La inseguridad y las fantasías

 

El 28 de marzo, César Vásquez, ministro de Salud, aseguró que si los delincuentes ven en la televisión que la Policía Nacional del Perú (PNP) está realizando capturas, dejarían de delinquir y, dado el caso, los fiscales no los liberarían: “Ayúdennos a difundir las capturas diarias. Si el delincuente ve todos los días que estamos capturando y desarticulando bandas, y que los fiscales están liberándolos, los fiscales van a pensarlo dos veces antes de liberarlos, los delincuentes no van a querer delinquir, se van a ir a otro lado", declaró.

Como vemos, lo que el problema de la inseguridad pone sobre la mesa es la insondable incapacidad de nuestras autoridades. También la turbación de los que, en teoría, deberían alcanzar alternativas y, por si fuera poco, la convicción de una “oposición” política –si existe–, de saber poco o nada sobre el principal problema que declara tener la mayoría de peruanos, por lo menos en la última década y media.

Para los que deciden, es un tema de moda, nada más, y, obviamente, no debiera ser así, dados los inmensos daños que ocasiona la actividad criminal. En ese sentido, si algo es meridianamente cierto en el mar de dudas e incertidumbres que rodea el tema de la inseguridad ciudadana, es que el enfoque de “guerra contra el crimen”, que era el hegemónico, no va más.

Este enfoque consiste en priorizar una estrategia de confrontación directa y punitiva contra el crimen organizado, principalmente a través de medidas militares y policiales intensivas. Se centra en el uso de la fuerza para desmantelar organizaciones criminales y reducir actividades ilícitas. Entre sus mecanismos están la militarización de la seguridad pública, la cacería de líderes ("kingpins"), el incremento de penas y acciones represivas, así como campañas simbólicas que remarquen el mensaje de “tolerancia cero”, entre otros.

El ejemplo más conocido del fracaso de esta estrategia fue lo acontecido en México, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), donde se desplegó al ejército para combatir a los cárteles de la droga, con resultados catastróficos como el aumento de la violencia; la imposibilidad de construir un enfoque integral, porque tiende a centrarse en medidas punitivas y militares, dejando de lado aspectos sociales como la prevención, la educación y la creación de oportunidades económicas; la generalización de la corrupción y la debilidad institucional, debido a que, en muchos casos, las instituciones encargadas de implementar estas estrategias están infiltradas por el crimen organizado, lo que limita su eficacia. Sin embargo, seguimos capturados por la fantasía de la “mano dura”.

Mientras tanto, las economías ilegales han ganado más espacio en el país y se estima que el 2024 movilizaron en conjunto unos US$ 12 645 millones. La principal es, como sabemos bien, la minería ilegal de oro, que pudo haber transado unos US$ 6840 millones, según una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE). Por ello, en una encuesta realizada por Ipsos-Apoyo en agosto del 2024, el 45 % de los encuestados reconocía a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, ubicándose sólo después del Congreso.

De hecho, un factor que fortalece a la actividad minera ilegal del oro es el precio internacional, que la ha hecho más rentable pues los costos de producción no han subido en la misma proporción que aquél, que hoy bordea casi los US$ 3000 la onza. En otras palabras, en los últimos 20 años el precio se ha multiplicado por diez y esto nos da una idea del enorme y creciente margen de incentivo para dicha actividad.

Pero, no es todo. Según distintas estimaciones, el 2023 se perdió, por corrupción en la inconducta funcional, alrededor de US$ 6400 millones. Esto evidencia por sí solo la intensidad con la que las economías ilegales han capturado áreas sensibles del Estado, especialmente las que emiten regulaciones, volviéndose por lo mismo, cada vez “menos ilegales”.

La minería ilegal, como hemos presenciado en los últimos años, es otra oportunidad de la indefinición normativa, que le permite camuflarse con las minerías de pequeña escala y artesanales, donde hay población con altos niveles de vulnerabilidad, que buscan oportunidades de subsistencia.

En esta línea, las elecciones del 2026 es probable que cuesten alrededor de US$ 1000 millones al Estado peruano, y la cantidad de recursos que se moverán para financiar todas las campañas electorales será igualmente inmensa. Desde ya, allí tenemos un espacio en el que debe centrarse la vigilancia ciudadana.

 

 

desco Opina / 4 de abril de 2025

Ley y orden neoliberal

Podemos plantearnos serias dudas sobre las reales preocupaciones del ministro de Interior acerca de la generalizada desaprobación de su gestión. A fin de cuentas, la suya no está lejos de las desaprobaciones de prácticamente todos los actores políticos del país; además, desde el Ejecutivo, se declara firmemente que su presencia en el Gabinete está más que asegurada; y, por si fuera poco, sus antecedentes como abogado defensor de altos jefes policiales, hacen suponer que es una persona de mucha confianza entre los que conducen la institución central del sector que actualmente lidera.

En otras palabras, no debe importarle mucho lo que opine la ciudadanía en un ambiente de total descomposición institucional, que se obtuvo como resultado tras un cuarto de siglo de impulsar un sistema político democrático que, como agregado, se implementó durante un ciclo de crecimiento económico que jamás tuvo el país. Son las paradojas del subdesarrollo diríamos, si estuviéramos en los años 60, cuando, al parecer, se pensaba de manera algo más seria la situación de nuestros países y cómo generar las alternativas que permitieran superarla.

Pero, el colapso puede estar ofreciéndonos una oportunidad. El ministro Santiváñez, el sector Interior y la Policía Nacional podrían ser elementos firmes para construir nuevas maneras de comprender nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, que seamos un país perfectamente intrascendente, no sólo en la dimensión global sino también en la regional, sin posibilidad de superar situaciones seculares de pobreza y postración, debiéndose agregar los crecientes índices de criminalidad, debiera conducirnos a concluir tajantemente que nuestro problema no es, ni mucho menos, escasez de recursos.

¿Qué ha fallado? A estas alturas, nadie podrá negar que la clave fundamental del atraso económico reside en la institucionalidad. Desde Douglas North y Robert Fogel, premios Nobel 1993, hasta Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, premios Nobel 2024, el debate se orienta en ese sentido, y nuestro país, claramente, se presenta como un caso nítido de cómo pueden desaprovecharse, una tras otra, las oportunidades económicas que se presentaron cíclicamente, debido a los cuellos de botella insalvables, que se encuentran en esta dimensión.

La diferencia entre el desastre institucional que mostramos actualmente, con otros en el pasado, es que éste fue generado por la misma fórmula que nos garantizó el paraíso en base a privatizaciones –de empresas que ahora quiebran porque su deuda tributaria es impagable– y el desmontaje salvaje del aparato público, porque, decían, era ineficiente. En su lugar, fueron tomando posiciones “los técnicos”, que ahora vemos en acción.

Aún más. El neoliberalismo, con su énfasis en los mercados “libres” y la desregulación en versiones radicales, ha conducido a la creación de formas de actividad económica "parias", que pueden incluir economías ilegales, que surgen como respuesta a las desigualdades y exclusiones generadas por las políticas neoliberales, y no, como creen los ingenuos, simples respuestas delincuenciales disfuncionales que se replican con policialización y militarización.

En este orden de cosas, que está en la base de la informalidad, se ha ido dinamizando una institucionalización paralela, en la que el Estado termina cediendo aún más autonomía a sus fuerzas de seguridad y éstas se adecuan al “terreno” de manera cada vez más firme, es decir, como muchos ciudadanos y ciudadanas hemos intuido desde tiempo atrás: los agentes del Estado que deben evitar la inseguridad –desde el Ministro hasta el policía de servicio en la calle– son también generadores de la misma.

 

desco Opina / 21 de febrero de 2025 

Problemas urgentes y política ausente

Muerte de neonatos en hospitales públicos, homicidios perpetrados con saña inaudita e intentos de desalojo en terrenos invadidos que produjeron gran violencia, fueron hechos resaltantes en los últimos días, sin que haya merecido mayor interés de los que dirigen el país.

Madres adolescentes

En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.

Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano. Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.

Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales. Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.

Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.

Homicidios

Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.

No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.

Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Tráfico de terrenos

En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.

Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato. Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.

Si bien desde el 2016, la policía y la fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.

Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría –y seguirá discurriendo– por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

desco Opina / 13 de setiembre de 2019

Los derechos humanos

Urresti llegó a Interior, reemplazando a un cuestionadísimo Walter Albán y blandiendo como antecedente su paso como alto comisionado para la formalización de la minería. Allí mostró su estilo, muy preocupado en el impacto mediático –la espectacularización, podríamos decir– sin detenerse a explicar la eficacia de su acción. En suma, el medio –él– es el mensaje.

Este oficial del ejército, especialista en comunicaciones, aprendió rápidamente que dar a la gente lo que le gusta tiene sus réditos, algo compartido por más de un periodista para quienes la noticia tiene precisamente esas connotaciones. De esta manera, perfilado el binomio periodista-ministro era muy probable lo que, en efecto, empezó a generarse en Interior cuando el presidente Humala decidió entregarle su conducción.

De inmediato convocó a los oficiales policiales, se vistió como ellos, empezó a actuar como ellos, a hablar como ellos y, como no podía ser menos, nos aseguró a los ciudadanos que la seguridad ciudadana consistía en llevar a cabo cuantos operativos pudiera conducir en el menor tiempo posible. El resultado es que nadie parece dudar a estas alturas de la hiper-actividad del Ministro.

De esta manera, no es muy cierto lo que señalaron algunos especialistas en seguridad ciudadana como Fernando Rospigliosi o Carlos Basombrío, respecto a la falta de idoneidad de un general del ejército al frente de la cartera que debe velar por la seguridad pública. Urresti era un militar que rápidamente buscó transformarse en policía. Un policía rudo y duro, pero policía al fin y al cabo.

Otra fue la orientación que tomaron los hechos, cuando se reveló la probable participación –indirecta o directa– de Urresti en el crimen del periodista Hugo Bustíos, cuando se desempeñaba como oficial de inteligencia (S-2) en el Estado Mayor instalado en el cuartel de Castropampa, Huanta, durante la campaña contrasubversiva, en 1988.

Urresti dice que fue una infamia levantada por «un delincuente»,  Amador Vidal, su antiguo compañero de armas. A renglón seguido, asegura que aun siendo S-2 en Castropampa, cuando asesinaron a Bustíos, no sabía nada de lo que aconteció con el periodista. En otras palabras, afirma que si bien caminaba como gato, maullaba como gato y tenía cuerpo de gato era, en realidad, un conejo cuya importantísima tarea como oficial de inteligencia en un frente contrasubversivo era evitar que sus compañeros de armas se robaran los repuestos de los vehículos asignados a esa unidad.

Como se supondrá, los cuestionamientos al Ministro no ponen de lado la presunción de inocencia, a la cual tiene un indiscutible derecho, aun cuando sus puntos de vista –«Mi intención no es pisar callos a la delincuencia, sino destrozarle la cabeza a patadas»– parecieran abonar lo contrario. Es simplemente exigir las mínimas credenciales democráticas a quienes nos gobiernan.

Pero, el problema no se reduce a un ministro que cree ser instrumento de una misión trascendental y un Presidente que se niega a ver lo complicado del asunto. Hay algo más, como señala Jorge Bruce: «Mi impresión es que quienes apoyan a Daniel Urresti en su puesto lo hacen no porque creen en la presunción de inocencia, sino que probablemente les parece que su eventual culpabilidad juega a su favor».

Lo que trata de decirnos Bruce es que para una gran parte de los peruanos sólo alguien de sus características es capaz de detener la violencia y la criminalidad en nuestro país, para lo cual «la ley comienza a ser percibida como un obstáculo».

Los resultados empiezan a confirmar esta aseveración. Según una última encuesta, Urresti alcanza un 25% de aprobación frente a un 51% de desaprobación, y a un 24% que prefiere no opinar. En cambio, al 61% de la población le gusta su estilo de gestión, de operativo en operativo. Con ello, además de los problemas evidenciados en el Ejecutivo, donde se generaliza la idea de cerrar los ojos para no ver, ahora debemos sumar los que provienen desde la propia sociedad peruana en la que parece preferirse una «solución» circunstancial mediante patadas y cabezazos, frente a planes debidamente estructurados y con resultados previsibles.

En el medio, los derechos humanos aparecen, nuevamente, como suspendida materia: un Plan de Derechos Humanos no puede ser aprobado, como se ha hecho en estos días, con tantas observaciones y críticas producto de una deficiente consulta. Tampoco puede ser aprobado en momentos tan inoportunos y, qué ironía, firmado por un ministro procesado por delitos de lesa humanidad.

desco Opina / 18 de julio de 2014 

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De la sartén a las brasas

La crisis política que resultó en la renuncia de los ministros de Interior y Defensa continuó su curso con el nombramiento de Urquizo y Calle en las carteras que fueron «abatidas» por la situación generada en el renovado conflicto del VRAE. Los nuevos ministros no han sabido responder los cuestionamientos a sus trayectorias e idoneidad y muestran a un Ejecutivo moviéndose en círculos no sólo más estrechos, sino también con menos ideas para sortear los escollos. En ese margen veremos cómo enfrenta, camino a su primer aniversario, los conflictos políticos más inmediatos.

El pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria nos devuelve al tema de la (des) confianza que las instancias políticas generan en los agentes económicos. Urgido de recursos para financiar los programas de inclusión social, el gobierno recibe por un lado respaldo de la CONFIEP, gremio para el que el único interlocutor válido en la materia es el Ministro de Economía y una eventual reforma se «politiza» al pasarla por la criba parlamentaria. Por otro lado, en la hipótesis de que la propuesta del MEF no contempla cómo ampliar la base de la recaudación, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, y algunos sectores empresariales temen que la solicitud del Ejecutivo sea la manera de encubrir una mayor imposición a los ciudadanos, señalando que la decisión también es «política» y, por tanto, debe tratarse en el Congreso.

De cualquier modo, instalados en el consenso de que el enemigo es la evasión y el reto la formalización, se posterga atacar el fondo del debate: la necesidad de descentralización fiscal y, no está de más decirlo, la necesidad de sincerar la renta extractiva. Estos dos asuntos, que en la práctica condicionan en buena medida el proceso político de la descentralización, son obviados en gestos como el anuncio de «relanzamiento» de la misma, realizado nada menos que por el premier Valdés, el menos adecuado para proponer un ambiente dialogante en la interlocución con los presidentes regionales.

Por otro lado, sumando a la prolongada polarización generada por el proyecto Conga, Newmont, inversionista principal de la operación, anunció la reprogramación de sus inversiones en el país. Y a la movilización convocada en Cajamarca contra el proyecto Conga, lejos de los paños fríos, el gobierno responde con una marcha que cuenta con la entusiasta colaboración del connotado fujimorista Absalón Vásquez y otros personajes ávidos de recobrar protagonismo, como Luis Guerrero.

Visto desde la promesa de construir institucionalidad ambiental, Conga no ha supuesto un punto de quiebre de dimensión nacional. Tras el intenso debate que propició el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto, ni desde el Estado ni desde la sociedad se registran esfuerzos reales de centrar en el MINAM la rectoría de la política ambiental. Peor aún, en ese vacío la opción gubernamental fue la creación de una unidad ambiental en la PCM. Una isla más al archipiélago del proceso de toma de decisiones en esta materia. Otra decisión que no hace sino reafirmar esa extraña vocación del gobierno de resolver situaciones apremiantes generando otras peores.

desco Opina / 25 de mayo de 2012
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Desmadres en el Gabinete

La renuncia irrevocable de los ministros de Defensa y del Interior parece haber logrado, en lo inmediato, aliviar la presión sobre el gabinete Valdés. Los renunciantes, dicho sea de paso, fueron hombres de confianza del Premier en el ministerio del Interior. Por otro lado, la renuncia llega al momento final, cuando estos integrantes del gabinete se sintieron acorralados, dando la imagen de un gobierno con poca previsión, que cede justo antes de su derrota total. Esto deja una sensación similar a la que existe sobre Conga: la tensión baja, pero el horizonte se percibe turbulento.

Es preciso recordar que el inicio de las ’hostilidades’ en Cajamarca marcó el distanciamiento con el primer gabinete de este gobierno. ¿Cómo así, entonces, un tema como las muertes de soldados y policías que ha generado una legítima corriente de indignación ciudadana y que ha desnudado de forma clamorosa las carencias operativas del Estado en una zona del territorio nacional, no podía hacer que dos ministros, en vez de agravar su situación con cada explicación que daban, asuman su legítima responsabilidad política? ¿Y por qué la bancada oficialista, salvando excepciones, estaba dispuesta a inmolarse en la hoguera defendiendo a los ministros con argumentos tan débiles como el que planteaba que la censura era un triunfo para el ahora llamado «narco terrorismo»?

Lamentablemente, parece que en este tema también, el entorno presidencial está pesando demasiado en las consideraciones y el cálculo de lo aceptable como costo político, tal vez con una concepción que ya aparece como retorcida por tanto «pragmatismo». Hasta hace unos días, las declaraciones de Freddy Otárola contra Javier Diez Canseco y contra la censura, daban a entender una subordinación total a la consigna del blindaje.

¿Se tratará de una subordinación psicológica de buena parte de la bancada con lo que ellos creían que quería el Presidente? Sea como fuere, se dejó a estos defensores de oficio deslegitimarse ante los ojos de la ciudadanía. Y más aún, la situación abrió la puerta a coqueteos con sectores del fujimorismo que se sienten cercanos, y con cierta razón, al Primer Ministro, personaje que amagó con alejarse, pero que hoy busca afianzar su posición al anunciar cambios en los mandos militares en el VRAE. ¿Si esa iba a hacer la línea de respuesta al fracaso de las operaciones emprendidas, porqué no se implementó antes?

Así las cosas, es inevitable la sensación de improvisación y hasta cierto punto de desgobierno en vista de la falta de respuesta para estos asuntos como para otros que no han sido relevados en la coyuntura, pero que van en la misma dirección: la incapacidad para completar el Directorio del BCR o al Defensor del Pueblo, las claras señales de corrupción en la pesca, la dificultad para responder a los desafíos que plantea la minería informal en pie de lucha y con toma de carreteras incluida, por no mencionar temas cotidianos que brindan la oportunidad de dar señales de alguna eficiencia como en el caso de los delfines y aves muertas. Los desastres en el VRAE y La Convención pueden suponer la decisión responsable de afectar intereses que ningún gobierno se atrevió a tocar por décadas. La forma de hacerlo, sin embargo, ha sido temeraria e irresponsable y definitivamente poco transparente e incluso chapucera.

En ese contexto, prospera el cálculo para explotar estos «reveses» mediante la glorificación y la transformación en ‘héroe’ de todo miembro de las FFAA o de la policía abatido, tratando de hacer virtud del defecto. A su vez, esto sirve para revivir el caso de los comandos de la operación Chavín de Huántar para, supuestamente, presentar un frente unido contra el ‘terrorismo’. El favor que se hace al fujimorismo es evidente aunque no estamos seguros si siempre inconsciente. A fin de cuentas, a río revuelto, ganancia de pescadores, tanto mayor si éstos son avispados.

Solo nos queda esperar que el gobierno actúe con mayor transparencia de ahora en adelante y que deje de lado el triunfalismo que lo acompañó tras la caída de ‘Artemio’. La nominación de ministros capaces para Defensa e Interior, aún cuando no sean del círculo del debilitado Premier, sería una buena señal.

desco Opina /  11 de mayo de 2012

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