lunes

¿Votos prestados o votos endosados?

Luego de culminada la segunda vuelta electoral y de conocerse el triunfo del candidato de la Alianza Regional Todos por Pasco, Ing. Klever Meléndez, se hace necesario evaluar algunos aspectos de esta etapa del proceso electoral de la región. Sin lugar a dudas, lo más resaltante ha sido la reducción de los entusiasmos de la gran mayoría de los electores. Si en la primera vuelta los ímpetus de los simpatizantes de los candidatos a los gobiernos locales dieron colorido y soporte correligionario a los eventos proselitistas, en la segunda vuelta, luego de conocidos los nombres de los alcaldes y consejeros regionales electos, no se produjeron movilizaciones ni mítines masivos de respaldo a las candidaturas a la presidencia regional. Las explicaciones a esta situación podrían ser muchas, pero la más factible es la incapacidad de los pobladores de seguir dando soporte a sus simpatías, ya que al prolongarse el proceso electoral por dos meses más, no sólo los candidatos tuvieron que asumir nuevos gastos para continuar con sus afanes electorales sino que, los ciudadanos debieron evaluar el impacto de los días de la extensa campaña en sus vidas privadas, más allá del compromiso cívico que sienten por los intereses de su región.

La guerra sucia se mantuvo como una constante desde la primera vuelta, los golpes bajos, denuncias y acusaciones sin confirmar no dejaron de difundirse por volantes y medios radiales, afectando a uno u otro candidato. A ambos candidatos se les ha acusado de paternidades extramatrimoniales e incluso sin reconocimiento de filiación paterna, esperando que un supuesto «efecto Zaraí» perjudique su imagen y sus aspiraciones presidenciales. De ser ciertas esas denuncias existirían censurables cuestionamientos morales, pero ningún impedimento legal para continuar en la competencia electoral. De todas formas sigue siendo una tarea pendiente de solución la visibilización previa de las cualidades morales de los candidatos a los cargos de elección para evitar que los niños –materia de las denuncias– sean puestos en vitrina sin considerar los efectos sicológicos que puedan ocasionárseles a futuro.

Las estadísticas finales de la segunda vuelta, nos muestran que mientras el candidato de Somos Perú creció en un 37% en relación a la primera vuelta, el candidato de Todos por Pasco, merced a la capitalización de simpatías con los líderes de las otras listas que compitieron en la primera vuelta, duplicó en un 102% su respaldo electoral (de 31,740 dio el salto a 64,041 votos). Lo curioso del festejo lo dieron los simpatizantes de las listas que en la primera vuelta quedaron fuera de carrera y que para esta segunda vuelta electoral se aliaron con el ingeniero Klever Meléndez. Sus emotividades eran dignas de quienes asumirían la gestión regional. Aparentemente perciben que «los votos y servicios prestados» para esta segunda vuelta electoral, les otorgarán ciertos derechos dentro de la administración entrante. Sin embargo, en vísperas de un proceso electoral general en donde cada uno de ellos cogerá sus propios rumbos y simpatías presidenciales, es probable que esta alianza construida en base a enemistades políticas comunes y no sobre coincidencias programáticas, se vea resquebrajada antes de culminar el primer semestre de gestión; con lo cual no existirían condiciones que garanticen la gobernabilidad regional ya que todo indica que este triunfo no corresponde al crecimiento de un nuevo liderazgo regional, pues aparentemente responde a un «endose de votos» sin ningún acuerdo concreto.

Vistas así las cosas, menudas complicaciones tendrá que asumir el ingeniero Klever Meléndez para llevar adelante una buena gestión regional, en donde no ha quedado nada claro cuáles son sus compromisos con sus ocasionales aliados; pero ante todo no debe de olvidar que ahora su responsabilidad es armar un equipo de trabajo con capacidades técnicas que le asegure cumplir con las expectativas de los pasqueños, por encima de cualquier compromiso político o personal.
desco Opina - Regional / 20 de diciembre de 2010
Programa Selva Central


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martes

Sobre alianzas y acuerdos de ocasión

La semana concluyó con la conformación de distintas alianzas políticas que se aprestan a competir en los comicios de abril del 2011. La mayoría de partidos nacionales ha buscado «concentrar» la debilitada fuerza que mostraron en el proceso subnacional de octubre, que concluyera con su indisimulable derrota ante las agrupaciones regionales. Éstas devinieron en el objeto de deseo asediado las últimas semanas, como parte de la búsqueda de la llave del éxito en que se encuentran embarcados todos los aspirantes a la Presidencia de la República.
El primero en sorprender fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aunque en realidad quien sorprendió fue Alianza para el Progreso, que emergió como uno de los victoriosos del proceso regional y municipal. La alianza de los menudos que él encabezaba –Partido Humanista, Renovación Nacional– terminó convenciendo a la organización de César Acuña, quien abandonó a Solidaridad Nacional a último minuto, pero también al magullado Partido Popular Cristiano (PPC), que en medio de sus disputas internas cree haber encontrado en el ex Ministro de Economía, el flautista adecuado para llegar a la tierra prometida. Como es obvio, gran negocio para el candidato, pero también para el alcalde trujillano, que seguramente impondrá importantes condiciones en la lista parlamentaria de la novísima alianza.
Luis Castañeda, por su parte, tuvo que afrontar el abandono de dos pasajeros que ya parecían embarcados con él, porque Acuña y Lourdes Flores cambiaron de conductor en la hora undécima. Uno más taimado que la otra, negando toda conversación y arreglo previo; la segunda, tratando de cuidar las formas, pero imponiendo su decisión en su agrupación, el PPC, que sin duda sigue viviendo su propio y prolongado calvario. El ex burgomaestre limeño, así las cosas, se llevó como «premio consuelo» su alianza con los restos de Unión por el Perú, los mismos que saltaron del barco nacionalista el 2006, apenas instalados en el Congreso, además de Cambio 90, uno de los membretes del fujimorismo, hoy día en manos del congresista Reggiardo, que por esta vía cree resolver su futuro inmediato.
Las izquierdas, por su parte, también contribuyeron al espectáculo. Tras coquetear hasta el final con el Partido Nacionalista, el Movimiento Nueva Izquierda optó por lograr un acuerdo con Fuerza Social y Tierra y Libertad, además de resucitar a la Democracia Cristiana, liquidando de paso a su emprendedor Guerra García. Entraba dentro de lo posible, pero no dejaba de sorprender, habida cuenta de la anunciada pretensión de Fuerza Social de ir solos. Sin embargo, lo que sí resultó desconcertante, fue la incorporación del partido FONAVISTAS en este acuerdo; máxime porque Raúl Canelo, su derrotado candidato a la municipalidad de Lima, es abogado de una de las partes del sonado caso Comunicore. Cierto que fue desembarcado rápidamente, pero el ridículo queda.
Más discreto, más seguro también, Perú Posible confirmó su alianza con Acción Popular y Somos Perú, además de establecer diversos acuerdos con distintas figuras regionales. Igualmente discretos, aunque por otras razones, en realidad no hay muchos interesados en participar con ellos, los apristas y Mercedes Aráoz, parecen haber establecido algún tipo de arreglo con Siempre Unidos, el partido del alcalde de Los Olivos.
Fuerza 2011 y el PNP, finalmente se quedaron prácticamente solos. Los fujimoristas lograron atraer a Rafael Rey, de quien se decía «ampliaría» la lista de su ex colega Aráoz, que si bien encontró el espacio que le corresponde mejor, difícilmente aportará votos distintos a aquellos que ya tiene Keiko Fujimori. En el caso del Partido Nacionalista, todo indica que su soledad, que intentaron evitar hasta con aviso en el periódico, es resultado de la poca confianza que generaban sus llamados a la unidad y la construcción de acuerdos. En cualquier caso, y más allá de anécdotas, da la impresión que ambas agrupaciones mantienen una opción por la concentración de su votación, quizá porque no tenían más opción.
Como es evidente, los medios de comunicación y los distintos análisis que circulan, se regodean con la situación. Como siempre, la miran unilateralmente y enfilan sus baterías y argumentos a mostrar las miserias y debilidades de izquierdistas y nacionalistas, olvidando que el espectáculo ofrecido por las otras organizaciones ha sido equivalente o mayor. En cualquier caso, es evidente que este conjunto de matrimonios de interés, esta sucesión de abandonos, divorcios y bodas aceleradas, no nos anuncia un futuro mejor. Los acuerdos de ocasión a los que estamos asistiendo, que todavía tendrán que pasar por la prueba ácida de la conformación de las listas parlamentarias, antes que responder a la fragmentación, en el mediano plazo pueden contribuir a su multiplicación.

desco Opina / 13 de diciembre de 2010
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viernes

Responsabilidad social minera Vs. políticas de desarrollo sostenible

«Perú, país minero», bajo este lema y con dudosas argumentaciones, consecutivos gobiernos nacionales han otorgado una serie de facilidades a las grandes empresas mineras para realizar sus operaciones en todo el país. Entre ellas tenemos los contratos de estabilidad tributaria, la no exigencia del pago de regalías –que da un rodeo a la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que no era un impuesto más–, el otorgamiento de concesiones mineras sin considerar la consulta previa y más recientemente, la firma del Contrato de Solidaridad con el Pueblo (con su probable extensión) haciendo vista gorda al pedido de muchos sectores sobre la urgencia de un impuesto a las sobreganancias mineras.
Cada departamento ha sufrido las consecuencias de estas gentilezas del Estado para con la industria minera. En Arequipa podemos resaltar dos de reciente data: en el proyecto Tía María y en la ejecución de los fondos del aporte voluntario.
Ya se ve, hasta con desconcierto para muchos, cómo los pobladores de Cocachacra (Islay) han retomado sus protestas porque no quieren que la Southern Copper Corporation ponga en marcha el proyecto cuprífero Tía María. La protesta se dio a pesar de que la minera se comprometió oficialmente a desalinizar el agua para sus operaciones y a no utilizar el agua subterránea, demanda planteada por los pobladores. Se ha dado una nueva tregua después que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunciara que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) va a ser evaluado por un organismo independiente de las Naciones Unidas; sin embargo, ha quedado nuevamente en el aire la solicitud de un plebiscito.
Nada de eso hubiera pasado si el gobierno, oportunamente, hubiera informado al distrito de Cocachacra sobre esta concesión, se hubiera tomado la molestia de revisar si las actividades de la zona conciertan con la actividad minera o en principio hacer una consulta. La protesta no hubiera pasado a mayores si Southern hubiera actuado sin tanta altanería y dando la alternativa de desalinizar el agua desde el comienzo y no cuando empezaron a sentir mayor oposición por su ingreso a esta zona.
Según la norma, los fondos del aporte voluntario tienen un destino concreto y deben ejecutarse según un estudio de línea de base que determine cuáles son las necesidades de la población beneficiaria del aporte. Sin embargo, en Arequipa, la empresa con mayor aporte, Sociedad Minera Cerro Verde, destinó algo de este fondo a instituciones privadas. La Asociación Cerro Verde (administradora del fondo) dio algunas explicaciones poco convincentes sobre estos gastos. Este hallazgo ha puesto al descubierto el insuficiente (por no decir inexistente) poder del Ministerio de Energía y Minas de fiscalizar la forma en que se gastan estos fondos, la falta de sintonía con los proyectos o propuestas locales presentadas a la asociación y la discrecionalidad de la que gozan las mineras para la ejecución de estos fondos.
Con este panorama nos preguntamos: ¿las actividades de responsabilidad social de las mineras concuerdan con las políticas locales de desarrollo de los distritos, provincias o regiones donde desarrollan sus actividades?, ¿existe en algún lugar donde se llevan a cabo actividades extractivas, un enfoque compartido de desarrollo entre la empresa minera y el gobierno de esa localidad?, ¿tiene idea el gobierno de los planes de desarrollo de las localidades, antes de entregar sus tierras en concesión? Quizá pensando en las posibles respuestas algunos funcionarios del gobierno podrían enmendar las normas que rigen la actividad minera en el país.
desco Opina - Regional / 3 de diciembre de 2010
Programa Regional Sur


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