¿A la Policía se le respeta?

 

La problemática de la inseguridad en el Perú, que antes se explicaba por la presencia de remanentes del terrorismo senderista y la expansión del narcotráfico, hoy encuentra sustento en el poliedro del crimen establecido y creciente que tiñe una parte considerable de la economía y la política del país.

No existe entre nosotros un plan que atienda las distintas caras del crimen, de acuerdo a su presencia asociada a actividades económicas en cada territorio: la minería y tala ilegal depredadoras principalmente en la Amazonía, el tráfico de cocaína, de látex de amapola para producir opio y heroína, entre las más destacadas. La violencia entrelazada a estas economías se ha transformado en el vivir y padecer en nuestras ciudades, así como en territorios rurales específicos.

En los últimos años nuestra sociedad ha transitado rápido hacia la normalización del asesinato por encargo –mejor conocido como sicariato–, el secuestro y la extorsión al menudeo. Convertido en un servicio delivery, el homicidio es el indicador más usado para referirse al nivel de inseguridad y violencia, y en nuestro caso las cifras de este delito crecen imparables, lo mismo que el secuestro y la extorsión, con un aumento superior al 50% en las denuncias policiales durante el año 2023, sin contar al impreciso número de afectados que creen inútil y hasta peligroso acudir a la Policía.

La pobre respuesta del gobierno y del Congreso de la República es lanzar declaratorias de emergencia de distritos, provincias y hasta regiones –el caso más conocido es el VRAEM– o aumentar sanciones, sin resultados en términos de una reducción de delitos como ocurre, por ejemplo, con el robo de celulares, para el que se ha establecido una pena de 30 años de cárcel. A ello se suman discursos altisonantes y traslados temporales de tropas militares o policiales a los territorios “calientes”.

Da la impresión de que hemos olvidado que los problemas de violencia y criminalidad están arraigados en una base social de desigualdad, pobreza y corrupción privada y estatal. Nuestras existencias, lejos de manifestarse en una vida en común, están signadas por la desconfianza, el individualismo, el aislamiento, la exclusión, la desesperación y la agresividad creciente, elementos suficientes para diagnosticar la descomposición social de la que también hacen parte las instituciones: policías que integran bandas de delincuentes, y criminales disfrazados con uniformes policiales están tan normalizados como el robo de cientos de galones de combustible en instituciones armadas del Estado o la sustracción de armamento que se vende a organizaciones delictivas, incluso en el extranjero.

Ante este panorama urgen medidas sensatas, practicadas exitosamente en otros países, hacia una profunda reforma de la institución policial, empezando por el sistema de reclutamiento y formación de sus integrantes, así como una verdadera razia de los altos mandos corruptos y el fortalecimiento de la presencia territorial y las funciones transversales de inteligencia e investigación. El más reciente conflicto provocado por la destitución del comandante general de la Policía Nacional del Perú por su excolega y ministro del Interior evidencia que, a lemas como El honor es su divisa o A la Policía se le respeta, los desmiente sin ambages la cruda realidad.

 

desco Opina / 9 de febrero de 2024

“La política y el crimen son lo mismo”

Lo que viene ocurriendo en Ecuador –asesinatos de candidatos y autoridades– tanto como en Colombia –detenciones que mostrarían, nuevamente, los lazos entre la política y las actividades ilícitas–, llaman una vez más la atención sobre las vinculaciones entre el mundo criminal y los espacios formales en nuestros países.

En este marco, no han sido pocas las preguntas sobre la situación del Perú y tampoco han sido pocas las “respuestas” que se han guiado antes que, por el sentido común, por la fantasía sin una mínima verificación de los datos que supuestamente estarían apoyando la circunstancial afirmación que se hace.

Un aspecto básico para el debido abordaje del tema son las tasas de homicidio, que se estimó en 16,4 por cada 100 000 habitantes para América Latina y el Caribe en el 2022. Para los analistas, esto revela un deterioro constante, rápido y pronunciado de la situación en el continente durante los últimos años, asociado al aumento de la producción de cocaína, la fragmentación de los grupos criminales (los que han multiplicado su número en poco tiempo) y el permanente flujo ilegal de armas.

Dentro de este panorama general, la situación de Ecuador es considerada “catastrófica”. Sobre ese país, se afirma que “los niveles históricos de cocaína que ingresaron provenientes de Colombia intensificaron la violencia y los asesinatos se dispararon, en tanto que los ataques contra funcionarios judiciales y los asesinatos de policías por parte de las bandas criminales alcanzaron niveles récord.”

Por segundo año consecutivo, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios de más rápido crecimiento en la región. En 2022, el país registró 4603 asesinatos, lo que representa una tasa de 25,9 por 100 000 habitantes, bastante más alto que el promedio latinoamericano. Según Insight Crime, esto supone un aumento del 86% interanual. Más aún, la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas está considerada como uno de los puntos críticos en el continente, con una tasa de homicidios de 81 por 100 000 habitantes en el 2022, solo superada por Colima (México) con 110 y Región Capital (Venezuela) con 90, pero muy por encima de Roraima (Brasil) con 72 y Amambay (Paraguay) con 70.

Si bien nuestro caso no ha podido formar parte de los últimos estudios comparativos, por falta de información, podemos remitirnos a lo sintetizado por el INEI para el periodo 2019-2020. En el 2019 nuestra tasa de homicidios fue de 7,4 por 100 000 habitantes y para el siguiente año fue de 5,8, una disminución que fue registrada por todos los países de la región como consecuencia de la pandemia. Ahora bien, el desagregado por regiones muestra que es Madre de Dios la de mayor frecuencia para ambos años (19,7 y 13, 8), seguida de Callao (15,6 y 12) y Tumbes (13,4 y 10,7).

Aparentemente, además de mostrar un grado de violencia criminal bastante más bajo que los promedios latinoamericanos, el Perú tampoco tendría un patrón definido entre cantidad de homicidios y la territorialidad del narcotráfico.

Sin embargo, esto no puede conducirnos a desligar ambos datos sin más. Al respecto, el modelo predominante para estimar grados de violencia asociada a la denominada “narcoviolencia” considera dos factores: el “stock de violencia” y cantidad de grupos que disputan la renta de la cocaína.

Se considera que las características previas de los territorios locales en Colombia, plagados de relaciones violentas, así como la presencia de grupos mafiosos que surgen fundamentalmente en los eslabones comerciales y otras áreas estratégicas de la cadena de valor, generan los contextos cargados de violencia que conocemos. Esto mismo puede ser válido para países como México y, al parecer, Ecuador actualmente.

Sobre el caso peruano, si bien los espacios cocaleros fueron escenarios de intensa violencia subversiva hace tres décadas, incluso haciendo aparecer hasta hoy a “remanentes” senderistas como actores importantes en estos lugares, es difícil suponer que ello sea suficiente como para afirmar la existencia de un decisivo “stock de violencia”.

Pero, lo que para los analistas aparece más sólido es que el rol del Perú en la cadena del narcotráfico es esencialmente el cultivo y producción de cocaína, pero abstrayéndose de las funciones de distribución y comercialización que es donde se originarían las mejores condiciones para la consolidación de grupos mafiosos y las disputas entre ellos, aumentando, por ende, la probabilidad de violencia.

Un registro puntual y muy importante de este último aspecto es que en Perú el cultivo de hoja de coca para el narcotráfico ha tenido un constante aumento en los últimos cinco años, siendo del 18% en el 2022 respecto al año anterior, según DEVIDA.

Sin embargo, estas miradas (que ya tienen algunas décadas de vigencia) no han considerado evidencias que vienen presentándose en los últimos años. Por ejemplo, los elementos mostrados por casos como “los cuello blanco del puerto” estarían insinuando que la “ausencia de violencia” en el caso peruano sería consecuencia de una redistribución “más equitativa y amplia” de la renta cocalera, vía la permeabilidad a los intereses de estos negocios ilícitos de los aparatos estatales, especialmente los judiciales.

Como recordamos, este caso que tuvo su momento culminante en el 2018, no fue el único que podría considerarse como una muestra de la profundidad que ha tenido la influencia del narcotráfico en el Estado peruano. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori y su asesor Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico –entre otros– para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. De igual manera, los “narcoindultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de autoridades de las más altas esferas del Estado con los narcotraficantes.

Pero, hay más. Según un estudio realizado por Ricardo Soberón, en el Perú, en promedio entre el 20 y el 24 por ciento de la población penitenciaria está en la cárcel por delitos de drogas. Sólo la tercera parte de esta población, aproximadamente, tiene su situación jurídica definida, siendo la mayoría presos preventivos. Este dato ofrece un fiel reflejo del comportamiento del Estado peruano ante el narcotráfico porque los que suelen ser encarcelados son los pequeños traficantes, quedando fuera de estas cifras los grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.

En síntesis, la “pax cocalera peruana”, siguiendo a Stöckil, estaría descansando, entre otros factores, en la institucionalidad de la “doble moral”. Por un lado, el libre mercado incentiva la existencia de una narcoeconomía, que asegura la obtención de grandes rentas en poco tiempo para lo cual necesita la colaboración de la narcopolítica. De otro, las acciones de lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas son una forma de control social, en tanto permiten al Estado controlar zonas donde su presencia es débil y hay estructuralmente un bajo monopolio de la violencia, mediante acciones represivas intermitentes (erradicación de cultivos de hoja de coca, interdicción en insumos químicos, entre otros), como es lo que vemos actualmente en el VRAEM.

desco Opina / 25 de agosto de 2023

Violencia recurrente en el gobierno de Boluarte

 

Este 6 de agosto conmemoramos los 199 años de la Batalla de Junín en las pampas de Chacamarca, un momento significativo de revaloración de la gesta heroica de todas las sangres donde se fomenta la unión entre todos los pueblos. Dada la importancia de esta batalla en el proceso de independencia del Perú, la fecha fue motivo para la presencia de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quién llegó a la región Junín para participar en la ceremonia conmemorativa acompañada no sólo de su Gabinete, sino también de congresistas y embajadores.

Las imágenes que mostraron los medios oficiales y el canal del Estado a nivel nacional, fueron las de un evento aparentemente “armonioso” y festejado a lo grande. Los Húsares de Junín desfilaron a caballo, hubo una feria gastronómica, la presidenta bailó con el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, mientras el premier Otárola bailaba con los policías debajo del estrado para las autoridades; al final de la jornada hubo un espectáculo de fuegos artificiales y quema de castillos en el parque La Libertad.

Esta fue, sin embargo, solo una cara de la moneda. La realidad que vivimos fue totalmente distinta; en esta ceremonia asistimos a la violenta acción del personal policial. Existen imágenes de los medios locales alternativos que muestran cómo mientras la Presidenta y su Gabinete participaban de la fiesta oficial, la policía se encargaba de reprimir con violencia a los manifestantes que protestaban gritando “Dina asesina” y “Lárgate ya”, en tanto algunos policías les quitaban sus megáfonos y carteles con mensajes contra el gobierno, a la vez que otros los empujaban con sus escudos y los golpeaban con sus varas.

El gobierno insiste en utilizar la violencia. Reprimió no solo a los manifestantes, sino también a los reporteros y comunicadores que cubrían el evento, desafortunadamente se trata de una práctica común del actual gobierno, donde la policía deviene en instrumento de represión violenta contra los manifestantes. Recordemos lo sucedido semanas atrás, el 28 de julio, cuando simultáneamente la presidenta Boluarte brindaba un extenso mensaje por Fiestas Patrias, mientras la gente que había salido a marchar contra su gobierno en el centro de Lima y en algunas regiones, era reprimida con violencia, para no perder la costumbre.

En este escenario, el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, pidió al Comando Unitario de Lucha de Junín que había planeado un plantón en rechazo a la llegada de la mandataria, “no desnaturalizar la celebración de la Batalla de Junín, porque es una fiesta del pueblo”. Cárdenas argumentó que “es natural que haya desacuerdos con Dina Boluarte”, pero demandó que las manifestaciones contra la mandataria se hagan “en su momento y en su lugar, pero no en esta actividad histórica”.

Ante la postura del gobernador regional nos preguntamos ¿quién desnaturaliza una celebración que significa mucho para la gente de Junín y del Perú? Más aún cuando desde el Ejecutivo se pretende armar en seis meses, con pocos y discutibles requisitos, una nueva Policía de Orden y Seguridad, que suena mucho a un grupo armado y disponible para reprimir los malestares y las protestas de la población que no esté de acuerdo con su accionar.

 

desco Opina – Regional / 18 de agosto del 2023

descocentro

El día después

 

A la pandemia que soporta nuestro país desde poco más de un año, se ha sumado ahora una nueva epidemia nacional. Es un contagio mental muy activo que se disemina y/o reacciona más agresivamente cada día, apoyado en información variada en colores y tonos propios de estas tierras, en medio de un proceso electoral atípico.

Nos llueven sin cesar en medio de una polarización creciente, desde inofensivos y graciosos memes –que de alguna manera arañan a los candidatos–, hasta acusaciones violentas cargadas de la peor pasión verbal pocas veces vistas en los procesos electorales de este siglo. La segunda vuelta electoral peruana se produce también en circunstancias en las que más de la mitad de los partidos políticos, 16 en total, perderán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Así, desaparecen del escenario oficial al no haber superado la valla de 5% de los votos válidos y cinco congresistas electos en las elecciones parlamentarias, o por no haber participado en el proceso electoral del 11 de abril.

La campaña política se desarrolla en medio de acusaciones nada orgánicas entre tres grupos activos que es posible identificar en los medios y redes sociales: a favor de alguno de los candidatos y en contra de ambos.  Incluso el enfrentamiento personal de las figuras aspirantes a la presidencia aumenta: “Le vuelvo a decir, señor Castillo, si usted no tiene los pantalones bien puestos para debatir, permita entonces que el señor Cerrón salga a exponer las ideas de su equipo”, agrede Fujimori a su competidor. Por su lado, el profesor Castillo, califica a su rival de “mafiosa, asesina y vaga” con elipsis retóricas que todos entienden.

Como es bastante evidente ya, las elecciones constreñirán a muchos compatriotas a zanjar no precisamente entre dos candidatos, sino más bien entre un fortalecido antifujimorismo de padre e hija y un antiizquierdismo alimentado por un anticomunismo de manual, propio de las peores expresiones de un macartismo aggiornado de maoísmo terrorista. En ese escenario un número importante de peruanos antiizquierdistas –que también son antifujimoristas– se negarán a votar por alguno de los dos.

Acusaciones violentas cargadas de la peor agresividad que afloran vestidas de datos, cifras, hechos históricos recientes y también del siglo pasado, son reflejo de la crispación política y social y de profundos sentimientos encontrados ¿cómo insertarlos en una celebración compartida del bicentenario de la independencia política del Perú?

El caso de los medios de comunicación en general, y de la televisión y la prensa en particular, ofrecen una clara muestra de esta violencia. Poniendo megáfonos a las crispaciones verbales más mordaces e hirientes para descalificar al contrario, incluyen en su crítica a los cobardes, indecisos y covidiotas. Si bien son los periodistas quienes destacan las frases más duras, las descalificaciones más sonoras y las expresiones más dañinas al oponente –citado a veces como enemigo y no como adversario–, son los internautas en las redes sociales quienes más abiertamente muestran cómo funciona el cerebro de las y los peruanos al momento de procesar las creencias, ideas y valores propios y ajenos.

Al final de este proceso electoral, el 6 de junio, habrá formalmente quien venza. Lo que no sabemos es cómo haremos para acabar con la violencia. Al día siguiente no habrá desaparecido y sabemos bien, por lo sufrido durante las dos últimas décadas del siglo pasado, que es una manera altamente eficaz para controlar el comportamiento de las otras personas.

Es relativamente fácil imponerse ante el otro y conseguir que haga lo que es la voluntad de uno convertido en gobierno. A corto plazo trae consecuencias positivas para el agresor y negativas para el agredido, pero a largo plazo conlleva un saldo negativo para el conjunto de nuestra maltratada, empobrecida y enferma sociedad. Empecemos entonces también a preocuparnos por diseñar cómo hacer soportable y consensuado el país que despierte el día después.

 

desco Opina / 7 de mayo de 2021