La
convulsión social que hace pocas semanas atrás envolvió a Pichanaki, fue motivada por una serie de incumplimientos
y olvidos de parte de las autoridades nacionales,
en los que la empresa petrolera tiene poca o ninguna responsabilidad. Eso no
significa, tampoco, que a diferencia de lo que ocurría con la Petrolífera SAC
en el lote aledaño 107, Pluspetrol tuviera un buen desempeño. Desde un
principio, sus encargados de hacer trabajo de acercamiento y sensibilización a
los pobladores y sus organizaciones, mostraron serias debilidades; se les
acusaba de incumplidos, de informales, de abusivos y soberbios, entre otros
calificativos. Sin embargo, los trabajos de exploración de la Pluspetrol, la
manipulación y la falta de la información, dieron los pretextos suficientes
para que esto sea aprovechado de otra manera, y para que se azuce la movilización
de algunos pobladores ante el temor del deterioro ambiental.
Entre
los rumores atemorizantes –sin sustento técnico– se señalaba, por ejemplo, que
los ojos de agua desaparecerían con los trabajos de exploración, que algunos
predios colapsarían y que la contaminación estaría a flor de tierra. Esta
manipulación de la información y el atizamiento de actos de violencia y
represión policial, le han costado la vida a un poblador, ha dejado muchos
heridos y provocado (para los agricultores de la zona) pérdidas de sus cosechas
de papaya, piñas y paltos que estaban prestas a salir al mercado limeño. No es
de sorprender, además, el violento comportamiento de la policía en los
enfrentamientos, por ser un territorio sensible de narcoterrorismo (salida del
VRAEM), y sus integrantes (de las dependencias locales y los refuerzos), más
allá de este conflicto, han tenido siempre roces con la población civil de esta
zona.
Es
importante tener en consideración que en una coyuntura donde el agricultor local
está seriamente afectado por la plaga de la roya, cualquier dinero que llegue a
los caficultores por compensación social sería bienvenido. Si bien estas
compensaciones económicas se están dando, la empresa Pluspetrol enfrenta
juicios por daños e incumplimiento de compromisos a terceros; punto a favor para
quienes capitalizan el descontento. La convocatoria ha capturado la acumulación
de demandas insatisfechas de la población de Pichanaki, distrito con un
crecimiento poblacional desordenado y apresurado, que en los últimos siete años
triplicó su demografía, y no es de sorprender que menos del 40% de la población
urbana y rural esté representada por alguna organización.
El Frente de Defensa
Ambiental de Pichanaki –ahora actor importante– nace el año pasado, estando
inserto en pleno proceso electoral cuando muy pocos le hicieron caso; sin
embargo, dejó sentadas varias acusaciones de colusión con la empresa contra algunos
candidatos (de Junín principalmente); las imputaciones se centraron, sobre todo,
en los que iban adelante en las encuestas.
Los convocantes no
tienen la representatividad de las organizaciones sociales ni de las
organizaciones de productores y mucho menos de las comunidades nativas, varias de las cuales han negociado
compromisos con la empresa e incluso se han pronunciado públicamente en contra
de las paralizaciones.
A excepción de
Pichanaki, ninguno de los distritos donde se realizan los trabajos se ha sumado a la paralización, y si bien es posible que la
conjunción de varios personajes que satanizan los trabajos haya dado sus frutos,
no han podido proyectar sus pretensiones a toda la selva central. Hay quienes creen
que esta protesta está siendo subvencionada por narcotraficantes y madereros
ilegales molestos por la presencia de la policía y el mayor control del tráfico
que ejerce el Estado desde hace algún tiempo en la zona.
Por otro lado, es
importante que se sepa que días antes de la paralización, toda la selva central
tenía ya conocimiento de que las empresas de exploración petrolera suspenderían
paulatinamente sus actividades hasta nuevo aviso, al haber culminado con la
fase técnica que correspondía, porque se debían procesar los resultados de los
estudios técnicos y también porque el precio en el mercado internacional de los
hidrocarburos era poco halagüeño y no se justificaban las inversiones tanto en
exploración como en compensaciones sociales. Por estos motivos, los más osados
no dudan en señalar que quienes estarían más interesados en que esta concesión
sea cancelada serían los de la propia empresa Pluspetrol, porque todo indicaría
que financieramente les sería más rentable luchar por una indemnización del
Estado peruano, que por el usufructo del contrato.
En Pichanaki fue celebrado como un triunfo rotundo haber logrado que la representación
del Ejecutivo acepte la instalación de una Mesa de Diálogo, de la misma forma que
fue criticada y señalada como un engaño la presencia ministerial que en su
momento no aceptó sentarse a dialogar en una plaza pública. Como es natural comprender en la zona, el tema
central del debate del jueves 19 no fue la presencia de la Pluspetrol, sino el
de los compromisos estatales para atender las necesidades locales, quedando
claro que sólo coordinarán su ejecución con quienes tengan real representatividad
de la población local. En ese contexto es evidente que el Frente de Defensa
Ambiental de Pichanaki no encaja. La autoexclusión de quienes promovieron la
paralización, ha beneficiado al Alcalde de Pichanaki, quien ha sabido liderar
las conversaciones con la delegación del Gobierno Central, sin ninguna sombra
que lo opaque ni cuestione su representatividad. Mientras tanto desde los
medios radiales locales, los desengañados líderes de la paralización tratan de
encender los ánimos para retomar las paralizaciones a partir del 22 de marzo, intentando
una respuesta ante el alcalde distrital y las
organizaciones representativas que en muy corto plazo organizaron una marcha por la paz que obtuvo el respaldo mayoritario.
Por último, la nueva convocatoria
del Frente, que pretende ganar nuevamente respaldo para organizar un paro de
alcance nacional, más allá de ser una propuesta pretensiosa es impopular, pero
también nos hace ver que no es que la crisis se haya desinflado, ya que para
nadie es un secreto que se está buscando llegar a acuerdos para que algunos
líderes radicales se sumen a las protestas con lo cual se podría llegar a
niveles de mayor conflictividad. En los medios locales se señala que la facción
del SUTEP que representa a los maestros que no aprobaron el examen de selección,
habría aceptado sumarse a la lucha y están a la espera de que grupos de
construcción civil que demandan cupos en las obras del Estado, también aseguren
su compromiso. Con ello se incorporarían nuevas demandas y la plataforma de
lucha se distorsionaría tanto que sería poco manejable, incluso por parte de los
mismos convocantes.
desco Opina - Regional / 6 de marzo de
2015
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