Geopolítica de la cocaína en la Amazonía

 

Según el World Drug Report 2023 el mercado de cocaína es estable y es una muestra de la prosperidad en la que se mueve: US$ 85 000 millones anuales (UNODC), mientras todas las drogas ilegales mueven US$ 320 000 millones (Global Financial Integrity). Europa Occidental es el segundo mercado global después de EE.UU. Allí, es difícil establecer tendencias concluyentes sobre el consumo, hay una estabilización del mercado según el incremento demográfico, por lo que la ONU llama a una alerta máxima sobre esa tendencia.

El mercado de cocaína es global, alcanza a 21.5 millones de usuarios. Se satisface con 458 tm que llegan al mercado final. Esta cifra es cortada y aumentada, por parte de mafias europeas, albanesas y balcánicas.

América del Norte sigue siendo el mayor consumidor de cocaína con 6.4 millones de usuarios, seguido de Europa Occidental y Central con 4.6 millones. En esta última ha aumentado el consumo de crack. La red de organizaciones de traficantes mexicanas dentro de EE. UU., es sólida y maneja los negocios de cocaína. El referido informe se aferra en poner a América del Sur como usuario importante (4.7 millones de personas), principalmente en Brasil y Argentina. En cuanto a la logística, hay que diferenciar los puntos de entrada de la droga a Europa, en los puertos ibéricos. Luego están los puertos graneleros de los Países Bajos e Italia, que son centro de llegada de parte de la migración sudamericana. En la medida que existe un importante comercio entre Perú y la Unión Europea, se aprovechan todos los medios de articulación comercial posibles.

En cuanto a la producción de coca y su logística, el 2022 se detectaron 234 000 ha cultivadas con coca en la selva de América del Sur (95 008 de ellas en el Perú) respecto de 54 134 ha en el 2018, con precios de US$ 1100 por kilo de cocaína. A nivel campesino, las estructuras locales –denominadas “firmas”– organizan el proceso de elaboración, empaque y transporte hacia los puntos de salida. Desde las regiones intermedias, los representantes de las organizaciones de alcance internacional definen los envíos, se apropian de las ganancias en territorio peruano y embarcan con destinos finales.

De la Alta Amazonía trinacional, se extrajeron el 2021 hasta 1982 toneladas de cocaína mediante infraestructura a pequeña escala y algunos mega laboratorios. El nivel de pericia industrial para la extracción de alcaloide ha alcanzado niveles importantes, con participación de organizaciones criminales multinacionales. La producción de cocaína se ha generalizado en Colombia y algunas regiones del Perú. Desde la primera, se dirigen sus envíos hacia la salida en el Pacífico. Desde la segunda, se dirigen hacia la frontera brasileña, por vía aérea (Inteligencia de la Fuerza Aérea reporta un flujo creciente de pistas clandestinas en funcionamiento en Ciudad Constitución, Pichis Palcazú y Ucayali) y fluvial. Aunque el VRAEM atravesó y sigue pasando por una fuerte crisis de precios de la coca y la pasta base durante la pandemia (2020-2022), mantiene una alta producción de pasta y clorhidrato de cocaína. Una tendencia es la presencia creciente de Brasil en el manejo de la salida de cocaína por África Occidental. Las costas de Guinea Bissau, Ghana, Senegal y Mali son donde se produce la triangulación entre organizaciones brasileñas y africanas.

Del total de cocaína producida, las policías del mundo incautaron 1424 toneladas, el 72% de lo producido. El aumento de la incautación de cocaína está relacionado al aumento de la producción, mercados y rutas: es el caso del Brasil (puerto de Santos) que, junto a Colombia (Buenaventura) y Ecuador (Guayaquil), son los puntos de salida marítima de la cocaína sudamericana.

Ahora se incauta cinco veces más en América del Sur que en América del Norte. En el caso del Perú, la Policía decomisa cifras que superan las 60 toneladas, desde el 2018 hasta la actualidad. También han aumentado las incautaciones en Asia, África y Oceanía. El problema central es que el aumento exponencial de las incautaciones por el lado de la oferta, no repercute ni en la disponibilidad, ni en el precio final (80/100 euros por gramo de cocaína = 100 000 euros el kilo en el destino), con lo cual, la demanda permanece intacta. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en América Latina, lo que permite entender la facilidad con la que se inserta la economía de la cocaína.

La organización criminal de la cocaína está compuesta por redes que se encuentran compartimentalizadas por cuestiones de seguridad. Junto a otras economías ilícitas, se convierte en el camino para hacer partícipe de la globalización a indígenas, colonos, migrantes, campesinos y desempleados, pues tiene niveles diversos de escala en su cadena de valor. Se organiza en tres niveles:

(i) A nivel de los productores, son pequeñas estructuras de transformación y acopio de la droga, aproximadamente entre 50 y 70 “firmas” en los valles cocaleros: familias de localidades de Palmapampa, Llochegua, Vizcatán del Ene, Aguaytía; repiten el mismo esquema de acopiadores y enviadores de droga hacia ciudades intermedias (el precio aun es menor: US$ 1100 por kilo de clorhidrato, 800 por pasta lavada). Es el caso de las firmas “Putin”, “Sosa”, “Hogi”, “del Gallo”.

(ii) El segundo nivel relacionado a transporte, almacenamiento y salida, integra organizaciones más sofisticadas y de mayor alcance. Se trata de organizaciones intermedias de composición nacional asentadas en los puntos de almacenamiento y salida, con vinculaciones comerciales con las empresas internacionales mexicanas y colombianas: es el caso de lo que fueron los Sánchez Paredes, “Los Empresarios” de Pebes y Negrón (2018) y el caso de Joaquín Ramírez.

(iii) El tercer nivel es a escala internacional (global), allí participan las organizaciones criminales grandes, desde México: principalmente, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (en menor medida las de Juárez, Tijuana y El Golfo) que hacen presencia en el Pacífico a partir de acuerdos con organizaciones como “Los Urabeños” en Colombia; del lado brasilero, tenemos la acción dispersa de las estructuras de Comando do Capital y el Comando Vermelho.

En conclusión, hay tres factores que permiten el mantenimiento del mercado ilegal en las actuales circunstancias de altos decomisos e interdicción: estabilización de oferta/demanda, compartimentalización de organizaciones criminales y la convergencia ideal de actividades criminales.

 

Los Estados latinoamericanos, y particularmente el Perú, estamos inermes frente a las implicancias del extractivismo ilegal y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. Mientras los países desarrollados nos endilgan gran parte de la responsabilidad y las obligaciones para enfrentarlos de manera errónea, nosotros agachamos la cabeza y nos negamos a encontrar otras salidas profundas, desde la regulación, el control de daños y un manejo político adecuado. 

 

Gentil colaboración de Ricardo Soberón

desco Opina / 20 de octubre de 2023

 

“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.

Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.

Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”

Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.

Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).

Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.

Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.

Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.

Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.

Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.

Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.

Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.

Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.

Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.

En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.

desco Opina / 25 de agosto de 2023