Nro. 54 ¿Podrá Simon?

La presentación del primer ministro Yehude Simon ante el Congreso de la República, el 8 de noviembre, fue algo desconcertante. Por momentos, parecía exponiendo un Plan de Gobierno, con tópicos generales y objetivos de mediano plazo, cuando lo que se requería eran propuestas de acción inmediata y resultados rápidos. La buena voluntad de Simon es incuestionable. Sin embargo, las dudas se evidencian cuando preguntamos si los medios de los que dispone son los necesarios y si el entorno es el adecuado para que su intención se plasme en resultados que logren remontar la deteriorada imagen del Ejecutivo.

Con su designación se intentó superar una grave crisis provocada por la revelación de actos corruptos que comprometerían a altos niveles del gobierno, evidenciando un fenómeno que, al parecer, es bastante más extendido y complejo de lo que se supone. Así, su integración al Ejecutivo fue un golpe de timón del presidente García, quien haciendo gala de su celebrado olfato político que le indicaba que era indispensable responder a la creciente conflictividad social, pero también a la corrupción, encontraba en el Presidente Regional de Lambayeque una carta importante.

La obligatoria presentación del nuevo Gabinete ante el Congreso de la República era la ocasión para entrever el margen de maniobra del nuevo Premier para hacer efectivos sus planteamientos, aunque, era evidente que sus límites estaban planteados desde el inicio mismo de su gestión pues, camino al tercer año de gobierno, el Ejecutivo difícilmente modificará de manera importante la direccionalidad de su acción. Las primeras declaraciones de Simon, recién asumido el cargo, no se condecían con este escenario tan claramente acotado. Sensibilizado por el tema de la corrupción, afirmó que la iba a combatir frontalmente, sin considerar la sucesión de fracasos previos en esta materia, varios de ellos por falta de voluntad real del gobierno que hoy integra.

Como no podía ser de otra manera, éste fue uno de los puntos estelares de su exposición ante el Congreso, donde el nuevo Premier señaló que se adelantaría la implementación del nuevo Código Procesal Penal para agilizar los procesos seguidos a los funcionarios corruptos. También anunció el impulso que se dará al Servicio Civil (SERVIR) y un mayor grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pero, lo central fue su compromiso para fortalecer el Sistema Nacional de Control, cambiar las formas en la elección del nuevo Contralor General y comprometerse a un plazo de 45 días para presentar un Plan Nacional Anticorrupción, que aspira consensuarlo ante el Acuerdo Nacional.

A estas alturas, la inesperada entrega del prófugo Rómulo León a la justicia, por propia decisión, podría crearle un contexto favorable para impulsar las acciones que anunció. Sin embargo, si bien nadie puede estar en desacuerdo con lo expresado, podría sospecharse que el enfoque dado a la lucha contra la corrupción tiene un sesgo tecnocrático, que limita la eficacia de estas tareas, en momentos en que lo que se reclama es un diseño que otorgue la debida importancia a los componentes políticos que están tras el problema; es decir, una reforma del aparato del Estado que lo legitime ante la sociedad mediante una participación más activa de la ciudadanía organizada. Así, por ejemplo, aunque nos parece positivo que se retomen las iniciativas para transparentar las actividades de los lobbies, pensamos que el tema de fondo en esa materia supone profundos cambios en el manejo de las licitaciones y las listas de proveedores del Estado.

Otro punto del discurso en el Congreso que generó expectativa, fue el de la descentralización y la regionalización. Sin embargo, todo parece indicar que en este rubro las aspiraciones de Simon se reducen a garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de lo que ya está normado; sus propuestas carecieron de la audacia que se esperaba de alguien que conoce profundamente ambos procesos.

Sobre los otros aspectos del discurso del Premier hay poco que decir, lo cual debe preocupar. Apuesta por las posibilidades de desarrollo humano de un modelo económico cada vez más cuestionado, precisamente por sus pobres resultados en este rubro. Repitió las fórmulas manidas y fallidas sobre el combate contra el narcotráfico y, peligrosamente, ha hecho suyo el término «narcoterrorista» desde el cual cree poder construir un esquema contrasubversivo diferente a los que hemos visto en las últimas décadas. Finalmente, sus propuestas respecto a cómo enfrentará el Perú las consecuencias de la crisis financiera internacional son, en buena cuenta, declaraciones de buenas intenciones y esperanza en que las cosas no empeoren.