viernes

Ensayo general




Finalizó uno de los procesos electorales más desconcertantes que podamos recordar. También pudimos decir que fue decepcionante, pero creemos que una parte considerable de los peruanos no dudaba de un desenlace como el que mostró la contienda. En suma, no podía decepcionar lo que ya se presentaba devaluado ante nuestros ojos.
Como afirmaba Murphy en su famosísima ley, si algo puede salir mal, saldrá mal. En materia política, las cosas en el Perú pueden salir mal desde hace décadas y, de hecho, han estado saliendo mal. Luego de la disolución constitucional del Congreso en setiembre del año anterior, debíamos elegir nuevos integrantes del Parlamento, esperanzados en obtener algo cualitativamente mejor que el Congreso dominado por una mayoría fujimorista que interpretó la política como el arte de hacerlo todo imposible mediante el uso de artimañas, imposiciones y colusiones con colegas indefectiblemente delincuentes.
Suponer la política –como fue el caso del fujimorismo y otros grupos parlamentarios– como un negocio, hacer de la representación política un asunto proclive a transarse en el mercado, concebir el financiamiento de las campañas como una actividad empresarial, mostrar un ejercicio torpe de la representación y la práctica ausencia de habilidad política, terminaron por hundir un poder del Estado que, dicho sea de paso, nunca tuvo un nivel aceptable de aprobación.
Por ello, no tenía que llamar a sorpresa la alta indecisión previa. El descrédito del Congreso tiene una larga data entre nosotros y no se debe exclusivamente a la actuación fujimorista-aprista de los últimos años. Aunque en primera instancia pudo ser sorprendente que ninguna agrupación política lograra una clara mayoría, visto ahora no pareciera ser tal, y esto las obliga a poner de manifiesto capacidades políticas para la negociación que no muestran hasta el momento.
Sumado a ello, queda un amplio margen de duda sobre la representatividad de los elegidos y, lo que es más, se ha concedido representación congresal a opciones confesionales, xenófobas, machistas, represoras y demás, dejando constancia que la acción política del ciudadano peruano difiere radicalmente del «deber ser» imaginado por el liberalismo.
El resultado obtenido, entonces, pareciera un capítulo más de un «control ciudadano» que tomó forma tiempo atrás con la sentencia “que se vayan todos” que, si bien ha limitado a la fuerza la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios del Estado peruano, ha devenido en una fórmula informal de accountability vertical ante la defección de los canales institucionales y, por lo mismo, un mecanismo sumamente precario que no propende al fortalecimiento democrático.
Asimismo, la democracia peruana se caracteriza por funcionar con remedos de partidos políticos y casi nos hemos acostumbrado a aceptar que ese es el quid del problema, sin reparar en mayor medida que el Estado peruano funciona con instancias oficiales cuyas competencias son difusas, graves desarticulaciones verticales con los niveles subnacionales de gobierno y ámbitos sin funciones definidas que, finalmente, hace de los pesos y contrapesos entre poderes una cuestión que es cotidianamente superada. El resultado de esta situación ha sido el profundo distanciamiento ciudadano de las instituciones.
Es cierto que hubo voluntad para corregir en algo esta situación, cuando el presidente Vizcarra buscó implementar una reforma del sistema judicial y, luego, una reforma política cuya legitimidad la sancionó mediante referéndum. Sin embargo, hasta el momento no vislumbramos cambios y a juzgar por las preocupaciones manifiestas por los probables congresistas electos, vamos a tener que esperar mejores tiempos.
Entonces, lo que tenemos es el reacomodo de un sistema político que presenta síntomas de no dar para más, pero que tampoco tiene actores y líderes que podrían conducir su reforma y consolidación. En esa línea, si algo positivo podemos extraer de esta experiencia, es que se ha propuesto como un piloto para las elecciones «de verdad»: las del próximo año. Algo debe hacerse –y pronto– para subsanar siquiera en parte la enorme carencia de organicidad de los partidos y competencia de los candidatos.


desco Opina / 31 de enero de 2020

lunes

Turismo depredador: el caso de las Lomas de Villa María del Triunfo


El turismo es actualmente una industria creciente muy ligada a la modernidad, y en muchos casos adopta la forma de “turismo de masas”, definido así por el volumen de turistas que participan en él y el alto grado de concentración espacial que caracteriza a la actividad turística en el lugar de destino, la cual puede llegar a superar, en muchos casos, la capacidad soportante de los recursos naturales o culturales allí existentes. Este tipo de turismo domina el comportamiento de la sociedad y normaliza la conducta viajera vacacional de un número desproporcionado de visitantes que puede atentar contra la biodiversidad y generar desigualdad entre la economía de los habitantes de las localidades turísticas y los inversionistas privados que promueven la masificación del bien turístico.
Esta situación se contrapone a lo manifestado por las organizaciones internacionales en el marco de la Agenda 21 para los Viajes y el Turismo, que busca promover un turismo bajo enfoques sostenibles, ayudando a que la gente lleve una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza, conservándola, protegiéndola y restaurándola.
A pesar de todos los esfuerzos generados por las organizaciones nacionales e internacionales, observamos que aún hay mucho por trabajar, sobre todo en el Perú y específicamente en Las Lomas de Paraíso (ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo), que fuera víctima del turismo de masas entre los meses de julio y agosto del año pasado, debido a la publicidad irresponsable, tal y como se denunció en su momento, en las páginas web y cuentas de Facebook de las organizaciones que trabajan en el cuidado de las lomas.
El problema se generó a raíz de la desinformación que causaron las redes sociales, pues se indicó que el ingreso a otra zona denominada el Apu Siqay (un cerro que se encuentra más arriba de las lomas y desde el cual se puede apreciar un colchón de nubes natural al lado de las figuras de un cisne y el rostro de un inca, instalados hace algunos años atrás para atraer visitantes) era por la zona de las Lomas de Paraíso, hecho que en su momento fue negado por todas las organizaciones y vecinos que trabajan en el lugar, pero que tuvo caso omiso por parte de las oleadas de turistas que llegaron al lugar.
Esta descontrolada publicidad logró atraer hasta 5000 visitantes en un solo día, perjudicando esta zona de vegetación frágil, pues según estudios realizados, solo se podría albergar hasta 300 visitantes por día. La sobrecarga de turistas provocó un daño irreparable en las lomas, pues se abrieron caminos destruyendo la vegetación, se dejó basura en diferentes lugares y, además, el ruido causado por la gran cantidad de visitantes, ahuyentó a la fauna del lugar.
Pese a los contratiempos, las organizaciones en conjunto y los vecinos que habitan la zona hicieron frente a esta situación, y desde esa fecha vienen organizándose para que lo ocurrido no se repita. En ese contexto es que años atrás, vecinos y organizaciones del territorio interesados en proteger este frágil ecosistema, crearon la Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso, la cual viene realizando un trabajo de largo aliento por el cuidado y la puesta en valor de estos espacios ubicados en esta zona de Lima.
Así también, desde hace años, otros grupos vienen luchando por la protección de las lomas, cuyo principal problema de depredación fue el tráfico de tierras, al que hoy se suma el del turismo de masas. Tenemos fe en que esta responsabilidad de protección y promoción del cuidado de las Lomas, comprometa e involucre también a diversas instituciones, sobre todo tomando en consideración que esta zona ha sido declarada Área de Conservación Regional de Lomas de Lima.


desco Opina - Regional / 24 de enero de 2020
descoCiudadano

viernes

¿Capítulo nuevo?


A unos días de los comicios, más de la mitad de los electores no tienen definido aún su voto o anuncian que lo harán en blanco o viciado. No es sorpresa. Al poco interés que despierta la elección, se añaden factores siempre presentes –las limitaciones de las encuestas en el interior del país que se agudizan por la cantidad de aspirantes, la «costumbre» de decidir a último momento y el ausentismo regular–, que no pueden esconder el que la mayoría que demandaba el cierre del Congreso anterior no estaba necesariamente interesada en la renovación de la política.
En este escenario, la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional declarando infundada la demanda competencial que presentara el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso, cerró un capítulo de la historia reciente del país, validando la decisión del Ejecutivo del 30 de septiembre pasado. Los argumentos de fondo de la ponencia aprobada, precisaban que en aquella fecha el entonces Premier Del Solar propuso un proyecto de ley sobre la forma de elección de los miembros del TC, además de pedir la postergación del proceso de nombramiento que se iniciaba ese día.
La pretensión de declarar inconstitucional el cierre del Congreso, sostenida en el supuesto uso de una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, la llamada denegación fáctica que argumentara en su momento el Presidente de la República, fue finalmente derrotada a pesar del apoyo sostenido que tuviera en la última semana en la mayoría de medios de comunicación masiva. La misma, hay que ser claros, no apuntaba a reponer a los anteriores parlamentarios ni a paralizar el proceso electoral del 26 de enero. Buscaba sí, proveer de un arma punzo cortante contra el mandatario al futuro Congreso y a su oposición.
Los últimos metros para los próximos comicios, aparecen entonces despejados de mayores obstáculos. En esa dirección, el primer debate organizado por el JNE evidenció, por si fuera necesario, la debilidad de una campaña que no despierta mayor interés. La pobreza de ideas que se observó en el evento y la limitada información existente sobre los candidatos, muchos de los cuales parecen creer que aspiran a la Presidencia del país dadas sus ofertas electorales, contrastó con el «histrionismo» de un JNE que ha excluido a cerca del 15% de los postulantes, recurriendo a formalismos extremos; a la par que para «alentar» la fragmentación electoral a futuro, decide obviar la cancelación de la inscripción de los partidos que no superen el 5% de los votos válidos, sosteniendo el carácter “extraordinario” del proceso en curso.
El próximo 26 de enero, el ausentismo y el voto en blanco o viciado, dejarán la decisión de la composición del Congreso en manos de quienes opten. Aquella será resultado de los porcentajes de los votos válidos, es decir de los dirigidos a algún partido; además, sí se vota por cualquiera de ellos pero no se usa el voto preferencial, quienes sí lo hagan, terminarán determinando la composición final del Parlamento.
En medio de sus debilidades, el Ejecutivo, que afirmó sus razones con el fallo del TC, parece haberse percatado de esta situación. De allí la convocatoria reciente a las Comisiones que formularon a su pedido las propuestas de reforma de la justicia y reforma de la política, seguramente con la intención de «alimentar» a una representación que por lo visto hasta ahora, será posiblemente fragmentada y poco ordenada, por lo tanto bastante más débil que la anterior.
De esta manera, en el corto plazo el mandatario y su gobierno, se afirman. Los sectores más renuentes a cualquier pretensión de cambio político terminaron derrotados el 30 de septiembre pasado. Ni han desaparecido ni los pocos pasos dados cambian realmente la situación. Para peor, el cambio social y económico parecen aún más lejanos y difusos en una agenda nacional, donde el gobierno y parte de su oposición, coinciden en mantener el orden de las cosas sin ninguna idea inspiradora que nos acerque a la propuesta sobre el futuro de un país que quiere celebrar el Bicentenario.


desco Opina / 16 de enero de 2020