viernes

Candidatos bajo la lupa en Junín y Huancavelica



Pareciera que en el Perú las elecciones regionales traen tiempos de unión y fraternidad, pues sirven para hermanar y conciliar –de la noche a la mañana– los intereses de  movimientos y partidos políticos. Al cierre de inscripciones de candidatos, hay trece listas en Junín y nueve en Huancavelica. Sorprende  la cantidad de listas presentadas, que incluyen la más variopinta mezcla de personajes, amigos, parientes, compadres, políticos con trayectoria e improvisados.
Sin embargo, no contaban con un pequeño detalle: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) ha puesto el ojo en las listas presentadas y realizado observaciones a casi todas ellas. El número de candidatos cuyas solicitudes de inscripción han sido declaradas inadmisibles, improcedentes y con tachas, llega a 26 550 a nivel nacional; precisando que 1691 son solicitudes improcedentes,  24 770 inadmisibles y 89 con tachas en trámite contra candidatos.
Lo que resulta más preocupante son los errores que cometen los aspirantes  a futuros gobernantes. En la región Junín el  presidente del Jurado Electoral Especial de Huancayo, Cristóbal Rodríguez Huamaní,  indicó que un 98% de listas fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con requisitos básicos.  Para citar algunos casos, fue declarada improcedente la inscripción del Partido Político Solidaridad Nacional (SN), dado que este no consignó en el acta de su Congreso Nacional Extraordinario para elecciones internas, sus candidaturas para consejeros accesitarios por Tarma y Satipo,  o por ejemplo, candidatos que no sustentan su tiempo de residencia en el lugar al que postulan como el caso del candidato al gobierno regional de Junín por el partido Fuerza Popular (fujimorismo) César Combina. Esta pequeña muestra se reproduce en igual medida en otras regiones como Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco, según manifestó el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica, René Espinoza Avendaño.
No hay justificación para errores tan sencillos. Se evidencia así, la  improvisación con la que se siguen manejando este tipo de procesos, el desconocimiento de las normas electorales y la pobre actuación de personeros legales de agrupaciones políticas que no cumplen a cabalidad sus funciones. Cabe señalar, además, que la responsabilidad también recae en los candidatos, puesto que ellos son la parte visible de las campañas y alguna tacha o imposibilidad impuestas a las listas, los afectará directamente.
Debido a la gran cantidad de listas inscritas, verificar los datos de estudios, la experiencia laboral y otra información en las hojas de vida de los candidatos, resulta muy difícil; por ello, a nivel nacional, la fiscalización se prolongará hasta días previos a las elecciones municipales y regionales del 5 de octubre. Este dato es muy importante pues significa que si el JEE comprueba que hay información falsa o que no corresponda a la trayectoria profesional o personal, los candidatos podrán ser excluidos de la lista electoral de las organizaciones políticas hasta siete días antes que se desarrollen los comicios. La exclusión podría darse incluso, hasta un día antes de las elecciones; toda la información se publica en el portal web del JNE.
Es meritoria la labor que viene realizando el Jurado Electoral Especial en estas regiones, pues la fiscalización y la transparencia ayudarán notablemente a que los procesos electorales sean asumidos con responsabilidad por parte de las agrupaciones políticas, fortaleciendo así la calidad de nuestros futuros gobernantes y la democracia en última instancia.

desco Opina - Regional / 25 de julio de 2014
Programa Sierra Centro
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Los derechos humanos



Urresti llegó a Interior, reemplazando a un cuestionadísimo Walter Albán y blandiendo como antecedente su paso como alto comisionado para la formalización de la minería. Allí mostró su estilo, muy preocupado en el impacto mediático –la espectacularización, podríamos decir– sin detenerse a explicar la eficacia de su acción. En suma, el medio –él– es el mensaje.
Este oficial del ejército, especialista en comunicaciones, aprendió rápidamente que dar a la gente lo que le gusta tiene sus réditos, algo compartido por más de un periodista para quienes la noticia tiene precisamente esas connotaciones. De esta manera, perfilado el binomio periodista-ministro era muy probable lo que, en efecto, empezó a generarse en Interior cuando el presidente Humala decidió entregarle su conducción.
De inmediato convocó a los oficiales policiales, se vistió como ellos, empezó a actuar como ellos, a hablar como ellos y, como no podía ser menos, nos aseguró a los ciudadanos que la seguridad ciudadana consistía en llevar a cabo cuantos operativos pudiera conducir en el menor tiempo posible. El resultado es que nadie parece dudar a estas alturas de la hiper-actividad del Ministro.
De esta manera, no es muy cierto lo que señalaron algunos especialistas en seguridad ciudadana como Fernando Rospigliosi o Carlos Basombrío, respecto a la falta de idoneidad de un general del ejército al frente de la cartera que debe velar por la seguridad pública. Urresti era un militar que rápidamente buscó transformarse en policía. Un policía rudo y duro, pero policía al fin y al cabo.
Otra fue la orientación que tomaron los hechos, cuando se reveló la probable participación –indirecta o directa– de Urresti en el crimen del periodista Hugo Bustíos, cuando se desempeñaba como oficial de inteligencia (S-2) en el Estado Mayor instalado en el cuartel de Castropampa, Huanta, durante la campaña contrasubversiva, en 1988.
Urresti dice que fue una infamia levantada por «un delincuente»,  Amador Vidal, su antiguo compañero de armas. A renglón seguido, asegura que aun siendo S-2 en Castropampa, cuando asesinaron a Bustíos, no sabía nada de lo que aconteció con el periodista. En otras palabras, afirma que si bien caminaba como gato, maullaba como gato y tenía cuerpo de gato era, en realidad, un conejo cuya importantísima tarea como oficial de inteligencia en un frente contrasubversivo era evitar que sus compañeros de armas se robaran los repuestos de los vehículos asignados a esa unidad.
Como se supondrá, los cuestionamientos al Ministro no ponen de lado la presunción de inocencia, a la cual tiene un indiscutible derecho, aun cuando sus puntos de vista –«Mi intención no es pisar callos a la delincuencia, sino destrozarle la cabeza a patadas»– parecieran abonar lo contrario. Es simplemente exigir las mínimas credenciales democráticas a quienes nos gobiernan.
Pero, el problema no se reduce a un ministro que cree ser instrumento de una misión trascendental y un Presidente que se niega a ver lo complicado del asunto. Hay algo más, como señala Jorge Bruce: «Mi impresión es que quienes apoyan a Daniel Urresti en su puesto lo hacen no porque creen en la presunción de inocencia, sino que probablemente les parece que su eventual culpabilidad juega a su favor».
Lo que trata de decirnos Bruce es que para una gran parte de los peruanos sólo alguien de sus características es capaz de detener la violencia y la criminalidad en nuestro país, para lo cual «la ley comienza a ser percibida como un obstáculo».
Los resultados empiezan a confirmar esta aseveración. Según una última encuesta, Urresti alcanza un 25% de aprobación frente a un 51% de desaprobación, y a un 24% que prefiere no opinar. En cambio, al 61% de la población le gusta su estilo de gestión, de operativo en operativo. Con ello, además de los problemas evidenciados en el Ejecutivo, donde se generaliza la idea de cerrar los ojos para no ver, ahora debemos sumar los que provienen desde la propia sociedad peruana en la que parece preferirse una «solución» circunstancial mediante patadas y cabezazos, frente a planes debidamente estructurados y con resultados previsibles.
En el medio, los derechos humanos aparecen, nuevamente, como suspendida materia: un Plan de Derechos Humanos no puede ser aprobado, como se ha hecho en estos días, con tantas observaciones y críticas producto de una deficiente consulta. Tampoco puede ser aprobado en momentos tan inoportunos y, qué ironía, firmado por un ministro procesado por delitos de lesa humanidad.

desco Opina / 18 de julio de 2014 
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Videos en la red de corrupción



Pocas semanas atrás, ‘Pasco Verde’, movimiento político del  Presidente Regional de Pasco, lanzaba la campaña de reelección de Kléver Meléndez y dosificando la presentación de otros precandidatos a las alcaldías. Cuatro años de gestión habían servido para posicionar al candidato en toda la región. Sin embargo, la detención del candidato por presuntos actos de corrupción a inicios de junio sirvió como detonador del inicio de campaña.
Los locales de Pasco Verde, que días atrás desbordaban su capacidad, a duras penas convocaban a pocos militantes que, pese a las evidencias, organizaban marchas de apoyo para la liberación de su líder. Las débiles alianzas con movimientos locales se quebraron inmediatamente y el escenario fue oportunamente aprovechado por algunos miembros del partido que para captar a militantes decepcionados, responsabilizaban de los turbios manejos a una «cúpula corrupta». A pesar de ello, en Pasco Verde las ambiciones electorales del antiguo entorno subsisten.  
En Pasco, al igual que en muchas regiones, los movimientos regionales conforman la fuerza electoral más importante. Existen cinco movimientos que cuentan con la inscripción de cara a las próximas elecciones: Concertación en la Región; Movimiento Regional Andino Amazónico; Pasco Dignidad; Todos por Pasco; y, Pasco Verde.
Los dos últimos movimientos tienen vínculos con el Presidente Regional: Meléndez llegó al sillón regional primero con Todos por Pasco y tentó el segundo periodo con Pasco Verde. A pesar de la limitada presencia de los partidos políticos nacionales en Pasco, esto no implica necesariamente su inexistencia.
Los partidos nacionales con mayor presencia son Somos Perú y Fuerza Popular. Somos Perú es liderado por el Congresista Tito Valle, quien en las elecciones pasadas disputó la segunda vuelta con Todos por Pasco. Los fujimoristas, por otro lado, respaldaron a Todos por Pasco para hacer frente a Somos Perú, el enemigo común.
Aun así, no se difunden las causas del cambio de partido. Es de suponer que sería una estrategia para satisfacer las expectativas de sus nuevas alianzas como Solidaridad Nacional. El distanciamiento con el fujimorismo fue sin peleas, bastante conveniente para las partes interesadas en ganar posicionamiento regional.
A nivel regional todos los grupos políticos (sean estos partidos nacionales o movimientos regionales) están más interesados en captar a los que se han quedado políticamente desubicados. No existe una preocupación en generar corrientes de opinión en búsqueda de justicia de cara a los escándalos en el manejo de los recursos públicos. Los políticos de las regiones están más interesados en ocupar los espacios protagónicos que han quedado disponibles en lugar de salir a pedir que se haga justicia. Tampoco se ha abierto un debate alturado sobre la descentralización, tema que en el contexto actual debe ser seriamente considerado.
Los sondeos previos a la detención de Klever Meléndez señalaban que el precandidato de Fuerza Popular mantenía un expectante segundo lugar con 23%. Es probable que ante una posible segunda vuelta, querrán reconstruir viejas alianzas. El capital político del 2010 es un commodity difícil de dejar ir.

desco Opina - Regional / 11 de julio de 2014
Programa Selva Central
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lunes

Acelerar hacia el pasado



La ilusión de algunos sectores de que el paquete de reactivación económica Castilla sea devuelto al Ejecutivo fue vana. Este fue aprobado por once votos a favor, tres en contra y siete abstenciones (la representación fujimorista está perfeccionando el arte de la abstención) en la Comisión Permanente del Congreso. Once personas consumaron así un nuevo acto para seguir en el sueño neoliberal de 1990.
Humberto Campodónico ha conceptualizado muy bien el contexto de las medidas promovidas por el MEF como un paso más hacia «completar las reformas» iniciadas por Fujimori: lo que no hicieron Toledo ni García lo terminó haciendo Humala. Por otro lado, Francisco Durand habla de lobbies en lo tocante al retroceso en materia ambiental y a la «reducción de deudas». De paso, esta reducción de deudas nos deja ver que los fanáticos neoliberales serían también, o serían en verdad, consumados lobistas empresariales que buscan ganarse alguito con el pretexto de la economía frenada. Liberales que practican el lobby como un «arma» lícita en la forma de hacer política pública al margen de que beneficie o no al país, liberales y lobistas que están cortados por la misma tijera en los mismos estudios de abogados.
El argumento de las reformas incompletas se usa cuando el modelo muestra sus fallas: hay que profundizar, dicen. Para favorecer esta profundización se inventan un enemigo a la medida: un Estado supuestamente controlista y poderosísimo.  Como señala un analista, el Estado peruano ha sido y sigue siendo sumamente débil. No ha sido capaz de establecer una hegemonía territorial,  de prevenir que se establezcan poderes de facto, de racionalizar su burocracia, de terminar de ser laico o de proveer de salud  y educación digna a sus ciudadanos. ¿El antídoto es más desregulación? ¿A qué nos ha llevado esto en el transporte de pasajeros y en la educación privada universitaria?
«Si el Perú se desarrolla sin Estado, sería el primer país en el mundo en hacerlo», decía Piero Ghezzi antes de ser Ministro. El relato contra el Estado (con mayúscula) también contiene en sí la fantasía de volver a un estado primordial en el que la libre determinación del Hombre estaba libre de las imposiciones de la ciudadanía territorializada del Estado. A esto los liberales criollos le llaman su «base moral». Aportar por hacer del Estado peruano un Estado «de verdad» no está, de plano, en la agenda liberal peruana donde la única reforma buena es la contrarreforma. La vuelta al pasado como imagen sirve al menos en tres casos:
a)    Se busca volver al estado previo a la creación del Ministerio del Ambiente, hecho que debe considerarse por Roque Benavides y otros que usan a gusto el neologismo ‘permisología’, como una consecuencia indeseada del TLC con los Estados Unidos. El paquete es claramente un atropello a la precaria institucionalidad ambiental y un retroceso en toda línea, aunque los Congresistas hayan variado un par de especificaciones relativas a la OEFA antes de aprobar las medidas. El débil argumento para trasladar funciones ambientales a la PCM fue la necesidad de coordinar medidas ambientales entre diversas carteras, porque podrían afectar la inversión que esas carteras promueven. ¿Eso quiere decir que cada ministerio debería dejar de existir en virtud de la importancia de coordinar las medidas? ¿Es que hoy no coordinan en realidad nada importante? En ese contexto, el Perú más que un anfitrión para la COP 20 se convierte en un curioso caso de estudio sobre cómo la política ambiental y la inversión no pueden convivir. 
 b)    También ‘volvemos al pasado’ en lo que se refiere a los convenios de estabilidad tributaria, una medida hecha para favorecer la inversión de la gran industria extractiva en un contexto internacional de baja demanda y precios y créditos caros y en el que teníamos poca credibilidad como país amigo de la inversión, claramente un escenario muy distinto de lo que tenemos hoy.
 c)    El último de estos retrocesos se produce a un país previo al proceso de descentralización donde el monopolio de las decisiones importantes (medio ambiente-sí, medio ambiente-no) se adopte gracias a una camarilla de tecnócratas salvadores y supuestamente desideologizados. Las perversiones del manejo descentralizado de fondos en una economía en crecimiento como la peruana durante la pasada década no viene por la maldad de los presidentes regionales, sino precisamente por el desinterés del Estado y de la clase política en tener un rol sobre el ordenamiento político, económico y territorial de los departamentos que nunca fueron regiones.
¿Qué se viene? A juzgar por la defensa presidencial del Ministro Urresti, pese a las graves acusaciones en su contra por delitos de lesa humanidad, lo que se viene parece ser un aprestamiento para la represión de quienes, según le han hecho creer al Presidente, son enemigos de las inversiones. La parte laboral, una fuente de conflictos latentes a todo nivel, solo ha sido tocada superficialmente en este paquete. Podemos anticipar nuevas propuestas del Ejecutivo para continuar «flexibilizando» las regulaciones, multas e incumplimientos de los empleadores en base a un discurso sobre la informalidad que disfrace grandes intereses aludiendo a las supuestas rigideces laborales que perjudican a los pequeños empresarios, más de lo mismo en la táctica de usar al microempresario como muñeco de ventrílocuo.
Estas vueltas al pasado deberían ser muestra clara de que no se han hecho las cosas bien siguiendo la receta de la desregulación, de la libertad individual y de la desconfianza en el Estado. Así como poner cientos de rompemuelles en las calles es señal de aceptación tácita de que no vamos a detenernos ante una señal de ‘Pare’, estas medidas son señal de que no se ha aprendido nada, y que en esencia se han desperdiciado años de un contexto económico favorable para mejorar el capital humano, diversificar la economía y construir bases sostenibles. En ese sentido es muy interesante que se escuchen voces foráneas preocupadas por el retroceso ambiental. ¿Necesitamos que otros países nos pongan esos rompemuelles? Esta es una muestra clara de la inmadurez a la que llevan años de rentismo.

desco Opina / 7 de julio de 2014 
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