Una cuestión de confianza

Los esfuerzos que hace la derecha peruana para que la escena sea dominada ampliamente por las declaraciones de Jaime Villanueva, son inocultables. Por supuesto, el objetivo no es, ni por asomo, arribar a la verdad, sino hacer todo el daño posible a los que considera sus enemigos, porque mientras se corrobore lo que declara, cuando las evidencias muestren finalmente el engaño, todos los impactos, desde sus expectativas, ya deberían ser irreversibles.

De esta manera, podemos entender cómo es que lo buscado no es revelar los tejidos cada vez más tupidos de la corrupción en el Perú, sino llevarle –¿a quién?– la cabeza de Gustavo Gorriti, diluir lo que queda de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), descomponer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, en suma, dar fin a todo aquello que desde su óptica suene, se vea o se escuche como “caviar”.

Así, la colaboración eficaz, que es un proceso especial regulado en el Código Procesal Penal, terminó totalmente desdibujada, aun cuando la figura misma era observable en tanto las declaraciones ofrecidas por cualquier colaborador eficaz no siempre son ciertas y, en sentido estricto, ya que tiene interés personal en el asunto tratado, intentará que lo delatado sea considerado como cierto. En suma, aunque las declaraciones de un colaborador eficaz pueden ser publicadas, es éticamente crucial evaluar su veracidad y considerar su contexto legal.

Pero, lo que resulta por demás desconcertante, es que para esta misma derecha la palabra clave del momento es “confianza” que, por supuesto, no la entiende según la definición gramatical, sino de acuerdo con su conveniencia. En efecto, los estropicios institucionales que promueve los justifica aduciendo la desconfianza que le suscitan dos instancias –JNE y ONPE– por haber instrumentalizado un fraude electoral –de los que nunca tendrá pruebas, -porque no existió–, en perjuicio de su candidata, Keiko Fujimori. En idéntica forma, señalan que debe destituirse a los integrantes de la JNJ por una acumulación de supuestas infracciones , para luego ser juzgados, lo que a todas luces es una vendetta por la destitución de la ex Fiscal de la Nación, que era digna de su confianza.

Es a ese sentido de confianza que tiene la derecha peruana, al que respondió el Ejecutivo conducido por la presidenta Dina Boluarte el 13 de febrero, cuando anunció el cambio de cuatro ministros. En efecto, desde meses atrás, los empresarios peruanos empezaron a preocuparse por una recesión económica que no era aceptada oficialmente, considerando que era escasa la vocación gubernamental para alentar las inversiones mineras, que el gobierno no podía resolver el asunto de Petroperú y que había una creciente afectación de las actividades ilegales a sus intereses. Fue entonces cuando el Ejecutivo, el mismo que no se inmutó cuando ocurrieron graves violaciones de derechos humanos en el país, consideró que había llegado el momento de enmendar rumbos en el sentido sugerido, más bien impuesto, por el poder económico.

Aun así, parece que no todos están contentos. Hay quienes quieren más sangre y exigen agregar a la lista de destituidos no sólo a los ministros del Interior y Trabajo, sino al mismísimo primer ministro, Alberto Otárola, arguyendo que, según las encuestas de opinión, es aprobado solo por un 8% de la ciudadanía. Aunque increíble, ese fue el argumento del editorial de un diario de circulación nacional, el 14 de febrero.

Sin embargo, para otros lo ocurrido está en la línea de ofrecer, por lo menos, cierta tranquilidad a los que tienen la sartén por el mango en el país. En sus palabras, se ha buscado un “reencauche básico para un mejor funcionamiento relativo del gobierno y poder avanzar con más fluidez en la carretera rumbo al 2026”. Lo que, bien entendido, sería perfectamente traducible como la voluntad de hacer bien las cosas, para que las inversiones no pierdan rentabilidad (cueste lo que cueste), al menos hasta el año referido.

Para el caso, nada resulta más ilustrativo que las declaraciones del ministro Rómulo Mucho, apenas asumió el cargo de ministro de Energía y Minas. Aseveró que su gestión priorizará el destrabe de proyectos mineros -remarcando, “por eso me han traído aquí”, promover el proyecto Tía María, enfrentar la informalidad en la actividad minera y reestructurar la gobernanza de PetroPerú. El objetivo último, según sus palabras, responde a “la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas que se han retirado y trabajar en la promoción interna para atraer nuevos proyectos”.

De esta manera, nada más astuto que hacernos creer que el problema real del gobierno de Boluarte es su estado casi catatónico, sin responder a demandas de ningún tipo, como deja entrever un columnista político. No es así. Reacciona claramente a las exigencias que le impone la derecha, desde el lado económico y desde el lado político. Esa es la manera como asume que puede quedarse hasta el 2026.

Esto último es algo que debe remarcarse. En algún momento, entre inicios del 2023 y el presente, la amenaza para el gobierno dejó de ser la protesta social (ante la cual no cedió nada) y pasó a tomar la forma de una presión cada vez más intensa desde el poder económico (al que, al parecer, le concede todo). Resta averiguar cuándo, cómo y por qué se dio ese cambio en las correlaciones políticas del país.

 

desco Opina / 23 de febrero de 2024

¿Capítulo nuevo?

A unos días de los comicios, más de la mitad de los electores no tienen definido aún su voto o anuncian que lo harán en blanco o viciado. No es sorpresa. Al poco interés que despierta la elección, se añaden factores siempre presentes –las limitaciones de las encuestas en el interior del país que se agudizan por la cantidad de aspirantes, la «costumbre» de decidir a último momento y el ausentismo regular–, que no pueden esconder el que la mayoría que demandaba el cierre del Congreso anterior no estaba necesariamente interesada en la renovación de la política.

En este escenario, la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional declarando infundada la demanda competencial que presentara el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso, cerró un capítulo de la historia reciente del país, validando la decisión del Ejecutivo del 30 de septiembre pasado. Los argumentos de fondo de la ponencia aprobada, precisaban que en aquella fecha el entonces Premier Del Solar propuso un proyecto de ley sobre la forma de elección de los miembros del TC, además de pedir la postergación del proceso de nombramiento que se iniciaba ese día.

La pretensión de declarar inconstitucional el cierre del Congreso, sostenida en el supuesto uso de una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, la llamada denegación fáctica que argumentara en su momento el Presidente de la República, fue finalmente derrotada a pesar del apoyo sostenido que tuviera en la última semana en la mayoría de medios de comunicación masiva. La misma, hay que ser claros, no apuntaba a reponer a los anteriores parlamentarios ni a paralizar el proceso electoral del 26 de enero. Buscaba sí, proveer de un arma punzo cortante contra el mandatario al futuro Congreso y a su oposición.

Los últimos metros para los próximos comicios, aparecen entonces despejados de mayores obstáculos. En esa dirección, el primer debate organizado por el JNE evidenció, por si fuera necesario, la debilidad de una campaña que no despierta mayor interés. La pobreza de ideas que se observó en el evento y la limitada información existente sobre los candidatos, muchos de los cuales parecen creer que aspiran a la Presidencia del país dadas sus ofertas electorales, contrastó con el «histrionismo» de un JNE que ha excluido a cerca del 15% de los postulantes, recurriendo a formalismos extremos; a la par que para «alentar» la fragmentación electoral a futuro, decide obviar la cancelación de la inscripción de los partidos que no superen el 5% de los votos válidos, sosteniendo el carácter “extraordinario” del proceso en curso.

El próximo 26 de enero, el ausentismo y el voto en blanco o viciado, dejarán la decisión de la composición del Congreso en manos de quienes opten. Aquella será resultado de los porcentajes de los votos válidos, es decir de los dirigidos a algún partido; además, sí se vota por cualquiera de ellos pero no se usa el voto preferencial, quienes sí lo hagan, terminarán determinando la composición final del Parlamento.

En medio de sus debilidades, el Ejecutivo, que afirmó sus razones con el fallo del TC, parece haberse percatado de esta situación. De allí la convocatoria reciente a las Comisiones que formularon a su pedido las propuestas de reforma de la justicia y reforma de la política, seguramente con la intención de «alimentar» a una representación que por lo visto hasta ahora, será posiblemente fragmentada y poco ordenada, por lo tanto bastante más débil que la anterior.

De esta manera, en el corto plazo el mandatario y su gobierno, se afirman. Los sectores más renuentes a cualquier pretensión de cambio político terminaron derrotados el 30 de septiembre pasado. Ni han desaparecido ni los pocos pasos dados cambian realmente la situación. Para peor, el cambio social y económico parecen aún más lejanos y difusos en una agenda nacional, donde el gobierno y parte de su oposición, coinciden en mantener el orden de las cosas sin ninguna idea inspiradora que nos acerque a la propuesta sobre el futuro de un país que quiere celebrar el Bicentenario.

desco Opina / 16 de enero de 2020

Sin novedad en el frente

Los resultados de la encuesta más reciente, como era previsible, registran una significativa caída en la aprobación presidencial. Diecinueve puntos, para situarse en 60%, mientras el gobierno retrocede 3 puntos a 40% y el Presidente del Consejo de Ministros baja 13 puntos, a 30%. Previsible decimos, porque la aprobación del mes anterior registra el momento más importante de lo que va del gobierno de Martín Vizcarra. La disolución constitucional del Congreso de la República en octubre pasado marcó el punto culminante de su relación con la gente, que la demandaba mayoritariamente. A partir de entonces, el descenso de su popularidad, mayor o menor, será un lugar común.

Sus dificultades para hacer política y gestionar el país, continuarán sin duda. La renuncia de la exministra de Salud, tanto como las desafortunadas declaraciones del inefable ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el “club de la construcción”, son apenas los síntomas más recientes de un Ejecutivo que carece de ideas y de la fuerza necesaria para hacer realidad la limitada agenda de reformas que le permitió conectar con la opinión pública. Su negocio desde este momento, hasta el término de su mandato, será mantener su nivel de flotación.

En este contexto, la inscripción de las 22 listas y las decisiones recientes del JNE evidencian que las elecciones de enero no se darán en condiciones aceptables ni despertarán interés mayor en la ciudadanía. Las mismas viejas normas que nos llevaron a la anterior representación, los partidos franquicia y los muertos con historial y prontuario que no quieren terminar de morir o pretenden resucitar, son parte de un escenario poco atractivo. La aprobación de la reelección, establecida por el JNE con el argumento de las elecciones complementarias, anuncia que ni siquiera tendremos el consuelo de la valla electoral, sacando de carrera para el 2021 a algunas de las combis en competencia.

La decisión del Jurado Especial Electoral de Lima Centro 1, que ha iniciado un proceso al Primer Ministro y a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por supuesta violación del principio de neutralidad que los funcionarios deben tener en una elección, por exhortar al electorado a votar con información y responsabilidad, debe llamar nuestra atención. Máxime cuando alguno de los más altos funcionarios de ese poder del Estado, aparece en diversos audios de “los cuellos blancos”.

A esos «ruidos», más importante aún, se añadieron en las últimas horas las explosivas declaraciones de Dionisio Romero, mandamás del Banco de Crédito, aceptando un aporte de más de tres millones de dólares entregados el 2011 a Keiko Fujimori para “que el chavismo no tomara el control del país”. Que un banquero use los dineros de su empresa para apoyar a una política, que lo haga en efectivo y bajo la mesa para que nadie se entere y, finalmente, que decida hacerlo público ocho años después cuando se siente apremiado por el Ministerio Público, sorprende tanto como el descenso de la aprobación presidencial. Quien lo hereda, no lo hurta; recordemos que el padre del directivo del BCP fue protagonista estrella de uno de los videos más populares de Vladimiro Montesinos.

Más allá de si se trata de un presunto delito de lavado de activos o de una «simple» falta administrativa, como sostienen distintos abogados preocupados por el futuro de Keiko Fujimori, lo que es evidente es que seguiremos asistiendo a temblores de distinta intensidad que continuarán afectando a nuestros principales grupos empresariales como parte de las disputas y pugnas por la corrupción. Ello, porque es evidente que la pregunta sobre dónde se origina la corrupción, adquiere renovada vigencia en el país.

desco Opina / 22 de noviembre de 2019

Los límites de la cuota de género en las próximas elecciones regionales

Muchos años después de los festejos de los colectivos feministas peruanos, por haber conquistado cuotas de género para la inscripción de listas de candidatos, basta mirar éstas en las 26 regiones –incluyendo Lima Metropolitana y Callao– para constatar que en nueve de ellas no existe candidata mujer alguna. Además, como se sabe, la cuota de género no garantiza que las mujeres accedan a cargos de elección y su ubicación dentro de las listas es relegada. 

En el centro del país es visible la casi total ausencia de candidatas a las gobernaciones regionales; en Junín, los doce candidatos son varones y sólo dos de estas listas incluyen mujeres como postulantes a vicegobernadoras. En Huancavelica, sólo una de once candidaturas es de una mujer y dos a vicegobernadoras; en Pasco, los nueve candidatos son hombres y apenas hay una sola aspirante a vicegobernadora. Todo ello demuestra una vez más, que la cuota de género es un mero formulismo, por la persistencia del machismo o por un escaso posicionamiento femenino al interior de estos grupos políticos. Cabe preguntarse si no hay mujeres que se sientan capaces de dirigir a sus regiones o si los grupos políticos las discriminan en sus procesos internos de elección, a pesar de que la gran mayoría de aspirantes mujeres –entre otras ventajas– suelen tener menos problemas judiciales que pudiesen eventualmente obstaculizar sus pretensiones electorales, tal como ocurre de manera bastante alarmante entre los postulantes varones de la Región Junín.

A nivel provincial, el panorama no varía mucho. En Junín destaca la provincia de Tarma, donde solo cinco de dieciséis postulantes a la alcaldía provincial son mujeres (31%), pero el asunto es más grave en Concepción y Jauja, donde no hay ninguna postulante femenina, al igual que en Churcampa, Angaraes y Castrovirreyna (Huancavelica). En este escenario, no sorprende que aun cuando la lucha contra la violencia hacia las mujeres sea una política de Estado incluida en los planes regionales de desarrollo concertado, los planes de gobierno de muchas candidaturas no contengan ni una línea sobre el tema. Es en verdad alarmante que las demandas de las mujeres no estén apareciendo en las propuestas políticas, pese a los altos índices de violencia contra ellas y que desde hace años existen colectivos de defensa de sus derechos en casi todas las regiones, sin que hayan logrado posicionar sus aspiraciones en las propuestas de campaña.

La participación política de las mujeres en los próximos comicios, evidencia un notorio retroceso respecto al año 2014, en que su presencia ya era mínima: solo un 25% de regidores provinciales elegidos en todo el país fueron mujeres, un 23% consejeras regionales y solo una fue gobernadora regional. Un 3% son alcaldesas provinciales, 2.7% son alcaldesas distritales y el 28% regidoras distritales. Estas cifras serán previsiblemente mayores que las que se alcancen después del proceso electoral regional y municipal del 2018, por que el Estado peruano y la clase política no han podido garantizar el acceso a los derechos políticos de las mujeres.

Hay sin duda, una serie de factores que desalientan la participación femenina, uno de ellos es el acoso político hacia las postulantes y autoridades femeninas en ejercicio, lo que merecería una tipificación legal actualmente inexistente. En el caso de Junín, se aprobó una Ordenanza Regional para la regulación contra el acoso político hacia las mujeres de la región (Ordenanza Regional Nº 211-GRJ/CR, octubre 2015); sin embargo, en la práctica ha servido de poco para reducir las acusaciones de acoso político contra ellas.

La escasa tribuna que prestan los medios de comunicación local a las mujeres autoridades y candidatas, es también una forma de discriminación, aun cuando existen estudios que demuestran que la percepción popular mayoritaria es positiva sobre el accionar político de las mujeres autoridades, sobre todo por su preocupación en temas sociales. La situación descrita evidencia que la participación igualitaria de las mujeres en la política no se va a lograr solo por decreto, que los avances logrados no son aún irreversibles y que la formación, reconocimiento y revalorización social del rol y el aporte de la mujer en el desarrollo integral demanda políticas más activas, así como una mayor apertura y voluntad política de las fuerzas que aspiran a gobernar el país en sus distintos niveles.

desco Opina - Regional / 7 de setiembre de 2018

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