La selva huele a humo

Más de 80 000 incendios han sido registrados en la selva amazónica este año, lo que ha generado una alerta mundial sobre los daños a este estratégico espacio forestal y de biodiversidad. Lo más clamoroso ha sido sin duda, el desdén del gobierno brasileño por afrontar los incendios forestales en su Amazonía, producto de los planes de gobierno del Presidente Bolsonaro para desarrollar la "Amazonía improductiva”, un ecosistema particularmente vulnerable, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático.

La Amazonía peruana no es desde luego ajena a este problema; todos los años se reportan incendios forestales, habiendo sido particularmente devastador uno producido en el año 2016, que afectó 20 000 hectáreas en Satipo (Junín). Es alarmante que este siniestro haya sido prácticamente silenciado, sin tenerse conocimiento alguno sobre las responsabilidades en torno a su desencadenamiento, menos aún de acciones técnicas de recuperación. La impunidad persiste y a nadie le sorprende que la quema de bosques siga siendo una práctica habitual y parcialmente tolerada en la selva central. Coincidentemente, en estos días, se está produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en Chanchamayo.

Detrás de esto hay, sin duda, ideologías como las que respaldaron el famoso "síndrome del perro del hortelano" del fallecido expresidente Alan García, evidenciado en afirmaciones como la siguiente: "…hay muchos recursos que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia”.

En la Amazonía no existen incendios forestales naturales, pues eso requeriría rayos secos, sin lluvia; los siniestros son producto de la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos, basadas en intereses económicos. Es conocida la existencia de vínculos directos entre la quema de bosques y la expansión de áreas para la producción agropecuaria, lo que ocurre muchas veces con la soterrada complicidad de las autoridades nacionales o locales.

Una condición estructural para afrontar estos siniestros son las limitaciones del Estado. Así, en el plano normativo, existe un marco legal que sanciona el hecho –provocar incendios forestales es considerado un delito contra el ambiente y puede castigarse por ley con pena privativa de la libertad–; pero se carece de capacidades para identificar responsables, iniciar las acciones legales y ejecutar la sanción correspondiente. Las intervenciones requieren apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía Ambiental, que no siempre están disponibles. Más grave aún, hay una clamorosa insuficiencia de bomberos forestales especializados, con equipos necesarios para combatir incendios. La capacidad operativa para desarrollar acciones de prevención es todavía menor. Llama por eso la atención, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pretenda minimizar la frágil situación.

Por todo esto, el combate inmediato a los incendios corre siempre a cargo de iniciativas locales, en donde participan unos pocos bomberos mal equipados y muchos pobladores preocupados y comprometidos, intervenciones a todas luces insuficientes.

La presión internacional a raíz de los gigantescos incendios en la Amazonía brasileña, ha motivado la firma del Pacto de Leticia, que esperamos contribuya a mejorar la protección del principal pulmón del planeta, aun cuando hasta hoy no se han evaluado los resultados del Tratado de Cooperación Amazónica que fue firmado por los mismos países en 1978.

En conclusión, el olor a humo que emana del Amazonas, evidencia la falta de escrúpulos de ciertos empresarios y la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Muchos pequeños agricultores son, asimismo, en parte responsables, lo que demuestra que la pobreza secular es también una de las grandes causantes. Por eso preocupa que el flamante pacto, no enfatice en la necesidad de sancionar a los culpables, dejando abiertos muchos vacíos y resquicios legales en los compromisos internacionales, que permitirían reducir acciones contrarias a la preservación de la riqueza forestal y ambiental de esta importante cuenca. En el caso peruano, la ausencia del Estado, su escasa preocupación y la poca prioridad que de hecho le asigna al problema, agravan la situación.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Cazadores de brujas y relaves mineros

Meses atrás se hablaba de «cumplimiento del PAMA o Doe Run se iba del Perú». Se decía que el gobierno debía demandar que las empresas mineras y extractivas acataran los acuerdos pactados, así como ellas exigían seguridad jurídica. Incluso, la Sociedad Peruana de Minería cuestionó a la referida empresa y tomó su distancia. ¿Qué dice hoy la empresa Doe Run?, solicita que se modifique la legislación peruana porque la existente pone en riesgo su estabilidad, toda vez que podría ser severamente cuestionada en los Estados Unidos. ¿Y qué dice el gobierno peruano?

Hace muy pocos días, se informó del terrible daño ambiental causado por el derrame de petróleo en uno de los más importantes ríos de la selva peruana, y la cosa quedó ahí. No tenemos noticias de acción alguna por parte del gobierno y sus autoridades respectivas. ¿No se oye padre? Sin embargo, sí se ha pronunciado por la tremenda bulla que arman «los desestabilizadores del sistema y los enemigos de la democracia» (léase, los defensores de los recursos naturales y la población nativa de la amazonía peruana).

Los desperfectos en los depósitos de relave de la minera Caudalosa Chica que colapsó y vertió restos de plomo y zinc, el 26 de junio pasado sobre tres ríos de Huancavelica, fueron detectados en el año 2009 por OSINERGMIN, pero este organismo no realizó un seguimiento exhaustivo de la mejora de estas deficiencias. 50 toneladas de desechos tóxicos recorren hoy el río Escalera y no se oyen los reclamos de «agitadores y resentidos». Tal vez tengan razón en la connotación «resentidos», nos preguntamos si algún lirqueño no tendría razones fundadas para ello, con tanta basura vertida sobre sus dos más importantes fuentes de vida: los ríos Opa y Sicra. Hace treinta años que el río Opa está contaminado y la población de Angaraes ha tenido que gritar muy fuerte para que las intenciones de contaminar el río Sicra, aguas arriba, sean por lo menos detenidas.

Expresiones como «agitador», «perro del hortelano», «enemigo del sistema» son poco novedosas en el Perú. Algunas se usaron en su momento para cuestionar a los defensores de los pobres, de los desvalidos, de obreros y campesinos, incluso para identificar a los apristas y a los revolucionarios de Trujillo (que fueron apristas también). Hoy se repiten estos insultos para quienes se preocupan de los temas ambientales y se ocupan de la defensa de los derechos indígenas. Pareciera que para el actual gobierno, defender los derechos de las poblaciones amazónicas y los de todos los hombres y mujeres del Perú a una vida digna y sana, es pues antipatriótico, anti sistémico. Se nos dice hasta el cansancio que el Perú debe propiciar la inversión y se nos recalca que los inversionistas salvarán nuestras hambres; pero nada se dice y menos se actúa, sobre el control ambiental y la reducción del impacto. Hasta hoy nos estamos preguntando los huancavelicanos qué fue de las empresas mineras que han «invertido» en Huancavelica. Tantas inversiones, durante tanto tiempo y solo nos han dejado el triste título de «La región más pobre del Perú».

El gobierno se muestra débil con los inversionistas extractivistas y mineros que no cumplen con los más elementales códigos de ética y, en cambio, se dedica a perseguir a dirigentes indígenas y campesinos, así como a sacerdotes sensibilizados con la pobreza y los temas ambientales. Mientras tanto, los relaves de Huancavelica, el petróleo y otros desechos tóxicos contaminan los ríos ante el estupor ciudadano, y Doe Run se burla de la legislación peruana, sin recibir sanción alguna.

No tenemos noticia, ni siquiera remota, de que exista intención alguna de expulsar del país a quienes destruyen la vida, los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Quién vigila este asunto? ¿Qué se quiere tapar con la cacería de brujas?, ¿qué faenón está en ciernes?

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2010
Programa Sierra Centro

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Intolerancia y represión en defensa del perro del hortelano

Días difíciles los vividos por el gobierno las últimas semanas. Por distintos lados, su fuerte apuesta extractivista –componente central de su modelo económico y de sus principales políticas– muestra muchas de sus limitaciones y peligros. 400 barriles de petróleo de Pluspetrol envenenaron el río Marañón, afectando la vida y la naturaleza en vastas zonas del oriente del país. 50 toneladas de sedimentos de relave de la compañía minera Caudalosa Chica, contaminaron los ríos Totora y Opamayo, afectando también el río Cachi en la provincia de Huanta (Ayacucho), al romperse el 25 de junio pasado el dique que los contenía en Huachocolpa, Huancavelica; perjudicando a innumerables poblaciones, flora y fauna que dependen de esos recursos. Doe Run, por su parte, persiste en el incumplimiento de sus sucesivas promesas y abusa una vez más de la permisividad increíble del gobierno y el Ministerio de Energía y Minas.

Por si fuera poco, la escasez del gas natural en Lima los últimos días y el alza de precios que se observó en el mercado, generó un gran malestar entre las miles de personas que dependen de aquél para sus actividades diarias. Más allá de cualquier discusión técnica y política sobre las causas de esta crisis –si la marea estaba alta y el barco no podía desembarcar, si los grifos y distribuidores tenían o no la reserva, si se construye o no el ducto de Pisco a Lima, etc.–, lo cierto es que generó en la opinión pública un sentimiento profundo de rechazo a la política general de este gobierno con el gas, a su decisión de exportarlo contra viento y marea y a su improvisación y desidia para preocuparse por el mercado interno.

En este escenario, en el que desde distintos sectores arreciaron las críticas a la acción gubernamental, ésta exhibió, una vez más, su torpeza y su afán provocador. La decisión de cancelar la residencia al hermano Paul Mc Auley, comprometido generosamente los últimos años de su vida con la suerte y las luchas de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios y sus recursos, constituye una arbitrariedad grosera, denunciada por variadas y plurales voces. Ante la falta de pruebas, el argumento esgrimido, la condición de extranjero del hermano de La Salle, contrasta brutalmente con la buena disposición y el entusiasmo que cotidianamente muestra el mismo gobierno en su discurso y en sus actos, con el capital y las empresas extranjeras, a las que les permite todo.

Simultáneamente, el Ejecutivo, a la vez que presentaba una propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que insiste en cambiar el uso de tierras forestales para la agricultura, poniendo en peligro 45 millones de hectáreas en la selva peruana, rechazaba la norma aprobada por el Congreso de la República sobre la consulta a los pueblos indígenas e insistía en sus presiones en apoyo al proyecto Tía María. Como telón de fondo, desde distintos medios de comunicación, en paralelo nos anuncian de los grandes éxitos de la gestión gubernamental, con hartos números azules por cierto, y nos advierten de la oscura amenaza que se cierne sobre el país, promovida por los alevosos críticos de aquella, en una campaña publicitaria digna de Vladimiro Montesinos.

Así las cosas, cabe preguntarse que hay detrás de estos actos, que se van haciendo reiterativos, conforme se acerca el término del mandato gubernamental. Pero también es necesario interrogarse sobre la relación que tienen con la manifiesta voluntad judicializadora del conflicto social e incluso del elemental derecho a la discrepancia y a la opinión que vienen mostrando algunas de las figuras más significativas del régimen.

Las respuestas parecen claras y son consecuentes con la «filosofía del perro del hortelano», enarbolada por el primer mandatario, prácticamente desde el inicio de su gestión. La intolerancia y la vocación confrontacional y autoritaria que revelaron los escritos del nuevo pensamiento guía, empiezan a materializarse cuando la vida misma demuestra la arbitrariedad de un discurso que lo único que pretende es crearle mejores condiciones aún al gran capital, en nombre de la fantasía del crecimiento y el progreso. Estamos advertidos. El gran timonel y sus socios están decididos a defender su modelo sin mayores miramientos por los costos.

desco Opina / 13 de julio de 2010

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Depredando (el país) en democracia

desco Opina / 29 de mayo de 2009

La movilización indígena, que exige la derogatoria de los decretos legislativos referidos al manejo de los recursos de la Amazonía, debe ser leída como el hecho político más significativo de los últimos años en nuestro país. Uno de los reclamos de los movilizados, representados por Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es que no han sido consultados. Este es el punto más extremo de una práctica que alcanzó altos picos con el fujimorismo y hoy mantiene el gobierno del APRA: la legislación se sustrae del debate en el Parlamento, que cede poderes extraordinarios al Ejecutivo, que a su vez actúa más allá de los propósitos declarados (en este caso, la «agilización» para implementar el TLC con los Estados Unidos). Ya no se trata sólo de que la definición de las normas que rigen nuestra economía y nuestra política de recursos naturales sea una esfera fuera del alcance del ciudadano peruano, sino que es una esfera que actualmente puede –por lo visto necesita– prescindir de los controles que la democracia tiene diseñados, entre ellos el Congreso. En este mismo contexto, se aprobó el aumento en diez escaños parlamentarios para el próximo período.

El problema ha renovado crudamente preguntas sobre la representación de los intereses de las comunidades indígenas de la selva y sobre la legitimidad de estos ante el auditorio y en el imaginario nacional. Sobre lo primero, resulta irresponsable la táctica que han elegido el partido de gobierno y los voceros mediáticos de la derecha. Denunciar por sedición a los dirigentes de AIDESEP buscando demoler la imagen pública de Alberto Pizango no sólo es muestra de desprecio, sino de gran torpeza: se trata de uno de los más sólidos dirigentes sociales, a la cabeza de una organización con amplia trayectoria y capacidad de representación, lo que hace de él un interlocutor válido ante un espacio cultural y político que por su naturaleza heterogénea, ha sido esquivo en el diálogo con el Estado. Se quiere desbaratar a una organización pacífica y representativa, que puede permear y contener posturas radicales, episódicas y sin programa. Sobre lo segundo, el papel de los medios en general es preocupante: la crítica ya no puede limitarse a su insuficiencia o desapego por dar cuenta de lo que ocurre más allá de Lima y de las ciudades. El número de los movilizados, el problema de desabastecimiento y el desplazamiento de las fuerzas del orden, son hechos de una magnitud que al ser ignorados, sólo indican un poderoso cerco mediático.

Lo que nos parece sustantivo, es la tensión de fondo que se expresa en esta resistencia de los amazónicos contra el paquete de decretos. Por más que el gobierno, en particular el presidente García, se esfuerce continuamente en presentar las reacciones contra el modelo económico como una resistencia local, no puede ocultar que la Amazonía es un territorio estratégico para la expansión del gran capital, esto es, parte de una tensión geopolítica ante la cual los Estados y las poblaciones se alinearán o no con los poderosos intereses trasnacionales que persiguen –ahora– las reservas de petróleo, y –en un período cada vez más próximo– el agua y los bosques, en un contexto de crisis energética y cambio climático globales.

En esta tensión –que desborda cualquier maniobra en los márgenes locales– se define el carácter contradictorio y cada vez más limitado de nuestra democracia en este modelo de crecimiento. Los derechos de los pueblos amazónicos y la intangibilidad de sus territorios están consagrados por acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano. Los decretos que los violentan son incompatibles con la propia legislación peruana, han sido declarados improcedentes por la mayoría de la Comisión de Constitución en el Congreso, y aún así, no han sido exonerados de segunda votación. Se revisarán en una nueva mesa de diálogo, en la Defensoría del Pueblo y pasarán al Tribunal Constitucional. Pero estos derechos y estos territorios «deben» ser violentados por el Estado peruano si lo que se busca es continuar la política de promoción de la inversión privada, esquema que, por lo demás, funciona como paraguas de variados y oscuros negocios, de los que ha dado testimonio Rómulo León y el caso de los petroaudios.

La tensión descrita también expresa las diferentes y no discutidas opciones estratégicas para el país, en donde los pueblos amazónicos están defendiendo no sólo su supervivencia, sino un territorio que se quiere depredar en la perspectiva de una alternativa no sostenible de desarrollo para todo el país. Bajo su formato actual la alianza del APRA con la derecha ha cancelado la posibilidad de un programa que permita procesar los intereses vivos –por ejemplo los expresados en la movilización amazónica– que podría sentar las bases para replantear la relación con las empresas extractivas y en general, el diseño de promoción de inversiones de gran impacto social y ecológico. Con este cerrojo, sólo le queda replegarse a una postura conservadora del orden constitucional: acoso a los dirigentes, silencio mediático, mesa de diálogo y, en última instancia, la opción por la represión directa y violenta, cuyos primeros atisbos han sido los eventos de Corral Quemado.

Así como se criminaliza la protesta, ahora se busca «antisistemizar» cualquier propuesta de cambio. Se ha querido acusar a los discursos y opciones presentadas por la dirigencia de AIDESEP, como parte de una opción desestabilizadora y antisistema. La protesta lleva casi un mes y medio y tiene como antecedente una masiva movilización que conmocionó a la selva peruana en agosto del año pasado. Ha agotado los canales previstos y los implementados ad hoc. La oposición a los decretos vertidos por el Ejecutivo al amparo de la ley 29157 –la ley de excepción bajo el pretexto del TLC con los Estados Unidos– se ha fundamentado no a partir de una declaración ideológica, sino de su incompatibilidad con la Constitución y con el Convenio 169 de la OIT, que es apenas uno de los más significativos dentro de un marco legal internacional gestado a lo largo de décadas para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios y la vida en la Amazonía. Ese marco legal es una vertiente de la globalización que el gobierno peruano rechaza, pues colisiona con los intereses del capital del que se ha declarado partidario, bajo la ideología del «perro del hortelano».

Cabe preguntarse si la defensa de la selva es «antisistema» porque convoca a la solidaridad y a la movilización a otras organizaciones sociales, no gubernamentales o a los pequeños núcleos de izquierda, o es antisistema porque una legítima demanda de participar en la vida nacional colisiona con los intereses de los grandes grupos de poder económico, que ansían controlar los recursos energéticos y naturales, agrediendo los territorios que necesitan expoliarse para asegurar beneficios particulares mostrados como cifras de crecimiento económico.

Frente a la resistencia amazónica, la reacción del APRA, la derecha y en general los grupos que se benefician del modelo económico a sabiendas de que ofende y excluye a sus compatriotas, no hace sino expresar el rechazo de estos sectores a cualquier propuesta de desarrollo que no corresponda con el modelo. En este sentido, la lucha de los indígenas amazónicos por la defensa de la selva, es la lucha de todos los peruanos que ni viven ni están dispuestos a vivir del chorreo ni de la postergación de otros peruanos.

desco Opina / 29 de mayo 2009

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