Agua, minería y transparencia en Arequipa

Los impuestos generados en el sector minero son los recursos más importantes en los presupuestos de municipios y de gobiernos regionales en casi todo el país. Después de que el Gobierno Nacional aprobara hace unos años la reinversión de utilidades –mecanismo hoy en desuso– a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), abriendo la puerta para reducciones en el Impuesto a la Renta y por tanto del canon minero, la empresa se comprometió a financiar los estudios técnicos y la construcción de la Planta de Agua Potable II de Alto Cayma. Además, sufragaría los estudios para una planta de tratamiento de aguas servidas cuyo costo sería solventado de manera mancomunada por los alcaldes de la provincia de Arequipa.

Desde el 2006 hasta finales de 2010 los alcaldes lograron reunir una bolsa de 19 millones 650 mil soles para la planta, mientras que SEDAPAR, la compañía de agua potable, se encargaba de evaluar el lugar adecuado para la planta y las mejores opciones de operación. Hacia setiembre de 2011, en vista de que aún no se comenzaba con la construcción de la planta de tratamiento y que la empresa necesitaba agua para su proyecto de expansión, ésta firma un Convenio Marco con SEDAPAR para el financiamiento, ejecución y operación del Proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana» (PTAR) condicionado a la aprobación del proyecto de expansión de sus actividades.

El ministerio de Energía y Minas aprobó el año pasado el EIA de la expansión de Cerro Verde, con lo cual la construcción de la PTAR debía comenzar este año, pero un reporte periodístico movió las aguas señalando la existencia de cinco convenios específicos firmados entre la empresa y SEDAPAR, desconocidos por los alcaldes (accionistas de la empresa de agua potable), con los que supuestamente la PTAR sería financiada parcialmente por SEDAPAR y en consecuencia por los usuarios de agua de la ciudad, y no completamente por la empresa. Los medios de comunicación denunciaron el caso y al no haberse difundido transparentemente estos acuerdos, comenzaron también las especulaciones.

Ante el aluvión de cuestionamientos, la empresa minera se vio en la obligación de emitir un comunicado aclarando varios puntos en controversia: el PTAR no sería una obra por impuestos, lo que no afectará el canon (aunque es cierto que Cerro Verde tiene uno de los tan denostados contratos de estabilidad, que vence este año), que se encargarían del mantenimiento de la obra y que SEDAPAR sólo pagaría la cesión en uso de los terrenos por donde pasarían las instalaciones para su funcionamiento. SEDAPAR se vio obligado a colgar en su web todos los convenios firmados, además de realizar conferencias de prensa para explicar qué pasó.

Aún se cuestiona el monto de inversión de la planta, el porcentaje de agua que limpiará del contaminado río Chili y el que utilizará respecto a la carga de aguas servidas que se vierten al caudal, el pago de la empresa por el agua reutilizada, qué otra inversión hará SEDAPAR en la PTAR fuera del pago de tierras en uso, y la absolución de algunas observaciones del EIA de la PTAR, pero en general, las aguas se han calmado.

Nada de esto hubiera pasado si la transparencia fuera una de las políticas de responsabilidad social de la empresa minera, en particular si se trata de obras públicas. Ante el aumento de conflictos por la actividad minera debido a su crecimiento, en especial en toda la Macro Región Sur donde se calcula una inversión del sector en los próximos años de US$ 32,557 millones, es tiempo que los presupuestos de las empresas sean transparentados; además concertados con los planes de desarrollo de las localidades donde realizan sus operaciones. Se tiene que comprender que la inversión social de las empresas mineras no es una dádiva, sino una compensación por la extracción de un recurso no renovable. El tema de la PTAR ha puesto en la agenda, una vez más, cuál es el rol de las empresas mineras frente al desarrollo regional.

desco Opina - Regional / 14 de junio de 2013
Programa Regional Sur
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Recursos naturales y responsabilidad social en la Región Junín

Desde las elecciones presidenciales de 2011 se debate intensamente sobre la importancia del medio ambiente, especialmente en relación a los pasivos ocasionados por la extracción de minerales. El problema fue puesto en primer plano en la Región Junín, por un movimiento político regional de izquierda. Aunque en la práctica no haya sido así, no cabe duda que la defensa del medio ambiente debería trascender posiciones políticas, sobre todo cuando estamos ante un problema cuyas repercusiones sociales eluden la simplificación. Por ejemplo, en esta región hemos sido testigos de las protestas de un número nada despreciable de obreros que luchaban para que no se cierre la planta de DOE RUN en La Oroya, por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Finalmente, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la liquidadora Right Business, que pagará más de 35 millones de dólares a 2,500 trabajadores.

¿Cómo tomar partido, en estos casos, entre los intereses puntuales de la población de las demandas igualmente legítimas que vienen desde las agrupaciones políticas? Más allá de Junín, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, queda claro que prohibir por completo toda actividad minera afectaría seriamente los ingresos de la región. Los gobiernos regionales deben considerar dónde se encuentran las mayores afectaciones y también los mayores beneficios y saber defenderlos con decisión para convertirse verdaderamente en agentes que lideren las políticas de desarrollo locales sobre todo en un contexto de descentralización. Esto es preferible, antes de declararse abiertamente ‘anti’ o ‘pro’ minero.

Lamentablemente, en la región el problema ambiental se hace más agudo porque algunas empresas no cumplen los estándares de cuidado ambiental. Prefieren incumplir y mantener su rentabilidad hasta el día en que son fiscalizados y deciden detener sus operaciones. Esto origina un gran malestar social entre los trabajadores, que, como en el caso de La Oroya, ven únicamente el efecto concreto sobre su economía familiar. Este tipo de proceder por parte de algunas empresas hace muy difícil para los ciudadanos imaginar cómo podrían beneficiarse de políticas adecuadas de responsabilidad social empresarial.

En este complicado escenario, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en el plano ambiental, abarca numerosos planos de problematización. Uno de ellos tiene que ver con la gestión desde la autoridad política. Ante lo difícil que resulta movilizar recursos institucionales ante entidades como las Direcciones Regionales que se resisten a modificar sus competencias sectoriales, esfuerzos como el Plan de Acción Ambiental Regional de Cambio Climático, promovido por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín con la participación de entidades privadas y públicas son destacables. Cabría esperar que espacios como éste se vean fortalecidos para lograr consensos entre la empresa, el Estado y la sociedad civil y así lograr que la población conciba a la responsabilidad social como un elemento con potencial para que las empresas contribuyan a superar los retos del desarrollo. Asimismo, es el tipo de experiencia que podría proporcionar conocimiento práctico para que las entidades del gobierno nacional comprendan la necesidad de trabajar la normativa nacional sobre recursos naturales junto a los gobiernos regionales.

desco Opina - Regional / 27 de julio de 2012
Programa Sierra Centro
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Responsabilidad social minera Vs. políticas de desarrollo sostenible

«Perú, país minero», bajo este lema y con dudosas argumentaciones, consecutivos gobiernos nacionales han otorgado una serie de facilidades a las grandes empresas mineras para realizar sus operaciones en todo el país. Entre ellas tenemos los contratos de estabilidad tributaria, la no exigencia del pago de regalías –que da un rodeo a la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que no era un impuesto más–, el otorgamiento de concesiones mineras sin considerar la consulta previa y más recientemente, la firma del Contrato de Solidaridad con el Pueblo (con su probable extensión) haciendo vista gorda al pedido de muchos sectores sobre la urgencia de un impuesto a las sobreganancias mineras.

Cada departamento ha sufrido las consecuencias de estas gentilezas del Estado para con la industria minera. En Arequipa podemos resaltar dos de reciente data: en el proyecto Tía María y en la ejecución de los fondos del aporte voluntario.

Ya se ve, hasta con desconcierto para muchos, cómo los pobladores de Cocachacra (Islay) han retomado sus protestas porque no quieren que la Southern Copper Corporation ponga en marcha el proyecto cuprífero Tía María. La protesta se dio a pesar de que la minera se comprometió oficialmente a desalinizar el agua para sus operaciones y a no utilizar el agua subterránea, demanda planteada por los pobladores. Se ha dado una nueva tregua después que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunciara que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) va a ser evaluado por un organismo independiente de las Naciones Unidas; sin embargo, ha quedado nuevamente en el aire la solicitud de un plebiscito.

Nada de eso hubiera pasado si el gobierno, oportunamente, hubiera informado al distrito de Cocachacra sobre esta concesión, se hubiera tomado la molestia de revisar si las actividades de la zona conciertan con la actividad minera o en principio hacer una consulta. La protesta no hubiera pasado a mayores si Southern hubiera actuado sin tanta altanería y dando la alternativa de desalinizar el agua desde el comienzo y no cuando empezaron a sentir mayor oposición por su ingreso a esta zona.

Según la norma, los fondos del aporte voluntario tienen un destino concreto y deben ejecutarse según un estudio de línea de base que determine cuáles son las necesidades de la población beneficiaria del aporte. Sin embargo, en Arequipa, la empresa con mayor aporte, Sociedad Minera Cerro Verde, destinó algo de este fondo a instituciones privadas. La Asociación Cerro Verde (administradora del fondo) dio algunas explicaciones poco convincentes sobre estos gastos. Este hallazgo ha puesto al descubierto el insuficiente (por no decir inexistente) poder del Ministerio de Energía y Minas de fiscalizar la forma en que se gastan estos fondos, la falta de sintonía con los proyectos o propuestas locales presentadas a la asociación y la discrecionalidad de la que gozan las mineras para la ejecución de estos fondos.

Con este panorama nos preguntamos: ¿las actividades de responsabilidad social de las mineras concuerdan con las políticas locales de desarrollo de los distritos, provincias o regiones donde desarrollan sus actividades?, ¿existe en algún lugar donde se llevan a cabo actividades extractivas, un enfoque compartido de desarrollo entre la empresa minera y el gobierno de esa localidad?, ¿tiene idea el gobierno de los planes de desarrollo de las localidades, antes de entregar sus tierras en concesión? Quizá pensando en las posibles respuestas algunos funcionarios del gobierno podrían enmendar las normas que rigen la actividad minera en el país.

desco Opina - Regional / 3 de diciembre de 2010
Programa Regional Sur

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