De acuerdo a las últimas
encuestas, Keiko Fujimori tiene las más altas probabilidades de ganar la elección del próximo domingo 5 de junio
y acceder a la Presidencia de la República el 28 de julio. Desde luego, la
última palabra no está dicha y su contendor PPK, y detrás de él una gran parte
del país, apuestan a un resultado diferente. Más allá de lo que arrojen las
urnas dentro de pocos días, queremos ensayar la construcción de algunos
escenarios hipotéticos para el país si Keiko Fujimori asume la presidencia.
Un primer escenario, el «escenario autoritario», es el que más temores despierta
entre la ciudadanía que no votará por ella, pues se teme un copamiento de las
instituciones del Estado: Fujimori tiene ya mayoría en el congreso, y se
correría el riesgo de que avasalle y capture el Poder Judicial y la Fiscalía, las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otras instituciones, reeditando lo
que el régimen de su padre hizo en los años 90 del siglo pasado. Su bancada le
serviría para promover los cambios constitucionales que consagren este retroceso
democrático, al cual se sumaría una desinstitucionalización del país si
mantiene las coaliciones que forjó durante la campaña electoral con los mineros y transportistas informales
y, probablemente, una mayor presencia del narcotráfico en ciertos espacios del
poder del Estado. Todo ello estaría coronado por la pronta liberación de su
padre y quizás con una razzia vengativa contra quienes lo condenaron y otros
opositores.
En el plano económico,
se espera una política expansiva en el gasto público, echando mano al fondo de
estabilización fiscal – FEF (ahorros públicos administrados por el MEF) que, a fines del 2015, sumaban US $7,900 millones. El
programa de Fuerza Popular (pág. 45) menciona expresamente esta medida, a fin de lanzar un boom de
inversiones productivas y sociales, y podría convertirse en la base de una
suerte de populismo económico de derecha.
Un
segundo escenario probable sería un «escenario democrático», menos creíble para sus opositores (y seguramente también
para gran parte de sus seguidores). El
Gobierno de K. Fujimori respetaría
las reglas de juego y la independencia de poderes, no intenta copar las
instituciones públicas importantes, aplica reformas que algunos liberales
reclaman desde hace varios gobiernos y mantiene una política económica
prudente. Muestra además respeto por los derechos humanos, cumple con reparar a
las víctimas de las esterilizaciones forzadas realizadas en el gobierno de su
padre, entre otras medidas.
Como es obvio, ambos
escenarios son problemáticos, debido a factores económicos o políticos que
bloquean o limitan su construcción: uno de ellos son las restricciones
económicas externas, (caída de los precios de los minerales, una menor llegada
de inversiones extranjeras, y de disponibilidad de divisas, entre otros), y
reduce el margen para políticas expansivas de corte populista; el uso de los
ahorros del FEF podría funcionar quizá en los dos primeros años de gobierno, si
logra superar los no pocos problemas de procedimientos que tiene el Estado para
efectuar un shock de gasto público.
En el plano político,
Fuerza Popular no cuenta con un operador comparable a Montesinos, que controle
a la vez los aparatos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial,
(aunque no deben faltar por allí los generales retirados fujimoristas con
aspiraciones a emularlo). Las acusaciones de lavado de dinero a gente tan
cercana a la lideresa como Joaquín Ramírez no deja de ser una bomba de tiempo
para su eventual régimen, y es aún prematuro saber cómo operarán los distintos
grupos de fujimoristas que han entrado al Congreso, su compromiso real con una
opción democrática, la capacidad de control de la señora Fujimori sobre ellos y
en quiénes se podría apoyar para un eventual escenario no autoritario. Todo
esto, podría traducirse en un gobierno con problemas de orden y disciplina.
Por otro lado, las
propuestas de Fuerza Popular para enfrentar la corrupción y la inseguridad
ciudadana no parecen muy consistentes, y pueden convertirse en serios problemas
para su imagen y, sobre todo, para la gobernabilidad del país.
Todo esto constituye un
enorme desafío para la oposición, especialmente para el Frente Amplio. Sus veinte
congresistas le dan un espacio interesante pero sin capacidad real para hacer
aprobar propuestas legislativas coherentes con su programa. Prepararse para
hacer una suerte de «travesía en el desierto» durante los próximos cinco años,
ponen a la orden del día la necesidad de construir una agenda política que
permita no solo fiscalizar al gobierno que se instale el próximo 28 de julio y
visibilizar a la izquierda como una opción política seria, sino también,
construir organicidad que la fortalezca y consolide a nivel nacional, permitiéndole
además, resistir los intentos de aislarla y reducirla políticamente a una
mínima expresión.
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