Seguridad ciudadana y desarrollo de la selva peruana

Regional

Aunque se difunden cifras oficiales sobre la incidencia delictiva y el resultado de las intervenciones policiales en la Selva Central, según estudios confiables existe un alto número que alimentan las «cifras negras», es decir aquellas que no son reportadas por las víctimas. Al respecto, son visibles las limitaciones de equipamiento logístico de la policía y por ello los pobladores dudan de su eficiencia, a lo que debemos sumar la inercia del Poder Judicial, lo que da como resultado una percepción de inseguridad bastante alta.  

Es cotidiano escuchar noticias sobre asaltos a pasajeros de los buses que transitan en las carreteras pero, lo que no se señala es que en los caminos vecinales y trochas carrozables de esta parte del país, donde la presencia policial es nula, el número de actos delictivos es mayor al que se anuncia en los medios, con el agravante de que, generalmente, la víctima es fuertemente golpeada o asesinada. Esta inseguridad se incrementa de manera alarmante en temporada de cosecha, cuando  esperanzados en recuperar su inversión luego de largas faenas de trabajo son presas de bandas organizadas, que controlan y reciben datos sobre las actividades de venta y cobranza de los agricultores locales.  

Las autoridades recomiendan el uso de transferencias interbancarias, cheques y  tarjetas para reducir la vulnerabilidad del traslado de grandes sumas de dinero. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad de los pueblos de selva, en donde no existe un número adecuado de agencias bancarias ni seguridad en las mismas.  Además, las que funcionan efectúan limitadas gestiones financieras. En pocas palabras, sin efectivo visible no habrán pagos a jornaleros, dinero para compra de insumos ni circulante para los abastos familiares.  

En estas incursiones delincuenciales no sólo se roba el dinero y valores personales, sino que se despojan los vehículos y hasta las cargas de productos. También se incurre en violaciones y otros vejámenes. Existen pues diferencias abismales entre las recomendaciones que se promocionan para garantizar la seguridad ciudadana, que están basadas en realidades urbanas, y los desafíos que plantean las condiciones cotidianas de nuestra amazonía.  

De esta manera, con la poca credibilidad que generan las estadísticas oficiales y la incongruencia entre la supuesta reducción de los actos delictivos y el incremento de la inseguridad en las localidades del interior, no es posible facilitar el desarrollo rural que, a su vez, urge de la seguridad para poder desarrollar sus actividades productivas. Según la norma (Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) se han creado 26 Comités Regionales, 193 provinciales y 1,627 distritales de Seguridad Ciudadana. Esto nos podría hacer creer que existe una estrategia nacional que rendirá frutos en el mediano plazo pero, al parecer, esto dista de ser una proyección verosímil.  

En primer lugar, estas instancias –en donde deben confluir las autoridades y la comunidad organizada en juntas vecinales– crean contradicciones con las formas organizativas locales, ya que no se desprenden de ellas sino que se conforman de manera paralela. En buena cuenta, los procesos de capacitación a estas juntas vecinales son simples formalismos, que buscan cumplir con el requisito especificado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). No faltan quienes cuestionan el compromiso civil en la tarea de prevención, pero olvidan que esta participación es voluntaria y riesgosa, ya que se exponen a represalias por parte de los delincuentes, sin contar con ningún tipo de garantía personal.

Otra causa gravitante es la alta frecuencia en la rotación de las autoridades policiales y de los funcionarios que los gobiernos regionales y locales asignan a esta tarea, que no sólo impide la debida formación de capacidades sino que, también, siguiendo con las prácticas burocráticas comunes, el reemplazante desconoce lo actuado y lo pasa a fojas cero, sin recoger ni analizar las experiencias vividas. De esta manera, el burocratismo y el populismo le han ganado terreno a la obtención de buenos resultados. Demás está decir que la coordinación interinstitucional deja mucho que desear por lo literalmente inexistente.  

Desde la óptica de la planificación para la acción, no se cuenta con diagnósticos confiables ni existen mapas de incidencia delictiva. Entonces, no es errado pensar que los planes de trabajo elaborados por estos comités de Seguridad Ciudadana finalmente no se implementen porque las instancias gubernamentales no tienen capacidad para ponerlos en práctica. En efecto, el equipamiento de las comisarías rurales y del personal de patrullaje es exiguo, sin dejar de mencionar los actos de corrupción en que incurre parte del cuerpo policial. De otro lado, la falta de eficaces equipos de comunicación y combustible para los vehículos favorecen aún más la actividad criminal.

Ante esta realidad ¿Es posible hablar de posibilidad de desarrollo de la Selva central en las condiciones en que se encuentra la Seguridad Ciudadana?, ¿se puede incentivar una mayor inversión del productor en tecnología y mejores prácticas si no se le asegura la integridad personal y la de sus bienes? Estamos seguros que no. A pesar de ello, existen los emprendedores del agro que asumen los riesgos pero, no dejan de manifestar su desazón por el descuido y los crasos errores en que incurren las instancias que deberían de protegerlo, una razón más que acentúa el distanciamiento entre el Estado y la sociedad rural.