viernes

Depredando (el país) en democracia

desco Opina / 29 de mayo de 2009

La movilización indígena, que exige la derogatoria de los decretos legislativos referidos al manejo de los recursos de la Amazonía, debe ser leída como el hecho político más significativo de los últimos años en nuestro país. Uno de los reclamos de los movilizados, representados por Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es que no han sido consultados. Este es el punto más extremo de una práctica que alcanzó altos picos con el fujimorismo y hoy mantiene el gobierno del APRA: la legislación se sustrae del debate en el Parlamento, que cede poderes extraordinarios al Ejecutivo, que a su vez actúa más allá de los propósitos declarados (en este caso, la «agilización» para implementar el TLC con los Estados Unidos). Ya no se trata sólo de que la definición de las normas que rigen nuestra economía y nuestra política de recursos naturales sea una esfera fuera del alcance del ciudadano peruano, sino que es una esfera que actualmente puede –por lo visto necesita– prescindir de los controles que la democracia tiene diseñados, entre ellos el Congreso. En este mismo contexto, se aprobó el aumento en diez escaños parlamentarios para el próximo período.

El problema ha renovado crudamente preguntas sobre la representación de los intereses de las comunidades indígenas de la selva y sobre la legitimidad de estos ante el auditorio y en el imaginario nacional. Sobre lo primero, resulta irresponsable la táctica que han elegido el partido de gobierno y los voceros mediáticos de la derecha. Denunciar por sedición a los dirigentes de AIDESEP buscando demoler la imagen pública de Alberto Pizango no sólo es muestra de desprecio, sino de gran torpeza: se trata de uno de los más sólidos dirigentes sociales, a la cabeza de una organización con amplia trayectoria y capacidad de representación, lo que hace de él un interlocutor válido ante un espacio cultural y político que por su naturaleza heterogénea, ha sido esquivo en el diálogo con el Estado. Se quiere desbaratar a una organización pacífica y representativa, que puede permear y contener posturas radicales, episódicas y sin programa. Sobre lo segundo, el papel de los medios en general es preocupante: la crítica ya no puede limitarse a su insuficiencia o desapego por dar cuenta de lo que ocurre más allá de Lima y de las ciudades. El número de los movilizados, el problema de desabastecimiento y el desplazamiento de las fuerzas del orden, son hechos de una magnitud que al ser ignorados, sólo indican un poderoso cerco mediático.

Lo que nos parece sustantivo, es la tensión de fondo que se expresa en esta resistencia de los amazónicos contra el paquete de decretos. Por más que el gobierno, en particular el presidente García, se esfuerce continuamente en presentar las reacciones contra el modelo económico como una resistencia local, no puede ocultar que la Amazonía es un territorio estratégico para la expansión del gran capital, esto es, parte de una tensión geopolítica ante la cual los Estados y las poblaciones se alinearán o no con los poderosos intereses trasnacionales que persiguen –ahora– las reservas de petróleo, y –en un período cada vez más próximo– el agua y los bosques, en un contexto de crisis energética y cambio climático globales.

En esta tensión –que desborda cualquier maniobra en los márgenes locales– se define el carácter contradictorio y cada vez más limitado de nuestra democracia en este modelo de crecimiento. Los derechos de los pueblos amazónicos y la intangibilidad de sus territorios están consagrados por acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano. Los decretos que los violentan son incompatibles con la propia legislación peruana, han sido declarados improcedentes por la mayoría de la Comisión de Constitución en el Congreso, y aún así, no han sido exonerados de segunda votación. Se revisarán en una nueva mesa de diálogo, en la Defensoría del Pueblo y pasarán al Tribunal Constitucional. Pero estos derechos y estos territorios «deben» ser violentados por el Estado peruano si lo que se busca es continuar la política de promoción de la inversión privada, esquema que, por lo demás, funciona como paraguas de variados y oscuros negocios, de los que ha dado testimonio Rómulo León y el caso de los petroaudios.

La tensión descrita también expresa las diferentes y no discutidas opciones estratégicas para el país, en donde los pueblos amazónicos están defendiendo no sólo su supervivencia, sino un territorio que se quiere depredar en la perspectiva de una alternativa no sostenible de desarrollo para todo el país. Bajo su formato actual la alianza del APRA con la derecha ha cancelado la posibilidad de un programa que permita procesar los intereses vivos –por ejemplo los expresados en la movilización amazónica– que podría sentar las bases para replantear la relación con las empresas extractivas y en general, el diseño de promoción de inversiones de gran impacto social y ecológico. Con este cerrojo, sólo le queda replegarse a una postura conservadora del orden constitucional: acoso a los dirigentes, silencio mediático, mesa de diálogo y, en última instancia, la opción por la represión directa y violenta, cuyos primeros atisbos han sido los eventos de Corral Quemado.

Así como se criminaliza la protesta, ahora se busca «antisistemizar» cualquier propuesta de cambio. Se ha querido acusar a los discursos y opciones presentadas por la dirigencia de AIDESEP, como parte de una opción desestabilizadora y antisistema. La protesta lleva casi un mes y medio y tiene como antecedente una masiva movilización que conmocionó a la selva peruana en agosto del año pasado. Ha agotado los canales previstos y los implementados ad hoc. La oposición a los decretos vertidos por el Ejecutivo al amparo de la ley 29157 –la ley de excepción bajo el pretexto del TLC con los Estados Unidos– se ha fundamentado no a partir de una declaración ideológica, sino de su incompatibilidad con la Constitución y con el Convenio 169 de la OIT, que es apenas uno de los más significativos dentro de un marco legal internacional gestado a lo largo de décadas para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios y la vida en la Amazonía. Ese marco legal es una vertiente de la globalización que el gobierno peruano rechaza, pues colisiona con los intereses del capital del que se ha declarado partidario, bajo la ideología del «perro del hortelano».

Cabe preguntarse si la defensa de la selva es «antisistema» porque convoca a la solidaridad y a la movilización a otras organizaciones sociales, no gubernamentales o a los pequeños núcleos de izquierda, o es antisistema porque una legítima demanda de participar en la vida nacional colisiona con los intereses de los grandes grupos de poder económico, que ansían controlar los recursos energéticos y naturales, agrediendo los territorios que necesitan expoliarse para asegurar beneficios particulares mostrados como cifras de crecimiento económico.

Frente a la resistencia amazónica, la reacción del APRA, la derecha y en general los grupos que se benefician del modelo económico a sabiendas de que ofende y excluye a sus compatriotas, no hace sino expresar el rechazo de estos sectores a cualquier propuesta de desarrollo que no corresponda con el modelo. En este sentido, la lucha de los indígenas amazónicos por la defensa de la selva, es la lucha de todos los peruanos que ni viven ni están dispuestos a vivir del chorreo ni de la postergación de otros peruanos.

desco Opina / 29 de mayo 2009

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¡Denle curso al expediente!

desco Opina - Regional / 22 de mayo de 2009

Esta popular frase bien puede reflejar un clamor generalizado en la selva central. Esta región exige el cumplimiento de los ofrecimientos y proyectos de equipamiento e infraestructura vial que, «sonámbulamente», transitan por oficinas y escritorios de las diferentes instancias del aparato gubernamental.

¿Cuánto tiempo se necesita para construir una obra vial y cuánto más para efectuar sus «trámites formales»? ¿Son más horas de trámites formales y burocracias las que se invierten en una carretera, que las que se dedican para su diseño y construcción? ¿Puede funcionar el motor nacional usando a la «tramitocracia» como combustible estratégico para el desarrollo?

La selva central del Perú tiene grandes potencialidades económicas, se hizo conocida internacionalmente por la calidad de su café, además de su capacidad productiva frutícola y, para los conocedores, no son extraños sus productos apícolas y lácteos de alta calidad procedentes de la provincia de Oxapampa. ¿Cuánta de esta producción se pierde o encarece por el lamentable estado de sus vías locales y de conexión con las ciudades costeras consumidoras? Un territorio con limitaciones de circulación o altos costos de transporte para enviar sus productos al mercado, es poco competitivo y la selva atraviesa por esa terrible situación debido a la inercia del aparato estatal, que se activa en base a requisitos que buscan evitar la corrupción pero, a la postre, son nada ágiles para conseguir objetivos en función al desarrollo.

Las autoridades locales y los productores, concientes de esta debilidad competitiva que limita la actividad productiva y diluye las posibilidades de desarrollo de su potencial turístico, realizan alianzas internas y, entonces, es común ver a alcaldes y dirigentes en las diferentes instancias gubernamentales, buscando agilizar los procedimientos administrativos, perdiéndose muchas horas/hombre que se acrecientan cuando se carece de padrino o hay poca voluntad para «aceitar» a algún funcionario corrupto.

Durante los primeros meses de cada año, el agroproductor de la selva debe lidiar con las intensas lluvias, las inundaciones, los deslizamientos y los cortes de las vías; pero, luego de ello, debe enfrentarse a las inundaciones de promesas y al bloqueo provocado por los trámites. Contra la naturaleza puede desarrollar actividades de prevención de desastres; sin embargo, contra los huaycos de promesas y el represamiento de los trámites no existe «Defensa Civil» posible.

Así, depender de una sola vía –la carretera Central– para conectarse con Lima, tanto para sacar sus productos, como para proveerse de insumos, es el ejemplo palpable de las limitaciones impuestas para la producción de la selva. Dicha carretera es interrumpida frecuentemente por los embates de la naturaleza, pero poco o nada se hace para dar una solución a las continuas pérdidas acumuladas por estos avatares: en las oficinas de Provías existen antiguas promesas y propuestas que reducirían en gran parte estos costos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la carretera Huacho-Huánuco, que aún hoy carece de una solución para su continuidad y por ende no se convierte en proyecto ni cuenta con financiamiento. Otra solución es el proyecto de carretera Cañete–Huancayo–Satipo–Atalaya–Puerto Esperanza, que al enlazarse vía fluvial mediante el río Purús, daría la opción de conectar a la selva central con el Brasil –otro posible mercado–, pero que tampoco tiene financiamiento conocido.

En el plano de la vialidad interna, la precariedad de los caminos no favorece la integración social del territorio. La rehabilitación y mantenimiento de las vías dependen de la disponibilidad económica y equipamiento de los gobiernos locales, cuando los gastos para la recuperación son de menor cuantía y se cuenta con maquinaria adecuada; pero, si los deterioros son considerables y se necesitaran equipos no disponibles localmente, es casi seguro que estarán sujetos a largos trámites ante las autoridades de la provincia o de la región. Este año, se le ha asignado 201 millones de soles a Provías, para el mantenimiento de la carretera La Merced–Puerto Bermúdez–Ciudad Constitución–Km. 76 carretera a Pucallpa; para los próximos cinco años; pero, existen en las oficinas de la Región Pasco, proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial desde Villa Rica hasta Palcazu–Izcosacín, que se encuentran entrampados desde hace más de un año y sin visos de posible solución a la vista. El asfaltado de la carretera Puente Reither–Villa Rica se encuentra en sus «tramites finales» desde hace dos años y todo nos hace suponer que esa situación se prolongará algún tiempo más. En la provincia de Satipo, también duermen otras promesas que recibieron aplausos pero que no se traducen en caminos tangibles.

Los aspectos estructurales tampoco favorecen la agilización de las soluciones. Por ejemplo, cuando se interrumpen los caminos debido a las crecidas de los ríos o por el deterioro de algún puente, el gobierno local puede intervenir siempre y cuando sea un camino vecinal; pero, si el problema se localiza en una vía que depende del Ministerio de Transportes, debe inhibirse porque estaría malversando fondos. Un caso ejemplar de lo que estamos diciendo es lo ocurrido luego de la caída del puente sobre el río Yuncullmas en la provincia de Oxapampa, tramo de la vía Villa Rica–Palcazu–Puerto Bermúdez, hace varios años atrás. Las municipalidades de la zona no tienen la responsabilidad de resolver este inconveniente y desde el gobierno central, no existe interés alguno en solucionarlo. Entonces, es normal que en tiempos de lluvias, grandes espacios territoriales se vean desabastecidos de alimentos, medicinas e insumos y sin posibilidad de comerciar ni trasladarse de manera segura. Ante esta situación ¿cuánto cuesta vivir en la selva, donde no sólo se arriesga la economía familiar sino, incluso, la propia vida?

La selva central produce menos de su real capacidad y no es por falta de voluntad emprendedora. Ocurre que esta realidad encarece la inversión. Es lamentable saber que existe capacidad productiva pero está –en su mayor parte– ociosa. Puede contradecirse esta afirmación aseverando que hay logros importantes, como el de la piscicultura tan destacada por los medios de comunicación. Sin embargo, lo que no se dice es que no llega a mercados rentables porque sus productos deben comercializarse casi localmente debido a que arribar a la capital es demasiado riesgoso dado el estado de las carreteras. Bajo estas circunstancias , la producción de coca, insumo para el narcotráfico, se convierte en opción económica que atrae a algunos productores por su baja inversión y alta rentabilidad. Así, una manera de disminuir la producción cocalera para el narcotráfico es la habilitación de los caminos que integran la selva con el exterior.

En suma, debe comprenderse que no es sólo el uso de tecnología inadecuada lo que impide el desarrollo de la selva o pensar –de manera equivocada– que en la selva central los pobladores elijan vivir de actividades ilegales: lo que afecta a toda su actividad social y a las cadenas productivas es el estado de la infraestructura vial, situación que se arrastra desde hace varias décadas y que es una deuda moral que el país entero aún no puede saldar con los pobladores de la selva central, así que ¡denle curso al expediente! antes que se convierta en una explosión social de magnitudes inimaginables.

desco Opina - Regional / Programa Selva Central

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domingo

¿Y dónde está el piloto?

desco Opina / 1º de mayo de 2009

A poco menos de la mitad del período de gobierno de Alan García y el partido aprista, nos parece oportuno sumarnos al balance de los llamados mil días. Desde muy temprano se dejó atrás el ofrecimiento del cambio responsable –matiz para atenuar el declarado propósito de continuidad, obligado por la contienda de 2006–, revelándose como únicos indicadores de buen gobierno la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del PBI. Con un rumbo de crecimiento definido por el mercado internacional, la conducción económica se dejó en «piloto automático», mientras se pedía paciencia y se explicaba cómo la bonanza se traduciría en beneficios a los postergados una vez que «el modelo» se asentara bien en nuestras tierras.

Para esa «traducción» se ofertaron planes y programas que, a la postre, han decepcionado, cada uno a su manera. Se habló del Plan del Sur, orientado a la zona del país que le dio la espalda a García y al APRA en las urnas. Luego, el entonces premier Del Castillo precisó que se trataba de la Interoceánica Sur y los beneficios de Sierra Exportadora (un programa que depende de la PCM y no del Ministerio de Agricultura). Limitados alcances exhibe también la punta de lanza del desarrollo que proponía la pauta aprista para los pobladores urbanos: Agua para Todos. Huelga mencionar los rotundos fracasos que han sido Tolerancia Cero, FORSUR (Fondo de Reconstrucción del Sur) y la entrega de bonos para la zona del terremoto de Ica. Caracterizados por la ineficiencia y el incumplimiento, se asemejan al más que probable destino de los planes que tocó anunciar al primer ministro Yehude Simon: Plan de lucha contra la pobreza, Plan anticorrupción y Plan Anticrisis. Esto por no mencionar el tercer plan VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) en ciernes que por estos días se ofrece, obviando el fracaso de los dos anteriores para enfrentar al narcotráfico y la violencia en esta región del país.

En un reciente artículo tipo «lista de lavandería» el vocero aprista Jorge del Castillo, entre otras cosas, señala que el país creció en estos años de 6,8 % en 2005 a 9,8% el 2008. Cabe preguntarse entonces, ahora que el crecimiento parece estancado según distintas cifras y fuentes y la pobreza crece nuevamente en el país, ¿se puede seguir gobernando en «piloto automático»?, ¿no sería aconsejable enmendar el rumbo y dejar de lado la altanería y soberbia de la teoría del «perro del hortelano»?

El ministro de Economía es enfático en señalar que la proyección inicial del gobierno de reducir la pobreza en el país a 30% hacia el 2011 se mantiene firme pese a la crisis externa. La pregunta es cómo se va a seguir, y cómo se van a alcanzar esas metas si el mismo funcionario reconoce que el nivel de gastos estatales del primer trimestre del año ha estado en solo el 50% de lo previsto. ¿Es la estabilidad macroeconómica lo que debemos seguir privilegiando como el gran objetivo nacional? La realidad demanda otro tipo de respuestas en tiempos de turbulencia, que incluyen mayor eficiencia y eficacia.

La movilización de los pueblos amazónicos, los despedidos de las minas, los trabajadores desempleados del agro costeño, las demandas de las regiones (Ica y los incumplidos ofrecimientos luego del terremoto de 2007, por ejemplo), las movilizaciones de las organizaciones del Vaso de Leche y otras, plantean un escenario que los medios de prensa y televisión de alcance nacional no muestran o disimulan: la persistencia del pedido de cambio de rumbo.

Ante un nuevo aniversario del 1º de mayo, marcado por la preocupación y angustia de los trabajadores ante la crisis, la amenaza de despidos y el corpóreo fantasma de las vacaciones forzadas, urge preguntarse si no es importante encontrar nuevas formas de concertación política que abran la cancha a los gremios y organizaciones populares respecto a la gestión que le resta al gobierno aprista. No parece la mejor receta para el país apelar simplemente al orden y la calma como lo señala el Presidente del Consejo de Ministros, si es que al mismo tiempo no se plantea seriamente tomar medidas para que la crisis económica internacional y sus consecuencias no afecten a los más pobres y desprotegidos, a sus ingresos y los escasos recursos de los trabajadores (como la Compensación por Tiempo de Servicios CTS). Peor aún, si esto se hace en aras de dinamizar el mercado por el mercado. Y claro, por los intereses de los más grandes, cuando las circunstancias internacionales han cambiado, el desgaste político interno es naturalmente mayor y el escenario interno apunta a parecerse más al año 2006, y menos a la quimera ofrecida por Alan García para el 2011.

desco Opina / 1º de mayo 2009
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