La violación sexual y el mandato de masculinidad

 

El caso de la violación grupal a un menor, estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, por parte de sus compañeros, al parecer en presencia de adultos “responsables” de la integridad de los menores, debe llevarnos a una urgente reflexión en torno a la manera en la que estamos educando a niños, niñas y adolescentes en Perú.

Los perpetradores de este atroz delito merecen una sanción conforme a ley. No recibirán una pena de 25 años o cadena perpetua como un adulto, porque aún les falta uno o dos años para la mayoría de edad. Pero la gravedad de los hechos no admitiría una pena privativa de libertad menor de 5 o 6 años. No “un par de semanas en Maranguita” como sugiere el senador Rodrich. Estamos ante un crimen, no ante un juego que “se les salió de las manos” como afirma el padre de uno de los perpetradores.

Los adultos presentes no pueden ser juzgados sólo por no cumplir con el deber de atención a una persona en riesgo. Su presencia en el lugar de los hechos, con muy poca probabilidad de no haber notado lo que sucedía a pocos metros, es una clara incitación al ejercicio de ese tipo de violencia disciplinadora. Esos adultos estaban “educando” a los jóvenes, a los perpetradores del crimen y, a través de ellos, a la víctima.

Si el género es una construcción social, en sociedades patriarcales como la nuestra, la masculinidad es un estatus que debe ser adquirido, para que sea reconocido debe ser demostrado. Este proceso es gradual, desde la niñez, cuando oímos a madres, padres y docentes decir que “los niños no lloran”. Desde la infancia les exigimos que pierdan la sensibilidad, que neutralicen las emociones, que no lloren.

Rita Segato sostiene que esta manera de educar, que empieza violentamente desde la niñez, debe ser calificada como una “pedagogía de la crueldad”. Así, la primera víctima del patriarcado son nuestros niños. El proceso escala, se agrava, el mandato de masculinidad exige responder a las expectativas, a las exigencias del grupo. Es en este espiral de violenta demostración de masculinidad, que la violación se torna una práctica que más que satisfacer un placer individual, es una manera de ejercer dominación, de demostrar poder.

Esta violencia vivida, es luego una violencia ejercida. Quien fue víctima es luego victimario. Es un disciplinador. Segato sostiene que es un “moralizador” que busca castigar a la persona, la más de las veces una mujer, pero también a las diversidades y como vemos en este caso, a un hombre joven en situación de vulnerabilidad. Esta pedagogía de la crueldad lo que hace es cosificar, enseñar a extraer de los cuerpos cualquier idea de humanidad y transformarlos en objetos que pueden ser poseídos. Elimina la empatía.

El caso del Liceo Naval ha generado una reacción inmediata en el gobierno, que ya anunció que el plantel dejará de estar a cargo de las Fuerzas Armadas y quedará hasta el 2027 bajo la administración del Ministerio de Educación (Minedu). Esta debería ser una buena noticia y en cierto nivel lo es. Pero ese solo hecho no es garantía de transformación pedagógica.

Juan Carbajal, revisando cifras de la plataforma SíseVe del Minedu, muestra que, entre enero y agosto de este año, las denuncias por violencia sexual dentro de los colegios ascienden a 1198, representando un incremento del 32.6% frente al mismo periodo en años anteriores. Estamos hablando de un ritmo de 200 denuncias de violencia sexual al mes –desde marzo que inician clases– en los colegios del Perú.

Si un ministro de Justicia –que debiera centrar su atención en la defensa de los derechos humanos en el país–, cree que es muy difícil llevar a cabo procesos de sanción penal a docentes, a maestros contratados para educar a nuestra niñez que vienen violando de manera sostenida a niñas en Condorcanqui, si en una sesión del Congreso de la República es capaz de señalar que es un “problema cultural”, la violación sexual no dejará de ser una práctica de dominación que se ejerza sobre los más débiles en nuestras escuelas.

Detrás de la vida de violencia a la que condenamos como sociedad a las niñas y adolescentes de Condocanqui, donde se registran más de 1253 víctimas de violencia sexual entre el 2024 y julio del 2026, hay un mismo patrón de reproducción del patriarcado que el que vemos en casos que logran escalar a la escena pública nacional como el del Liceo Naval.

Ambos son muestra de esta crueldad hecha pedagogía, pero son también parte del espectáculo de la impunidad a la que este tipo de hechos nos tiene acostumbrados.

 

 

desco Opina Regional / 25 de setiembre del 2026

La ignorancia del ministro de Educación

 

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría  “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

 

desco Opina / 18 de setiembre de 2026

El Puerto de las Américas Corío en vitrina

 

Recientemente el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El anuncio representa un hito histórico, si tomamos en cuenta que este megaproyecto carga una estela de dos décadas de promesas incumplidas en las gestiones regionales.  

En el sentido estrictamente burocrático: por primera vez existe un documento técnico validado por el ente rector que ordena usos de suelo, conectividad y etapas de implementación. Pero conviene mirar este anuncio teniendo presente los otrora halagüeños que hemos escuchado durante los últimos veintitrés años y que no condujeron a ninguna parte.

La idea de un gran puerto en Punta de Bombón se conoció en la gestión de Daniel Vera Ballón (2003-2006) quien se arrogó su concepción, pero la propuesta nació de la empresa privada, como Euroamerican International Group, invisibilizada en esta historia, como otros. Ese primer intento no prosperó.

Juan Manuel Guillén (2007-2010 y 2011-2014) y Yamila Osorio (2015-2018) heredaron la idea sin conseguir mayores avances. Aunque Osorio firmó un convenio con la APN para avanzar en el 2016 con los estudios que requiere el proyecto, su continuidad ejecutiva quedó inconclusa. Con Elmer Cáceres Llica (2019-2021) — quien nuevamente está en la carrera por el sillón regional tras su paso por la cárcel—, el proyecto languideció entre la conflictividad social por Tía María y la parálisis institucional. En el corto gobierno de Kimmerlee Gutiérrez (2021-2022) tampoco se avanzó nada. En noviembre de 2025, con Rohel Sánchez, se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la APN, ProInversión y el MTC que finalmente destrabó el proceso hasta el Plan Maestro aprobado la semana pasada.

La inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado por capitales chinos a través de COSCO Shipping Ports, ha sido el chispazo para retomar el proyecto. Corío, con su batimetría natural de 28 metros —muy superior a los 17,9 metros de Chancay—, dejó de ser un proyecto regional más y empezó a venderse como la promesa para controlar la próxima generación de infraestructura portuaria del Pacífico Sur.

Detrás de los anuncios surge una disputa mayor: la inversión en "activos estratégicos", en medio de la pugna por el control logístico del Pacífico Sur entre China y Estados Unidos. Que Washington muestre interés no es casual. Estados Unidos observa con preocupación la expansión portuaria china en América Latina y busca alternativas de infraestructura en países aliados. Perú, sin buscarlo explícitamente, quedó posicionado como terreno de disputa entre ambas potencias. Y aquí cabe mencionar que la actual gestión regional de Arequipa también presentó el proyecto a inversionistas norteamericanos.  

El proyecto Corío contempla una plataforma logística, un hub de hidrógeno verde y conexión ferroviaria hacia Puno y Cusco. Para toda la macrorregión sur, el proyecto significaría la posibilidad de exportar mayor volumen de minerales y productos agroindustriales con menores costos logísticos, además de fomentar su articulación como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil y el mercado asiático.

La aprobación del Plan Maestro es un paso real, pero tenemos que estar preparados para abordar la gestión de este megaproyecto desde diferentes flancos. Para comenzar el Gobierno Regional de Arequipa debería tener una participación en la formulación de los términos de referencia (TDR) que elaborará ProInversión para los posibles inversores y garantizar, con ello, una visión descentralista con ventajas para las economías de los departamentos de la Macrosur. También merece una discusión previa el tema de la soberanía nacional a fin de no dar prioridad a los intereses de países extranjeros, teniendo como antecedente la controversia suscitada por la supervisión estatal del puerto de Chancay. Otro tema que no debemos dejar de lado es la titularidad y resguardo de los terrenos donde se asentará el proyecto, ya tenemos malas experiencias en la ejecución del Proyecto Majes II, la Carretera Arequipa La Joya y el Puente Chilina.

Esta vez, el contexto geopolítico puede ser un espaldarazo para que este proyecto, rebautizado como el Puerto de las Américas Corío, se materialice y responda a las necesidades que implica el desarrollo descentralizado de las regiones al sur del país.

 

desco Opina – Regional / 11 de setiembre del 2026

descosur

¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.

desco Opina / 4 de setiembre del 2026