Transporte, extorsiones y gobernabilidad

 

La movilidad urbana y el transporte público de pasajeros se encuentran en seria crisis desde hace mucho tiempo en la ciudad de Lima. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Lima y los responsables del poder Ejecutivo, han renunciado a que Lima cuente con un sistema de transporte público masivo e interconectado eficiente en el área metropolitana de Lima y el Callao. Ello, pese a ser un asunto significativo, que atañe a la posibilidad de incrementar la calidad de vida de más de diez millones de personas, en lugar de impedirla como ocurre con los taxis colectivos y la fantasmagórica presencia de combis asesinas por las noches.

Este es un asunto indispensable de considerar como prioritario para respaldar el desarrollo económico, crear empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como son la atención de salud y la educación. Y, sin duda, para disminuir la enorme cantidad de horas de trabajo muertas, que se tragan el tiempo del descanso, el estudio y la recreación perdidas por embotellamientos que llevan a superar las dos horas diarias de viajes promedio en los 24 millones de viajes de personas que se movilizan en la metrópoli en condiciones de decreciente calidad.

Según la propia Municipalidad de Lima Metropolitana, al salir de casa para ir trabajar entre las 06.00 a 09.00 horas de lunes a viernes, es el lapso donde se produce la mayor pérdida de tiempo útil, con grave impacto negativo en la economía y la productividad. La congestión y caos vehicular en la ciudad de Lima representan una pérdida cercana a los S/ 2000 millones al año.

A la ineficiencia, caos y tolerancia permisiva, protegidas por leyes de un Congreso protector del transporte ilegal que incrementa la inseguridad ciudadana se suma el sicariato de la extorsión a los transportistas de la ciudad. Los ataques a las empresas formales de transporte de pasajeros han descollado hasta lo insoportable agregándose como riesgos cotidianos a los que ya se someten las vidas de las y los ciudadanos: abusos, atropellos y muertes en calles mal iluminadas y atestadas de una perniciosa contaminación producida por la antigüedad y mal mantenimiento de la flota pública y privada de vehículos.

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hasta el mes de setiembre 2024 se registraron 13 372 denuncias por extorsión. Estas cifras evidencian un escalamiento del crimen que comparando cifras entre 2021 y 2023, se constata una multiplicación que quintuplica de 4510 a 22 162 casos la incursión delincuencial.

Sin duda, estamos ante la peor crisis de gobernabilidad nacional de este siglo, producto de la errática conducción de un gobierno absolutamente deslegitimado nacido de una alianza autoritaria y criminal que vela por sus propios intereses y que por ello enfrenta día a día un descontento creciente y la presión social de grupos de ciudadanas y ciudadanos que nunca antes se habían movilizado en defensa de la vida: transportistas, comerciantes de bodegas y mercados y trabajadores de servicios, todos chantajeados y algunos asesinados, en medio de la inacción sorda a las demandas sentidas de la población. El gobierno, con cinismo, al minimizar las protestas parece no entender que las movilizaciones continuarán y que el gobierno que preside Boluarte ha entrado en una acelerada cuenta regresiva que se lee en las calles.

Las protestas recientes y el paro nacional parcial de transportistas urbanos de pasajeros del 23 de octubre, ponen por delante una agenda ciudadana urgente. Han abierto las compuertas del avivamiento de conflictos sociales latentes, que ya se contagian al ámbito regional de nuestro país sobre un sinnúmero de asuntos no atendidos, que sumados desbordan la mediocre respuesta del gobierno nacido de la alianza de Dina Boluarte y las mayorías derechistas en el Congreso.

La ciudadanía demanda soluciones prontas en los temas de seguridad, transporte y la penalización de la corrupción generalizada. También exige la creación de empleo juvenil digno y la mejora de la pésima cobertura de los servicios de salud pública, entre otros. Esta agenda refrescada incluye implícitamente la necesidad de construir prontamente nuevos liderazgos capaces de conducir organizaciones legítimas, democráticas y representativas de los intereses ciudadanos.

Parece estar cerca el momento para reconstruir la política en nuestro país, que dé conducción a los intereses públicos en marcos de diálogo y concertación de nuevas alianzas capaces de concretar una ruta de futuro democrático al servicio de sus ciudadanos.

 

desco Opina - Regional / 25 de octubre de 2024

descoCiudadano

 

Viviendo en mundos paralelos, sembrando vientos

 

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la desaprobación de Dina Boluarte ascendió dos puntos en el mes que terminó y se instaló en 90%, mientras su aprobación parece definitivamente condenada a no superar el 5%. El sur del país (94%) y el Perú rural (93%), no podía ser de otra manera, son los más disconformes con ella. Por su parte, la aprobación del Congreso, se mantiene dentro de los ínfimos niveles registrados en meses anteriores; un mayoritario 92% lo desaprueba, acentuándose en el sur (96%) y sorprendentemente, en el estrato A/B (93%). Nada nuevo bajo el sol en un mes en el que los incendios forestales y el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas incluido, evidenciaron una vez más el desplome del Estado y el naufragio de la política.

De acuerdo al portal Ojo Público, los bosques y suelos arrasados por incendios forestales en el Perú crecieron más de 60% en cuatro años y hasta la tercera semana de septiembre hubo 3411 alertas de incendios en el país. La cifra es 32% mayor que la registrada en el mismo periodo de 2023. El impacto es aún más grave desde la perspectiva histórica. Entre 2019 y 2023, el área de bosques y suelos afectados por el fuego pasó de 18 088 a 29 308 hectáreas En este escenario, con la banalidad y la soberbia que caracterizan al Ejecutivo, mientras el patético ministro Adrianzén se esforzaba en restarles importancia, cuestionando que se los califique de tremendos y terribles para justificar su inacción, su colega Manero, minimizó la quema de cinco mil hectáreas, sosteniendo que ello no afecta el abastecimiento de los mercados porque “tenemos más de 7 millones de hectáreas agrícolas”.

El Gobierno, desde el primer momento, pretendió explicar la multiplicación de los incendios por la práctica ancestral de quema y roza como única causa. La misma era tan infantil, que la propia Defensoría del Pueblo, la misma que está capturada y silenciada por la coalición autoritaria en el Gobierno, se vio obligada a recordar que la exoneración de sanciones administrativas y penales que promueve la Ley 31973, llamada ley “antiforestal”, contribuyó decididamente a la proliferación de los incendios.

De igual manera, en lo que hace al aumento de la inseguridad, aunque los números no dejan lugar a dudas, la incapacidad gubernamental se exhibió también. A septiembre, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. En el caso de construcción civil, 5 dirigentes fueron asesinados hasta ese momento y más de 5000 trabajadores se vieron desempleados por la paralización de obras. En el año en curso, según la Asociación de Bodegueros, más de 9000 microempresarios denunciaron actos delincuenciales, 2600 bodegas se vieron obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana y 5000 más cerrarán a fin de año. Según INEI, entre enero y junio de este año, en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 29,7% de la población fue víctima de algún hecho delictivo y 13 de cada cien fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular.

En este escenario de violencia e inseguridad, el ministro del Interior, más preocupado por explicar los silencios de la mandataria y por defenderse de las distintos señalamientos sobre su trabajo de ambicioso escudero, que se multiplican en los distintos medios, apareció anunciando la convocatoria a una marcha por la paz como parte de una “estrategia” primitiva y demagógica que combina la declaración del estado de emergencia, la presentación de una propuesta legislativa más, que se suma a las 17 del Congreso de la República, creando la inútil figura de un nuevo tipo delictivo, el “terrorismo urbano”, anunciando el aumento de las penas, pero guardando cuidadoso silencio frente a la resistencia de la Junta de Portavoces a poner en debate la derogatoria de la ley que favorece al crimen organizado. En la misma dirección, y con el mismo gesto adusto, el Presidente del Consejo de Ministros adelanta la decisión de volver a un Fuero Militar para que policías y militares se “sientan respaldados” en sus tareas de orden interno. Con ellos, el ministro de Educación, señalando que no le harán el juego a ningún paro, mientras el Jefe del Estado Mayor de la Policía trató de convencernos de que luego de El Salvador de Bukele, nos encontramos entre los países más seguros de la región.

En este cuadro de horror, el Congreso se mantiene firme en su línea. Defiende la Ley Nº 32108 que favorece a las organizaciones criminales, convencidos de que su derogatoria afecta la búsqueda de impunidad de muchos de sus integrantes; en la última semana presentan hasta 4 nuevos proyectos –Fuerza Popular y Renovación Popular– para incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, y por si fuera poco, para engañar a una platea que sólo existe en su imaginación, interpelan a los ministros de Ambiente por los incendios forestales, y al del Interior por motivos múltiples, con menos de una veintena de asistentes en cada caso, para demostrar que como fiscalizadores de sus socios, son buenos punteros mentirosos.

Como imagen final, la mandataria que ya se acostumbró al silencio con los periodistas y la altisonancia en inauguraciones o visitas, pasando con enorme facilidad de su cotidiana torpeza, por ejemplo, señalar a quienes no tienen ingresos de terminar convertidos en delincuentes, a la agresividad primariosa de acusar a sus críticos de envidiosos e insatisfechos o de “cargar en sus hígados enfermos el odio…”.

Imposible sorprenderse de los resultados de la encuesta. El desinterés total por la política que ha crecido 6 puntos el último año (33% y 39% en el Perú rural) es comprensible. La inacción de la coalición gobernante, con Fuerza Popular encabezándola cada vez más, frente a la ola delincuencial que nos azota, ha comenzado a generar la reacción ciudadana. En Sullana, la mandataria fue rechazada por una población afectada por la extorsión y el sicariato; en Ica, el Ministro del Interior fue abucheado y tuvo que partir rápido; en Lima, el 26 de setiembre miles de choferes de transporte público paralizaron sus actividades exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto; más de 20 gremios empresariales, entre los que están la  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han suscrito un pronunciamiento señalando que hay un gobierno paralelo: el del crimen organizado….

Cuidado, que de tanto sembrar vientos, empecemos a cosechar huracanes….

 

desco Opina / 4 de octubre de 2024

¿A la Policía se le respeta?

 

La problemática de la inseguridad en el Perú, que antes se explicaba por la presencia de remanentes del terrorismo senderista y la expansión del narcotráfico, hoy encuentra sustento en el poliedro del crimen establecido y creciente que tiñe una parte considerable de la economía y la política del país.

No existe entre nosotros un plan que atienda las distintas caras del crimen, de acuerdo a su presencia asociada a actividades económicas en cada territorio: la minería y tala ilegal depredadoras principalmente en la Amazonía, el tráfico de cocaína, de látex de amapola para producir opio y heroína, entre las más destacadas. La violencia entrelazada a estas economías se ha transformado en el vivir y padecer en nuestras ciudades, así como en territorios rurales específicos.

En los últimos años nuestra sociedad ha transitado rápido hacia la normalización del asesinato por encargo –mejor conocido como sicariato–, el secuestro y la extorsión al menudeo. Convertido en un servicio delivery, el homicidio es el indicador más usado para referirse al nivel de inseguridad y violencia, y en nuestro caso las cifras de este delito crecen imparables, lo mismo que el secuestro y la extorsión, con un aumento superior al 50% en las denuncias policiales durante el año 2023, sin contar al impreciso número de afectados que creen inútil y hasta peligroso acudir a la Policía.

La pobre respuesta del gobierno y del Congreso de la República es lanzar declaratorias de emergencia de distritos, provincias y hasta regiones –el caso más conocido es el VRAEM– o aumentar sanciones, sin resultados en términos de una reducción de delitos como ocurre, por ejemplo, con el robo de celulares, para el que se ha establecido una pena de 30 años de cárcel. A ello se suman discursos altisonantes y traslados temporales de tropas militares o policiales a los territorios “calientes”.

Da la impresión de que hemos olvidado que los problemas de violencia y criminalidad están arraigados en una base social de desigualdad, pobreza y corrupción privada y estatal. Nuestras existencias, lejos de manifestarse en una vida en común, están signadas por la desconfianza, el individualismo, el aislamiento, la exclusión, la desesperación y la agresividad creciente, elementos suficientes para diagnosticar la descomposición social de la que también hacen parte las instituciones: policías que integran bandas de delincuentes, y criminales disfrazados con uniformes policiales están tan normalizados como el robo de cientos de galones de combustible en instituciones armadas del Estado o la sustracción de armamento que se vende a organizaciones delictivas, incluso en el extranjero.

Ante este panorama urgen medidas sensatas, practicadas exitosamente en otros países, hacia una profunda reforma de la institución policial, empezando por el sistema de reclutamiento y formación de sus integrantes, así como una verdadera razia de los altos mandos corruptos y el fortalecimiento de la presencia territorial y las funciones transversales de inteligencia e investigación. El más reciente conflicto provocado por la destitución del comandante general de la Policía Nacional del Perú por su excolega y ministro del Interior evidencia que, a lemas como El honor es su divisa o A la Policía se le respeta, los desmiente sin ambages la cruda realidad.

 

desco Opina / 9 de febrero de 2024