viernes

Sobre las olas de la explosión social

 

Luego de más de diez semanas de explosión social y convulsión –es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola–, los números que dan cuenta de ella son escalofriantes y de escándalo. 48 civiles y un policía muerto en las protestas, 11 civiles más que perdieron la vida en hechos vinculados al bloqueo de carreteras, más de 1300 civiles y 580 policías heridos son algunas de las cifras que dan cuenta del terror, la violencia y el autoritarismo que el gobierno de Dina Boluarte viene impulsando como única respuesta a los profundos malestares que movilizan las protestas que se han estado sucediendo desde el 7 de diciembre pasado. Aunque éstas nuevamente han disminuido como parte de los flujos y reflujos que las caracterizaron desde un primer momento, están lejos de agotarse, como lo evidencia el Reporte del 23 de febrero de la Defensoría del Pueblo, que registra 36 puntos de bloqueo en vías nacionales, en 9 provincias de Puno y Cusco, movilizaciones y concentraciones en otras 7 en Lima, Junín, Cusco y Puno, así como convocatorias contra las paralizaciones, de esas que parece que alienta como parte de su estrategia el Ejecutivo.

Tras casi dos meses de polarización y enfrentamientos, aún no se entiende cabalmente lo que está pasando. Desde los extremos pareciera creerse que asistimos a la prolongación de un escenario de fantasías que Omar Coronel vislumbrara al inicio del mandato del profesor. Fracasado el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, deplorable imitación del de Alberto Fujimori, desde el nuevo gobierno, que rápidamente devino en autoritario y tempranamente incorporó a las fuerzas del orden estado de emergencia mediante, se instaló el discurso tradicional de la derecha del país frente a situaciones de protesta como las que estamos viviendo. Denunciar una conspiración e injerencia extranjera (Evo Morales, los ponchos rojos y sus balas dum dum), identificar terroristas y enemigos internos que azuzan (senderistas, movadefistas, mineros ilegales) y subrayar la ingenuidad e ignorancia de las mayorías movilizadas es un libreto viejo, que se cree efectivo para enmascarar la represión abierta. La multiplicación del «terruqueo» es, quizá, la única novedad en este escenario.

Si las protestas inmediatas tuvieron mucho de respuesta identitaria y de defensa del valor de un voto, ninguneado desde el momento cero por el Congreso de la República y la derecha extrema, las matanzas en Apurímac y Ayacucho, por lo menos dos menores de edad en el primer caso y seis personas, incluyendo a un menor, que no participaban en las protestas en el segundo, sumaron a sectores cada vez más numerosos que se movilizaban contra la represión y exigían el adelanto de elecciones por la falta total de legitimidad de un Ejecutivo que apostó rápido por la muerte y por la frivolidad de un Congreso y un Ministerio Público que mantuvieron los ojos cerrados y aplaudieron la respuesta de Boluarte. Las protestas se dieron en casi todas las regiones del país y la respuesta gubernamental, como ocurre siempre en esas circunstancias, fortaleció a los liderazgos más radicales en los distintos territorios.

La violencia estuvo claramente presente y no tuvo un solo origen. Muchas veces reactiva a la acción de las fuerzas del orden, aunque marginal, también hubo distintas violencias organizadas. Así, mientras los mineros informales de Chala atentaron contra locales judiciales donde se ventilan largos conflictos entre ellos, un sector de los movilizados en Madre de Dios lo hacía por su legalización. Delincuentes comunes y extorsionadores aprovecharon, como ocurre siempre, el espacio de las protestas y seguramente minúsculos remanentes del pasado también estuvieron activos.

Las movilizaciones de enero marcaron un tercer momento. La masacre de Juliaca, 18 muertos, incluyendo tres menores de edad y un policía bárbaramente asesinado y quemado, marcaron un punto de quiebre que fue seguido por la marcha a Lima, la intervención de la Universidad de San Marcos y las movilizaciones que se sucedieron posteriormente. Aunque éstas parecen haber amenguado los últimos días, todo indica que continúan, más fuertemente territorializadas en Puno, las provincias altas de Cusco y Apurímac, anunciando la posibilidad de nuevas olas en otros espacios del país, Lima incluida, donde los miedos y fantasías del alcalde metropolitano y las autoridades locales de Miraflores y San Isidro, los ha llevado a prohibir movilizaciones y protestas en sus respectivos territorios. Por lo menos aquellas que exigen que se vayan todos porque no han parpadeado, ni ellos, ni la Policía frente a las groseras manifestaciones de acoso contra Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.

Desde las izquierdas, más allá de algunas voces que persisten en el despropósito de negar el golpe de Castillo como parte de su afán por victimizarlo para obtener réditos, distintas lecturas parciales identifican desde un movimiento social pluricultural y de todas las sangres, hasta una movilización antineoliberal, coincidiendo, quizá, en la importancia de un momento claramente democratizador, en el que la protesta es notoriamente política y la creciente apelación a una Asamblea Constituyente alude fundamentalmente al rechazo al pasado y a la urgencia que adquiere un nuevo contrato social.

La última encuesta de IPSOS Apoyo no deja mucho lugar para dudas. La aprobación de la señora Boluarte llega apenas a 7%; 49% que llega a 60% en el medio rural, califica el comportamiento policial de excesivo; 41% en el interior del país considera que la Presidenta y sus ministros ordenaron disparar a matar y 49% cree que aquella y Otárola son quienes tienen mayor responsabilidad en la crisis frente a 10% que responde que el Movadef y otros grupos extremistas.

Todo indica que más tarde o temprano, el adelanto de elecciones se producirá, no obstante las dificultades de una explosión social y diversas movilizaciones que están lejos de lograr su articulación y que tienen expresiones como las del novísimo Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, que rechaza el adelanto de elecciones como parte de una farsa, escondiendo su posicionamiento político que apunta a hacer de la «reposición» de Pedro Castillo una carta electoral.

 

desco Opina / 24 de febrero de 2023

jueves

A mano alzada en el sur

 

El descontento en el sur no se ha apaciguado. Las protestas mantienen la intensidad registrada en sus inicios, y en algunos lugares, como Puno, han recrudecido. La juramentación de Dina Boluarte a la presidencia del país en diciembre de 2022, “hasta el año 2026”, sin sonrojarse, fue el detonante de un volcán que está hace mucho en actividad en esta parte del país, formado por un cúmulo de demandas no resueltas por el gobierno nacional, como las eternas mesas de diálogo que no solucionan los problemas socioambientales, la burla de la masificación del gas con el sistema de gas virtual, la irresuelta desnutrición infantil, la falta de servicios básicos, y un largo etc., combinada con la reivindicación que hacen sus habitantes de su ciudadanía, es decir la exigencia de su inclusión en la política.

Denilson Huaraca Vílchez, natural de Huancabamba (Andahuaylas - Apurímac) de 22 años, es el último de una lista larga de personas que la Policía y el Ejército han victimado en el sur, sin que se identifiquen responsables hasta el momento, sin un mea culpa honesto de parte del Ejecutivo. Toda la violencia ejercida desde el Estado, se lee aquí como desprecio, que no está haciendo más que afianzar la identificación de la población con su cultura secular, provocando que la organización de ciudadanos y ciudadanas, en diferentes lugares, se fortalezca.

El luto en el altiplano, por la masacre en Juliaca, se ha hecho visible en la cancelación de la Fiesta de la Candelaria y del Carnaval de Juliaca. No hay nada que festejar. La triste y ya célebre frase de Boluarte, “Puno no es el Perú”, ha calado tanto, que Puno permanece cerrado. El pase vehicular es restringido para circular en cualquier tipo de unidad motorizada, obligando a que muchos estén atentos a las treguas para trasladarse, mientras las zonas céntricas en varias provincias están tomadas por movilizaciones continuas. Sus autoridades tomaron una posición clara respaldando a los protestantes, pidiendo el esclarecimiento y sanción de las muertes, respaldando el pedido de renuncia de la Presidenta. En varias de sus provincias continúan las actividades para recaudar fondos, tanto para ayudar a los familiares de los asesinados en Juliaca como para hacer bolsa para las delegaciones que relevarán a las que participan en las marchas en la capital.

En Arequipa, si bien parece que la protesta se desvanece, hay una marcada posición política por el adelanto de elecciones ya, sostenida por el nuevo gobernador regional Rohel Sánchez. En la última convocatoria de paro nacional, los mercados, colectiveros locales, estudiantes universitarios y gremios agrupados en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa apoyaron la protesta.

En Cusco, pese a los anuncios de reactivación del turismo, las carreteras también continúan bloqueadas en algunos puntos, como Sicuani, por lo que las empresas de transporte se han visto obligadas a suspender la venta de pasajes, recientemente.

A raíz de las protestas, en casi todo el sur hay desabastecimiento de GLP y el abastecimiento de alimentos es irregular, aunque en comparación con el mes de enero, está situación ha mejorado. En Puno, las autoridades han pedido a dirigentes y líderes regionales flexibilizar la medida para el ingreso de cisternas con gas. En Madre de Dios, el gobierno llevó alimentos y balones para abastecer algunas zonas. Aún así, bajar las manos no es una posibilidad. 

En el sur no hay tregua con el gobierno de turno, tampoco espacio para el diálogo, pues las condiciones no están dadas mientras desde el Gobierno se sigan ensañando con los manifestantes, gaseándolos, apaleándolos, acusándolos de terrorismo para justificar la excesiva violencia de las fuerzas del orden con el aplauso del Ejecutivo que no pone límites y los premia con un bono, o asesinándolos directamente, como lo hicieron en Ayacucho.

La reciente encuesta de DATUM señala que 71% de la población exige la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Las únicas vías posibles son esas, pero ninguno de estos dos caminos parece estar en la agenda de Palacio, ni del Congreso. Sin gestos políticos, la fractura del sur con la capital se hará más grande. El resto del país tampoco soportará indefinidamente esta actuación del Congreso y el Gobierno. Esa mascarada no resistirá mucho tiempo.

 

 

desco Opina – Regional / 17 de febrero del 2022

descosur

viernes

Incertidumbre

 

En nuestra sociedad, las mayorías viven constantemente en incertidumbre. Esta nos genera inquietud, inseguridad, estrés, e incluso miedo por posibles escenarios aún más negativos que el actual, en el que el trabajo, la educación y la salud pueden faltar sin que exista una red de protección suficientemente fuerte y sustentada en la democracia. Vivimos incertidumbre para las personas, a cambio de aportar certidumbre a los mercados.

En el Perú esto se expresa de manera compleja y crecientemente violenta. Hoy vemos cómo la incertidumbre política afecta a la vida y organización del país más allá de las calificadoras de riesgo, el tipo de cambio, la inversión extranjera o el crédito internacional. En la actual incertidumbre lo que está en primer plano no es la economía sino las demandas políticas, las inseguridades sociales y el miedo al futuro.

Frente a la crisis actual, algunos sectores se aferran a la creencia de que la institucionalidad vigente puede aún garantizar certidumbre. Considerada indispensable para la marcha de la economía, la libertad de emprendimiento y de elección de las personas; en última instancia apuestan por mantenerla en virtud de una combinación de fuerza y determinada interpretación de la ley. Ante un problema nuevo, pretenden aplicar las antiguas recetas de un viejo orden.

Otra lectura contempla esta grave crisis como un momento histórico, en el que diferentes partes de nuestra estructura social crujen y se desmoronan. Desde esta mirada la incertidumbre aparece como un desafío social, antes que, como una amenaza al orden, en la medida en que este se considera injusto y excluyente. Desde esta perspectiva, la palabra incertidumbre hoy implica duda sobre el resultado de esta crisis histórica y sobre la viabilidad de una solución concertada y pacífica.

Cuando se toma conciencia de que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, nuestra incertidumbre actual no se explica solo por ideologías o discursos, ni es algo económico, o de estadísticas sociales comparadas. Requiere del conocimiento detallado de la naturaleza de la crisis y de considerar las motivaciones de los diversos actores movilizados y de los cálculos que procesan los distintos actores sumergidos en esta coyuntura que, en última instancia contribuyen pasiva o activamente a su desarrollo. Reto al que los medios y lo que queda del sistema político parecen haber renunciado. En particular la llamada prensa concentrada ha apostado por una posición sesgada y de desinformación: lo que ofrece en papel y en pantallas es incompleto y poco representativo, cuando no directamente falso, lejos de la reflexión crítica, la honradez intelectual y la competencia profesional.

Si bien la incertidumbre nos desafía como un virus desconocido, también nos demanda reflexionar y decidir. En ese sentido, puede ser también una escalera hacia un pensamiento provocador ante asuntos como la pobreza extrema, la exclusión social, el racismo imperante o frente a urgencias que van desde el cambio climático y los desastres naturales hasta el creciente autoritarismo político, problemas que no son simples ni locales, sino complejos y globales.

Depende pues del conocimiento detallado de la naturaleza de la crisis. Una parte de esta realidad se explica por la falta de conocimiento de los hechos.

Los seres humanos nos sentimos muy incómodos con ella y hay muy buenas razones. Por el bien de nuestra supervivencia, necesitamos respuestas, resolver dónde conseguir comida, cómo criar a nuestros hijos, dónde ejercer nuestra libertad, etc. Sin embargo, la idea de correr detrás de una respuesta mágica es muy común, más aún en la actualidad, ante la falta de respuestas e información que aporten a un sentido común aceptado. Es indispensable contrastar lo que aquí ocurre con lo que está pasando en el resto del mundo, especialmente en tiempos de crisis económica y convulsión social que contagian al planeta del nuevo virus de la incertidumbre.

La incertidumbre, que es la falta de seguridad, confianza o certeza sobre algo, o sobre casi todo, aparece con fuerza en situaciones como la que vivimos, con un Congreso inoperante y una Presidencia que se mantiene por medio de la imposición y la violencia contra la ciudadanía. Es urgente superar esta incertidumbre, esto exige los mejores esfuerzos de lucha, desprendimiento y concertación transparente que van desde el Corredor minero hasta el de los Pasos Perdidos, por dar solo un par de ejemplos.

 

desco Opina / 10 de febrero de 2023