viernes

El futuro de Caylloma



Un sismo de gran magnitud remeció Caylloma el 14 de agosto, dejando seriamente afectados a los pobladores de varios distritos de la margen derecha del Cañón del Colca, así como la infraestructura agrícola y edificaciones públicas. El Gobierno Regional y otras instituciones estatales respondieron con prontitud a la emergencia. La alerta llegó al Gobierno Nacional, que sin tardar decretó el estado de emergencia en doce distritos afectados para iniciar con la reconstrucción.
Para evitar que la cadena de solidaridad se tuerza, el alcalde provincial de Caylloma, Rómulo Tinta, hizo una advertencia a tiempo para que la ayuda sea canalizada adecuadamente. Este ha sido un punto a favor del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, en cuyos almacenes se están guardando las donaciones para repartirlas según las necesidades de los distritos. El Gobierno Nacional también ha sabido responder con efectividad, distribuyendo  la tarea de elaborar las fichas PIP (Proyectos de Inversión Pública) para la rehabilitación de la infraestructura hídrica dañada a las diferentes instituciones adscritas al MINAGRI, labor vital para la supervivencia de los pobladores del Colca, dedicados en su mayoría a las actividades agropecuarias. El Ministerio de Educación está enviando aulas prefabricadas para reponer la infraestructura educativa afectada, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también está haciendo lo mismo con lo que respecta a las casas dañadas.
Podemos decir entonces, que la emergencia ha sido respondida con efectividad, y Caylloma se está reponiendo rápidamente de los daños causados por este fenómeno natural. Sin embargo, un punto de vital preocupación merece una profunda discusión una vez pasada la urgencia de atención a los damnificados: cómo se realizará la reconstrucción de las viviendas, con qué materiales, en qué condiciones.
Recientemente, el INGEMMET ha levantado información en la zona y ha identificado más de 30 fallas de origen tectónico en el Cañón del Colca, descartando el origen volcánico de los constantes movimientos telúricos que se producen en esta área. La intensidad del último sismo, que causó tanto daño, no fue el de un terremoto, pero su cercanía a la superficie, la debilidad de las casas de adobe, el terreno blando donde se han levantado y las fallas tectónicas de la zona, ponen en evidencia la fragilidad de la población del Colca, todo lo cual es necesario tomar en cuenta en los futuros trabajos de reconstrucción.
¿Qué hacer para adelante? ¿En qué consistirá este programa de vivienda? Todavía son interrogantes que no se han resuelto. Diversas universidades vienen probando la construcción de viviendas resistentes a los movimientos telúricos e incluso han estado trabajando en modelos del llamado adobe estabilizado. ¿Serán tomados en cuenta? ¿Pueden ser una solución a largo plazo? El gobierno tendrá que ver la mejor alternativa, tomado en cuenta que la prioridad son los pobladores antes que las iglesias, por más monumento arquitectónico que sean. 
La participación de la población afectada en la discusión y planteamiento de las alternativas de reconstrucción va a ser decisiva y contribuirá a hacer sostenible el esfuerzo, ya que los especialistas en la materia deberán incluir en los futuros diseños las aspiraciones y demandas de la gente. En este sentido, el proceso no puede tener solamente una dimensión técnica sino también política, es necesario que está discusión sea participativa.

desco Opina - Regional / 26 de agosto de 2016
Programa Regional Sur
Descargar aquí

lunes

La insoportable levedad del Congreso



Después de dos días de discusiones en el Congreso, este otorgó el voto de confianza al primer gabinete del presidente Kuckzynski. En las semanas anteriores, las duras declaraciones de los voceros del fujimorismo parecían anunciar una tormenta que podía poner en riesgo ese voto, o en todo caso, hacían prever un largo debate que iba a tener al premier Zavala y sus ministros suspendidos en el aire por varios días. Finalmente, la situación se saldó con 121 votos (de un total de 130) favorables al otorgamiento de la confianza.
Esto no deja de sorprender dados los afanes mostrados por la bancada fujimorista para hacer sentir el peso de su mayoría. Sin embargo, una opinión pública que ve con malos ojos una actitud obstruccionista de parte de aquélla, entre otros factores, parece haber influido también en el desenlace. Algunos análisis sobre el debate en el Congreso parecen coincidir en que, a pesar de la crispación política existente, no habrá en estos primeros meses una oposición cerrada al gobierno.
Los ejes del reparo del fujimorismo y de otras bancadas a la presentación del premier Zavala giraron en torno a su falta de crítica con el gobierno de Humala, al cual deliberadamente intentan convertir en el nuevo «cuco» de la política peruana, además de otras observaciones puntuales. No hubo críticas de fondo a las propuestas económicas del gobierno, mucho menos a la decisión de continuar con la arquitectura del modelo (el cual defienden), ni siquiera de parte de algunos congresistas de Fuerza Popular que intentaron brindar argumentos en esa dirección. Otras intervenciones en la discusión fueron más insustanciales y mostraron la sangre en el ojo que aún tienen varios integrantes de esta bancada. En materia económica, la principal preocupación de los poderes fácticos, el gobierno y Fuerza Popular se parecen mucho más de lo que el ruido político permite captar.
Esto ratificaría para muchos una idea muy difundida: Fuerza Popular es una maquinaria política carente de programa y planteamientos serios para el país, que solo busca el poder político con métodos clientelistas y utilizando recursos públicos (o privados) de manera poco escrupulosa. Su posición en la actual coyuntura, apunta ante todo a acumular fuerzas para el 2018 y el 2021, lo que pasa por mostrar su músculo en el Congreso buscando aprobar una serie de iniciativas que le den una mejor imagen, aunque estas difícilmente contribuyan a la transformación del país.
Las bancadas más pequeñas, entre ellas la del APRA, Acción Popular o Alianza para el Progreso (APP) no mostraron ningún argumento de peso más allá de reclamar información sobre cómo el gobierno anterior había dejado el país, o argumentos incluso más livianos.
El Frente Amplio por su parte, intentó plantear argumentos de fondo, cuestionadores del modelo que el gobierno insiste en defender, poniendo en duda la eficacia de las acciones ofrecidas por éste. Sin embargo, más allá de cuestionar el extractivismo del modelo, los límites del libre mercado y los peligros de gobernar pensando en las grandes empresas, no se vislumbran aún planteamientos globales y coherentes que sean alternativos.
Es cierto de otro lado que hubo posiciones destacables en torno a la seguridad ciudadana y a la necesidad de combatir la corrupción, pero no se discutieron cuestiones de fondo relacionadas con la necesidad de reformar el sistema político y contribuir a consolidar el régimen democrático, lo que constituye un alarmante vacío considerando la urgente necesidad de emprender acciones y reformas que permitan al país tener una sólida institucionalidad política.
En este sentido, y aun cuando la presencia del Frente Amplio en el Congreso exprese el resurgimiento de la izquierda con una importante representación propia, el debate suscitado a raíz de la presentación del primer gabinete PPK, muestra todavía una alarmante escasez de alternativas.  Es en verdad lamentable constatar la calidad del debate reciente y difícilmente podrán rescatarse de éste ideas que contribuyan a la construcción de un país más moderno, justo  y democrático.


desco Opina / 22 de agosto de 2016
Descargar aquí

domingo

Letra y música del gobierno en la Ley de habilitaciones urbanas y edificaciones



La Ley 30494, nueva ley de habilitaciones urbanas y edificaciones, ha sido la primera emitida en la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Si bien fue aprobada durante el ejercicio del anterior Congreso de la República el día 7 de julio del 2016, ha sido refrendada por el actual Poder Ejecutivo. Es una modificatoria de la anterior ley 29090 de habilitaciones urbanas y edificaciones, a la que se le han hecho reformas y añadido algunos temas. Es una norma que ya había sido cuestionada por el Colegio de Ingenieros del Perú que solicitó al anterior gobierno su observación.
La celeridad en la rúbrica presidencial se explica ahora por el interés de su promotor, el reelecto congresista Carlos Bruce, quien ha manifestado que esta ley busca agilizar y reactivar los proyectos inmobiliarios, modificando la normativa de trámites burocráticos  para que más familias en todo el país puedan acceder a viviendas formales, dignas y seguras.
Sobre lo expuesto por el vocero parlamentario de PPK habría que preguntarse qué tan cierto es lo que se afirma de manera categórica en referencia al beneficio real y tangible que nos trae esta ley para las familias que quieren tener un lugar adecuado para vivir. O si más bien es la primera muestra del tipo de leyes que aprobará el nuevo Poder Ejecutivo con acordes y ritmos de sonoridad altamente capitalista al servicio de los intereses de los grupos de poder económico.
Una rápida mirada a la ley nos muestra prontamente en el artículo 3, referido a los procesos de habilitación urbana, que se ha dispuesto una: “exoneración a los aportes reglamentarios en los proyectos que sean de carácter público, en asociación público privada o de concesión que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública”. Y más adelante en el mismo artículo de la norma se indica que para fines de reurbanización “están sujetos a los trámites de una habilitación urbana con construcción simultánea y no están sujetos a los aportes adicionales a los existentes”.  La novedad es que en ambos casos se deja de lado la exigencia anterior que establecía aportes reglamentarios referidos a espacios públicos y servicios públicos complementarios, al considerarlos implícitamente como una traba al negocio inmobiliario, pues generan menos área vendible o construida que los beneficie. Ante ello cabe preguntarse si verdaderamente se está buscando beneficiar a las familias que desean viviendas con un mejor entorno urbano, o si esta nueva ley en realidad beneficia al negocio inmobiliario del sector constructivo.   
Más adelante puede verse esto casi confirmado, cuando en el artículo 4 se constituye la comisión técnica encargada de aprobar tanto las licencias de habilitación urbana como las licencias de edificación –en las modalidades C y D referidas a edificaciones de alta envergadura– se incluye a un representante de la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO (asociación civil sin fines de lucro, de carácter gremial que agrupa, según su portal web, a las empresas –de lucro– que se desenvuelven en la actividad constructora en el Perú). Esta determinación resulta por lo menos curiosa, pues levanta la sospecha de que en los procesos de generación de nueva construcción de envergadura o en habilitaciones urbanas en las que no se exigirá los aportes normativos, los constructores y urbanizadores actúen simultáneamente como juez y parte, enturbiando su accionar.
Por ahora solamente abordamos estos primeros artículos de la nueva ley, que se prestará a otros comentarios pues ya han provocado una reacción de preocupación en los gremios de ingenieros y arquitectos por varias razones gremiales y técnicas. Lo que sí podemos adelantar, es que los primeros acordes que nos trae el concierto que empieza a ejecutar el gobierno del presidente Kuczynski suenan a consagrar la voluntad empresarial del capital nacional y transnacional de agilizar, sin mayor trámite, la atención de los procesos constructivos; esto es sin tomar en consideración significativos criterios de habitabilidad y confort que debieran ser acordes con procesos de planificación en los que prime el bien común y la accesibilidad a la urbanización y la vivienda de manera semejante para construir, no solo una ciudad moderna y sostenible, sino una sociedad más democrática. Al parecer es un primer adelanto de la música con la que quiere que baile el país.
Nos hubiera gustado que esta ley expresara también la voluntad de avanzar hacia la solución del alto déficit cuantitativo y cualitativo, de lo ya producido en vivienda y urbanización en nuestro país, construidas sin asistencia técnica, y por cierto, que se explicitara claramente la jerarquía que debe reconocerse al Plan de Desarrollo Urbano por encima del negocio habilitador y otras formas de ocupación del suelo. No necesitamos «viviendas dignas» sino dignidad en las personas que habitan en ellas, y esa es otra canción.

desco Opina - Regional / 13 de agosto de 2016
Programa Urbano
Descargar aquí