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Recuerdos del futuro

 

Un gran mito de los economistas latinoamericanos, entusiasmados a más no dar por el impresionante rush que tuvo el crecimiento económico regional entre el 2000 y 2013, además de lo visto en el Brasil de Lula, fue haber creído a rajatabla en la creciente importancia y consolidación de la clase media regional. La idea era que la progresión social y política que debía otorgar el crecimiento económico se sostenía, precisamente, con el ensanchamiento de las clases medias en tanto este segmento social apuntaba a tener propiedades, aumentar su consumo y aspirar a una educación de calidad.

Es cierto que hubo llamados de atención a esa algarabía. Desde la División Social de Cepal, Martín Hopenhayn, Rolando Franco, Arturo León, entre otros, advertían que las cosas no eran tan sólidas como parecían, y si bien los números de la economía eran importantes, no bastaban para identificar a las clases medias latinoamericanas como los agentes del desarrollo de la región por antonomasia.

En efecto, solo algunos años después, la situación prepandemia de los sectores medios latinoamericanos dejaba ya mucho que desear, salvo algunos ejemplos puntuales como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Los impactos del COVID-19 sobre ellos fueron realmente deprimentes: según cifras del Banco Mundial, su disminución en Argentina fue de -5.9, en Chile de -6.75 y en Perú nada menos que de -9.1.

En la lógica de sus entusiastas promotores de antaño, la pandemia reconfiguró los patrones de consumo de las clases medias peruanas y su restablecimiento deberá conducirse mediante políticas que se orienten a mejorar su acceso a empleos productivos y a reconstruir sus activos financieros, que han sido destruidos por la crisis sanitaria. Para Rolando Arellano, la pandemia ha reorientado sus gastos hacia rubros como comunicaciones, mejoras del hogar y artefactos, en un ambiente de expansión del trabajo remoto y tendencialmente con menores ingresos.

Pero, la situación se presenta bastante más complicada que la supuesta por los gurúes del consumismo. De acuerdo con la ENAHO, la disminución de ingresos de los hogares peruanos fue dramática: En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, disminuyendo en 16 %, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. Más aún, el gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios geográficos y quintiles del gasto, al compararlo con el año 2019.

Esto significa, entre otras cosas, que en todos los estratos sociales se han incrementado relativamente los gastos en alimentos y han disminuido los dedicados, por ejemplo, a salud y educación. Al respecto, el estrato socioeconómico E dedica en promedio el 53% de sus ingresos familiares a alimentación y solo el 1% a educación, lo que señala claramente la enorme hipoteca al futuro que deben hacer los que están en este grupo para sobrevivir en el presente y, peor aún, empobrecerse cada vez más.

Además, la disminución de ingresos afectó la capacidad de ahorro: en el 2019 una familia promedio ahorraba el 21% de sus ingresos; en el 2020 alcanzaron sólo el 5%. En buen romance, estos promedios significan que los hogares de mayores ingresos disminuyeron de manera importante el porcentaje de aquellos dedicados al ahorro, mientras los de ingresos medios dejaron de tenerlos y no tienen posibilidad de restablecerlos en el corto plazo, en tanto los de ingresos bajos simplemente «quemaron» activos para sobrevivir.

A ello, hay que agregar que antes de la pandemia nada menos que el 60% de los hogares peruanos –en el que, obviamente, está incluida una parte importante de nuestras clases medias– manifestaban no tener los recursos suficientes para subsistir por más de tres meses en caso de perder su fuente principal de ingresos. Ahora bien, como podremos suponer, el impacto de las tres olas sucesivas de la pandemia ha hecho estragos en la economía familiar promedio y la mala noticia es que no se palió –ni se paliará– con la distribución de bonos. En el 2020 el gasto por encima de sus ingresos de los hogares más pobres fue de 9700 millones de soles y, sencillamente, estas transferencias no pueden ser permanentes.

Lo que podría hacerse es tomar otras medidas complementarias. Según Miguel Jaramillo, de GRADE, debieran fortalecerse los programas de seguridad alimentaria y salud para los hogares, generar programas de empleo temporal orientados hacia pequeños proyectos de infraestructura y promover la inversión privada.

Como vemos, la situación es muy delicada y, seguramente, cualquier salida, aunque sea de cortísimo plazo, no tendrá efecto si no hay un mínimo de confianza instalada hacia las entidades de gobierno. De esta manera, se nos presenta una situación por demás complicada que se potencia con el descalabro institucional que nos muestran cotidianamente nuestros actores políticos.

 

desco Opina / 25 de febrero de 2022

Proyecto Majes II, esperanza y frustración

 

La primera etapa de este proyecto estratégico para la región Arequipa logró poner en producción 15 000 hectáreas de cultivos, arrancadas al desierto al costo de 1300 millones de dólares, lo cual ha sido motivo de un permanente cuestionamiento por tratarse de la habilitación de tierras más cara del mundo en esas condiciones. Sin embargo, hay que señalar que en estos costos se incluye la gran parte de la infraestructura hidráulica (represa de Condoroma, 97 Km de canales con capacidad de transportar 36 m3/s de agua, bocatomas y otras obras), necesaria para la ejecución de la segunda etapa que permitirá la incorporación de 38 500 hectáreas adicionales.

La segunda etapa del proyecto Majes comprende: la represa de Angostura (1140 millones de m3 de capacidad), el canal de derivación Angostura-Colca (18.4 km), la bocatoma de Lluclla (30 m 3/s), el canal de derivación Lluclla-Siguas y el sistema de distribución (38 500 ha). Su objetivo es generar 90 000 empleos permanentes en la agricultura y 100 000 en actividades conexas, a lo que habría que agregar alrededor de 10 000 empleos en la fase constructiva de la infraestructura hidráulica y las centrales hidroeléctricas previstas con capacidad de generación de 540 MW, importantes para asegurar la cobertura de la creciente demanda energética.

Como en muchas obras públicas, el vía crucis de este proyecto en la segunda etapa comienza con la injustificada oposición de nuestros vecinos del Cusco en el año 2013, argumentado “el impacto ambiental negativo” que tendría porque los dejaría sin recursos hídricos para irrigar sus territorios. En el fondo, esta oposición tenía a la base fundamentalmente, expectativas políticas de corto plazo determinadas por los diversos procesos electorales en curso tanto a nivel nacional, regional o local. Una politización distorsionada del proyecto tenía como resultado que los partidos políticos desnudaran su falta de visión territorial y de largo plazo, dando lugar a que los partidos políticos de derecha e izquierda, opinaran de manera opuesta en Cusco y Arequipa. La tradicional rivalidad entre las dos regiones se exacerbó. En esta pugna, el proyecto se judicializó cuando la Municipalidad de Espinar logró una medida cautelar que paralizó el proyecto estableciendo la obligación de realizar un estudio de balance hídrico, que se hizo en convenio entre UNOPS y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El estudio confirmó la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, a pesar de ello se mantuvo la oposición de Espinar al mismo.

A esto, se han sumado las dificultades y problemas en la gestión del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Guillén Benavides focalizó su accionar en los aspectos judiciales. Yamila Osorio, suscribió doce adendas que elevaron significativamente el presupuesto original y, según los especialistas, desnaturalizó el proyecto por incrementar indebidamente la participación del Estado en beneficio de la empresa concesionaria, vulnerando los términos del contrato original. Y la gestión de Cáceres Llica, que durante la campaña de su elección tenía como bandera central la no suscripción de la Adenda 13, que significaba otro incremento en el costo del proyecto en 104 millones de dólares.

Sobre este último punto, hasta hoy se mantiene una gran controversia en la región entre quienes argumentan que este pedido de la concesionaria es improcedente por cuanto no está suficientemente demostrada la justificación técnica del cambio de diseño y porque adicionalmente, el contrato de concesión establece expresamente que la variación técnica contemplada como posibilidad al momento de suscribir el contrato “no modificaría el presupuesto o aporte del gobierno”. La falta de aprobación de la Adenda 13 hasta el momento, es el factor detonante de la situación actual del proyecto.

Han transcurrido más de diez años desde la suscripción del contrato de concesión en diciembre del 2010 con el Consorcio Angostura Siguas, el costo inicial del proyecto se elevó en el año 2015 a US$ 550 millones de dólares y estaría pendiente su incremento en 104 millones adicionales según la exigencia de la concesionaria, más otros costos por la paralización del proyecto, pasaría a costar US$ 700 millones, según cálculos de Autodema.

Las modificaciones al contrato de concesión inicial, así como las marcha y contramarchas en las diferentes gestiones regionales, sobre todo en la última, han colocado en una situación complicada y desventajosa al Gobierno Regional de Arequipa, que ha sido aprovechada por la concesionaria para poner en marcha el proceso de resolución del contrato, invocando incumplimientos del gobierno regional y anunciando la demanda de 220 millones de dólares por los perjuicios ocasionados en el proceso. En el fondo, esta medida busca ocultar la insolvencia técnica y financiera para cumplir con las obligaciones de la concesión, además de las dificultades que representa la inestabilidad de nuestro sistema político, donde persiste la confrontación entre el Parlamento, el Ejecutivo y otras instancias del poder. Son factores que podrían pesar en contra de la región en un posible arbitraje.

Otro tema importante, aunque no ha ocupado los titulares en los medios, es el referido al diseño centralista del proyecto a cargo de Proinversión, sin participación de las fuerzas vivas de la región, y con un modelo de adjudicación que busca recuperar la inversión mediante la subasta de lotes de 200 hectáreas, supuestamente para superar el error cometido en la primera etapa, donde se adjudicaron parcelas de 5 hectáreas. Un diseño así, pensado exclusivamente en la agroexportación y en la intervención de grandes inversionistas, no corresponde a las condiciones de la región ni a las demandas estratégicas del desarrollo regional y nacional, pues ignora el rol de la agricultura familiar y la necesidad de enfrentar los retos de la seguridad alimentaria.

Así las cosas, ahora lo que se requiere son los mayores esfuerzos para evitar que esta gran esperanza se convierta en una nueva frustración, para lo cual se demanda: una adecuada y eficiente defensa jurídica del Estado en los tribunales; la reformulación del proyecto en función de las necesidades estratégicas del desarrollo y con participación de las fuerzas regionales; y la realización de una nueva licitación internacional que elimine los vicios del modelo de asociación público privado, que ha sido fuente de corrupción en nuestro país.

 

desco Opina – Regional / 18 de febrero del 2022

descosur

Toca sincerar nuestra crisis

 

Vivimos hoy una situación muy compleja, entre la disparatada actuación de la clase política y cierta resignación de la mayoría ciudadana, enfrentando los resultados del juego del mal menor que nos llevó a decidir entre la organización para delinquir encabezada por la hija del dictador y el «invitado» sindicalista de una organización marxista acartonada, administrada por intereses de la peor laya.

Pero el Perú bicentenario hace tiempo está en crisis. Momentos de desorientación similares a éste los encontramos en el período final del segundo gobierno del presidente Belaúnde o en la hiperinflación aprista del primer Alan García, que abrió las puertas a la autocracia de Fujimori y a lo que siguió. La debilidad institucional y la ausencia de objetivos nacionales parece continuar pese a los distintos signos ideológicos de los gobiernos y al cambio de caras del elenco político, cada vez más corrupto e inepto.

De un lado tenemos la inoperancia del Ejecutivo, concentrado a toda costa en la sobrevivencia del mandato presidencial, sin rumbo en lo político y sin un programa de reformas, lo que se refleja en las malas y pésimas decisiones en la formación de sucesivos gabinetes ministeriales. Del otro lado, está el actual Congreso Nacional, sin iniciativas más allá del cálculo político que amalgama principalmente, a sectores de derecha y ultraderecha sin idea de país, cuyo objetivo se reduce a retrasar las urgencias de cambio que nuestra sociedad requiere.

En este conflicto entre poderes la democracia es un espejismo, pues ni el Presidente honra el encargo recibido en las urnas, ni los legisladores cumplen su función de fiscalizarlo, dado que lo que buscan en realidad, es el mejor disfraz para el golpe de Estado que están deseando desde que se conocieron los resultados de la segunda vuelta electoral hace casi nueve meses.

Un conflicto de este tipo no se resuelve de un día para otro. Los mecanismos institucionales ahora rebasados son inocultables hasta para la prensa concertada que defiende un statu quo insostenible en el mediano plazo. Nuevas reglas de juego compartidas ahora parecen imposibles. La salida de Castillo por la vía de un golpe blando o la convocatoria a nuevas elecciones de ningún modo garantiza la superación de esta crisis del régimen democrático peruano, ni la superación de los extremos de informalidad, corrupción e incompetencia que nos debilitan como sociedad y nos llevan a una creciente anomia.

La decepción con el gobierno de Castillo es latente, la conflictividad social irá en ascenso y las elecciones municipales y regionales programadas para este año serán la reiteración de que nuestra democracia está corroída por intereses de muy corto plazo y alcance, cuando no directamente tomada por poderes delictivos. ¿Cabe alguna duda al respecto?

Nuestra tarea principal en estas circunstancias es contribuir a la enorme responsabilidad de forjar una toma de conciencia ciudadana sobre el momento histórico crítico que vive el país y la necesidad de iniciar su lenta reconstrucción política. Las fuerzas sociales que se expresaron en las urnas en 2021 y que han sido ahora postergadas por la incompetencia del presidente Castillo deben ser las protagonistas.

 

desco Opina / 11 de febrero de 2022