyecto de inversión vial de carácter distrital, que genera un conflicto
entre los beneficios reales para la mayoría y los intereses de un grupo con
expectativas de ampliar la zona de asentamiento de viviendas, sin que juegue de
por medio alguna lógica más estructurada. El tema es recurrente, y muestra el irresponsable
accionar del Estado en esta zona –conocida como Oasis de Villa sector 2 y 3– en
la que en enero de este año, se titularon 686 lotes de vivienda sin más oferta
que la entrega de un lote a cada familia. Cabe recordar que el titular del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento manifestó entonces: "Ahora que ya son propietarios de su predio, se les abre una innumerable fuente de oportunidades, pueden poner agua, desagüe, postular a créditos de Techo Propio, Techo Seguro; todo ello y más se puede ejecutar, verán cómo su vida mejora". Cualquier persona medianamente
informada que analice esa situación sabe que las posibilidades reales de un «propietario»,
no corresponden al sueño que se les promete, toda vez que como se ha repetido
en más de una ocasión, los terrenos en esa zona son altamente vulnerables ante
eventuales sucesos sísmicos, ya estudiados para el sector denominado Lomo de Corvina.
Las invasiones y tomas de tierra como
modalidad de «hacer ciudad» negociando con el Estado ante hechos consumados,
simplemente reafirma la llamada política de dos caras: lotes para
autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y verdadera
formalidad, créditos y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos.
La forma como se produce ciudad en el
Perú –ahora un país predominantemente urbano en cuanto a concentraciones
poblacionales–, es y debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno para
iniciar de verdad la toma de medidas correctivas. Lamentablemente parece que
debemos esperar tragedias para tomar cartas en el asunto y evitar el
asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. La percepción es que tropezaremos
con la misma piedra recurrentemente, sin avanzar hacia el planeamiento de
ciudades de calidad; eso lo ilustra el caso de esta invasión en Villa El Salvador
y se reafirma en los procesos de reconstrucción: posterremoto del 2007 y pos Niño
Costero del 2017.
desco Opina - Regional / 9 de
marzo de 2018
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