Geopolítica de la cocaína en la Amazonía

 

Según el World Drug Report 2023 el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$ 85 000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$ 320 000 millones (Global Financial Integrity). Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.

El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.

América del Norte sigue siendo el mayor consumidor de cocaína con 6.4 millones de usuarios, seguido de Europa Occidental y Central con 4.6 millones. En esta última ha aumentado el consumo de crack. La red de organizaciones de traficantes mexicanas dentro de EE. UU., es sólida y maneja los negocios de cocaína. El referido informe se aferra en poner a América del Sur como usuario importante (4.7 millones de personas), principalmente en Brasil y Argentina. En cuanto a la logística, hay que diferenciar los puntos de entrada de la droga a Europa, en los puertos ibéricos. Luego están los puertos graneleros de los Países Bajos e Italia, que son centro de llegada de parte de la migración sudamericana. En la medida que existe un importante comercio entre Perú y la Unión Europea, se aprovechan todos los medios de articulación comercial posibles.

En cuanto a la producción de coca y su logística, el 2022 se detectaron 234 000 ha cultivadas con coca en la selva de América del Sur (95 008 de ellas en el Perú) respecto de 54 134 ha en el 2018, con precios de US$ 1100 por kilo de cocaína. A nivel campesino, las estructuras locales –denominadas “firmas”– organizan el proceso de elaboración, empaque y transporte hacia los puntos de salida. Desde las regiones intermedias, los representantes de las organizaciones de alcance internacional definen los envíos, se apropian de las ganancias en territorio peruano y embarcan con destinos finales.

De la Alta Amazonía trinacional, se extrajeron el 2021 hasta 1982 toneladas de cocaína mediante infraestructura a pequeña escala y algunos mega laboratorios. El nivel de pericia industrial para la extracción de alcaloide ha alcanzado niveles importantes, con participación de organizaciones criminales multinacionales. La producción de cocaína se ha generalizado en Colombia y algunas regiones del Perú. Desde la primera, se dirigen sus envíos hacia la salida en el Pacífico. Desde la segunda, se dirigen hacia la frontera brasileña, por vía aérea (Inteligencia de la Fuerza Aérea reporta un flujo creciente de pistas clandestinas en funcionamiento en Ciudad Constitución, Pichis Palcazú y Ucayali) y fluvial. Aunque el VRAEM atravesó y sigue pasando por una fuerte crisis de precios de la coca y la pasta base durante la pandemia (2020-2022), mantiene una alta producción de pasta y clorhidrato de cocaína. Una tendencia es la presencia creciente de Brasil en el manejo de la salida de cocaína por África Occidental. Las costas de Guinea Bissau, Ghana, Senegal y Mali son donde se produce la triangulación entre organizaciones brasileñas y africanas.

Del total de cocaína producida, las policías del mundo incautaron 1424 toneladas, el 72% de lo producido. El aumento de la incautación de cocaína está relacionado al aumento de la producción, mercados y rutas: es el caso del Brasil (puerto de Santos) que, junto a Colombia (Buenaventura) y Ecuador (Guayaquil), son los puntos de salida marítima de la cocaína sudamericana.

Ahora se incauta cinco veces más en América del Sur que en América del Norte. En el caso del Perú, la Policía decomisa cifras que superan las 60 toneladas, desde el 2018 hasta la actualidad. También han aumentado las incautaciones en Asia, África y Oceanía. El problema central es que el aumento exponencial de las incautaciones por el lado de la oferta, no repercute ni en la disponibilidad, ni en el precio final (80/100 euros por gramo de cocaína = 100 000 euros el kilo en el destino), con lo cual, la demanda permanece intacta. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en América Latina, lo que permite entender la facilidad con la que se inserta la economía de la cocaína.

La organización criminal de la cocaína está compuesta por redes que se encuentran compartimentalizadas por cuestiones de seguridad. Junto a otras economías ilícitas, se convierte en el camino para hacer partícipe de la globalización a indígenas, colonos, migrantes, campesinos y desempleados, pues tiene niveles diversos de escala en su cadena de valor. Se organiza en tres niveles:

(i) A nivel de los productores, son pequeñas estructuras de transformación y acopio de la droga, aproximadamente entre 50 y 70 “firmas” en los valles cocaleros: familias de localidades de Palmapampa, Llochegua, Vizcatán del Ene, Aguaytía; repiten el mismo esquema de acopiadores y enviadores de droga hacia ciudades intermedias (el precio aun es menor: US$ 1100 por kilo de clorhidrato, 800 por pasta lavada). Es el caso de las firmas “Putin”, “Sosa”, “Hogi”, “del Gallo”.

(ii) El segundo nivel relacionado a transporte, almacenamiento y salida, integra organizaciones más sofisticadas y de mayor alcance. Se trata de organizaciones intermedias de composición nacional asentadas en los puntos de almacenamiento y salida, con vinculaciones comerciales con las empresas internacionales mexicanas y colombianas: es el caso de lo que fueron los Sánchez Paredes, “Los Empresarios” de Pebes y Negrón (2018) y el caso de Joaquín Ramírez.

(iii) El tercer nivel es a escala internacional (global), allí participan las organizaciones criminales grandes, desde México: principalmente, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (en menor medida las de Juárez, Tijuana y El Golfo) que hacen presencia en el Pacífico a partir de acuerdos con organizaciones como “Los Urabeños” en Colombia; del lado brasilero, tenemos la acción dispersa de las estructuras de Comando do Capital y el Comando Vermelho.

En conclusión, hay tres factores que permiten el mantenimiento del mercado ilegal en las actuales circunstancias de altos decomisos e interdicción: estabilización de oferta/demanda, compartimentalización de organizaciones criminales y la convergencia ideal de actividades criminales.

 

Los Estados latinoamericanos, y particularmente el Perú, estamos inermes frente a las implicancias del extractivismo ilegal y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. Mientras los países desarrollados nos endilgan gran parte de la responsabilidad y las obligaciones para enfrentarlos de manera errónea, nosotros agachamos la cabeza y nos negamos a encontrar otras salidas profundas, desde la regulación, el control de daños y un manejo político adecuado. 

 

Gentil colaboración de Ricardo Soberón

desco Opina / 20 de octubre de 2023

 

Desorden forestal por insistencia

 

La importancia de nuestros recursos amazónicos está fuera de discusión. Es tarea de los distintos organismos estatales con funciones en la materia, asegurar el cumplimiento de políticas y medidas para garantizar su conservación y uso sostenible. La exagerada insistencia de parte de distintos congresistas por aprobar una norma que a todas luces es lesiva para nuestro patrimonio forestal, resulta, en consecuencia, llamativa. Peor aún por los argumentos pueriles exhibidos con los que se pretende cambiar varios artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763): “no debemos permitir que los agricultores pierdan parte de sus cultivos, cuando luego de algunos estudios los declaran parte de una zona forestal” o “de esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo”. La Autógrafa comprende los proyectos de ley 649, 894 y 2315.

El 23 de marzo pasado, el pleno del congreso discutió el referido proyecto de ley. Aunque la iniciativa, impulsada por grupos en teoría tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, fue rechazada, inmediatamente sus promotores pidieron la reconsideración de la votación. La propuesta ya había sido rechazada por el Ejecutivo y cuenta con opiniones en contra de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la presión que existe en el Congreso para modificar la ley, busca beneficiar a la industria de la palma. El ordenamiento forestal de nuestra Amazonía es una aspiración de larga data; aprobar las modificaciones propuestas permitiría legalizar la deforestación para la ampliación agrícola con fines comerciales (palma aceitera, principalmente). Sospechosamente, la empresa más visiblemente vinculada a este intento de cambios a la ley, ha sido declarada por la embajadora de Estados Unidos como una empresa que aplica "prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar", oponiéndose a las organizaciones indígenas de Ucayali, que señalan a la empresa como la depredadora de 7000 hectáreas de bosques.

Mucho se ha dicho sobre la responsabilidad de la economía informal en la pérdida de bosques por tala indiscriminada, pero se dice poco sobre distintas empresas formales que hacen lobby para conseguir favores políticos y cambiar las reglas de juego, eliminando requisitos para el proceso de cambio de uso de la tierra y propiciando la deforestación «legal» en el país. El proyecto de ley que criticamos, entre sus disposiciones, introduce “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, en las cuales no se realizaría una “clasificación de tierras por capacidad de uso mayor,” es decir, identificarlas y clasificarlas según su utilidad, además de modificar los requisitos del cambio de uso de la tierra, quitando de esta manera el filtro para identificar si un área es apta para ser tierra forestal o agrícola.

No hay que ser muy astuto para señalar que con tales cambios normativos se agudizarían las invasiones, el tráfico de tierras y los conflictos sociales, abriendo de par en par las puertas a nuevos posesionarios que se instalarían en áreas forestales, además de la superposición de estas áreas con tierras de comunidades nativas en proceso de titulación, vulnerando su derecho al territorio al brindarle más poder a la entrega de certificados de posesión, en contra de lo que señala la propia Ley Forestal, que prohíbe el otorgamiento de estos títulos. Es evidente que no se puede ni se debe promover la deforestación con leyes que supuestamente beneficiarían a pequeños agricultores.

Si la insistencia congresal triunfa, se afectarían compromisos internacionales y acuerdos suscritos por el país, como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como los Tratados de Libre Comercio de Perú con la Unión Europea y con Estados Unidos que contienen un anexo forestal.

La Declaración de Pucallpa, recientemente firmada por los ministros del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, junto con los Embajadores de Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, así como con los integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica, busca promover la conservación de los bosques reconociendo su valor y aspira a frenar la deforestación. Aprobar por insistencia la Autógrafa, que, como hemos dicho, en sus disposiciones complementarias transitorias impulsa la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, entraría en contradicción con los esfuerzos del Ejecutivo y los gobiernos regionales expresados en esta Declaración. Hay que estar definitivamente alertas para impedir que el proyecto sea aprobado por insistencia, por un Congreso de la República que diariamente da muestras de su desinterés por el país y sus intereses. El Ejecutivo tiene la obligación de insistir en la observación de esta ley y los gobiernos regionales levantar sus voces de protesta; así como tomar en cuenta los caminos legales para su derogatoria si ésta es aprobada.

Existe otra propuesta en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso, que aún no entra en debate en el Pleno, la cual propone que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre los ecosistemas forestales, arriesgando la suerte de los bosques a la buena disposición de los políticos regionales, ya que en uno de sus acápites señala que es potestad de los gobiernos regionales “Gestionar, preservar y administrar sus áreas forestales, flora y fauna de su jurisdicción”. Por lo visto, hay varios frentes en los que hay que estar alertas.

 

desco Opina – Regional / 14 de abril del 2023

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