El pedido del voto de confianza que
hiciera el gabinete Zavala el 13 de septiembre pasado, en teórica defensa de la
política pública de educación, abrió una nueva confrontación entre el Ejecutivo
y el Legislativo, que finalmente ha concluido en este capítulo con la
designación de uno nuevo, presidido por Mercedes Aráoz. Durante cuatro días, la
minoritaria porción del país preocupada por la escena oficial –40%
de los encuestados por IPSOS para El
Comercio consideraban estar informados de la solicitud– pareció aguardar
preocupada un choque de trenes. Por un lado, el Ejecutivo que parecía siete
meses tarde, dispuesto a amagar con el cierre del Congreso; del otro, el
fujimorismo, que tras la sorpresa inicial, y ya golpeado por el fallo del
Tribunal Constitucional, respondía dispuesto a la confrontación y acusaba al
gobierno de provocación.
Los coletazos de la larga paralización
magisterial y la pésima gestión gubernamental de la misma, aparecieron así como
una amenaza «dramática» para la gobernabilidad del país. Nadie entendía bien
las motivaciones y las circunstancias que llevaron al Ejecutivo a jugar una
carta aparentemente tan alta, máxime tratándose de un gobierno que muy pronto
hizo de la debilidad su divisa. Las especulaciones, que fueron muchas, se
sustentaban en las supuestas debilidades y limitaciones de la bancada
fujimorista, alentadas por el comportamiento reciente de Kenji Fujimori y la decisión
del Tribunal Constitucional. Desde la agrupación naranja, «apoyados» por el
altisonante congresista Mulder, con la conciencia clara de la precariedad del
mundo ppkausa, de su débil relación con la gente, su carencia de cuadros
políticos y su nula organización, siguiendo su «tradición», respondieron convencidos de que el poder es la única verdad, decidieron seguir
jugando hasta el final con el miedo permanente del Ejecutivo.
La designación del nuevo gabinete volvió
las aguas a su nivel. Los cambios realizados son apenas cosméticos. Garantizan
la continuidad de las políticas públicas que comprometen el modelo y que más
allá de estilos, matonescos o disfrazados de buenas maneras, hermanan a ambos
trenes. Aseguran además, el abandono de las dimensiones liberales que trataban
de mantener en algunas de ellas, como la tan manipulada y vilipendiada supuesta
ideología de género, presente en la reforma educativa, contra la cual se han pronunciado en distintas oportunidades
los nuevos ministros Vexler y D’Alessio. En otras palabras, anuncian la
voluntad del endurecimiento del modelo y sus políticas, y el fin de los
limitados guiños liberales.
A fin de cuentas, mucho ruido para esas
nueces; varios de los congresistas más vociferantes hasta el fin de semana,
desde el domingo, anunciado el nuevo gabinete, se distendieron y empezaron a «pagar
por ver», si no, a encontrarle virtudes a un equipo ministerial que es más de
lo mismo y por lo tanto peor. Los representantes gubernamentales olvidaron
rápido que el fundamento que daban para el voto de confianza era la defensa de
la política pública de educación; ahora aplauden a un ministro que fue
permanente crítico de ésta y defensor sistemático de los privados.
Se ha logrado entonces un precario «equilibrio
estratégico» entre ambos poderes. Con guiño incluido a Alan García y a Kenji
Fujimori con la salida de Marisol Pérez Tello opuesta abiertamente al indulto,
así como con la designación de Enrique Mendoza, abogado que conoce los
distintos vericuetos, virtudes y defectos del Poder Judicial, quien será clave
para el uso de esa última carta de PPK, pero también para el manejo de la
política anticorrupción y la gestión del caso Lava Jato, que tiene preocupados
a varios de los actores de esta película, en donde hasta el momento el único
que sigue perdiendo es el país.
La calma chicha resultante durará
algunos meses. Desde el fujimorismo congresal ya se aseguraron que no habrá
bancada kenjista y ahora buscarán blindarse de los cada vez más limitados «sustos»
que pueda darles el Ejecutivo. Es claro que no van por la vacancia en el corto
plazo, pero también es evidente que no permitirán que el 2021 se les aleje.
Desde el Ejecutivo, con el indulto como eventual último recurso, sólo les queda
resignarse a la difícil relación con el más grande de la clase que seguirá
deshojándolos a voluntad de acuerdo a sus necesidades.
Más profundamente y por debajo, superada
la crisis de gobierno, la crisis de régimen político –que no les interesa ni a
los unos ni a los otros– continúa, mientras el modelo que defienden sigue dando
evidencias cotidianas de su agotamiento.
desco Opina / 18 de setiembre
de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario