Una política de aguas que hace agua

 El pasado 9 de enero del 2026 se publicó la Resolución Ministerial N° 007-2026-Vivienda por la cual se aprueba la transferencia financiera de más de 52 millones de soles a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas.

En nota de prensa se menciona que la decisión responde al esfuerzo conjunto entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sedapal, orientada a cerrar brechas en el acceso a agua potable, especialmente en sectores donde aún no existe infraestructura de redes y donde la presencia del Estado es crucial. Al margen de ello, podemos dar fe de primera fuente que el abastecimiento se da de manera igualitaria a todos los pobladores, esto significa, el llenado de un tanque de 1100 litros en el mejor de los casos, pues si no cuentan con este repositorio, se llenará aquel que la familia disponga. Este abastecimiento se hace una vez por semana y una vez por vivienda, sin importar que en ella habite una familia nuclear o extendida, provocando que el agua no alcance para las necesidades de todos los habitantes, quienes consideran que es mejor pagar por un servicio que les dote del agua que requieren, así como sucede en otras partes de la capital, en donde habrá un alza en la tarifa a partir del mes de febrero.

Este incremento de costo oscilará entre el 12% para hogares y el 20% en el sector industrial, según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, que ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras a nivel nacional, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio. En ese sentido, valdría la pena preguntarse cuáles son los planes estratégicos que se manejan desde esta empresa para dotar de agua a una ciudad que cuenta con alto nivel de estrés hídrico y si el hecho de asignarle más recursos servirá para brindar un servicio permanente y de calidad a quienes vivimos en ella. Esto, además de priorizar un uso más adecuado de este bien que es tan escaso y, sobre todo, generar conciencia de su uso para garantizar la sostenibilidad futura de la capital.

Qué podemos esperar de una política nacional de agua y saneamiento, teniendo en cuenta que más de la mitad de los colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado, aproximadamente 38 000 colegios sin agua potable y más de 41 000 sin desagüe, en donde miles de niños y niñas deben usar baños que ponen en riesgo su salud. Cerca del 18% de los centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras fuentes para abastecerse del recurso hídrico, y más de 9000 mil instituciones usan pozos sin tratamiento como desagüe. ¿Qué podemos esperar de una estrategia que no tome en consideración otros sectores como salud, industria, comercio y vivienda?

Soluciones aparecen como un oasis dentro de un vasto desierto. La idea de contar en Ancón con una planta desalinizadora que garantice servicio continuo a más de 570 000 personas en zonas vulnerables, parece un paso adelante, para ello la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una Asociación Público-Privada sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86 400 metros cúbicos de agua potable al día, lo que parece por demás interesante, pero dicha planta desalinizadora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1214 millones.

Habría que preguntarse cuánto de esa agua sirve para la industria y cuánta para consumo humano solo para poder tratar de entender si, en la relación costo beneficio, esta solución es realmente sostenible. En ese sentido, quizá eso que pensamos será un paso hacia adelante termina siendo todo lo contrario; por ello, la labor de cada uno de nosotros como ciudadanos es velar por la coherencia, pertinencia y eficiencia de lo que se propone, pues sabemos que los gobiernos de turno manejan el Estado poniendo la carreta por delante del caballo, cuando de desarrollo sostenible hablamos. 

 

desco Opina - Regional / 16 de enero de 2026

descoCiudadano

Problemas urgentes y política ausente

Muerte de neonatos en hospitales públicos, homicidios perpetrados con saña inaudita e intentos de desalojo en terrenos invadidos que produjeron gran violencia, fueron hechos resaltantes en los últimos días, sin que haya merecido mayor interés de los que dirigen el país.

Madres adolescentes

En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.

Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano. Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.

Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales. Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.

Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.

Homicidios

Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.

No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.

Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Tráfico de terrenos

En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.

Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato. Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.

Si bien desde el 2016, la policía y la fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.

Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría –y seguirá discurriendo– por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

desco Opina / 13 de setiembre de 2019

Jugamos todos

Entre el 26 de julio y el 11 de agosto se desarrollarán en la ciudad de Lima los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, evento deportivo internacional donde participarán delegaciones de 41 países de América, calculándose que tomarán parte de él un promedio de 10 000 deportistas en las diversas disciplinas, además de público asistente extranjero y prensa internacional que viene a la justa deportiva más importante del continente americano. Se calculó originalmente una inversión de 5000 millones de soles, entre obras en las sedes deportivas, así como en las vías por las que transitarán quienes participarán en los juegos, según detalla el Plan Maestro de los Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo, para marzo del 2019, la inversión se recalculó a un monto menor que el proyectado originalmente, generando de esta manera un ahorro de alrededor de 1000 millones de soles.

El Plan Maestro señalaba en sus recomendaciones que se necesitaba planificar la finalización de las sedes con una antelación de seis meses previos al inicio de los juegos, pero la mayoría de ciudadanos que transitamos por la ciudad, vimos que a poco de iniciarse el evento deportivo aún se está trabajando en la mayoría de obras. La Contraloría General de la Republica advirtió en el mes de mayo que de las dieciséis obras viales planteadas para este evento, ocho no se culminarían dentro del plazo establecido, siendo proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A pesar de los retrasos y las diversas críticas que podamos hacer frente a un proceso en el cual hay responsabilidades de dos gestiones metropolitanas y dos gobiernos nacionales; podemos referir que la infraestructura desarrollada en el marco de los Panamericanos, será un legado para los actuales y nuevos deportistas, quienes podrán beneficiarse de las instalaciones. En ese contexto se requiere la acción colectiva de la ciudadanía a través de sus organizaciones para cuidar la inversión pública, de manera que no se conviertan en lo que comúnmente se denomina «elefantes blancos». Para ello será necesario pensar en el mantenimiento y articulación urbana de aquellas obras que, de la noche a la mañana, se han construido sin ningún criterio social o cultural del territorio en el cual se ha intervenido.

Pero vayamos más allá de planteamientos de vigilancia ciudadana o de mejora de entornos urbanos y pensemos en como el país (a través de nuestros gobernantes) ganará prestigio internacional y visibilizará a Lima como una ciudad moderna, sostenible y equitativa para sus habitantes. Ojala en el futuro podamos tener importantes inversiones como por ejemplo, para promover el acceso a vivienda adecuada para familias de escasos recursos; en ese sentido con una inversión de 4000 millones de soles, se podría facilitar el acceso a 176 748 familias al Bono Familiar Habitacional que es la modalidad del Programa Techo Propio dirigida a las familias que tienen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda.

Es decir, se podría cubrir con creces a través de este tipo de programa, la demanda efectiva de vivienda que el Fondo Mi Vivienda ha identificado en 163 000 unidades habitacionales para Lima y el Callao.

Este simple ejercicio nos puede ayudar a ver que, si se trata de prioridades, la inversión pública, se debe de orientar a resolver los graves problemas que afectan a las mayorías empobrecidas de nuestras ciudades. Queda pendiente ver si para el próximo año, podemos cambiar el lema «Jugamos todos» por el de «acceso a vivienda adecuada para todos» o, también, a salud, educación y justicia para todos.

desco Opina - Regional / 26 de julio de 2019

Programa Urbano

La historia de tomas de tierras y desalojos

Más de mil personas fueron violentamente desalojadas por la policía de un terreno en el distrito de Villa El Salvador. Esto ocurrió el 20 de febrero pasado y como consecuencia del enfrentamiento, se produjo la muerte de una persona y resultaron numerosos heridos entre ciudadanos y policías. Con variantes, esta es una historia constantemente repetida en nuestro país desde hace más de medio siglo y que está estrechamente relacionada con el tema del derecho a la vivienda y el rol del Estado.

En el caso que mencionamos, el área ocupada está destinada a la ampliación de la avenida Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador, y el origen del conflicto se remonta al 8 de abril del año 2006, cuando se produjo la invasión de dichos terrenos, que en ese entonces representaban los remanentes del área reservada para la construcción de la futura universidad que tendría Villa El Salvador. Cabe mencionar también, que casi el 75% del área proyectada para la universidad se había consolidado tiempo atrás como zona de viviendas y actualmente se conoce este territorio como el asentamiento humano Oasis de Villa. Ya en el año 2007 se produjo el desalojo de una parte –que ahora es el terreno en disputa– por ser área destinada para la ampliación vial.

Así, sale a la luz –una vez más– la manera compleja y conflictiva como los sectores pobres en nuestra ciudad acceden al suelo para satisfacer las necesidades básicas de espacio para vivir. Este hecho da cuenta también, de los problemas que se generan a lo largo del tiempo por la forma como diversos actores «planifican» el uso del territorio. En este caso por un proyecto de inversión vial de carácter distrital, que genera un conflicto entre los beneficios reales para la mayoría y los intereses de un grupo con expectativas de ampliar la zona de asentamiento de viviendas, sin que juegue de por medio alguna lógica más estructurada. El tema es recurrente, y muestra el irresponsable accionar del Estado en esta zona –conocida como Oasis de Villa sector 2 y 3– en la que en enero de este año, se titularon 686 lotes de vivienda sin más oferta que la entrega de un lote a cada familia. Cabe recordar que el titular del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento manifestó entonces: "Ahora que ya son propietarios de su predio, se les abre una innumerable fuente de oportunidades, pueden poner agua, desagüe, postular a créditos de Techo Propio, Techo Seguro; todo ello y más se puede ejecutar, verán cómo su vida mejora". Cualquier persona medianamente informada que analice esa situación sabe que las posibilidades reales de un «propietario», no corresponden al sueño que se les promete, toda vez que como se ha repetido en más de una ocasión, los terrenos en esa zona son altamente vulnerables ante eventuales sucesos sísmicos, ya estudiados para el sector denominado Lomo de Corvina.

Las invasiones y tomas de tierra como modalidad de «hacer ciudad» negociando con el Estado ante hechos consumados, simplemente reafirma la llamada política de dos caras: lotes para autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y verdadera formalidad, créditos y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos.

La forma como se produce ciudad en el Perú –ahora un país predominantemente urbano en cuanto a concentraciones poblacionales–, es y debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno para iniciar de verdad la toma de medidas correctivas. Lamentablemente parece que debemos esperar tragedias para tomar cartas en el asunto y evitar el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo. La percepción es que tropezaremos con la misma piedra recurrentemente, sin avanzar hacia el planeamiento de ciudades de calidad; eso lo ilustra el caso de esta invasión en Villa El Salvador y se reafirma en los procesos de reconstrucción: posterremoto del 2007 y pos Niño Costero del 2017.

desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2018

Programa Urbano