Del machismo al cuidado: modificando masculinidades en clave peruana

 

El gran escollo para formular mínimamente un sistema de cuidados en el Perú es la transformación de la noción imperante de paternidad, algo palpable incluso en la legislación, que, aparentemente, debiera ser un factor decisivo para el cambio.

Las leyes 26644 y 29409 que otorgan el derecho a la licencia por maternidad y por paternidad, no consideran un enfoque de género, refuerzan el rol de la mujer como cuidadora y no permiten que las madres trabajadoras coordinen sus responsabilidades familiares y laborales.

Específicamente, la ley 29409 establece el derecho del trabajador de la actividad pública y privada, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a una licencia remunerada por paternidad, por diez días, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia.

Para algunos consultores, dicha ley no solo ofrece un plazo limitado para el descanso del padre trabajador, sino que además, establece una diferencia de trato económico frente a la licencia por maternidad: mientras ésta última es asumida por EsSalud, la de paternidad corre a cargo del empleador.

Más aún, se legisla sobre una situación ideal, en la que no se contempla explícitamente aquellos casos de padres adoptivos, solteros o no convivientes. En la práctica, estos grupos parentales están sujetos a las interpretaciones favorables o a las políticas internas de las empresas más formales y grandes. Por otro lado, la norma no establece un criterio claro sobre cómo calcular la remuneración durante esos días y, en ese sentido, muchas empresas consideran el sueldo básico excluyendo las comisiones o pagos variables, lo que puede significar casi la mitad del ingreso perdido para el trabajador.

Más allá de la adecuación normativa, que dicho sea de paso, es más que insuficiente, los factores decisivos que definen la continuidad del problema, se manifiestan en otras dimensiones. Por ejemplo, según encuestas recientes, más del 50% de los peruanos aún cree que las mujeres deben priorizar las tareas del hogar sobre sus propios proyectos personales, reduciendo la participación activa de los padres en la crianza.

El resultado de esta percepción es que las mujeres peruanas dedican más del doble del tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado. Es decir, pese a que se han producido avances hacia una distribución más equitativa de estas responsabilidades, la carga de trabajo doméstico sigue recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres, lo que limita el tiempo disponible para el trabajo remunerado o el desarrollo personal.

A ello debe sumarse la raigambre de los prejuicios empresariales, que consideran el embarazo y la licencia como un “sobrecosto” laboral, lo cual se traduce en discriminación indirecta, especialmente hacia las mujeres.

Otra cuestión central, pero poco debatida, es que más del 60% de los hogares con hijos menores de 18 años está liderado por madres solas. Incluso cuando el padre está presente, no siempre ejerce un rol activo o afectivo.

También debe consignarse el limitado acceso a los programas de formación. Aunque existen iniciativas como “Hombres por la Igualdad” del programa Warmi Ñan, que buscan deconstruir estereotipos y promover nuevas masculinidades, su alcance aún es limitado.

Ante esta situación, se está considerando la necesidad de ampliar la licencia de paternidad, como se hace en Islandia, para fomentar el involucramiento desde el nacimiento. En esa dirección, todo parece indicar que las campañas nacionales de sensibilización, al estilo de MenCare, permiten obtener buenos resultados. Otros mecanismos son los talleres comunitarios para hombres, que se implementan con éxito en Chile o el programa Pai Presente, en Brasil, que facilita el reconocimiento legal de la paternidad y promueve el vínculo afectivo entre padres e hijos, especialmente en contextos de abandono o separación.

Como vemos, abundan las experiencias que podríamos adaptar en nuestro país. Lo que necesitamos, entre otras iniciativas, es voluntad política, especialmente para mejorar la medición y visibilización del trabajo no remunerado; aumentar la inversión pública en infraestructura de cuidados, fundamentalmente en guarderías, centros de día para adultos mayores, y redes de apoyo domiciliario; aplicar herramientas, como las desarrolladas por ONU Mujeres y la OIT, para estimar déficits de cuidado, costos de inversión y beneficios económicos; incentivar a empresas a ofrecer servicios de cuidado, horarios flexibles y corresponsabilidad familiar.

 

desco Opina / 27 de junio de 2025