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Fiestas borrascosas

 

La moción de vacancia del mandatario por presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas impulsada por los partidos que siguen denunciando el fraude electoral –Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular– fracasó la semana pasada al obtener apenas 46 votos, archivándose ante la sonora celebración del oficialismo y la desesperación de sus polémicas y más visibles promotoras, la congresista Chirinos y la siempre candidata Fujimori. A ese resultado contribuyó, en alguna medida, el patético espectáculo protagonizado por el programa político Cuarto Poder del grupo El Comercio que, tras anunciar audios demoledores de la primera autoridad, terminó presentando la conversación de dos personajes insignificantes en un parto de los montes.

Para enfrentar la iniciativa, parte de la carga de la derecha, el Presidente invitó y se reunió con representantes de la mayoría de bancadas parlamentarias. De acuerdo a la versión de las mismas, además de exigirle transparencia y enmienda a Castillo, adelantaron entonces su disposición a rechazar la iniciativa de vacancia en nombre de la estabilidad política que requiere el país. Con el respaldo de APP y la centro-derecha, a Perú Libre y Vladimir Cerrón no les quedó más alternativa que sumarse al rechazo a la pretensión de la derecha extrema. El profesor parecía ganar aire en un escenario difícil en el que la derecha toda no alcanzaba a disimular su propia debilidad y parte de ella insinuaba la posibilidad de una alianza de gobierno más amplia.

El escenario, sin embargo, era más complejo que su apariencia. Desde la derecha, distintas delegaciones una de congresistas, encabezada por la propia Presidenta de ese poder, la otra de representantes de la derecha más dura y de algunos sectores empresariales, aparecían vinculadas a actividades internacionales destinadas a deslegitimar al gobierno y a alertar a la opinión internacional sobre los riesgos para la democracia que corre el país en manos del comunismo. Los primeros días de diciembre, con el respaldo de Vox en España y del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos, ambas delegaciones aparecieron como parte del juego de la derecha nacional más extrema por acabar con el gobierno de Castillo. Juego distinto por cierto de la derecha más “moderna” que quiere capturarlo y subordinarlo.

A los afanes extremos, más grave aún, se sumó una carta esotérica firmada por un grupo de excancilleres y exvicecancilleres denunciando a una futura reunión convocada por Evo Morales de RUNASUR, una articulación de organizaciones indígenas y organizaciones sociales, de pretender convocar a la conformación de una república aymara, desmembrando el país y otorgándole a Bolivia una salida soberana al mar .

Simultáneamente arreció la ofensiva compartida por toda la derecha contra la reforma tributaria que propone el MEF. Desde las grandes empresas mineras se organizó una batería de expertos, analistas, políticos y medios de comunicación que acapararon los cuestionamientos a la propuesta, que en el caso de la minería propone un mecanismo para captar más rentas mientras duren los precios excepcionalmente altos, con argumentos bastante deleznables: la dificultad del Estado para gastar los recursos de los que dispone actualmente, la fuerte corrupción existente en el Estado, la pérdida de competitividad que se generaría, el retiro de la inversión privada y un largo etcétera en la misma dirección.

La ofensiva minera, campaña de televisión sobre los beneficios mineros en nuestra sociedad incluida, coincidió con el fracaso del diálogo y la negociación entre la empresa de Las Bambas y las comunidades de Apurímac y Chumbivilcas, y la consiguiente radicalización del bloqueo de las carreteras. En ese contexto, la empresa anunció la paralización de sus actividades que se sumó también por el cierre de vías. En ese escenario turbulento y tumultuoso que se añade al fuerte descontento que se mantiene entre sectores de la población ayacuchana, las presiones de las empresas y sus gremios muestran decibeles particularmente altos.

En este panorama, el intento de censura de la Presidenta del Congreso unió a la derecha y terminó por precipitar la renuncia de tres parlamentarios de la bancada de gobierno, cuyo sector cerronista votó con aquella, profundizando la fractura que viene desde el inicio de gobierno. El mismo día, la reunión del silencioso Pedro Castillo con los ex ministros de economía Castilla, Segura, Mendoza y Cooper todos ellos duros críticos de la gestión de Francke fue una muestra más del pragmático estilo presidencial que expresa confianzas con silencios elocuentes y distancias con gestos como el de anoche.

Si el mandatario semanas atrás buscó diferenciarse de su Primera Ministra y la dejó sola frente al cargamontón mediático, ahora observa la ofensiva contra su responsable de Economía y su equipo y se reúne con algunos de sus más duros críticos. ¿Creerá que esa es la manera de derrotar a la derecha extrema, garantizar una nueva alianza de gobierno con otros sectores de derecha y recuperar lazos con Vladimir Cerrón, responsabilizando a los “caviares” de sus desventurados meses iniciales? Difícil saberlo. Parece claro, sin embargo, que una vez más tendremos un fin de año borrascoso.

 

 

desco Opina / 17 de diciembre de 2021

Arequipa sin cabeza o la debacle de la política regional

 

Hace algunas semanas un operativo de la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal denominada “Los Hijos del Cóndor”, culminó con la captura del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y cerca de dos decenas de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y entidades de importancia como la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) y Copasa – Región Arequipa, entre otras. Las acusaciones son muy graves y están referidas al uso del poder para asegurar los votos del Consejo Regional de Arequipa y proteger al Gobernador a cambio de la cesión y adjudicación de terrenos pertenecientes al proyecto Majes o la entrega de obras condicionadas a las empresas con el pago de comisiones ilegales.

Transcurrido el plazo de ley, tuvo lugar la audiencia para resolver la acusación de la Fiscalía y el pedido de detención provisional, establecido por 24 meses para el Gobernador, períodos de 36 meses para otros, y comparecencia para algunos consejeros. Según lo indicado por la Fiscalía, la acusación se basa en el conjunto de evidencias recolectadas a lo largo de casi dos años de seguimiento mediante una agente encubierta, que ha proporcionado grabaciones y filmaciones de reuniones y comunicaciones en las que se acordaban las irregulares transacciones del caso, entre el Gobernador, los consejeros y funcionarios del gobierno regional y representantes de empresas.

En estas circunstancias, de acuerdo a la normatividad regional, el vicegobernador Walter Gutiérrez, asumió el gobierno regional en condición de encargado, quien de inmediato procedió designar a los funcionarios en reemplazo de los involucrados en el caso “Los Hijos del Cóndor”. A pocos días de iniciada su gestión, se comentaba en los medios la irregular asistencia de Gutiérrez a su despacho por problemas de salud, hecho que culminó fatalmente con su fallecimiento hace 21 días. Transcurridas dos semanas, el Consejo Regional aún no declaraba la vacancia del Vicegobernador fallecido, condición necesaria para la designación del reemplazante, debido a las pugnas internas sobre la sucesión, paralizando las decisiones operativas de la región, algunas de trascendencia, como la continuidad de la segunda etapa del Proyecto Majes.

Esta situación es el desenlace inevitable de una gestión que desde sus inicios mostró sus falencias, con la denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo presentada por el Vicegobernador en contra de Cáceres Llica, acusándolo de impedir su participación en la gestión del gobierno regional que se iniciaba.

Lo que siguió fue una secuencia de decisiones caprichosas, efectistas y frívolas de Cáceres Llica en la gestión regional junto a la designación de funcionarios de su entorno amical, con manifiesta incapacidad de gestión e incompetencia técnica, lo que tuvo su momento crucial en medio de la pandemia. La negligencia y desgobierno para afrontar la emergencia sanitaria motivó la intervención del gobierno central para la designación del Comité Covid-19, en evidente «jalón de orejas» a Cáceres Llica.

En algún momento, el Gobernador se preciaba de implementar una gestión descentralizada recuperando la importancia de las provincias usualmente postergadas; sin embargo, ahora se conoce que las asignaciones de recursos a éstas habrían sido enturbiadas por favores y contraprestaciones bajo la mesa en beneficio de la montada organización criminal.

Un hecho que debe llamar la atención es que han transcurrido prácticamente cuatro años de esta cuestionada gestión, durante los cuales se presumían las irregularidades en la conducción de la región más importantes del país después de Lima. Sin embargo, la sociedad civil no tuvo capacidad para ponerle coto, evidenciando la crisis de liderazgo que padece Arequipa en las últimas décadas.

Hace unos días, finalmente, el Consejo Regional designó y juramentó a la consejera Kimmerlee Gutiérrez, hija del fallecido Vicegobernador, como la nueva encargada del gobierno regional en medio de disputas de los bloques al interior del consejo, el mismo que tiene gran déficit de credibilidad o autoridad para dirigir este período de transición hasta la instalación del nuevo gobierno regional que surgirá de las elecciones regionales y municipales que tendrá lugar en octubre del 2022.

En estas condiciones, se debe exigir a la nueva encargada, la constitución de un comité asesor integrado por representantes de las fuerzas vivas de la sociedad civil regional, como el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa, la alianza de las Universidades de la Región, la Cámara de Comercio e Industria, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y la Junta Regional de Usuarios de los Distritos de Riego, con el fin de acompañar y supervisar la gestión en este período de transición, apoyando en la priorización de las inversiones a ejecutar y convocando a profesionales con la solvencia necesaria para enmendar el desastre. Si es que se puede enmendar algo a estas alturas del periodo de gobierno regional.

 

desco Opina - Regional / 10 de diciembre de 2021

descosur

Los vacadores

 

La vacancia presidencial, alentada de mil maneras por la derecha extrema en el Parlamento, parece al momento poco probable. Sin embargo, no es un escenario fácil de descartar, por más de una razón. La primera de ellas es sin duda, que más allá del rechazo al perfil de Castillo, la oposición no tiene una agenda que haga contrapeso a las (muy) pocas iniciativas del gobierno. Sin ideas que confrontar o propuestas para convocar la atención de la ciudadanía, se aferran a la vacancia como única identidad. Al mismo tiempo, como en un consenso mentiroso, tenemos la aprobación casi unánime del Presupuesto de la República para el año fiscal 2022.

Otro factor que alimenta el escenario de vacancia se relaciona con la legitimidad social del gobierno, que en un régimen presidencialista como el nuestro, depende casi por entero de la performance del mandatario. Y sin haber cumplido un semestre en el cargo, las muestras de impericia de Castillo han pasado de generar preocupación a provocar decepción o directamente rechazo, aunque con importantes matices de acuerdo a las regiones. Esa justificada sensación –que ya aparece en las mediciones de opinión– puede terminar en verdadero desinterés por la suerte del Presidente, dejando un mayor margen de maniobra a los vacadores, al eliminar de sus cálculos la probabilidad de una movilización que frene sus avances.

Por otro lado, los intentos de agitar la calle en favor de la salida de Castillo se presentan más bien como caricaturas de mal gusto, en medio de la desazón de las mayorías. Poco efecto tiene al respecto el esfuerzo que despliega buena parte de la prensa escrita, la radio, la televisión y las campañas en redes sociales, atosigadas de noticias distorsionadas, cuando no falsas, y dirigidas a acosar a un gobierno mediocre como el que soportamos.

Es necesario recordar que la motivación de la vacancia presidencial no se agota en el trasnochado macartismo ultraconservador que inventa comunistas odiadores y senderistas dispuestos a tomar el poder. Ese discurso es más bien un mecanismo para generar zozobra y disfrazar el desprecio hacia una democracia que ha hecho posible la elección de un político como Castillo. Poco les importa lo que diga el Tribunal Constitucional y conspiran a diario, alentando la violencia callejera porque temen perder el manejo del país. Sueñan con un gobierno a la derecha de lo que fue el efímero momento de Merino, mientras miran con admiración a personajes como Trump o Bolsonaro. En el fondo, añoran el estilo de gobierno represor de los tiempos de las haciendas de sus abuelos. Por eso es mayor aún la responsabilidad del presidente Castillo que, al momento, no parece reunir las condiciones para responder al reto de gobernar un país aquejado por la pandemia, la crisis económica y la negligencia política.

 

desco Opina / 3 de diciembre de 2021