En la última semana ha causado gran
revuelo el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, ante los mineros de La Oroya,
sobre todo cuando pidió a los trabajadores hacer una especie de pacto con él: «ustedes
me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante» para
luego agregar: «ustedes saben quién controla el Congreso. Hagamos una marcha al Congreso y no dejen morir La Oroya». Estas
declaraciones encontraron eco; la mayoría aludió a una supuesta actitud confrontacional
contra el Fujimorismo, lo que alejaría posibilidades de diálogo con el partido
naranja, que obtuvo clara y amplia mayoría en el nuevo Congreso. Otros lo acusan de demagogo y hay hasta quienes ya
encontraron una acción de lobby empresarial detrás del mensaje, porque empresarios chinos
interesados en comprar los activos de la empresa estaban de tránsito por la
ciudad, evidentemente no para hacer turismo. Los representantes de los
acreedores laborales de la empresa no están muy seguros de que esta marcha sea la mejor opción y buscan una entrevista
privada con PPK para llegar a acuerdos. Otro sector político minimiza las posibles consecuencias de una movilización de los
trabajadores, aunque le refresca al presidente electo que él asumiría sus
responsabilidades políticas de ser el caso.
El trasfondo real es más grande que
los discursos. Este 27 de agosto se vence el plazo para la liquidación de la
empresa, por lo tanto el cronómetro de esa bomba de tiempo ya estaba encendido
mucho antes que PPK estuviera en el estrado como orador principal y, según
señalan algunos, esta cuenta regresiva por la supervivencia de la refinería
se inició en la década de los 90. Dada la naturaleza y realidad de la empresa, las
decisiones de ese entonces son cruciales para entender el momento presente.
El crítico escenario ofrece opciones; la
primera es la liquidación simple con el cierre definitivo de la empresa, el
remate de sus bienes y el cese colectivo de todos sus trabajadores; la segunda,
la subasta internacional que requeriría de expresiones de interés debidamente
argumentadas técnicamente en materia económica así como ambiental y en ese
caso, tal vez –sólo tal vez– gran parte de sus trabajadores actuales recuperarían
sus puestos laborales. Existe una tercera opción que es la venta parcial de sus
activos, opción vigente puesto que habría empresas interesadas, pero esta
opción es poco discutida porque aparentemente no es provechoso para los
acreedores subastar los activos por partes.
Sea cual fuere la opción, todo debe de
concluir este 27 de agosto y aparentemente el discurso de PPK buscaba generar
condiciones políticas para que el Congreso de la República acepte una decisión
del Ejecutivo para la extensión de este plazo. Esto sería precisamente lo que
las empresas interesadas solicitan, porque han evaluado que el tiempo
disponible es escaso para elaborar y presentar propuestas. Esta extensión del
plazo da un respiro al gobierno sobre este espinoso tema, pero también sería un
mal precedente para el Estado peruano porque al ser una norma con nombre propio,
daría justificación para que, en otros escenarios conflictivos, las empresas
extractivas soliciten una atención jurídica especial.
El debate seguirá siendo amplio y
empezarán a refrescarse los otros temas que en el actual contexto pocos ponen
sobre la mesa, concentrados como están los actores políticos, en lo económico.
Temas como los pasivos ambientales en la ciudad de La Oroya, pasivos que han
sido puestos de manifiesto por profesionales de la salud nacionales y
extranjeros pero que son minimizados por la población en su interés de seguir
trabajando. Otro es la reconversión laboral de los trabajadores, que parece no
haber funcionado; en el colectivo ciudadano sigue primando la vocación minera
que tiene esta ciudad.
Otro de los temas, que acaba de resolverse tenía que ver con un arbitraje internacional del Grupo Renco, principal accionista del complejo
minero Doe Run contra el Estado peruano. Se ha resuelto a favor del Estado
peruano sobre la demanda en su contra por 800 millones de dólares americanos, que hizo Renco al amparo de
los considerandos del TLC suscrito con los Estados Unidos. El hecho que el
Gobierno peruano pretenda ser recono cido como el mayor acreedor en la junta
ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituyó según la Doe Run
Perú (DRP), un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del Tratado.
El otro asunto es que, según sus argumentos, el Estado peruano tuvo un trato
discriminatorio que favoreció a la empresa peruana Activos Mineros que tampoco
cumplió con sus compromisos referidos a la remediación de los pasivos
ambientales de La Oroya y que, a diferencia de la DRP, no ha sido sancionada
(art. 10.3 del TLC). Si bien este tema ha cerrado, existe otra demanda judicial
contra la empresa que data de 2010, de parte de pobladores de La Oroya por la
afectación a la salud de 107 niños y niñas y que ha sido admitida por un
juzgado de Missouri, y de la cual no se tiene mucha información.
Más allá del discurso público, de
quienes sólo vemos este problema desde los noticieros, está la realidad; no es
secreto que esta ciudad ha crecido alrededor de este complejo
metalúrgico y su contexto actual tiene en jaque a toda la población, porque
dicho complejo constituía la principal fuente de empleo y su paralización en el
año 2009 por sus problemas y deudas acumuladas ha traído graves consecuencias sociales
como la migración de sus habitantes, el incremento de la deserción escolar, el
cierre del 35% de los negocios formales y el auge del comercio informal de
sobrevivencia. Los sueldos de sus 2192 trabajadores fueron reduciéndose paulatinamente y en la actualidad por
decisión de la empresa encargada de velar por los intereses de los acreedores
en el proceso de liquidación (incluidos los trabajadores como acreedores
laborales y el Estado con el 60% de las acreencias) este personal no percibe ni
un sol. En definitiva, y pese a los serios cuestionamientos contra la empresa,
hace siete años la economía de La Oroya languidece debido a la paralización de
actividades de la Doe Run.
El discurso de PPK tocó un tema complicado
pero ineludible, tal vez no haya sido la forma correcta pero eso no quita que
el problema exista. La tensión en la que viven miles de familias de La Oroya no
puede sernos indiferente. La respuesta del sindicato al pedido de marcha de
apoyo no ha sido positiva, pero es casi seguro que las vigilias previas al 27,
las vivirá todo el centro del país. Es conocido que entre los repertorios de la
protesta social en esta ciudad está el bloqueo de la Carretera Central. ¿Tendrán
el nuevo Presidente y su flamante Gabinete así como el nuevo Congreso las
capacidades para afrontar esta coyuntura?, quedamos en compás de espera hasta el
27 de agosto.
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Regional / 20 de julio de 2016
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