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El 2012 un grupo de comunidades en Puno realizó una gran protesta en contra de la empresa Bear Creek Mining Corporation que iniciaría una exploración en sus tierras para extraer plata. Tras largas semanas de violentas manifestaciones, el gobierno derogó la norma que favorecía la operación de Bear Creek y el proyecto Santa Ana se canceló. La empresa inició en 2014 un arbitraje internacional contra el Estado peruano, que ganó luego de un extenso proceso; sin embargo, en 2018 tuvo que renunciar a la concesión. El principal líder de la protesta, Walter Aduviri, fue condenado a siete años de prisión. Hace poco, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) nuevamente vulnera el derecho de otras comunidades aymaras que no quieren que el extractivismo sea parte de su desarrollo, ni económico ni cultural.

El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucará, ubicadas en la provincia de Chucuito, que exigían la nulidad de concesiones mineras que invaden su territorio comunal, porque se omitió la Consulta Previa. La empresa que pretende operar tal concesión, es una cementera del grupo Gloria. El TC dice en su sentencia que la Consulta Previa no es un derecho fundamental, pues no está reconocido en la Constitución, y recordó que el mecanismo tiene sus límites. En efecto, la norma no considera consultar sobre el otorgamiento de las concesiones, al entenderlo como un mero trámite burocrático. Nadie te avisa si la tierra donde está tu casa, tu chacra, o tu campo de pastoreo, se va a concesionar; un día el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), te despierta con la noticia en el periódico.

La sentencia alarmó a varias organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas, pero también de la Defensoría del Pueblo, que ha emitido un pronunciamiento en cautela de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y en contra de esta decisión del TC. Sin embargo, más allá de comunicados, esta sentencia hace ver la urgencia de la revisión de la norma de la Consulta Previa, que ya tiene diez años de vigencia, en tanto los conflictos socioambientales se siguen sucediendo.

Otro tema relevante sobre el que se tiene que poner un foco, a propósito de esta sentencia, es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento político para tomar decisiones sobre cómo regular el uso de un territorio, un proceso hundido en los sótanos de la agenda nacional por la presión de los mayores beneficiarios del actual modelo económico: los empresarios. La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), como se recuerda, es una herramienta que impulsó el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) para ordenar la gestión del territorio, que luego el Ministerio del Ambiente puso como requisito obligatorio para el planteamiento de los POT. Hasta el 2017 las ZEE de Arequipa, Apurímac y Moquegua, estaban en una etapa de formulación y ejecución; mientras que Cusco, Puno, Tacna y Madre Dios, ya tenían sus procesos concluidos y aprobados, pero a nivel meso, y debieron emprender los estudios a nivel micro, es decir para cada gobierno local, y otros estudios más para formular su OT. Un largo camino para decidir sobre el territorio, cuando bien estos estudios podrían ser complementarios y no un requisito.

Según el geoservidor del MINAM, Chucuito tiene un potencial minero no metálico, pero ¿es lo que quiere desarrollar la población como potencial económico?, la demanda de amparo presentada por una porción de las comunidades asentadas allí no dice que no. Para ello está el POT como instrumento político, pues no sólo basta con identificar las potencialidades económicas, sino también el tipo de desarrollo que plantea esa comunidad según criterios sociales, culturales, ambientales y otros. Por eso es tan discutible que se quiera seguir haciendo minería en las cabeceras de cuenca, aunque en la mente de muchos empresarios, tecnócratas y periodistas de derecha, estas sean un mito.

Según un reporte de CooperAcción del 2017, en el sur hay provincias que tienen más del 50% de su territorio concesionado como Condesuyos (53.5%) e Islay (54.9%) en Arequipa; Chumbivilcas (58%) en Cusco; Ilo (63%) en Moquegua; Cotabamba (74.8%) en Apurímac, entre otras. Chucuito solo tiene el 6% de su territorio concesionado, y esa cifra podría aumentar. Si bien una concesión no implica que ya esté siendo explotada, hay que ser conscientes de que en algún momento se puede realizar la exploración y explotación de la misma. ¿Acaso Ingemmet tiene idea de cuál es el tipo de desarrollo que quiere determinado distrito? Aparentemente no. Esta desconexión dentro de los organismos del Estado –no sólo a nivel de Lima, sino con los demás sectores subnacionales– provoca que luego, los responsables de un estallido que «espanta» a la inversión privada, sean los pobladores, jamás el Estado, desarticulado hasta ahora, que parece que nunca formula sus decisiones tomando en cuenta los escenarios futuros, menos a la población y su cultura.

 

 desco Opina – Regional / 1º de abril del 2022

descosur

Los malestares acumulados en Las Bambas

Todos los gobiernos que están de salida se parecen entre sí. Pero, la salida del gobierno de Humala tiene su propia manera de procesarse. Sin reflejos, casi pareciera no importarle lo que pasa ante sí, ni para bien ni para mal, aun cuando implique cuestiones cruciales para el país.

El 25 de setiembre los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, más Chumbivilcas, en Cusco, iniciaron una paralización indefinida en contra del proyecto minero Las Bambas, el más importante del país. A raíz de ello, un enfrentamiento entre pobladores y la Policía dejó al menos cuatro muertos y quince heridos de bala. 

La demanda principal son las irregularidades percibidas en las actas presentadas por la empresa china MMG –que desarrolla el proyecto– al Ministerio de Energía y Minas sobre la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pues entre los firmantes figuran personas que no estuvieron en los talleres informativos y, por ello, decidieron desconocer el estudio por carecer «de sustento legal y social». 

Además, rechazan la instalación de una planta de molibdeno y otra de filtros y concentrados, autorizada en el EIA, que inicialmente no formaba parte del proyecto, demandando la demolición de ambas. También exigen la renuncia y retiro inmediato de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas, «responsables de la modificatoria del EIA, por corromper a los dirigentes». De igual manera, exigen el cierre definitivo de tres emisoras radiales desde donde, afirman, son amenazados los dirigentes. 

Por otro lado, solicitan la renegociación de las tierras comunales de la zona de influencia en Cotabambas y Grau, así como sea reconocida como zona de influencia las comunidades que están dentro de la línea de transmisión eléctrica en ambas provincias. También aquellas que están comprendidas en la vía de transporte de carga pesada de los distritos de Challhuahuacho y Mara.

En otras palabras, hay al menos un aspecto trascendental que estos hechos pone de relieve: cómo es que «repentinamente» aparecen los ánimos sumamente alterados en torno al proyecto minero más grande del país, sin que aparentemente ningún medio de comunicación o funcionario haya brindado información y análisis sobre ello.

El 7 de febrero, el portal Lamula.pe informó que las comunidades campesinas de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac, habían anunciado un paro de 72 horas contra MMG, por despidos masivos de trabajadores.  Los dirigentes también exigían la instalación de una mesa de diálogo alegando que la empresa había incumplido los acuerdos asumidos con la anterior administración del proyecto, Glencore–Xtrata.

Demandaban a MMG que asignase el 5% de las utilidades para la creación de un fondo social para proyectos en la provincia. Por su parte, las comunidades de la cuenca baja del río, exigen compromisos claros para que este no se contamine. Asimismo, el pliego incluía peticiones como empleo directo, establecimiento de viveros, el 10% de las utilidades como pago por licencia social del agua y capacitación para actividades locales.

Se supo entonces, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, Apurímac, había presentado ya desde el 27 de enero una plataforma de lucha a la Defensoría del Pueblo de la región y al Ejecutivo regional, que fue motivo de un acuerdo previo entre los dirigentes comunales y las autoridades (MINEM y PCM).  Sin embargo, una parte importante de los comuneros quedó insatisfecha y mantuvo la resistencia. Desde entonces, el conflicto siguió escalando llegando incluso al secuestro de trabajadores contratistas de MMG.

Lo que viene sucediendo en Cotabambas, al igual que en otras zonas mineras del Perú, pone en consideración no sólo los conflictos que se suscitan entre la población y las empresas extractivas, sino también, la competencia que se genera entre los actores presentes en los diversos espacios de negociación –local, provincial y regional– para ganar protagonismo a costa de los otros. De igual manera, también evidencia una vez más, la enorme fragilidad institucional del Estado peruano para manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Luego de haberse producido la muerte de cuatro personas se busca ahora formar las condiciones propicias para el diálogo, aunque la pregunta es ¿por qué no se previno la situación cuando, a todas luces, el ambiente había empezado a agitarse desde meses antes? 

Las explicaciones fáciles al conflicto ya surgieron en los medios, en la Sociedad Nacional de Minería y en algunos sectores políticos: su desencadenamiento es obra de agitadores radicales antimineros y su solución, obvia, es represiva. Esta visión escamotea problemas de fondo como la cuestionable gestión social del Ministerio de Energía y Minas y la necesidad de reformar el Estado para adecuarlo a un manejo oportuno de la conflictividad, pero también para que, además de promover la inversión privada necesaria al país, cautele los derechos de sus ciudadanos.

desco Opina / 2 de octubre de 2015 
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Comunidades campesinas en Huancavelica: retos y desafíos futuros

Las comunidades campesinas son las organizaciones rurales más importantes y tradicionales en la Región Huancavelica. Actualmente, existen 636 comunidades formalmente reconocidas, estimándose que su número es de hecho mayor si se considera a aquéllas que no han tramitado o logrado su inscripción. Se calcula que cada una de estas está integrada por un promedio de 80 a 100 familias, lo que significa un total aproximado de 200-250 mil personas, constituyendo alrededor del 50% de la población regional. Las comunidades poseen también la mayoría de las tierras agrícolas de Huancavelica y producen los principales bienes agropecuarios ofertados en el mercado regional y en los de las provincias y distritos de la zona. Los procesos de los últimos años, sin embargo, las han impactado negativamente y hoy afrontan problemas derivados de las secuelas de la violencia, la migración, la escasez de recursos como el agua, la posesión de las tierras y las debilidades organizativas.

En los últimos tiempos, las comunidades asentadas en las cabeceras de cuenca, zonas intermedias y zonas bajas mantienen conflictos por el territorio, debido a la incursión de nuevas empresas mineras y a las amenazas sobre recursos naturales como el agua. La conflictividad por el recurso hídrico enfrenta a autoridades y productores campesinos de Huancavelica con autoridades del gobierno nacional y del GORE Ica, departamento que ha tenido en años recientes un boom en su producción de cultivos de agro-exportación. Uno de sus problemas ha sido, sin embargo, la escasez de agua; por ello, el gobierno nacional ha dado medidas para el abastecimiento de los valles iqueños, impulsando un proyecto para el trasvase de las aguas de la laguna Choclococha, sin tener en cuenta los intereses y las necesidades de los productores campesinos de Huancavelica. La consecuencia ha sido una sustancial baja en el caudal de agua, por debajo del mínimo indispensable para mantener la «dinámica hídrica», y la micro flora vegetal y animal existentes en la cabecera de cuenca.

Actualmente, desde Proinversión se está promoviendo una asociación pública privada (APP) cofinanciada por el Estado por varios cientos de millones de soles, para obras de trasvase y afines (canal colector Ingahuasi y presa Tambo), que afectarían varios miles de hectáreas de bofedales en la parte alta, justamente territorio de comunidades campesinas. Estas y otros actores de Huancavelica se oponen porque perciben esto como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpaquera y su seguridad hídrica, demandando un diálogo para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, reclamando al Estado la realización de inversión pública para la sostenibilidad hídrica y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de las comunidades. En ese marco debe entenderse, por ejemplo, el I Diálogo Interregional «Conflicto por el Agua Ica y Huancavelica», donde se reunieron e intercambiaron opiniones y propuestas los actores de la cuenca alta, media y baja del río Ica.

Otro aspecto a considerar es la relación de las comunidades con los gobiernos subnacionales (gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales). Existiendo espacios de concertación y participación en estos niveles, aun cuando limitados, la comunidad no interviene activamente en estos, entre otras razones por su debilidad orgánica, las dificultades de representación que padecen y la indiferencia de las autoridades responsables. Por ello, su presencia en el mecanismo de los presupuestos participativos es bastante débil. Si bien es cierto que el gobierno central tiene la voluntad de atender a estos sectores pobres con programas sociales y otros, y el gobierno regional hace esfuerzos para la implementación de programas como Llaqta Saludable, Yacu Tarpuy, tales iniciativas todavía no avanzan como para traer beneficios concretos a la población, generando pesimismo y decepción en los líderes comunales.

La comunidad campesina en Huancavelica afronta así retos fundamentales como la defensa del agua y el logro de acuerdos entre autoridades y actores políticos y sociales de Huancavelica e Ica, que sean beneficiosos y equitativos para los productores agropecuarios y la población de ambos departamentos en general. Esto pasa por un fortalecimiento de las instancias comunales, que contrarresten tendencias a la desintegración, fragmentación y privatización de sus recursos y les permita participar activamente en los espacios de toma de decisiones, recuperando su dinámica organizacional y la gestión colectiva de los recursos comunales, concretando además, iniciativas que impulsen el desarrollo local.

desco Opina - Regional / 10 de julio de 2015

Programa Sierra Centro
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