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viernes

Cuando la cama me da vueltas



Sorprendiéndonos una vez más, el gobierno acudió en auxilio del fujimorismo y de parte importante de la oposición, que se debatía afectada por una oleada de disputas internas y divisiones que alcanzaban a la mayoría de sus tiendas. El partido naranja sumido en la pugna –ya abierta– entre Keiko por un lado, y Kenji y Alberto por el otro; el Frente Amplio disminuido a su mitad original, buscando algún mecanismo «ingenioso» que les permita quedarse con las cuatro comisiones que tuvieron en la legislatura ya concluida, mientras el APRA y AP, atrapados en las disputas que han prolongado sus elecciones internas. 
En ese escenario, la decisión gubernamental de retirar de la Procuraduría ad hoc a Katherine Ampuero, que arrastró la salida de Julia Príncipe de la Procuraduría General y del Consejo de Defensa del Estado, apareció como un salvavidas que les permite llegar al 28 de julio, recuperando su tono vocinglero en los más de los casos y claramente altisonante y provocador desde el fujimorismo. El «veranillo» que infructuosamente trató de crearse tras el diálogo entre PPK y Keiko, parece que terminará una vez más en lo mismo. Más allá de si la decisión del gobierno fue correcta o no, y nosotros creemos que era indispensable el retiro de ambas, llama poderosamente la atención la falta de pericia evidenciada por la Ministra Pérez Tello, teóricamente una de las pocas políticas del gobierno.
La manera en la que se anunció su salida, por televisión y no a través de una resolución y un comunicado previos, dejó a la titular de Justicia en manos de los dimes y diretes en los que ambas abogadas han demostrado experiencia larga e importante capacidad histriónica. Apoyadas mayoritariamente por los medios, han devenido en supuestas víctimas de la lucha contra la corrupción y la defensa de su autonomía, que estaría tocando las puertas del gobierno. En otras palabras, ambas son hoy día parte de la munición de grueso calibre de la que se alimentan muchas de las figuras políticas que aparecen sistemáticamente sindicadas de vinculación con actos de corrupción, empezando por un Alan García, ya experto y cuajado en encontrar la corrupción en otros como la mejor manera de alejar los reflectores que nunca llegan a afectarlo.
El resultado es claro. Los declarantes de siempre tendrán amplio espacio en los medios y los recurrentes analistas de todos los días, tendrán papel y cámara para especular sobre la precariedad y los pecados del gobierno. La primera, como lo demuestra el hecho, es evidente. Los pecados también, pero parece no existir un interés real en llegar a ellos, como lo evidencia el caso Chinchero, por ejemplo. Por debajo, varios intuimos que el retiro de ambos personajes de la Procuraduría –basta recordar que la doctora Príncipe en más de una ocasión ha evidenciado su corazón estrellado– es parte de la evidente trama en la que están comprometidos el Ministerio Público y la Procuraduría, para lograr el necesario «control de daños» que ocasionaría Lava Jato.
De esta manera, el salvavidas lanzado a los partidos, les permitirá esconder sus problemas y sus miserias por un nuevo período. Keiko Fujimori podrá olvidar por unas semanas la posible libertad de su padre o la probabilidad de que cumpla condena en su domicilio, lo que la llevaría a un indeseado escenario de compartir y competir por el liderazgo naranja; las reacciones de los conversos (Alcorta, Galarreta y Salaverry) a los tweets del exmandatario son muy claros al respecto. Alan García seguirá durmiendo tranquilo sin preocuparse, una vez más, por el trance en que ha puesto a su exánime partido y riendo porque ahora el corrupto puede ser PPK. En el Frente Amplio, finalmente, pueden empezar a especular sobre su eventual recomposición para mantener las Comisiones congresales que tuvieran en el pasado. En todos los casos, la política reducida a estatutos, reglamentos y sanciones para disimular la falta de propuestas y su desvinculación de la gente, situación que pretenden prolongar, enterrando la reforma electoral.
Mientras tanto, la economía parada, al extremo que el nuevo ministro del sector, acepta ya que este año no crecerá lo poco que habían previsto… pero el próximo año será mejor; los corruptos, preocupados por la corrupción de los otros; la gente expresando en la calle sus malestares –médicos, maestros y otros trabajadores–, los piuranos marchando porque no tienen recursos para su reconstrucción, cocaleros y un largo etcétera más, cada uno por su lado. La incertidumbre es cada día mayor en un contexto en el que no hay actores fuertes. En un escenario así, ¿podemos esperar algo del discurso del 28 de julio?


desco Opina / 21 de julio de 2017

A propósito de Tía María… un elefante se balanceaba



Como se sostiene en un artículo reciente, el conflicto que se sigue viviendo alrededor del proyecto Tía María, es seguramente uno de los más anunciados que se han producido en el país, demostrando, entre otras cosas, la incapacidad que tenemos Estado, empresas y sociedad, para aprender de lo vivido, apenas los últimos años. Más allá de la historia puntual del enfrentamiento de los últimos meses, continuamos acumulando muertos y violencia, en un escenario en el que se evidencian el virtual naufragio de la institucionalidad, la crisis de representación que no es sólo política sino también social, la corrupción que alcanza a las empresas y a las organizaciones sociales, la protesta cada vez más turbulenta y sin control y la perplejidad de un gobierno que tras transitar de las promesas de la gran transformación al compromiso de la hoja de ruta, hoy simplemente ha perdido la brújula y busca sobrevivir hasta el término de su mandato, en medio de su propia incertidumbre.
En Tía María, una vez más, la política fue derrotada. Hoy, tenemos un gobierno que desesperadamente busca deshacerse de su responsabilidad, pretendiendo, por un lado, que la empresa –a la que apoyaron decididamente– resuelva en 60 días lo que el Estado y ella no pudieron resolver en seis años, mientras simultáneamente, por el otro, descalifica a la población del valle, acusándolos de terroristas antimineros, persiguiéndolos judicialmente, buscando un chivo expiatorio, y haciéndolos parte de los responsables de una conspiración que impide el crecimiento económico del país.
Al lado, una empresa del Grupo México, que obtiene por sus dos operaciones en el Perú, utilidades mayores que las que tiene en su país de origen, enfrentada con la población del valle de Tambo desde hace largos años, cuando las operaciones eran propiedad de una empresa americana, por los efectos «simbólicamente» reconocidos de los humos de su fundición, que busca sostener su presencia, amparada por un segundo estudio de impacto ambiental, que nadie sabe como resuelve las 138 observaciones hechas por un organismo internacional neutral al primer estudio, y por una supuesta licencia social a todas luces trucha y avalada por el Ministerio de Energía y Minas, que estallado el conflicto, le deja al Ministro del Ambiente, la tarea de defender el proceso.
Al frente, una población que defiende sus derechos e intereses, fuertemente marcada por su legítima desconfianza en la empresa y en el gobierno –recordemos que el mandatario, cuando candidato se comprometió ante ellos a respetar y defender su postura–, que en el contexto de su enfrentamiento con la policía, se vio desbordada por pequeños grupos radicales, y más recientemente se vio confrontada con la eventual corrupción de uno de sus líderes, que habría estado en negociaciones «bajo la mesa» con la empresa.
En ese escenario, la protesta y las movilizaciones continuaron su escalada, ahora en el nivel regional. Los vandálicos sucesos en Arequipa y los enfrentamientos entre sectores de la población, los unos tildados de antimineros y los otros de proempresa, evidenciaron la total pérdida de control de la situación y la precariedad de los diversos actores involucrados. Todo ello, acompañado por el «debate» ya instalado en los medios, mayoritariamente orientado a linchar a los protestantes. De pronto, Marco Arana y Tierra y Libertad, que rápida y firmemente deslindó con el dirigente acusado de corrupción, aparece como responsable de una gran conspiración, como lo fueran Gregorio Santos y Patria Roja años atrás en el conflicto de Conga. Los argumentos, indispensables para el diálogo y el debate, fueron reemplazados por la diatriba y reducidos al ideologismo más elemental.
Como es obvio, el Ministerio Público y el Poder Judicial aparecen en la novela. El Premier y el Ministro de Justicia optaron por la altisonancia contra una jueza local para que pague alguno de los platos rotos, al aparecer mencionada en una grabación y la gran prensa encontró por un instante en quien descargar sus iras. Mientras tanto, han pasado ya varios de los 60 días anunciados por la empresa y los temas inmediatos del conflicto, incluso los que pueden atenderse en el corto plazo, permanecen inalterables, sumándose a los más profundos y estructurales que tienen que ver con las pobrezas y miserias de nuestro Estado y de la clase política. Bien harían los principales aspirantes al 2016, en preocuparse por tener planteamientos claros sobre esos asuntos.
Así las cosas, mientras que en el Sur se anuncia una paralización en apoyo a las demandas de la población del valle de Tambo y en contra de la empresa, en Lima, a pocos kilómetros de la Plaza de Armas, el alcalde de San Juan de Lurigancho, pide a través de los medios la declaración del estado de emergencia en su distrito y la intervención del ejército, ante el desborde delincuencial que están sufriendo. De ninguna manera se puede aceptar que se trata de lo mismo, pero es claro que ambas situaciones nos confrontan con la precariedad del Estado y la falta de rumbo del gobierno y sus instituciones. Muy peligroso.

desco Opina / 22 de mayo de 2015 
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