Recuerdos del futuro

 

Un gran mito de los economistas latinoamericanos, entusiasmados a más no dar por el impresionante rush que tuvo el crecimiento económico regional entre el 2000 y 2013, además de lo visto en el Brasil de Lula, fue haber creído a rajatabla en la creciente importancia y consolidación de la clase media regional. La idea era que la progresión social y política que debía otorgar el crecimiento económico se sostenía, precisamente, con el ensanchamiento de las clases medias en tanto este segmento social apuntaba a tener propiedades, aumentar su consumo y aspirar a una educación de calidad.

Es cierto que hubo llamados de atención a esa algarabía. Desde la División Social de Cepal, Martín Hopenhayn, Rolando Franco, Arturo León, entre otros, advertían que las cosas no eran tan sólidas como parecían, y si bien los números de la economía eran importantes, no bastaban para identificar a las clases medias latinoamericanas como los agentes del desarrollo de la región por antonomasia.

En efecto, solo algunos años después, la situación prepandemia de los sectores medios latinoamericanos dejaba ya mucho que desear, salvo algunos ejemplos puntuales como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Los impactos del COVID-19 sobre ellos fueron realmente deprimentes: según cifras del Banco Mundial, su disminución en Argentina fue de -5.9, en Chile de -6.75 y en Perú nada menos que de -9.1.

En la lógica de sus entusiastas promotores de antaño, la pandemia reconfiguró los patrones de consumo de las clases medias peruanas y su restablecimiento deberá conducirse mediante políticas que se orienten a mejorar su acceso a empleos productivos y a reconstruir sus activos financieros, que han sido destruidos por la crisis sanitaria. Para Rolando Arellano, la pandemia ha reorientado sus gastos hacia rubros como comunicaciones, mejoras del hogar y artefactos, en un ambiente de expansión del trabajo remoto y tendencialmente con menores ingresos.

Pero, la situación se presenta bastante más complicada que la supuesta por los gurúes del consumismo. De acuerdo con la ENAHO, la disminución de ingresos de los hogares peruanos fue dramática: En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, disminuyendo en 16 %, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. Más aún, el gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios geográficos y quintiles del gasto, al compararlo con el año 2019.

Esto significa, entre otras cosas, que en todos los estratos sociales se han incrementado relativamente los gastos en alimentos y han disminuido los dedicados, por ejemplo, a salud y educación. Al respecto, el estrato socioeconómico E dedica en promedio el 53% de sus ingresos familiares a alimentación y solo el 1% a educación, lo que señala claramente la enorme hipoteca al futuro que deben hacer los que están en este grupo para sobrevivir en el presente y, peor aún, empobrecerse cada vez más.

Además, la disminución de ingresos afectó la capacidad de ahorro: en el 2019 una familia promedio ahorraba el 21% de sus ingresos; en el 2020 alcanzaron sólo el 5%. En buen romance, estos promedios significan que los hogares de mayores ingresos disminuyeron de manera importante el porcentaje de aquellos dedicados al ahorro, mientras los de ingresos medios dejaron de tenerlos y no tienen posibilidad de restablecerlos en el corto plazo, en tanto los de ingresos bajos simplemente «quemaron» activos para sobrevivir.

A ello, hay que agregar que antes de la pandemia nada menos que el 60% de los hogares peruanos –en el que, obviamente, está incluida una parte importante de nuestras clases medias– manifestaban no tener los recursos suficientes para subsistir por más de tres meses en caso de perder su fuente principal de ingresos. Ahora bien, como podremos suponer, el impacto de las tres olas sucesivas de la pandemia ha hecho estragos en la economía familiar promedio y la mala noticia es que no se palió –ni se paliará– con la distribución de bonos. En el 2020 el gasto por encima de sus ingresos de los hogares más pobres fue de 9700 millones de soles y, sencillamente, estas transferencias no pueden ser permanentes.

Lo que podría hacerse es tomar otras medidas complementarias. Según Miguel Jaramillo, de GRADE, debieran fortalecerse los programas de seguridad alimentaria y salud para los hogares, generar programas de empleo temporal orientados hacia pequeños proyectos de infraestructura y promover la inversión privada.

Como vemos, la situación es muy delicada y, seguramente, cualquier salida, aunque sea de cortísimo plazo, no tendrá efecto si no hay un mínimo de confianza instalada hacia las entidades de gobierno. De esta manera, se nos presenta una situación por demás complicada que se potencia con el descalabro institucional que nos muestran cotidianamente nuestros actores políticos.

 

desco Opina / 25 de febrero de 2022

Pandemia, derechos y debate electoral

 

La pandemia tiene la virtud de mostrarnos una idea más sincera de nosotros que la deparada por la fantasía neoliberal. Es cierto que los latinoamericanos dejamos de ser tan pobres como éramos décadas atrás, pero seguimos mostrando enormes desigualdades que nos hacen, como siempre, el territorio más inequitativo del planeta.

Aún más, nuestras brechas tienen poca o ninguna relación con las orientaciones ideológicas: ni los países neoliberales a rajatabla, como el nuestro, ni aquellos que buscaron aplicar modelos alternativos desde el campo del progresismo, podrían aseverar que tienen entre manos mejores resultados al respecto.

En esa línea, algo sustancial en los actuales momentos, es el concepto de fragilidad. Para el Banco Mundial, refiere a “países con problemas de gobernanza profunda y debilidad institucional del Estado, identificados con indicadores basados en políticas y gobernanza. Las situaciones frágiles se caracterizan por grandes malestares sociales y/o niveles de exclusión, falta de capacidad y prestación limitada de servicios básicos a la población”.

Además, “las situaciones frágiles tienden a caracterizarse también por la incapacidad o falta de voluntad del Estado para administrar o mitigar riesgos, incluidos los vinculados a lo social, económico, político, de seguridad o ambiental y factores climáticos”.

En suma, los países frágiles empezaron a ser definidos, esencialmente, como carentes de la institucionalidad suficiente para superar problemas crónicos y enfrentar circunstancias de crisis con un adecuado manejo de los riesgos. En ese sentido, dado que los indicadores que se manejan a este nivel son nacionales y, por lo mismo, muy agregados como para apreciar de mejor manera cada caso particular, el Perú no aparece en el radar de los Estados frágiles de OCDE.

Pero, sería necio creer que al no estar en las apreciaciones de OCDE hemos empezado a superar nuestros problemas históricos. Sin lugar a dudas, la pandemia revela que nuestras fragilidades están por el lado de las crecientes brechas existentes entre los diferentes grupos sociales, diversidad de economías, género, edades, accesibilidad a servicios, territorios, hábitat, entre otros aspectos que no serán visualizados apropiadamente en las estadísticas nacionales agregadas.

Lo sensato es asumir un escenario como lo describe Martín Hopenhayn, para quien entre “los problemas candentes de la cohesión social en América Latina”, está “la negación del otro como marca secular de ciudadanía incompleta”. Y agrega: “En América Latina el tema de la exclusión y de la falta de ciudadanía efectiva hunde sus raíces en un patrón histórico dominante (…) mientras se impuso –o se impone– una racionalidad cultural basada en la negación del otro, se impuso o se impone también la negación del vínculo social y ciudadano de reciprocidad. No es solo que los grupos discriminados tienen acceso más precario a la educación, el empleo, y los recursos monetarios. También padecen la exclusión por falta de reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida”.

Así, la coyuntura marcada por la pandemia del Covid-19, debería ser analizada bajo este marco, y el ejercicio seguramente revelará cuestiones críticas, de enorme importancia y que, desgraciadamente, no forman parte del debate electoral ni por asomo como, por ejemplo, lo inmensamente pernicioso que es mantener privatizados sectores cruciales para el ejercicio de los derechos, Salud en nuestro caso.

 

 

desco Opina / 12 de marzo de 2021

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el debate por darse

Un fantasma recorre nuestra época: el fantasma del corto plazo

Jo Guldi y David Armitage

La negación para potenciar Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),  es lo más notorio del complicado proceso de facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo a un Congreso mayoritariamente opositor. Inmediatamente se la asoció, aunque creemos que equivocadamente, con el estereotipo corrupto que el fujimorismo se ganó a pulso. Igualmente malo –políticamente hablando– ha sido ubicar este resultado en el restringido campo de los intereses de los 72 parlamentarios de la referida bancada que, desde la perspectiva de algunos análisis, parecieran estar solos en la cancha, haciendo y deshaciendo según les dictan sus cortos cálculos.

Debe recordarse que la adecuación institucional para reprimir eficientemente las transacciones financieras con dinero obtenido ilícitamente es de data más o menos larga.  En 1992 –Ley 25428– se establecieron los primeros controles ciertos, normando facultades para intervenir e investigar a personas y organizaciones, restringiéndoles la reserva y la garantía del secreto bancario. En 1996 se explicita legalmente las entidades y personas que están obligadas a informar de sus actividades que serán aumentadas en el 2008, así como los montos transados sujetos a supervisión. Posteriormente, se añaden hasta diez nuevas modalidades de corrupción, complejizando aún más el esquema de represión al delito de lavado de activos.  

Junto a esos logros, hay que considerar también los poderosos factores –normalmente no visibles–, que buscaron restringir estas funciones, algo que aún está pendiente de una comprensión cabal y un debate político en forma. Es decir, no es solamente un problema de institucionalidad, sino también de las fortalezas e intereses que portan los actores que se desenvuelven en estos ámbitos que, como hemos visto, no se reducen al tráfico de drogas aun cuando esta actividad sea el origen de algo menos de la mitad de los montos lavados en el país.

Otra cuestión a tener en cuenta, es que la UIF no es un esfuerzo aislado del Estado peruano para darse mayor transparencia y eficacia en la represión del delito. Por el contrario es, al menos en parte, producto de las condicionalidades impuestas por el sistema internacional. Como afirma el Banco Mundial, las UIF son parte de las estrategias globales implementadas para enfrentar al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, es «una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir, analizar y transmitir a las autoridades competentes información sobre operaciones sospechosas», porque «la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es crucial para la integridad de los sistemas financieros».  Así, las primeras UIF –creadas bajo el auspicio del BM– aparecieron en los años 90 y lo que habría que preguntarse es por qué demoramos casi una década en hacer realidad la nuestra. Al parecer, este aplazamiento no se debió exclusivamente a la poca propensión del fujimorismo –entonces en el gobierno– hacia la transparencia y una efectiva represión del lavado de activos. 

En todo caso, lo que empezó a construirse y fortalecerse a inicios del presente siglo no fue solamente una entidad –la UIF– sino un frondoso sistema en donde ésta se concibe como vértice del mismo, denominado Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT), conformado por lo que las normas respectivas denominan Sujetos obligados, Organismos supervisores y Colaboradores públicos.

Sujetos Obligados

El comercio de antigüedades.

El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas objetos de arte y sellos postales.

Los préstamos y empeños.

Martilleros públicos.

Construcción e inmobiliarias.

Las organizaciones e Instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional.

Compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves.

Compra venta de Divisas.

Casas de juego, hipódromos y sus agencias y similares.

Gestores de intereses en la Administración Pública.

Empresas que permitan mediante sus programas y sistemas de informática, se produzcan Operaciones Sospechosas de LAFIT.

Organismos Supervisores

SBS
Sistema Financiero.
Seguros.
AFP Empresas de servicios complementarios y conexos.
Cajas de Ahorro y Crédito que no captan dinero del público.
Fideicomisarios o administradores de bienes, empresas y consorcios.
Empresas emisoras de tarjetas de crédito.
CONASEV
Sociedades agentes de bolsa de intermediarias de valores.
Administradoras de fondos.
Titulizadoras.
Compensación y liquidación de valores.
Otras.
MINCETUR
Casinos.
Salas de máquinas y tragamonedas.
Agencias de viaje y de turismo.
Hoteles.
Restaurantes.
Consejo Del Notariado
Notarios Públicos.
MTC
Empresas concesionarias de remesa postal.
Courier.
SERPOST.
Ministerio de Energía y Minas
Empresas Mineras.
Ministerio del Interior
DISCAMEC.
Vendedores de armas.
Fabricantes de explosivos.
Sociedad de Beneficencia Pública (MINDES)
Loterías.
APCI
Organizaciones No Gubernamentales.
Personas receptoras de donaciones o aportes de terceros.
SUNAT
Agencias y Despachadores de Aduanas.
Despachadores de operaciones de importación y exportación.
Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería.
Ministerio de la Producción
Productoras o comercializadoras de insumos químicos utilizados para la producción de drogas y explosivos.

Colaboradores Públicos

Instituciones y Organismos Públicos que cooperan con la UIF-Perú en el suministro de información, para la lucha contra el LAFIT.

Ministerio de Justicia: SUNARP y Consejo del Notariado.

Ministerio Público.

Poder Judicial.

RENIEC Y ONPE.

Contraloría General de la República.

Ministerio de Economía y Finanzas: SUNAT, CONASEV y OSCE

Ministerio de Relaciones Exteriores: APCI.

Ministerio del Interior: DIGEMIN.

Presidencia del Consejo de Ministros: DEVIDA e INDECOPI.

Gobiernos Regionales.

Municipalidades.

Una vez establecida la UIF y el sistema que la cobija, lo que se plantea como reto es una eficacia que se condice con la buena gestión de la totalidad del sector público. Con el tiempo, dictamina la teoría, el objetivo debería ser la reducción apreciable del número de casos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. A fin de alcanzar el máximo grado de eficacia, todos los organismos participantes –desde las entidades notificadoras hasta las autoridades judiciales– tienen que incrementar su propia eficacia y cooperar entre sí para funcionar bien en conjunto. De ahí que cada componente del sistema tenga que evaluarse en función de los esfuerzos que se desplieguen para que cumpla su cometido individual, incluso si se trata de tan solo una parte de todo el engranaje. Al parecer, aún no hemos llegado a esta situación. Según el último reporte de la Unidad, el número de casos sospechosos sigue en aumento constante desde el 2007, siendo el sistema bancario donde se da la mayor ocurrencia.

La frecuencia más alta del posible delito vinculado al lavado de activos, corresponde al narcotráfico, seguido por la corrupción de funcionarios. Asimismo, gran parte del flujo pareciera tener como destino la actividad minera. 

Esta situación es favorecida –como el propio superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza, asevera– porque el Perú tiene una economía «sin muchos controles», haciendo muy difícil el seguimiento debido. Al respecto, el mismo Espinoza aseguró que eran los sectores construcción y comercio exterior los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país: «en el sector construcción existe la costumbre de crear una empresa y construir un edificio, para posteriormente cancelarla, y luego empieza el círculo de crear otra empresa para construir otro edificio y así sucesivamente. Es muy difícil hacerle el seguimiento a este tipo de modalidad delictiva».

Frente a ello, lo conveniente sería revisar los pilares de transparencia del Estado peruano, su eficiencia en la gestión, así como contemplar la posibilidad de potenciar la UIF como un organismo público descentralizado que le permita una mayor autonomía y ejercicio de rectoría sobre el resto de las entidades públicas. En suma, no es cuestión de crear «islas de excelencia» sino de un aparato estatal que responda a exigencias éticas, incluso sobre sus metas de crecimiento económico.

desco Opina / 27 de setiembre de 2016